La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 5 de mayo Día Internacional de la Partera, como homenaje a todas estas mujeres cuyas labores marcan la diferencia entre la vida o la muerte para un sin número de mujeres y sus hijos.
En este texto se aborda a la partería desde una perspectiva feminista y como una acción política para acompañar a las mujeres tanto en sus partos como en sus abortos.
Por Ana Flores* / @kanahtbat
Foto portada: Detalle del mural “Historia de la Medicina en México” de Antonio González Orozco.
El acompañamiento fue, es y será el mayor acto de rebeldía y autonomía.
«La partera es un punto clave en la vida sexual y reproductiva de cada una de las mujeres con las que tenemos contacto», asegura Lucy al reivindicar la memoria de quienes se han negado a plantar tregua a un Estado que, como escribiría la filósofa Silvia Federici, ha procurado «expropiar un saber que se ha transmitido de generación en generación».
Al igual que sus compañeras de Camati “mujeres construyendo desde abajo”, Lucy nació y creció en Chiapas, una de las entidades en las que la interrupción voluntaria del embarazo continúa penalizada. Escuchó y presenció promesas gubernamentales que, en su mayoría, no se han traducido en condiciones materiales para las mujeres de la frontera sur de México.
Lucy es partera desde los 14 años. Siguió los pasos de su madre y abuela. Formó parte de una complicidad que, a los márgenes del Estado, brindó un espacio seguro a mujeres que deambulaban entre los límites de México y Guatemala. Al tener claro que daría continuidad a «una profesión sagrada», se inscribió en la Escuela de Parteras Profesionales de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Así como otros rincones de la República Mexicana, los municipios de Chenalhó y Frontera Comalapa hacen de la palabra ‘aborto’ un término que viaja a través del murmullo. No obstante, Lucy y otras aprendices comunitarias defienden y garantizan el derecho a maternidades y crianzas elegidas.
Frente a una biopolítica que pretende hacer de la autonomía un territorio del cual despojar, las parteras —aunque sea «por debajo del agua»— se organizan y convierten en la persona de confianza de quienes se asumen como dueñas de su cuerpo y decisiones. Lo hacen en el seno de una relación estatal que, expresan la periodista Celia Guerrero y la directora clínica Hannah Borboleta (Morada Violeta), «es conflictiva y violenta».
En los 13 años que lleva en la labor comunitaria, Lucy ha sido testigo de distintos episodios que hacen visibles las políticas en las que el Estado expresa su incomodidad a que las parteras sean agentes clave en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Recuerda dos programas impulsados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el balance de resultados que se presentaron en 2013, uno de ellos (IMSS-Oportunidades) subrayó que «la participación comunitaria» era «una de sus fortalezas». De acuerdo con el documento elaborado por la institución, de las y los más de 300 mil voluntarios «elegidos en asambleas comunitarias», 7087 (2%) eran parteras. Pero a Lucy no se le olvida que parte de la estrategia de implementación consistió en limitar el accionar de las parteras tradicionales de la zona.
«Exigían a las mujeres que fueran a los centros de salud y no con las parteras. Quitaron las atenciones de partos en primer nivel. Eso les afectó muy directamente porque tampoco podían brindar atención en sus comunidades. Las mujeres, no por decisión propia, sino por obligación tenían que ir al hospital Ha sido un camino bastante fuerte y delicado. Incluso, ahorita hay comunidades completas que ya no tienen parteras».
Asimismo, tiene presentes las historias de mujeres que al acudir a las unidades del sistema público de salud denunciaron abusos por parte del personal. La violencia obstétrica —definida como «aquella que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto»— no es individual, ni aislada.
Es de carácter estructural e institucional. Se ejerce de manera física y psicológica. Pese a la alta incidencia que tiene en el país, solo 7 entidades federativas la tipifican como delito: Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
En México y otros países de América Latina, la mayor parte de las estadísticas y los abordajes —ya sea periodísticos o desde las propias ONG— respecto a la violencia obstétrica se enfocan en el desdén y tratos hostiles que sufren las mujeres —muchas de ellas, adolescentes— al momento del parto, la desinformación, esterilización sin autorización, presión para aceptar métodos anticonceptivos y negación de administración de medicamentos para tratar el dolor.
Empero, también se puede hacer presente en el proceso de aborto, pues como bien se señala desde la organización Women Help Women, la violencia obstétrica:
«Es el conjunto de prácticas que degradan, intimidan y oprimen en el ámbito de la atención en salud reproductiva».
En la interrupción voluntaria del embarazo, estos atropellos se recrudecen por el propio estigma hacia las mujeres que deciden sobre su cuerpo. En numerosas ocasiones, tanto parteras como colectivas feministas que brindan acompañamiento, han señalado que la legalidad no garantiza el acceso en condiciones de dignidad.
Aunque en México han habido pasos sumamente significativos en materia de ILE (por ejemplo la resolución del 7 de septiembre de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), las mujeres y personas con capacidad de gestar continúan denunciando la negligencia de los sistemas públicos y privados de salud.
Según documenta Women Help Women, las principales expresiones de violencia obstétrica al abortar son: retraso de la atención (esto con la finalidad de que se venzan los plazos), amenazas con llamar a la policía (una práctica sumamente común en El Salvador y Ecuador), información falsa y chantaje emocional.
Como ejemplo de estos últimos dos rubros, se encontró la historia de Elena Cauduro, estudiante de preparatoria que a los 18 años fue engañada por personal de una clínica perteneciente al Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana (CAM), organización que, de acuerdo con el reportaje de la periodista Yuriria Ávila Guzmán, «está haciendo retroceder las restricciones al aborto» en los países de la región.
En un contexto en el que el aborto legal, seguro, gratuito, informado, amoroso, respetuoso y humanizado sigue como una de las grandes deudas de un país que se dice democrático, Lucy, Celia Guerrero, Hannah Borboleta, Ninde MolRe (abogada y columnista feminista en La Jornada), Yuri (Asociación de Mujeres Aliadas) y Greta Rico (Parteras Urbanas) coinciden en que la labor de las parteras prioriza el principio que se ha querido omitir en las políticas rectoras de los derechos sexuales y reproductivos: la autonomía de las mujeres.
Sin embargo, ¿por qué —incluso desde el propio movimiento feminista— se ha tratado de invisibilizar la resistencia comunitaria de una de las profesiones más antiguas de la humanidad?
Las mujeres y personas con capacidad de gestar siempre hemos abortado. Lo hemos hecho en medio de políticas restrictivas dirigidas a garantizar estrategias bélicas y ‘morales’, la división sexual del trabajo y el sostenimiento del capitalismo a través de la integración de la mano de obra al sistema productivo.
El rechazo y la criminalización del derecho a decidir, además de tener un componente religioso, se apoyan en directrices económicas. Bajo dichas características, la prohibición del aborto se ha catalogado como una medida de control político.
En algunos períodos —por ejemplo en la segunda mitad del siglo XX— se trató de legitimar a partir de una connotación positiva. Tal fue el caso de los diseños de las políticas públicas que tomaron a la familia nuclear (mamá, papá e hijos heterosexuales) como centro. No obstante, aún en los llamados gobiernos de bienestar fue visible una de las cláusulas rectoras de los regímenes fascistas y, posteriormente, dictatoriales: el cuerpo de la mujer como propiedad del Estado.
Frente a los constantes intentos de socavar la autonomía a partir del dominio y la tutela del cuerpo (y con ello la vida sexual y reproductiva), las parteras —a quienes históricamente se les ha llamado «mujeres sabias»— se consideraron como uno los símbolos de contrapeso en lo que Silvia Federici denomina «la verdadera guerra contra las mujeres».
Por supuesto, la agencia no siguió la misma ruta. Hubo conchabanza y resistencia a la institucionalización de los procesos fisiológicos y sociales de las mujeres. La convivencia y ficción entre ambas posturas prevalece en el siglo XXI.
Para estados con cruzadas pro-natalistas (como en su momento lo fueron Francia y Alemania) el rol de las parteras se limitó a la atención de los partos. Esta acción no solo impactó en la narrativa hegemónica de los siglos subsecuentes. También trajo consigo una despolitización de las formas de nacer.
En México, así como en otros países del mundo, la partería ha pasado por diversas etapas de inclusión, exclusión y conflicto. Desde la perspectiva de Celia Guerrero, esto se debe a que la dinámica que enlaza y entrecruza el quehacer de las parteras y los intereses del Estado «es una relación de poder».
«El Estado no puede aceptar las formas distintas que se plantean desde la partería porque van en contra de todo lo que se ha construido institucionalmente sobre cómo controlar el cuerpo de las mujeres».
Como todo vínculo en el que el poder se encuentra implícito, las instituciones han recurrido a distintos mecanismos para (des)legitimar a las parteras. Al calificar al aborto —y a otras formas de control de la natalidad y sexualidad no procreativas— bajo la categoría de «delito reproductivo», una de las estrategias estatales fue reclutar e incluir a las parteras como vigilantes de otras mujeres.
En 2022, la custodia de los ciclos reproductivos sigue siendo la función central de algunas parteras. Para ello, basta recordar organizaciones como Canadian Midwives For Life, Love Both, National Association of Pro Life Nurses y American Association of Pro-life Obstretricians and Gynecologists (Aaplog).
Otra de las rutas —quizá la más evidente y pragmática— a las que recurrió el Estado fue la categorización. Durante el apogeo del mercantilismo (siglos XVI y XVII), las autoridades sanitarias y religiosas dividieron a las parteras en dos grupos.
Si demostraban ser «buena católicas», se les permitía estar al lado del médico. Por el contrario, si realizaba prácticas ajenas a lo que se dictaba desde las instituciones se les despojaba de la profesión y, además se les perseguía bajo la conceptualización de brujas y «enemigas públicas».
Por supuesto, esta construcción discursiva estatal tuvo consecuencias en los diferentes ámbitos que competen a los derechos sexuales y reproductivos. Respecto al aborto, es evidente una invisibilización en el cuerpo normativo, el sistema de salud pública y las propias demandas del movimiento feminista.
De las 75 leyes de aborto disponibles en el Observatorio de Igualdad de Género (Cepal), ninguno de los documentos hace mención textual de la certeza jurídica de las parteras. En el caso concreto de México, ni el Decreto 806 (Oaxaca), la NOM-046-SSA-2005 ni la Ley de Salud para el Distrito Federal abordan la relación entre partería y aborto. Con esto como antecedente, la abogada especialista Ninde MolRe, subraya que «social y jurídicamente, las parteras tienen un nivel de desprotección muy alto».
«La ginecobstetricia es una herramienta con la que se sigue colonizando, medicalizando y violentando el cuerpo de las mujeres»: Greta Rico.
Al pensar en las razones de este vacío legal, la también columnista piensa en la medicina moderna como un «ente patriarcal», mismo que, «a su vez es colonial», según Hannah Borboleta y Greta Rico.
Al seguir este argumento, no es errado sostener que uno de los motivos que explica cierto grado de resistencia para reconocer y proteger a las parteras como «agentes involucradas en la atención primaria de la salud» es la mirada occidental en la práctica médica.
Además de las disparidades en las condiciones en las que brindan apoyo a sus comunidades, las parteras tradicionales suelen enfrentarse a la invalidación de métodos y saberes. Como una de las primeras muestras se tiene que a una se les reconoce como profesionales y a otras no. Tal es el caso de cómo se les describe en la Norma Oficial Mexicana NOM–007–SSA2–2016:
«Persona que pertenece a comunidades indígenas y rurales que ha sido formada y practica el modelo tradicional del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida; la cual se considera como personal no profesional autorizado para la prestación de los servicios de atención médica».
Según expresa Ninde MolRe, esto ha causado que el reconocimiento social y jurídico atraviese por un debate en el que se denuncia que gran parte de la profesionalización se apoya en requisitos de una metodología occidental. Al respecto, Celia Guerrero piensa en lo que ha notado como periodista y puntualiza:
«Se les empuja a trabajar de la mano de las instituciones, pero en realidad no las dejan trabajar. Una vez que hablas con ellas, te das cuenta de que les ponen muchos límites; de que casi tienen que estar pasando lista con la Secretaría de Salud».
A lo cual, Ninde agrega:
«Las parteras tienen autoridad. No se está luchando por decidir cuál es la mejor metodología. Lo que se pretende es avalar las prácticas para que las mujeres tengan y sientan la certeza de que están tomando una buena decisión».
El sesgo narrativo que tiene la población en general sobre el rol de las parteras
Así como lo rescata Hannah Borboleta, «las claras políticas en favor de institucionalizar los procesos de las mujeres» han tenido consecuencias en el grueso del tejido social. Uno de los efectos más visibles es la narrativa que se suele tener sobre la labor de las parteras.
Al abordar la marginación que sufrieron las «mujeres sabias», Federici enfatiza que se buscaba la «pérdida del control sobre la procreación». La presencia de los varones en los partos no solo trajo consigo barreras para que las mujeres se formaran como profesionales. También se les quiso despojar de su rol político en el conocimiento de los procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Y, en cierta parte, se logró en el imaginario social. Para algunas mujeres, como lo fue el caso de Celia— cuyas generaciones antes de su mamá fueron recibidas por parteras—, esta resistencia comunitaria le era lejana y desconocida previo a involucrarse en una investigación de 2017.
«Aunque las generaciones inmediatas antes de mi mamá nacieron con partera fue un tema del que no se habló en la familia hasta que empecé con mi reportaje. Eso me dio a entender que no solamente hay un estigma social muy marcado. Sino que durante muchos años hemos perdido la oportunidad de saber que hay otras formas de llegar al mundo».
Para muchas jóvenes que salimos a las calles a exigir aborto legal, la partería es «una última opción» y no un modelo y una «alternativa a la garantía y defensa de los derecho sexuales y reproductivos». Al reflexionar en el porqué, Greta Rico —quien dedicó su primer proyecto documental a la labor de ocho parteras de Ciudad de México— manifiesta:
«La mayoría de las personas no tenemos una visión global de quiénes son las parteras. Se les ve como una de las últimas instancias a recurrir y, aunque tenemos presente que su trabajo se vincula de manera directa con parir en condiciones de dignidad, tenemos una percepción muy sesgada. Eso evidencia el hecho de que estamos en medio de tanta medicalización».
COVID-19: desaturar los hospitales y la urgencia por «desnormalizar la violencia obstétrica»
Entre los discursos que se movieron y posicionaron con la COVID-19 se encontró el cuestionamiento a los hospitales como el único lugar para dar a luz. Con ello, las actividades de las parteras estuvieron a la cabeza de algunos contenidos editoriales. Incluso, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplaudieron el trabajo de parteras de iniciativas como la Federación Latinoamericana de Obstetras (FLO) y se les reconoció como «heroínas anónimas en la primera línea de respuesta a la crisis».
Desde México, se visibilizó la creación del directorio parteras y doulas —mismo que fue impulsado por las casas La Cueva de la Partera y Osa Mayor— como una alternativa para la atención de los 235 mil nacimientos que estimó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva entre abril y junio de 2020.
Sin embargo, aún en la incipiente recuperación pospandemia, gran parte de la narrativa se sigue enfocando en la atención del embarazo y no en su interrupción y prevención. Por ello, rescata Hannah Borboleta es tan frecuente que las parteras sean confrontadas con preguntas como la siguiente:
«¿Cómo vas a estar a favor del aborto si tú lo que defiendes es a los bebés?»
Al pensar en la existencia de programas integrales, Greta Rico y Yuri responden de una manera puntual:
«Ancestralmente, las parteras han acompañado los procesos que atraviesan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Bajo esta premisa, iniciativas como Asociación Mujeres Aliadas refuerzan modelos en los que se capacita y profesionaliza en la atención de partos, se ofrecen servicios como citología fetal, colocación del dispositivo intrauterino (DIU) y asesoría psicológica.
