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Por Ana Flores* / @kanahtbat
Impunidad y violencia son dos vocablos —y realidades— que las y los periodistas de México reportamos a diario. Usualmente, seguido de estos espacios de ruptura escribimos palabras —y exigencias— que parecen ser inexistentes en nuestro país: justicia y no repetición.
La violencia, el duelo y la desesperanza aturden y fragmentan. No obstante, los gobiernos —sin importar el partido— se empeñan en abordar la situación como excepción para hacer de ella una normalidad ‘tolerada’ y a conveniencia .
Desde los lugares más privilegiados, la (ir)responsabilidad de las autoridades consiste en decir que los atropellos a la libertad de expresión son herencias de sexenios pasados. Cada generación de periodistas es espectadora de maromas discursivas que, intencionalmente, emiten el mismo mensaje: los crímenes contra la prensa están permitidos.
Entre enero y mayo de 2022 México registró el deceso de 11 periodistas:
«Los números nos persiguen (…) Las cuentas siguen», escribió la Doctora en Ciencias Sociales Rossana Reguillo al recordar al fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, una de las cinco víctimas del Caso Narvarte (31 de julio de 2015). De norte a sur, tenemos atravesados los nombres de colegas, docentes o profesionales que nos inspiraron a dedicarnos a dicha labor.
En México, las y los periodistas jóvenes nos formamos en una ‘pedagogía’ que mantiene a la violencia como efecto y objetivo estratégico. Esto no solo tiene que ver con el hecho de que desde las propias universidades se nos ‘educa’ para reconciliarnos con la precarización laboral. También está ligado al acecho de las cifras.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), «la tasa de impunidad de los trabajadores de medios asesinados supera el 90%». Los epicentros en los que nos formamos las nuevas generaciones son zonas de riesgo disfrazadas de territorios de paz.
Para las relatorías en pro de la libertad de expresión el asesinato a periodistas «tiene un triple efecto». A los homicidios, las desapariciones forzadas, los amedrentamientos —a manos de grupos del crimen organizado, élites económicas, policías o representantes de la política local— y allanamientos se les aborda desde los quiebres a las —supuestas— democracias. Pero entre las fisuras siempre hay algo que se desborda, colapsa y entreteje con el caos para no ser tan evidente.
En agosto de 2020, el Instituto Poynter de Estudios de Medios alertó sobre la «disminución del interés en la profesión periodística». Las raquíticas matrículas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de Morelia y la Universidad Veracruzana recordaron las preocupaciones que profesionales de la comunicación vociferaron al enterarse del asesinato de Miroslava Breach (Chihuahua), Javier Valdez (Sinaloa), Benjamín Morales (Sonora) y Jacinto Romero (Veracruz). En México, el desdén por la vida de las y los periodistas es una técnica disciplinaria para las juventudes que —sea desde la cámara o pluma— pretenden plantar cara a sistemas corruptos.
La violencia (in)habita todos los espacios. Protagoniza la vida pública; se cuela entre los entornos privados y se escabulle en la(s) intimidades. Permea individual y colectivamente. En muchos casos, la voces —al ser lastimadas en tantas ocasiones— han optado por el murmullo. El lenguaje se fractura, pero el cuerpo nunca calla. Los principales problemas de salud a los que nos enfrentamos las y los periodistas mexicanos son insomnio, depresión, estrés postraumático, alcoholismo y abusos de sustancias, de acuerdo con un estudio que realizó el psiquiatra Anthony Feinstein (Universidad de Toronto) a petición de Periodistas de a Pie y Artículo 19.
¿Cuántas y cuántos abandonamos nuestra profesión por temor a que nuestras familias atraviesen por una victimización secundaria? El silencio al pensar en la respuesta se entrecruza y confronta con el fragor de las estadísticas e historias de vida.
Conforme a una investigación realizada por la defensora de derechos humanos y fundadora de la biblioteca Javier Valdez en Ciudad de México, Griselda Triana, se sabe que el acceso a la justicia de familiares de periodistas asesinadas/os está descrito por tres palabras: desinformación, intimidación y parcialidad.
¿Cuántas y cuántos jóvenes nos privamos de especializarnos por miedo a las medidas de ‘reparación’ que —a duras penas— otorga el Estado: apoyo psicológico deficiente, falta de asesoría jurídica, amenazas, ocultación de expedientes e intentos de soborno?
A las nuevas generaciones de periodistas no nos hace falta interés, compromiso o pasión. Necesitamos que nuestras ‘pedagogías’ y epicentros de formación profesional dejen de obligarnos a construir desde la violencia e impunidad.
No se mata la verdad matando periodistas.
Ni perdón, ni olvido.
* Periodista y redactora digital especializada en temas de diversidad sexual. De manera independiente cubre violencia de género, crímenes de odio, agresiones contra periodistas, desaparición, movilizaciones sociales y defensa del derecho a la protesta.
