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“Yo creí que me iban a matar”, narran mujeres torturadas por policías municipales capacitadas como “Policía de género”, que detuvieron a 28 personas en la protesta del 1 de mayo. Víctimas denuncian que sigue el acoso
Texto y fotos: POPLabmx / Con información de Edith Domínguez y Yajaira Gasca
Las manifestantes de la marcha feministas de Irapuato creyeron que no iban a sobrevivir cuando estuvieron retenidas al interior de la Presidencia Municipal de Irapuato, pues policías municipales supuestamente preparadas en temas de género amenazaron con asesinarlas: “te voy a cortar la cabeza”, “las vamos a quemar”, “las vamos a violar y a desaparecer”.
De acuerdo con el artículo 264 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, un servidor público comete tortura cuando “con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflige a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada”.
Organizaciones feministas, activistas y organizaciones civiles no tienen dudas de que las detenidas en la marcha contra las desapariciones y los feminicidios ocurrida el primero de mayo en Irapuato fueron torturadas.
Sobre las agresiones, las evidencias quedaron grabadas en vídeos que siguen circulando en redes sociales y por los propios testimonios de las afectadas, quienes hoy aseguran siguen teniendo miedo porque tras la detención siguen sufriendo el hostigamiento de agentes municipales en su hogares y trabajos.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato tiene además una preocupación sobre el probable papel activo que podrían estar teniendo elementos de la policía municipal en casos de desaparición, esto por las amenazas que lanzaron contra la detenidas.
La situación profundiza la crisis de desconfianza que existe contra corporaciones policiacas en Irapuato después del asesinato Ángel Yael Ignacio Rangel, joven estudiante del cuarto semestre de Ingeniería en Agronomía de la División de Ciencias de la Vida (Diciva) de la Universidad de Guanajuato, por un elemento de la Guardia Nacional.
Atemorizan a manifestantes con amenazas; hay indicios de agresiones sexuales
Un grupo de seis mujeres policías con distintivos violeta, supuestamente capacitadas con perspectiva de género, la rodearon y comenzaron a golpearla. Luego la arrastraron hasta la Presidencia Municipal, lo que ocasionó que su pantalón se le bajara y se le raspara la espalda.
Este relato lo hizo una de las víctimas a través de redes sociales.
“Me ahorcaron con mi camisa y ya estando adentro nos empezaron a amenazar, nos dijeron que nos iban a cortar la cabeza”, relató.
Aunque fueron 28 las manifestantes detenidas de manera oficial, ella aseguró que había más de 80 mujeres retenidas en el interior de la Presidencia Municipal. Se desconoce si las demás fueron liberadas o qué sucedió con ellas.
“Nos echaron alcohol en la cara y en el cuerpo y nos dijeron que nos iban a quemar y yo escuché que dijeron ‘pásame los cerillos para quemar a estas culeras’, dijeron que ni siquiera se iban a dar cuenta y que no iban a hacer nada de que nos habían matado”, recordó.
Les bajaron el pantalón a las jóvenes que permanecían retenidas, pero ella aseguró que no se dejó tocar y por ello recibió macanazos en distintas partes del cuerpo, incluida una herida profunda que se hizo en la pierna.
También fue testigo de como a una compañera la “nalguearon» los policías, esto cuando les hicieron bajarse los pantalones a varias de ellas. Esta versión sobre los hechos la han mencionado varias de las afectadas, lo que indica que también hubo agresiones de tipo sexual y amenazas de violación con los toletes que normalmente portan.
Los agentes municipales, de los que se sabe había más de 100 al interior de la Presidencia Municipal, también las amenazaron con violarlas con los toletes que portaban. Las agresiones ocurrieron a la vista de elementos de Protección Civil y de Tránsito, quienes no intervinieron para detener la violencia.
“Vi que a una compañera (una mujer policía) le bajó el pantalón y la empezaron a dar nalgadas, después de eso nos tiraron al piso, no nos dejaban golpear, cada que yo levantaba la cabeza me azotaban contra el piso, todas eran mujeres policía”, señaló otra de las detenidas en una entrevista.
