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Sergio Rivera Hernández, defensor nahua del territorio, originario de Zoquitlán, en la Sierra Negra de Puebla, lleva casi cuatro años desaparecido. Su caso es el primero en todo el país que llega a juicio por el delito de desaparición cometida por particulares, y específicamente, en contra de un defensor de Derechos Humanos; pese a que hubo detenidos y se sabe quién se lo llevó y que fue por su activismo en la defensa del río Coyolapa, contra la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, no ha recibido justicia y la actividad minera que su comunidad considera una amenaza a la vida, continúa.
Por Aranzazú Ayala Martínez / A dónde van los desaparecidos
A Sergio Rivera Hernández lo desaparecieron por defender su río.
El defensor del territorio, indígena nahua y uno de los líderes de la defensa del río Coyolapa, fue visto por última vez el 23 de agosto de 2018: cuatro hombres armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso, lo bajaron de su moto y lo llevaron a las montañas de Zoquitlán, en lo más recóndito de la Sierra Negra de Puebla. Sergio tenía un taller mecánico pero se dedicaba el resto del tiempo a organizar a las comunidades para cuidar a su río.
Pero no sólo desaparecieron su cuerpo: el Estado ha querido desaparecer a la justicia en su caso, cuando en 2020 un juez de Tehuacán liberó a los tres hombres detenidos responsables de haberlo privado de su libertad, y decidió que lo que le había pasado era por cualquier otra cosa menos por ser un defensor del territorio.
El Estado también ha querido desaparecer a Sergio al no buscarlo, haciendo sólo dos acciones de búsqueda en casi cuatro años. A principios de 2022 la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla canceló a la mitad la segunda jornada para buscar al activista entre los cerros, diciendo que ya había agotado todos los puntos y sin tomar en cuenta a sus familiares ni compañeros de la organización que defiende el río Coyolapa.
México es uno de los países más peligrosos para defender el territorio: de acuerdo con Global Witness, en 2019 fueron asesinados al menos 18 personas que se dedicaban a proteger la tierra. A la par, las desapariciones contra quienes protegen el medio ambiente han escalado: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó en 2020 dos casos de desapariciones, los cuales se elevaron a 20 para 2021.
La vida por el río
A Sergio lo desaparecieron por defender la vida. ¿Y qué es la vida? Para los pueblos nahuas de la Sierra Negra, en la intersección entre Puebla, Oaxaca y Veracruz, la vida es el agua, el aire, la tierra, los ríos. Eso es el territorio: el conjunto de elementos que hacen al lugar donde una persona nace, pertenece y se fusiona. Para las comunidades indígenas, el territorio no es un pedazo de tierra con un papel para construir una casa: es una vida de reciprocidad y cuidado.
Y para Sergio, originario del municipio de Zoquitlán, específicamente de la llamada “parte baja” de la Sierra, de clima húmedo y tropical a diferencia de la cabecera municipal —más templada y fría—, el río Coyolapa es el territorio que defender y cuidar, porque eso es la vida misma, es lo que le van a dejar a sus hijas e hijos, a las siguientes generaciones.
Por eso cuando en 2016 la gente que vive en los municipios poblanos de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz, municipios de la Sierra Negra de Puebla, se enteró de la existencia del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, se cimbró.
Para empezar, nadie les avisó ni preguntó, ni les explicó cómo funcionaría la hidroeléctrica, ni qué impactos tendría tanto en el medio ambiente como en la vida de las comunidades.
Tampoco les dijeron para quién sería la energía que generaría la presa: detrás del proyecto está Minera Autlán, empresa de José Antonio Rivero Larrea, primo del dueño de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco.
“Yo creo que algo grave es lo que pasa al interior de las comunidades, el tejido que se quedó lastimado quedó sentido a partir de quienes esta empresa puso a favor o puso en contra para beneficiar económicamente a uno de los hombres más ricos de este país. Cómo esta gente puede comprar la justicia, cómo esta gente que genera conflicto sociales no les importa porque al final de cuentas el Estado tiene que resolverlos”, dijo Omar Esparza, activista e integrante de MAIZ.
La hidroeléctrica que se pretende construir en el río, también conocido como río Tonto, un afluente del Papaloapan, afectaría también el ecosistema de la zona donde habitan felinos de gran tamaño y en peligro de extinción, como linces o pumas.
Rubén García, representante comunitario, declaró en entrevista con el diario 24 horas en 2016 que la hidroeléctrica podría contaminar el río y que también la vida como la conocían perdería su tranquilidad.
“Estamos viviendo en paz, no tenemos problemas, no tenemos contaminación. Cuando tengamos contaminación, ya no vamos a vivir así, nuestros hijos van a sufrir.”
La vida en el silencioso paraíso que rodea al río Coyolapa, advirtieron las comunidades, podría cambiar para siempre. Desde ese momento, organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, y las radios comunitarias Radio Tlacuache, de Zoquitlán, y Radio Tlayole, de Tlacotepec, se unieron para defender el río.
En agosto de 2016 las organizaciones dieron una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, denunciando que la construcción de la hidroeléctrica causaría daños al ecosistema, principalmente disminución de los mantos acuíferos y pérdida de la fauna acuática, así como afectaciones a las actividades de agricultura y ganadería.