Si bien Greta afirma que «con la pandemia no se ha cambiado el modelo de atención», es perceptible un discurso que, de manera muy tenue, da mayor peso a las parteras en los abortos, mismos fueron calculados en 25 000 durante el primer semestre de 2020 por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Como ejemplo, se puede aludir a Lineamientos para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio. En esta publicación hecha y suscrita por la Secretaría de Salud se destacó que las parteras profesionales están contempladas en un plan estatal para garantizar la atención de salud reproductiva. Aunque en dicho documento el tema del embarazo y parto continuaron como ejes centrales, se habló brevemente sobre la interrupción del embarazo en los marcos legales existentes.
Fuera del territorio mexicano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) —a través del Human Reproduction Programme— publicó en marzo de 2022 el manual de Directrices sobre la atención para el aborto. En él, se menciona a las parteras en apartados clave: servicios en el continuo asistencial, métodos de aborto quirúrgico, declaración de prácticas óptimas, tratamiento médico entre las 14 y 28 semanas, tratamiento médico con misoprostol y dispositivos intrauterinos.
«No solo somos parteras. Somos quienes apoyamos y escuchamos. Muchas mujeres se acercan a nosotras porque saben que pueden hacerlo sin miedo o regaños»: Lucy.
Históricamente, las parteras han sido cómplices de uno de los mayores actos de rebeldía y autonomía: el acompañamiento. A través de historias recuperadas por Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Acción para el Aborto Seguro (SAAF), sabemos que han sido un oasis para mujeres que viven en países con marcos que criminalizan el derecho a decidir.
Camerún, Palestina, India y Sudáfrica son ejemplos de cómo la partería representa un refugio para las adolescentes. Por su parte, en naciones como Etiopía la lucha por la despenalización del aborto ha consolidado como uno de los factores que ha permitido que la partería siga siendo un saber y una práctica que responde a la resistencia de una amplia y diversa genealogía de mujeres.
Asimismo, la formación de estas agentes comunitarias ha permitido que, bajo el argumento de que la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, se abogue por la transparencia y rendición de cuentas con relación a los recursos de las unidades sanitarias. Por esta y otras razones se habla de ellas como «agentes de cambio».
En casos como el de México, el acompañamiento de las parteras es también una de las vías por las cuales planta cara a dos de las problemáticas que más entorpecen el hacer de la justicia sexual y reproductiva una realidad: la muerte materna y la violencia obstétrica.
Entre 1990 y 2015 hubo un avance significativo (57.8%) en la reducción de la muerte materna, pero en 2017 México no alcanzó los objetivos internacionales. De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (semana 12 de 2022), en nuestro país: «la razón de mortalidad materna es de 34.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados». Con una cifra de 5.6, el aborto es la sexta causa de muerte materna.
Las entidades con las estadísticas más altas son Estado de México, Chihuahua, Durango, Veracruz y Guerrero. A excepción de Veracruz, dichos estados siguen sin dar paso a reformas en materia de aborto legal.
Al principio de este reportaje se retomó que la organización Women Help Women puntualiza que las mujeres pueden ser víctimas de violencia obstétrica durante el proceso de interrupción del embarazo.
Desafortunadamente, el reconocimiento legal del aborto no se traduce de manera automática en un acceso digno. Sumado a las trabas administrativas, las mujeres y personas con capacidad de gestar suelen encarar actitudes y tratos hostiles por parte del personal de salud a cargo. Las denuncias por información falsa, acusación con las autoridades, culpabilización y negativa a proveer los insumos necesarios son algunas experiencias constantes al abortar.
De manera mensual, la Asociación Mujeres Aliadas —iniciativa con incidencia en Pátzcuaro, Michoacán— recibe de dos a tres mujeres que quieren interrumpir el embarazo, de las cuales «varias vienen acompañadas de situaciones de violencia» familiar e institucional.
Para muchas, las parteras no solo son quienes las ayudan a llevar a cabo el procedimiento de manera accesible y segura. También forman parte de la primera línea de contención emocional.
En la Declaración conjunta (Ginebra, 1993) entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) se describe a las parteras tradicionales como:
«Personas que gozan ya de la confianza de las madres; están directamente interesadas en la salud reproductiva de la mujer y gozan de autoridad en el seno de la comunidad».
Por una atención centrada en nosotras
«En gran parte se debe a las dinámicas propias del modelo de partería», apunta Celia Guerrero al pensar en Angelina y en las generaciones de jóvenes que aprenden de ella en Tepoztlán, Morelos. A diferencia de lo que se enseña en la obstetricia moderna, en el vínculo entre parteras, aprendices y mujeres que solicitan sus servicios, no hay un orden vertical. La disipación de esta relación de poder permite que sea la mujer la que se encuentre al centro de la atención y asistencia.
«Desde su formación, el médico obstetra tiene la jerarquía metida en la mente. Así lo enseñan en la escuela. Es un principio inquebrantable».
El desplazamiento de las mujeres como interlocutoras ha propiciado que desde la ginecobstetricia se trate de privar a las mujeres de su agencia como tomadoras de decisiones. Para ello, se ha recurrido a discursos sexistas, capacitistas, de infantilización y coloniales.
Con relación a esto, Hannah Borboleta y Greta Rico señalan que —tanto en la asistencia de la interrupción del embarazo como en otros servicios— se hace presente un desdén por la fórmula que caracteriza su profesión: la articulación y armonía entre «el conocimiento científico y el principio de ancestralidad».
A partir de esta puntualización es enriquecedor situar y pensar a la interrupción del embarazo y la partería desde la óptica bajo la que se escribió el libro Las parterías tradicionales en América Latina. Cambios y continuidades ante un etnocidio programado (2021). Es decir: como una serie de prácticas y rituales que parten de una connotación particular del cuerpo:
«Como una imagen entre el Balumilal-Tierra-Cosmos y el mundo Chu’l, sagrado, en donde las transferencias son múltiples entre ambos mundos».
La conservación y el fortalecimiento de un enfoque integral y de un modelo que valida las necesidades físicas, emocionales y espirituales encuentran como motivo que las mujeres posicionadas desde una partería feminista enfatizan que el aborto no es —ni puede ser— una cuestión exclusivamente médica. Así como se recuerda desde Women on Waves, el acompañamiento consta de tres etapas:
- Proceso preaborto: se comparte información básica.
- Proceso de aborto: se explica paso a paso el protocolo y se enfatiza el autocuidado.
- Postaborto: emisión de recomendaciones, cuidados y compañía a la persona hasta el momento en el que lo solicite.
Además de estar presentes en los talleres y las jornadas informativas —muchas de ellas como acción nodal del programa de sexualidad integral para adolescentes— y en el proceso —sea con medicamentos o método quirúrgico—, las integrantes de Asociación Mujeres Aliadas tienen claro que el aborto se vive, siente y corporiza de distintas maneras.
Por ello, «el baño de plantas, el cerrado de caderas, la preparación de tés y masajes», además de representar «la finalización de un ciclo», son algunas de las alternativas con las que se preserva la salud mental de las mujeres que interrumpen su embarazo. Para ellas, el acompañamiento implica un acuerpamiento físico y emocional.
«Algo bien bonito es que, si bien hay mucha ciencia, también hay mucha mística. Hay muchísima mística en cómo podemos generar espacios colectivos de mujeres desde el cariño, el amor y la confianza».
Al pensar en su labor bajo un «enfoque feminista», Yuri coincide con Hannah Borboleta y Greta Rico en que el potencial político de la partería también consiste en recordar que cada proceso de aborto es el acercamiento a una cartografía corporal y afectiva.
A partir de esta premisa, las parteras feministas ponen nuevamente sobre la mesa que no todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortamos tenemos las mismas necesidades.
Aunque es un enunciado que escuchamos con frecuencia, en la formulación de proyectos de ley y políticas públicas suele quedar en segundo término. Por consiguiente, es plausible reconocer que las parteras juegan un papel primordial en el cuestionamiento de la gobernanza reproductiva. Es decir: «las formas en las que el Estado, el mercado y la sociedad civil influyen en la gestión de poblaciones».
Acciones situadas como contrapeso a una gobernanza reproductiva que sobremedicaliza el aborto.
Si bien el estándar de oro (misoprostol + mifepristona) ha sido nombrado como el método más seguro para abortar, no está exento a algunas observaciones. En principio, «las píldoras abortivas reconfiguran cómo y quién puede realizar los procedimientos de salud reproductiva», acorde con los apuntes de la etnógrafa Madeleine Belfrage en Realidades y retos del aborto con medicamentos en México (2017).
En continuidad con esta reflexión, Ninde MolRe comenta que «es imprescindible entender las complejidades de lo que se ha querido instaurar como opciones únicas». Cabe mencionar que lo anterior no pretende quitar el dedo del renglón de que el sistema público de salud garantice el acceso seguro a estos fármacos.
No obstante, a partir de estas anotaciones es posible problematizar la sobremedicalización del aborto y, como señala, la abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos, pensar «en las experiencias desde otros escenarios».
Por su parte, otra de las grandes apuestas de la partería feminista es la repolitización del aborto autónomo desde el sentido comunitario. En un país en el que es visible y vivible una democracia a medias, este camino no ha estado libre de asperezas.
Los procesos de negociación, reapropiación y resistencia de quienes acompañan en el aborto se dan en terrenos de constante fricción entre las políticas de salud pública, demandas institucionales y proyectos feministas de autonomía corporal.
En 2020, la organización Ipas —que en México establece una alianza con Fondo María, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Fundación México Vivo, Violeta Radio, Católicas por el Derecho a Decidir, Comunicación e Información de la Mujer A.C (Cimac) y Balance AC— y safe2choose: orientación en línea sobre aborto en el mundo levantó la Encuesta Internacional de Personas Proveedoras y Acompañantes de Aborto.
De las 339 respuestas recibidas, el 77% reveló trabajar en instituciones que no dependen del gobierno del país. En este modelo de apoyo, se encuentran las parteras autónomas, a quienes la Doctora en Ciencia Política, Hanna Laako reconoce como aquellas:
«Parteras políticamente activas que eligen llevar a cabo su profesión fuera del ámbito institucional».
Respecto a este punto, es importante retomar algunas de las precisiones que comparten Lucy, Yuri y Hannah al interior de sus organizaciones. Si bien desde la partería se trazan argumentos que coinciden y se entrelazan de manera directa con la despenalización del aborto —por ejemplo, apoyar y guiar a las mujeres en sus decisiones y el acceso a un procedimiento seguro y con personal respetuoso y cariñoso—, «no hay un activismo claro de las parteras» respecto a la ILE, de acuerdo a la directora clínica de Morada Violeta.
A diferencia de colectivas, ONG o activistas a título personal, «no hay una abogacía activa». Para muchas parteras que trabajan bajo un enfoque feminista, la defensa del derecho a decidir se hace desde «la cotidianidad» y en un sentido de una política local y, sobre todo, comunitario.
¿A qué se debe?
Como en todos los sectores de la sociedad, la postura respecto al aborto se caracteriza por consensos y disensos. «Claro que hay parteras que están en contra», expresa Borboleta. A esto, Ninde MolRe agrega:
«El hecho de que una partera lleve a cabo un acompañamiento no significa que el entorno en el que se hace esté de acuerdo».
Sin embargo, esto no siempre se debe a un rechazo derivado de un discurso patriarcal. Desde Michoacán y la zona fronteriza de México y Guatemala, Lucy y Yuri detallan que «la religión es un factor importante». A su vez, Hannah considera que la «propia complejidad de la maternidad» también juega un papel protagónico.
En el contexto mexicano lo que hace que el aborto sea un «tema ríspido» y que se trate «con la mayor discresión posible» es la incertidumbre respecto a la integridad física y jurídica de las parteras. «No es algo menor», introduce Ninde. «La incertidumbre tiene repercusiones que se traducen en consecuencias que, en muchas ocasiones, les toca enfrentar solas».
En concordancia con la puntualización anterior, es plausible tener presente que otro de los datos relevantes que surgieron de la encuesta realizada por Ipas y safe2choose fue que el 42.8% de las acompañantes de aborto desea «capacitaciones sobre políticas legales», esto luego de reportar un alto índice de experiencias adversas.
Asimismo, se tiene en cuenta que, pese a los avances legales en el país y el resto del mundo, las «consejerías en estigma» deben mantenerse como una acción prioritaria de la agenda de los derecho sexuales y reproductivos, de acuerdo al 48.4% de las participantes en la muestra estadística de Ipas y safe2choose.
Para entender dichas cifras desde el contexto propio, Yuri cuenta por qué fue hasta junio de 2021 que Asociación Mujeres Aliadas incorporó al aborto en sus ejes de atención.
«No tiene mucho que el tema se introdujo. Costaba mucho trabajo introducirlo. En principio, teníamos y tenemos claro que no se puede obligar a nadie. Además, al tener un enfoque centrado en los embarazos, se llega a pensar que solo acompañamos nacimientos, pero no otros procesos que atraviesan a las mujeres, como lo son el aborto y la menopausia. Una cosa nos sutura a todo. Antes de que como organización adoptáramos la interrupción del embarazo como una línea de trabajo, algunas de nosotras ya acompañábamos».
A su vez, es importante visibilizar que cuando las parteras no se sienten en las condiciones óptimas de involucrarse en los temas relacionados con el aborto, buscan y proponen alternativas. «Y eso es algo que ha hecho por décadas el movimiento feminista», enfatiza MolRe. Al respecto, Lucy menciona:
«Si yo, como partera, no me siento consciente o tranquila de decirle a una mujer que quiere abortar: “yo te ayudo”, la mando con alguien más. Desde siempre, hemos buscado espacios seguros».
El abanico de posibilidades para hacer contrapeso a políticas estatales parciales y excluyentes —que terminan por ser violentas— desde la partería es tan diverso como las historias de mujeres que se acercan para pedir ayuda en la interrupción del embarazo.
Las tácticas para bregar por el acceso a un aborto legal, seguro, respetuoso, digno y humanizado van desde un uso estratégico del lenguaje —como se puede ver en algunas comunidades tzotziles— hasta la organización de sesiones en donde las que mujeres aprenden sobre el uso de misoprostol.
La importancia de que la agenda de la lucha por la despenalización del aborto y las miras por una justicia reproductiva incluyan a «una profesión sagrada» que «ayuda a repensar la ternura y las nociones con las que percibimos el mundo» encuentran como epicentro el propio proceso de (re)politización del acompañamiento desde su sentido más comunitario.
«En medida de que se puedan propiciar más espacios en los que las mujeres tomen decisiones en ambientes seguros y en los que se defienda y fortalezca la agencia sobre cómo, dónde y cuándo quieres parir».
Dentro de este argumento, Ninde MolRe sostiene que otro de los motivos por los que se ha llegado a invisibilizar la labor de las parteras en los proyectos de aborto legal es la centralización de la lucha. En este sentido, la crítica hacia ciertas dinámicas de la gobernanza reproductiva se hace a partir de una (re)politización que consta en entender que:
«Las parteras representan una oportunidad de hacer comunidad y recuperar el criterio colectivo que se ha perdido en las ciudades».
Las mujeres sabias que desempeñan la partería feminista impiden que se criminalicen las dinámicas de aprendizajes y resistencias. Se posicionan contra un país que «está en pañales en el trato humanizado en el sector salud» y «se involucran de manera más activa, y abarcadora».
Y lo hacen desde el mayor acto de rebeldía y autonomía: el acompañamiento. Porque sí, históricamente las parteras han sido esas cómplices que nos recuerdan que, al momento de abortar o parir, nuestro cuerpo merece amor, respeto y ternura.
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*Periodista y redactora digital especializada en temas de diversidad sexual. De manera independiente cubre violencia de género, crímenes de odio, agresiones contra periodistas, desaparición, movilizaciones sociales y defensa del derecho a la protesta.
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Las fotografías interiores forman parte del texto académico “¿Quiénes son las parteras munduruku? Pluralismo médico y auto-atención en el parto domiciliario entre indígenas en Amazonas, Brasil” realizado por
