Más de 15 organizaciones locales y nacionales repudiaron las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de 12 hombres con discapacidad psicosocial que se encuentran privados de su libertad en la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande en Jalisco.
De acuerdo con las organizaciones, los hechos fueron documentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de una visita de supervisión realizada el pasado 24 de marzo. Éste, informó a través del oficio CNDH/DEMNPT/017/2022 proporcionado al medio Mural, que, si bien, las diversas formas de violencia física fueron ejercidas por otras personas privadas de la libertad que pertenecen al “autogobierno” de este centro, contaron con la autorización de las autoridades penitenciarias, incluso, fueron estas mismas quienes dieron la orden.
Las y los defensores consideraron estos actos como tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de tortura, por lo tanto, exigieron a las autoridades del estado que investiguen los hechos y garanticen la protección a las víctimas. Además de “atender de manera pronta, oportuna y eficaz el autogobierno, el hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios de la entidad”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Es importante que se investiguen las presuntas graves violaciones a derechos humanos ocurridas en días recientes en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, Jalisco” exigieron 15 organizaciones de la sociedad civil en el estado y el país a través de un comunicado de prensa.
Según informaron, 12 hombres con discapacidad psicosocial que se encuentran privados de su libertad fueron “atados con candados en unas bancas, donde permanecieron hasta tres días bajo el sol sin permitirles realizar sus necesidades básicas”, además, dos personas más fueron presuntamente violadas. Los hechos acontecieron en la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco y fueron documentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras una visita de supervisión el 24 de marzo de 2022.
La información fue publicada por el periódico Mural de Grupo Reforma, luego de que le fuese proporcionado el oficio CNDH/DEMNPT/017/2022 con los detalles del caso recabados por el MNPT. De acuerdo con este documento, los actos fueron cometidos por personas privadas de la libertad que pertenecen al autogobierno de Puente Grande, sin embargo, se “sugiere que no sólo actuaron con el permiso de las autoridades penitenciarias, sino que los responsables habrían recibido órdenes de las y los servidores públicos que laboran en dicha institución”, advierte el comunicado que compartieron las organizaciones.
Derivado de una nueva nota periodística publicada el 17 de abril, añadieron que, hasta ahora, se sabe que la dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco ha atendido las medidas solicitadas por el MNPT, entre éstas: brindar la atención correspondiente a las 12 víctimas, recabar evidencia de su estado físico y mental e, incluso, sancionar al personal responsable. Sobre este último punto, se señaló que Juan Hernández Hernández, Subdirector de Vigilancia y Custodia de la Comisaria de Sentenciados fue removido de su cargo.
No obstante, las organizaciones firmantes condenaron los hechos y advirtieron que los mismos “constituyen presuntos actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Y es que, no dudaron en adjudicar estas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a las “omisiones constantes” de las autoridades penitenciarias y el gobierno estatal, quienes no han garantizado la seguridad, la vida digna y los derechos de este grupo de la población.
“…externamos nuestra preocupación porque estos hechos no hayan sido denunciados previamente por ninguna autoridad penitenciaria, a pesar de que las personas llevaban varios días sometidas a esta situación” apuntaron.
Al respecto, agregaron que la CNDH más de una década atrás (2011) documentó la existencia del autogobierno en este centro penitenciario “sin que a la fecha se hayan tomado las medidas adecuadas para atender la problemática”.
Sobre estas observaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) también ha informado sobre la presencia de estos grupos de cogobierno dentro de este complejo, advirtieron las organizaciones. De tal forma que, a través de diversas recomendaciones, este organismo de derechos humanos local ha instado al Secretaría de Seguridad, a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y al Congreso del Estado a destinar mayor presupuesto para la operación de las cárceles de la entidad, así como a llevar a cabo las medidas necesarias para erradicar esta problemática que “propicia la falta de control en los centros penitenciarios”.
Agregaron que el incumplimiento a estas recomendaciones y llamados “resulta violatorio a las normas nacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y de diversos instrumentos internacionales tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las y los Reclusos”. Y, por lo tanto, han derivado en violaciones a derechos humanos como las registradas en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande este 2022 o, las documentadas el 22 de mayo de 2020, donde diversas personas perdieron la vida en el mismo complejo penitenciario.
Así, organizaciones como el Observatorio contra la Tortura; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes contra la Tortura; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (AsiLegal); el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI); y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; entre otras más, se unieron para emitir una serie de exigencias conjuntas a distintas autoridades competentes del estado.
Demandan al Gobierno del estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social que se garanticen los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los 14 centros penitenciarios de la entidad; además de reconocer y atender de manera pronta, oportuna y eficaz las problemáticas identificadas por los organismos de derechos humanos dentro de estos espacios.
Con ello, instan a las autoridades a diseñar e implementar un plan de prevención, atención y erradicación de la sobrepoblación, hacinamiento y el autogobierno en función de los estándares nacionales e internacionales. Sin olvidar la contratación de personal de seguridad y custodia suficiente que responsa a las características y necesidades de cada centro.
De igual forma, urgen de manera puntual a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social que diseñe e instrumente 1) mecanismos de prevención y atención de incidentes violentos bajo una perspectiva de derechos humanos; 2) mecanismos efectivos y seguros de denuncia de violaciones a derechos humanos; y 3) políticas encaminadas a asegurar la integridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En tanto, a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, solicitan que inicie de manera eficaz, oportuna y diligente las investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados, que lleven a la identificación y sanción a las personas responsables, y garantizando la protección a las personas víctimas.
A la CEDHJ se le pide que investigue las presuntas graves violaciones a derechos humanos registradas en la Comisaría de Sentenciados en coordinación con su homologa a nivel nacional, con el fin de retomar la información previamente documentada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. De tal manera que, de confirmarse los hechos, se emitan la recomendación correspondiente y se establezcan las medidas de reparación integral.
Por ende, se demanda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que inscriba a las personas que fueron víctimas de presuntas graves violaciones a derechos humanos en estos eventos, al Registro Estatal de Víctimas y se les proporcionen las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral.
Finalmente, al Congreso del Estado de Jalisco -en coordinación con las autoridades penitenciarias-diseñen y destinen un presupuesto adecuado para atender las deficiencias en los centros penitenciarios del estado, poniendo especial atención a las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y la falta de personal de seguridad y custodia.