Lo dijo el propio Sergio Rivera Hernández, tal y como se consigna en un video del capítulo II del documental de Radio Zapote “TLEN ITECH TIKIBIK TEPEYOLO KIXICOHTOKE: Los que en la Sierra Están Resistiendo”:
“Secan esa agua porque lo van a encerrar (al río); todo ese río que corre va a quedar a un volumen del 10%, o en parte puede que hasta se seque. Esa humedad puede afectar todo, por ejemplo el café, que está floreando en esta temporada, puede que no se dé, que la milpa ya no se dé. Ahí no necesitamos fertilizantes, todo lo que se da es natural. Los animales que toman esa agua, nadie se les corta, todo el tiempo está corriendo. Las frutas que se dan son todas naturales: esta empresa (Minera Autlán) viene a destruir todo”.
En agosto de 2018, Minera Autlán envió una carta a Proceso donde aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición del activista. Esto, pese a que los compañeros de Sergio han señalado que las personas detrás de su desaparición están ligadas a las autoridades municipales que están coludidas con la minera.
Lo que no sabían era que defender la vida traería consigo una ola imparable de violencia: en noviembre de 2016, Radio Tlayole fue atacada a balazos, hiriendo con arma de fuego a uno de sus locutores. En febrero de 2018, después de regresar de una manifestación afuera de la Secretaría de Energía (Sener) en la Ciudad de México, el camión que había dejado a un grupo de activistas en Zoquitlán, fue incendiado en la carretera por encapuchados que hicieron bajar a los choferes antes de prender fuego a la unidad.
El 23 de agosto de 2018, desaparecieron a Sergio Rivera, defensor del río, integrante de MAIZ y uno de los líderes del movimiento contra el proyecto.
Todos sus compañeros coinciden en que Sergio siempre estaba al frente de las protestas y movilizaciones, organizaba las jornadas de información, talleres y articulación entre comunidades, y un defensor incansable de la vida en la Sierra Negra.
En mayo de 2019, intentaron asesinar a Salvador Sánchez Bolaños, comunicador popular de Radio Tlacuache, que junto con Radio Tlayole han sido parte de la resistencia y han difundido información de los impactos negativos del megaproyecto.
Aún hoy, el proyecto hidroeléctrico que busca generar energía para la industria minera sigue siendo un peligro latente para el medio ambiente y para la vida comunitaria, de acuerdo con los defensores.
“El proyecto ha estado detenido; sabe el Estado y sabe el gobierno federal que existe conflictividad. Lo que hemos señalado siempre es que las concesiones están vigentes; no importa que este gobierno de la cuarta transformación en estos años diga que no va a pasar nada. Lo único que están haciendo es postergar la conflictividad hacia los próximos años”, dijo Omar Esparza.
“Seguirá habiendo una conflicto que puede generar pues violencia, como ya la hemos vivido en estos años, en donde fuimos agredidos de muchas formas: hubo compañeras que fueron desplazados, hubo quemas de camiones, hostigamiento, amenazas, una serie de intimidaciones de todo tipo”.
Para él no hay duda: la desaparición de Sergio está directamente ligada a su defensa del río.
“Su perfil y el trabajo que estaba realizando tiene que ver con el sentido de una lucha social que estaba llevando a cabo para que el río Coyolapa no fuera privatizado para esta empresa minera, que busca generar energía para seguir explotando la tierra y destruir la tierra en otra parte del país”, señala.
El juicio: racismo e impunidad sin justicia
A finales de 2020, la moto de Sergio, de 34 años, seguía todavía en el mismo lugar donde la dejó, cuando la camioneta donde iban Victorino “N”, Rogelio “N” y Antonio “N” con un acompañante más, le cerró el paso el 23 de agosto de 2018 y se lo llevó hacia las entrañas de la serranía.
Los vecinos cuentan que nadie se atrevía a llevársela, ni a moverla: como si fuera un recordatorio de que algún día va a regresar, de que nadie se va a rendir hasta que los perpetradores de su desaparición, fueran llevados ante la justicia.
La familia del defensor nahua interpuso la denuncia por su desaparición de inmediato, pero ante la falta de acción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, sus compañeros de MAIZ, junto con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, empezaron a ejercer presión mediática.
David Peña, abogado de Sergio e integrante del Grupo de Acción, explicó en entrevista que el caso es, de acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación, el primero en todo el país que llega a juicio por el delito de desaparición cometida por particulares, y específicamente, en contra de un defensor de Derechos Humanos.
Este delito se creó recién en 2018, a partir de la entrada en vigor de la “Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas”; antes sólo se juzgaba la desaparición cometida por fuerzas de seguridad pública, pero hoy también es un ilícito por el que se puede juzgar a civiles.
Los responsables, además, fueron identificados en apenas un par de meses.
En poco tiempo se consiguieron evidencias de las amenazas previas recibidas por Sergio, a través de mensajes, audios y llamadas.