Adolorida del cuerpo y con miedo de hablar sobre los abusos que sufrió, otra víctima de 22 años relató en una entrevista el miedo que vivió durante la detención, pues pensó que no sobreviviría.
“Yo creí que me iban a matar de verdad, yo no pensé salir viva de ahí, me impactó mucho y nunca nunca voy a olvidar, levantaron a una señora y le dijeron ‘cállate o te voy a cortar la cabeza como lo hicimos con Karely y la voy a aventar al río por andar de putas’, de verdad me impactó”, dijo.
Karely es una joven que desapareció en diciembre de 2020 junto a cuatro personas más, luego de haberse reunido en una casa de la colonia Bajada de San Martín, en Irapuato. Un mes después de la desaparición, los jóvenes fueron localizados sin vida.
El testimonio de la mujer confirma que le bajaron el pantalón a una de las detenidas y le dieron nalgadas, las obligaron a tirarse al piso y a bajar la cabeza; cada que intentaban levantarla las azotaban contra el piso. Hasta ese momento las agresoras eran todas mujeres policía.
Luego se unieron agentes de tránsito, quienes al presentarse con el mando del grupo, un llamado comandante 17, se ofrecieron a participar en los actos de brutalidad y abuso policial; la orden fue “denles en su madre a todas estas”.
“Nos avientan al piso a todas, todas estábamos sobre las piernas de las compañeras nos empiezan a aventar alcohol etílico directamente al cabello y fue cuando todas comenzamos a gritar no, no, y nos empiezan a decir ‘ahora sí las voy a quemar”, confirmó.
De los policías hombres que también llegaron a la Presidencia Municipal también recibieron amenazas y golpes.
“Les vamos a enseñar a ser mujeres, ahora las voy a violar (le seguían diciendo los elementos); hubo un momento donde no sentí los golpes ya no sentía golpes, me bloqueé, simplemente pedía que por favor saliera con vida”.
Marchan por familiar desaparecido y reciben más violencia
“Todas empezamos a correr (después de los disturbios) perdimos la vista (a mi sobrina de 10 años) y por eso me llevaron por buscar a mi sobrina. Yo había asistido a la marcha porque estaba en el bloque de desaparecidos porque tengo un familiar desaparecido” recordó otra víctima mientras entrelaza sus manos, evidentemente nerviosa.
Cuando la persecución en la plaza Fundadores estaba en su momento más crítico, ella buscaba con desesperación a su prima y al toparse con una policía ésta le dijo “vete de aquí, vete de aquí culera o te va a tocar a ti”.
“Yo iba caminando callada, no le hacía caso y de repente me paré con unas amigas que me dijeron que ubicaron a mi prima y fue cuando la policía empezó a gritar: ella también es del bloque negro, volteé con mi amiga y le dije ‘yo no soy del bloque negro’ y me agarraron de la mano y me empezaron a pegar con la macana en los pies y en las costillas”. Su amiga también fue detenida.
Ella recordó que tras ser detenida e ingresar a la Presidencia fue recibida por una fila de policías que le dieron cachetadas y la apoyaron contra el piso, también le quitaron su celular.
“Me quisieron pegar en mis pechos, yo me tapé la cara para que no me pegaran… yo sí pensé que me iba a morir, yo pensé que ya me iba a ir, estaba dormida porque no quiero recordar nada”.
Después las trasladaron en una patrulla hacia los separos, ubicados en el edificio de la Fiscalía General de Guanajuato. Como a todas, les quitaron su dinero y su celular, objetos que nunca recuperó. Tres horas después de llegar, la pasaron con el médico legista en turno, a quien acusó de no registrar las lesiones que tenía y sólo les ofreció paracetamol para el dolor.
Una joven de 19 años evidenció que en el ingreso a los separos, durante la revisión, a la mayoría de las detenidas les tocaron los pechos y confirmó que el médico legista no hizo las anotaciones acordes a la situación. A todas ellas las obligaron a firmar el reporte médico.
“Nos hicieron firmarlo, lo teníamos que firmar, si no después nos afectaría en el proceso; de hecho nos querían tomar huellas dactilares, desconozco para que las querían, querían que firmáramos eso y que nos tomaran fotografías. Ninguna de mis hermanas aceptó esa petición de las huellas dactilares”.
Hacinadas 23 mujeres en una celda y tras mucha insistencia, durante la madrugada les prestaron una colchoneta. Pidieron agua y comida, pero nunca la recibieron, sino hasta el día siguiente cuando pudieron ingresar sus familiares a verlas.
“Entré a ver a mi nieta, me la golpearon, tiene 13 años y mi hija me dijo que uno de los comandantes le dijo que si se metía le iba a mochar la cabeza, así le dijo y a mi niña le duelen mucho sus costillas porque la golpearon. Tiene 13 años, ¿cómo es posible que nos hagan ésto estos policías?”, informó la abuela de una joven después de verla en los separos. Hoy se sabe que de las 28 detenidas, cinco eran menores de edad y todas fueron tratadas de la misma forma.
Las manifestantes duraron casi 30 horas detenidas, después de que la organización Las Libres que encabeza la activista Verónica Cruz Sánchez intervinó y pidió información sobre cada uno de los casos. Además, colectivos feministas de diferentes ciudades realizaron movilizaciones a través de redes sociales para hacer la misma exigencia.
Señala activista probable participación de policías en desapariciones
A decir de Raymundo Sandoval, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las amenazas que hicieron los agentes municipales contra las detenidas dejan en evidencia de que podría haber participación de las corporaciones en la desaparición de personas en Irapuato.
“De ‘las vamos a quemar’, que haya habido tocamientos de carácter íntimo, amenazas de contenido sexual y que se refirieron específicamente al tema de desapariciones de mujeres parece que no solo muestra la intención de ejercer daño, sino que incluso podría configurar la probable participación de estos cuerpos policiacos en las desapariciones; no solo (podría) alcanzar el daño físico, psicológico que infringieron contra el grupo, eventualmente podría hasta considerarse que son afirmaciones de que han participado en otros mecanismos de desaparición los cuerpos policiacos de Irapuato”, recalcó, en relación a la mención de Karely.
Raymundo Sandoval dijo que por el cómo describieron los policías casos particulares de desapariciones:
“no solamente implica un modus operandi mecánico o instrumental, sino que tiene una lógica basada en redes de criminalidad y en el soporte que se podría dar en este caso pertenecer a un cuerpo policiaco”.
“Describen acciones específicas que pueden ser parte del modus operandi de un dispositivo desaparecedor, donde el cuerpo policiaco podría tener un papel activo”, recalcó.
Consideró que los agentes tenían la responsabilidad de detener en flagrancia a las presuntas responsables por los presuntos daños y lesiones, pero realizaron los aseguramientos de forma aleatoria.
“No estaban dirigidas a configurar la flagrancia, no estaban buscando a quienes eran responsables, sino dar un mensaje de miedo e intimidación y eventualmente operar el dispositivo desparecedor y de tortura sexual en contra de las feministas; eso es más grave que una actuación policial, una estrategia orquestada desde el gobierno municipal que además después fue ratificada con el discurso de la propia alcaldesa”.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García validó el actuar de las integrantes de la corporación, aunque después rectificó y reconoció el abuso policial. Además afirmó que ya hay una investigación a través de la instancia interna de la policía.
“Lo sucedido se debe ubicar desde la perspectiva de protesta social y la defensa de los derechos humanos, manifestación que se realizó en función de las desapariciones y feminicidios de mujeres. La configuración de lo pacífico no necesariamente está configurado en función del Código Penal, sino de un estándar más amplio que es la protesta social, ahí no es correcto utilizar la vía penal para calificar el tipo de protesta como adecuado o no”, explicó Sandoval Bautista.
Mencionó que primero las policías tenían que disuadir, luego utilizar la fuerza en función de una escala, pero al pasar directamente a la agresión física va contra las normas nacionales e internacionales, “fuera de la legalidad” y podrían configurarse “las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, las amenazas, la tortura física y la tortura sexual”.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera que la tortura sexual se confirgura generalmente a través de malos tratos, la intención de dañar la integridad, la vida, la seguridad y el cuerpo de las mujeres por ser mujeres.
A través de redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres México) expresó su preocupación por el actuar de los policías y exigió garantías de respeto a los estándares internacionales y la no repetición de estos actos.
“El Estado tiene la obligación de no estigmatizar a las manifestantes y de prevenir situaciones de violencia, por parte de agentes… el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de la manifestación o protesta. En caso de que la ONU envíe comunicado al Comité contra la Tortura, explicó Raymundo Sandoval, podría solicitar información e iniciar el “proceso de investigación y el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias” que es un procedimiento especial.
“Puede enviar una carta diciendo que ha documentado el hecho. Me parece que incluso internacionalmente la propia alcaldesa podría ser responsable de la tortura sexual y del abuso de autoridad de esos agentes”, alertó el activista.
Las Libres acompañan denuncias penales
Al no “haber delito que perseguir” para Las Libres, Verónica Cruz Sánchez aseguró que se buscará que se cierren esas carpetas contra las 28 mujeres y anticipó que también se presentarán quejas por tortura física, sexual, psicológica y robo. Además se ratificarán denuncias ante Derechos Humanos.
“No puede quedarse solo en ese eslabón es quien les dio la orden, porque sabemos que así son estas estructuras y se tiene que responsabilizar a los tomadores de decisiones, porque si no se sanciona en lo individual a las personas y ya, y no puede quedarse solo en ese nivel, si le seguimos abonando a la impunidad se va a volver a repetir”, subrayó.
Cruz Sánchez consideró que en Guanajuato hay un problema serio porque estos protocolos no han funcionado y tampoco las inversiones que se han hecho en capacitaciones. Sobre criminalización de protestas feministas existen antecedentes de represión en León y Guanajuato capital.
“Por más sensibilización, tanto dinero que se ha gastado en este país, en este estado en sensibilizar en capacitar a policías, a prestadores a legisladores a los tomadores de decisiones y vemos cuando pasan este tipo de cosas que nada ha funcionado, nada sirve, ¿Entonces qué hacemos? pues sí sancionar a quien haya ejercido estos abusos de autoridad”.
Para la activista es necesario que se garanticen los castigos a los responsables, en este caso a elementos de policías que han repetido las agresiones a mujeres y por supuesto que la profesionalización siga, pero que se verifique su cumplimiento.
Operan en Guanajuato red de trata de mujeres
Bibiana Mendoza, lideresa del colectivo de búsqueda de personas Hasta Encontrarte, alertó que existe una red de trata de mujeres en Guanajuato, pues hay una gran cantidad de mujeres de entre 14 y 17 años desaparecidas .
“El contexto de desaparición de las mujeres no es igual al contexto de desaparición de los hombres; desgraciadamente a los hombres los estamos encontrando a diario en las fosas clandestinas… yo creo que el gobierno no ha querido reconocer que en Guanajuato existe la red de trata de personas y estas mujeres que salieron a marchar ese día llevan años guardando todo este coraje, toda esta impotencia y que nosotros como colectivo hemos vivido”.
La activista estuvo en la protesta para exigir la liberación de la detenidas y lamentó que las represión policial se siga replicando en la entidad. El colectivo al que pertenece sufrió actos de violencia en una protesta en julio de 2020.
“No se me va a olvidar que cuando vi a mis compañeras, unas jaloneadas, otras siendo golpeadas, se me acercó una persona, la verdad no recuerdo el nombre: dile a tus compañeras que si se suben a la glorieta ya no las van a golpear. Yo le creí a esta persona que iba por parte del Gobierno del Estado y le dije a mis compañeras que nos subamos a la glorieta que ya no nos van a golpear, ellas acceden”.
“… Todas nos comenzamos a subir a la glorieta y desgraciadamente en la glorieta es donde se da el hecho de que una de mis compañeras resultó con un pie quebrado, que hasta la fecha no ha logrado recuperarse y ya van casi dos años de esa fecha”, agregó.
Aquella protesta terminó con cuatro personas detenidas y el proceso legal continúa contra los elementos involucrados en las agresiones.
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Esta nota fue realizada por POPLABMX, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la publicación original.