Se encontraron incluso testigos presenciales, dispuestos a declarar pese al riesgo; ellos vieron e identificaron a los cuatro hombres que se llevaron al defensor. A uno de ellos, QUE FUE SEÑALADO COMO PARTICIPANTE?. las autoridades no lo detuvieron por falta de elementos.
Pero todo el juicio fue un desfile de irregularidades e impunidad.
El juez Mario Cortés Aldama no ocultó su desdén hacia los testigos, quienes hablan náhuatl como lengua materna y necesitaban de un intérprete para compartir fielmente su testimonio; el juez les negó ese derecho en un primer momento. El abogado David Peña cuenta que, luego de que se inconformaron por este acto de discriminación, el juez le asignó traductor sólo a tres de los testigos.
Pero el intérprete asignado, confirman Peña y otros compañeros de Sergio, hablaba otra variante dialectal del náhuatl distinta a la de la Sierra Negra, por lo que la comunicación tampoco fluyó.
“Llegó un momento en el que ya no se podían avanzar los testimonios porque no se entendían entre el intérprete y los testigos y entonces él quitó al intérprete. Decidió arbitrariamente volver a citar a los testigos con otro intérprete, que es una situación completamente irregular porque la defensa ya sabe lo que van a decir, ya sabe qué les va a preguntar; y eso, obviamente, pues les da ventajas a la propia defensa”, relató Peña.
La sentencia fue cuestionada incluso por la propia Secretaría de Gobernación federal, que en un comunicado el 12 de septiembre de 2020, señaló que la desaparición de Sergio Rivera “de suma relevancia, ya que se trata del primer caso en México en el que se juzga a probables responsables en calidad de particulares en un caso de desaparición de un defensor de derechos humanos con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.”
Y pese a que el caso es emblemático por ser el primero que llegó a juicio en el país por desaparición cometida por particulares contra un defensor de la tierra y la vida, y donde existían los elementos suficientes de contexto, antecedentes de amenazas, testigos presenciales de la desaparición, el juez consideró que esto no bastaba para obtener una sentencia condenatoria.
Sin búsqueda
En casi cuatro años, las autoridades han buscado a Sergio en apenas tres ocasiones. O han simulado que lo buscan, como dicen sus compañeros. Omar Esparza, de MAIZ, recordó que la primera fue con el gobierno del estado, junto a compañeros de las comunidades y organizaciones, la segunda a finales de 2020, y la tercera a inicios de 2022. Las dos últimas jornadas, fueron de sólo tres días.
“Para casi 4 años que va la desaparición de Sergio pues tres acciones de búsqueda, 6 días en casi mil días de desaparecido, es absolutamente nada. Lo que se ha logrado es a base de la organización de los colectivos y sobre todo de las familias y abogados”, dijo el colega activista Esparza.
En diciembre de 2020, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, organizó una acción para buscar a Sergio dentro de los cerros de Zoquitlán.
Crédito: Creative Commons por Olga Valeria Hernández bajo licencia CC BY-NC-SA 2.5.
En esa ocasión, el convoy en el que iban también compañeros del defensor, dos de ellos dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dejó a los activistas solos en uno de los tramos más peligrosos de la Sierra Negra.
Pasaría más de un año y dos meses para que las autoridades hicieran otra acción de búsqueda, hasta el 21 de febrero de 2022. Y otra vez, las jornadas fueron reducidas, con menos de cinco horas al día buscando en campo.
Los compañeros de Sergio señalaron que la Comisión Estatal sólo fue a la Sierra a simular, a tomarse fotos que luego subieron en su página oficial para anunciar las “acciones de búsqueda”, pero hasta la fecha no hay ninguna pista del paradero del defensor.
El lunes 18 de abril de 2022, la Caravana por la Vida y el Agua, una movilización nacional que recorrió seis estados de la República del 20 de marzo al 24 de abril y sumó a más de 30 organizaciones en defensa del territorio, estuvo en la ciudad de Tehuacán, manifestándose afuera de la Casa de Justicia, exigiendo la aparición con vida del activista y señalando las omisiones de las autoridades para buscarlo.
Allí, Martín Barrios, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, dijo:
“La Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda son instituciones que no sirven para nada. Llevan el mejor equipo, llevan perros, llevan la mejor tecnología para encontrar desaparecidos, ¿y sabes qué hacen? Se toman fotos, no se toman su papel en serio. Ellos son los encargados del Estado de encontrar a Sergio, y no están haciendo nada. Tenemos, por un lado, la resistencia por el territorio, la desaparición de Sergio y la falta de justicia, y además la ineptitud absoluta de las comisiones, no hacen nada por encontrar a los desaparecidos”.
Para Omar Esparza, es muy importante que se siga difundiendo el tema de la vulnerabilidad de las personas defensoras del territorio, quienes están luchando por defender no sólo su hogar, sino el hogar de todas las personas: la tierra, el agua, los ríos.
“Nos podrán haber quitado la presencia de Sergio en lo físico, pero su memoria está con nosotros”, concluye. “Su memoria sigue al lado de nosotros y seguimos luchando hasta encontrarlo.”
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Este texto se publicó originalmente en A dónde van los desaparecidos, se publica aquí con su autorización:
