Juana Alonzo Santizo es una mujer indígena Maya Chuj originaria de Guatemala, su objetivo era llegar a Estados Unidos a través de México, pero fue detenida en Reynosa, Tamaulipas por elementos de la Policía Estatal. Ahora lleva más de siete años recluida en la prisión de este estado en espera de una sentencia que reconozca su inocencia y las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida, entre éstas: discriminación, tortura y la falta de un intérprete durante su detención y en el proceso legal.
Juanita, como le nombran sus seres queridos, familiares e integrantes del movimiento que exige su liberación, ha permanecido encarcelada injustamente desde noviembre de 2014 a más de mil 736 kilómetros de su hogar.
Hasta octubre de 2019, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación contabilizó que 6 mil 576 personas indígenas se encontraban en reclusión, de las que solamente 212 eran mujeres.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
Fotografías cortesía Promotores por la Liberación Migrante
San Mateo Ixtatán es una población del departamento de Huehuetenango, ubicado a 385 kilómetros de la capital de Guatemala. Hasta 2018, lo habitaban 44 mil 494 personas, de las cuales, el 96% eran indígenas, principalmente Maya Chuj. Justamente ahí es donde se crio, creció y migró Juana Alonzo Santizo.
El propio Gobierno de Guatemala admite que esta comunidad está “asolada” por la violencia que genera su cercanía con los límites de México y la presencia de los grupos del crimen organizado, cuyas operaciones delictivas están vinculadas con la trata de personas, el tráfico de personas migrantes, de drogas y armas, así como el contrabando de distintas mercancías y extorsiones.
Esta es la realidad de la que Juana trataba de salir cuando le contó a su mamá que migraría hacia Estados Unidos en agosto de 2014, siguiendo el ejemplo de muchos otros y otras connacionales suyas en Centroamérica, quienes huyen en la búsqueda de los derechos que sus gobernantes les han negado.
La ilusión por llegar a Estados Unidos que nunca se cumplió
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas estima que el número de migrantes originarios de Centroamérica que transitan por México con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos ha aumentado de manera considerable en los últimos 30 años. Se calcula que incrementó en un 137% entre 1990 y 2020, pasando de 6.82 millones a casi 16.2 millones, de los que el 51.3% eran hombres y el 48.7% eran mujeres. Además, durante dicho periodo de tiempo Guatemala presentó un aumento en la tasa de población que decidió emigrar de +293%.
Detrás de cada cifra, cada unidad, está la vida de una persona, en este caso, la de Juana Alonzo Santizo, una joven indígena maya Chuque que salió de su país en noviembre de 2014.
Pedro Alonzo Santizo, hermano de Juana, narra que ella salió de su comunidad precisamente en busca de una mejor calidad de vida y bienestar para ella y su familia. Limitada en el acceso a la educación, la joven tuvo muy pocas, sino es que nulas, posibilidades de aprender español, ya que su lengua originaria es el Chuj.
Aunque su caso era similar al de su familia, ellos sí tenían algunos conocimientos básicos para expresarse en español. Y es que, en San Mateo Ixtatán, sus habitantes aprenden este idioma “sobre la marcha” frente a la necesidad de comunicarse y hacerse escuchar. De lo contrario, sus derechos les son violentados. A pesar de esta limitante, Juana Alonzo decidió emprender su viaje.
Para llegar hasta Estados Unidos contrató a un “coyote” que resultó ser un traficante de migrantes. Este sujeto la secuestró a ella, a otra mujer y a una menor de edad que venía con la última. Las tres mujeres viajaban por Reynosa, Tamaulipas cuando este evento sucedió.
Pedro asegura que a su hermana la inculparon de manera injustificada, ya que cuando la secuestraron, las tres víctimas fueron llevadas a una “casa de seguridad”, como la nombran, de alguna organización delictiva; sin embargo, en ningún momento Juana pudo entender con certeza lo que pasaba, dado que su nivel de español era casi nulo.
Días después de mantenerlas privadas ilegalmente de su libertad, una de las mujeres secuestradas pudo huir de la casa y ponerse en contacto con las autoridades. Así, cuando la Policía Estatal acudió hasta el sitio para liberarlas, una de las mujeres señaló a Juana de ser cómplice del traficante y, sin mayores investigaciones, la joven pasó de ser una víctima a una presunta responsable:
“Mi hermana fue detenida por supuesto secuestro en 2014, pero ella no, no tenía nada qué ver con eso. Nos enteramos por las autoridades, fueron ellos quienes nos llamaron, nos informaron todo lo que había pasado”, comenta Pedro Alonzo.
Fueron esos mismos elementos de la Policía de Tamaulipas quienes, además, la agredieron físicamente, la amenazaron con sus armas y también la violentaron psicológicamente, todo con el fin de que firmara documentos donde se hacía responsable del secuestro. Es importante señalar que, dado su escaso conocimiento del español, ella no entendía las razones por las que estaba siendo detenida y mucho menos lo que decían los papeles que a través de prácticas de tortura hicieron que firmara. Tampoco, durante este proceso le fue proporcionado el acceso a un intérprete que le ayudara a entender y defenderse.
Sobre ello, el artículo 2, fracción VIII de la Constitución Política de México establece que, en caso de detención, debe garantizarse un traductor o intérprete a toda persona indígena: “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, apunta el documento.
Lamentablemente, negar o limitar el acceso a interpretes para esta población es una práctica común en las detenciones de personas indígenas en México, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que ha exhortado al Estado Mexicano a:
“Incidir ante la falta de apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores en su lengua, durante el procedimiento penal que se les instruye, así como la carencia de defensores públicos que hablen su lengua; así como que conozcan sus costumbres y especificidades culturales”
No obstante, para la Policía de Tamaulipas la situación de Juana Alonzo Santizo como mujer indígena y migrante fue idónea para culpabilizarla de este delito que no cometió y que permitió al verdadero responsable permanecer en libertad impunemente.
Hasta hace unos meses, siete años después de los hechos, Juana Alonzo pudo por fin acceder a un interprete que le acompañe en sus audiencias, sin embargo, no fue gracias a las autoridades mexicanas, sino a la labor de la organización Promotores de la Liberación Migrante, una red de intérpretes que trabajan en Guatemala, y que “usan el marco de justicia lingüística para proveer apoyo directo de acceso de idioma a los migrantes mayas detenidos”.
“Después de 7 años tuvo la oportunidad de tener una intérprete, pero eso fue gracias a la organización de Promotores de la Liberación Migrante”, añade Pedro Alonzo.
Esto resulta necesario en un país donde se hablan alrededor de 22 dialectos. La misma red de intérpretes advierte que la ausencia de traductores por parte del Estado mexicano fue la primera vulnerabilidad a la que fue expuesta Juana Alonzo como mujer indígena, sobre todo porque no se le identificó como tal y con las necesidades particulares que su caso requería:
“Fue la primera transgresión a sus derechos humanos como mujer, como parte del pueblo Maya Chuj, la segunda situación que es notable fue también la parte de violencia que ella recibió, tanto física como psicológica por las personas que en ese momento la capturaron, es decir elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas”.
Hasta el día de hoy Juana lleva un proceso penal por el delito de secuestro, el cual le fue inculpado injusta e ilegalmente: “los policías me preguntaron sobre mi participación en el secuestro de dos mujeres migrantes y me forzaron a aceptar que yo era parte de un grupo de polleros, aun cuando no podía entender lo que eso quiere decir”, relató Juana en una entrevista que mantuvo con integrantes de las Naciones Unidas en 2018
Más de siete años en una prisión mexicana sin recibir sentencia
48% de las personas privadas de su libertad en el país tardaron más de un año en espera de una sentencia, 47.8% hombres y 52.4% mujeres; es decir, más de la mitad de las mujeres pasan por un proceso prolongado en espera de una sentencia que determine, en muchos casos, su inocencia, o el grado de responsabilidad en el delito del que se les señala.
Además, en Tamaulipas, el 91% de la población privada de la libertad en centros penitenciarios permanece en espera de una sentencia al menos un año, lo que posiciona a la entidad como la número uno a nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.
En 2016, la misma encuesta estimó que el 99% de las personas provenientes de alguna comunidad indígena permanecieron en prisión preventiva, lo que supone casi la totalidad de esta población obligada a permanecer con un proceso penal pausado.
Juana Alonzo Santizo ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno Mexicano es el principal responsable de que permanezca privada de la libertad sin razón, pero también de las múltiples violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la tortura, como mujer indígena.
En México casi la mitad (47%) de la población recluida en los centros penitenciarios declararon recibir presiones y/o amenazas para declararse culpables, de acuerdo con la ENPOL 2021. En Tamaulipas la estadística alcanzó el 25%, lo que coloca al estado en el sexto lugar nacional.
“Mi hermana ha sido víctima de muchos golpes, fue torturada, fue golpeada, entonces yo creo que es mucho lo que han hecho en su contra, pero no pedimos mucho, solamente su libertad y que se haga justicia de todo le han hecho, que se den cuenta que han hecho mal su trabajo y que la liberen”, exige su hermano.
En medio de esta situación de incertidumbre prolongada, la red y su familia reconocen que nadie le regresará a Juana Alonzo los más de 7 años que ya pasó en prisión por delitos que jamás cometió: “eso es lo que la familia no puede aceptar, que han pasado 7 años y no se ha dictado una sentencia”, agrega.
El hecho de que Juana sea una mujer indígena y migrante, son clave para que ella haya sido detenida y para que permanezca después de todos estos años en prisión preventiva, en medio de un proceso penal sin la posibilidad de llevarlo en libertad.
De acuerdo con la organización, los elementos de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que la arrestaron y violentaron de distintas formas, no han vuelto a declarar tras la orden del juez a cargo del caso, pues, si bien se les cito, nunca llegaron. Incluso, la persona que hizo la denuncia no volvió a aparecer:
“Todo esto agrava su situación y el Estado Mexicano se ha empeñado en mantenerlo, creo que sí hay muchísimas pruebas de que la Fiscalía no puede sustentarlo, entonces debería de dejar el proceso como está. Prácticamente a ella quien la acusa es el Estado, no otra persona de manera individual ¿Cómo se le podría juzgar a alguien mientras fue torturada, discriminada y no se le respetaron los derechos que le correspondía, como ser humano?”, añaden.
Gracias a la intervención de múltiples personas a título personal, asociaciones, activistas y defensoras, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas retomó el caso y, en septiembre de 2021, tras un análisis de los abusos a los que fue sometida Juana Alonzo, exhortaron al Gobierno Mexicano a ponerla inmediatamente en libertad tras haber sido víctima de una detención arbitraria. Sin embargo, el Gobierno federal y el estatal, no han acatado las recomendaciones y mucho menos han emitido una postura.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas destacó en ese mismo documento que desde el día 12 de noviembre de 2014, dos días después de ser detenida y ante su primer encuentro ante las autoridades judiciales, Juana expuso los actos de tortura que cometieron contra ella agentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas, a pesar de ello, durante su proceso en prisión preventiva, en ningún momento se han investigados los hechos que ella ha denunciado.
“La privación de libertad de Juana Alonzo Santizo, es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 7, 9, 10, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V”, señalan las Naciones Unidas sobre las distintas violaciones a sus derechos.
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Juana Alonzo ha permanecido recluida desde el día de su detención en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, prisión estatal de Tamaulipas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó como uno de los 15 centros donde se han observado deficiencias en la atención a personas indígenas, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Igualmente, este mismo centro fue uno de los 30 centros estatales donde no se brinda atención adecuada a mujeres y/o menores de edad que viven con ellas.
Asimismo, de las 4 mil 077 personas que se encuentran en prisiones del estado de Tamaulipas hasta enero de 2022, mil 053 son mujeres y de éstas sólo 29 cuentan con una sentencia declarada.
Las únicas interseccionalidades que el Gobierno de México refiere en este diagnóstico son el de sexo, la escolaridad y la edad, por lo que, no estudia la diversidad circunstancial de las personas recluidas en el país, como lo es en el caso de Juanita, el género, su condición de migrante cuando fue detenida y su pertenencia a un grupo indígena, incluso, como proveniente de otro país, una extranjera.
La organización civil Reinserta realizó en 2020 su Diagnóstico sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México. Después de realizar 3 mil 73 entrevistas a personas privadas de la libertad en cinco entidades federativas, entre ellas Tamaulipas, encontraron que el segundo delito por el que más mujeres están privadas de su libertad es el secuestro con 24%, sólo un punto por debajo del delito de robo.
El resultado fue evidente, en promedio las mujeres son sentenciadas a 23 años de prisión, mientras que, los hombres, obtienen alrededor de 17 años, particularmente en delitos graves.
Libertad para Juanita, la exigencia y anhelo incansable
Pedro lamenta que, a 7 años, cinco meses y varios días de la detención de Juana, su familia no pueda viajar cada semana a visitarla o “siquiera” en fechas importantes como su cumpleaños, festividad que transcurrió recientemente, el pasado 10 de abril. Derivado de su situación económica, incluso, es difícil que puedan realizar una llamada telefónica. Cuenta que, hasta hace poco, a mediados de febrero de 2022, pudo verla a través de una videollamada que apenas pasó de un par de minutos.
“Sí, una vez pude hablar con ella por videollamada, pero es la única vez. Realmente después de siete años y volver a ver a una hermana no hubo mucha plática, más que soltar las lágrimas, el llanto que uno contiene, yo creo de preguntar cómo está, cómo le ha ido, qué ha pasado, fue lo único que pudimos platicar”, expresa.
Solamente su papá y tío han tenido la oportunidad de visitarla, apenas en cuatro ocasiones.
Más de 100 mil quetzales (moneada guatemalteca), igual a más de 250 mil pesos mexicanos son los que la familia de Juana Alonzo Santizo ha invertido con tal de verla fuera de prisión, principalmente en asesoría y acompañamiento legal, explica Pedro:
“Yo creo que en todos los gastos que hemos hecho, solamente la familia, van más de 100 mil quetzales – equivalentes a 258 mil 387.39 pesos mexicanos-, pero sin incluir todo el gasto que estamos haciendo en este año, porque en este año ya vamos como de 50 a 60 mil quetzales, pero gracias a Dios hay una organización que nos está apoyando y es quien está solventando los gastos”, relata Pedro Alonzo Santizo.
Esta suma incluye los 40 mil pesos que les requirieron en 2014 las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas y que correspondían a una supuesta “fianza”. Nunca les dieron una respuesta sobre ello tras entregar la cifra, por lo que asumen que se trató de un acto de corrupción y extorsión.
“Pagamos todo ese dinero y nunca la soltaron. De eso no hemos hecho nada porque sin lograr la libertad de ella ahorita no pensamos en eso, yo creo que lo primero que debemos de hacer es luchar por su libertad, y ya estando libre es como podemos pensar en todo eso”.
La fuerza de la familia Alonzo Santizo se ha visto respaldada por la organización Promotores de la Liberación Migrante, pues antes de este año ellos se encontraban solos, “nos ha ido muy mal porque de todo lo que hemos hecho fue en vano”, comenta Pedro, quien asegura que no han tenido ningún resultado en el proceso judicial a pesar de haber pagado a dos o tres abogados.
Fue a inicios del 2022 que la red de traductores se unió a la lucha que emprendió la familia de Juana, previo a su involucramiento “no habían podido avanzar de manera importante en el proceso, ni legal ni de visibilidad” advierte la red. Y es que, previo a ello, los familiares de Juana desconocían a detalle su situación:
“Cuando el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias hizo una investigación (en septiembre de 2018) la familia logra entender lo que pasó, por qué es que ella sigue ahí después de 7 años. Ellos en lo que pudieron, contrataron una abogada, abogados que los apoyaron. Sin embargo, el costo de la vida en Guatemala es muy alto, como en la mayoría de los países y lo que se genera para sustentarse es muy mínimo”.
En lo que va de este 2022 han realizado una serie de acciones, siempre con el conocimiento y aprobación tanto de Juana Alonzo como de su familia. El primer movimiento que realizaron fue la redacción y envío de una carta abierta respaldada por más de 43 organizaciones, que reunió las firmas de 5 mil 135 personas.
Dicho documento fue entregado a la Embajada de México en Guatemala. La familia estuvo acompañada por habitantes de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes la hicieron llegar directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. La red asegura que esta acción funcionó para que tuvieran mayor acceso a la información del caso.
Posterior a ello realizaron la campaña virtual de visibilización #LibertadParaJuanita, donde las personas desde cualquier punto compartieran bajo este hashtag lo destacable de su caso.
Para el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de las Mujeres, lanzaron nuevamente una campaña digital para exigir su liberación, a la par de diversas acciones con las autoridades consulares de México en Guatemala. Esta fecha coincide con el plazo que el Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas dio al Estado Mexicano para cumplir con sus recomendaciones en el caso:
“Sabemos que de manera diplomática han pasado muchísimos años, por lo que su familia está muy cansada de tener esa esperanza y de que ellos lleguen, les pregunten y les pidan que los apoyen, pero no obtienen ninguna respuesta. Por eso es que se ha decidido hacer ciertos movimientos, como esta campaña, específicamente en entidades mexicanas que están acá en Guatemala”.
Afirman ser conscientes de que el Gobierno guatemalteco no tiene la jurisdicción ni competencia para liberar a Juana, sin embargo, han identificado de su parte una pasividad respecto a las acciones que sí podrían ejercer. Pedro Alonzo coincide en que las autoridades de ambos países han sido omisas ante el encarcelamiento injustificado de su hermana y la falta de determinación para hacerle justicia. Especialmente, señala a las autoridades guatemaltecas de simular que trabajan por la liberación de Juana:
“Hace dos o tres meses salió un enunciado diciendo que ellos estaban luchando por ella, pero realmente por lo que sabemos ellos no están haciendo nada, hasta que ellos vieron las manifestaciones que hemos hecho, los videos, la entrega de la carta, es ahí donde yo creo que salieron con eso, pero realmente ellos no nos están ayudando”.
Desde la organización Promotores de la Liberación Migrante se han enfocado en la contratación de intérpretes que acompañen a Juanita en las audiencias, tarea que no es nada sencilla, ya que al igual que su familia, ellos se encuentran en Guatemala. Además, precisan que esto se ha vuelto más complicado porque las autoridades mexicanas “pareciera que se empecinan en que no tenga acceso a un traductor”:
“Ella tenía audiencia a partir del 23 y 24 de febrero, pero nos avisaron como dos días antes que no, que no encontraron intérprete entonces ahí fue como nuestra intervención desde acá en Guatemala para hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para que ella tuviera un intérprete, se logró por la agilización de todo,” cuentan.
Por último, Pedro Alonzo menciona que “no se puede exigir mucho” dada la corrupción que como en su país, también se viven México, por lo que, su mayor exigencia es que su hermana Juana sea puesta en libertad:
“Ojalá esto lo llegue a ver un día el Presidente de México y que se dé cuenta que hay muchas violaciones a hermanos de otros países que están cruzando todo el país y que todo lo que hacen las autoridades es injusto, no sólo a mi hermana, sino a mucha gente”.
Mientras el Gobierno de México ignora intencionalmente los llamados nacionales e internacionales que exigen la liberación de Juanita, esta mujer indígena maya Chuj ha acumulado 2 mil 716 días lejos de su hogar de manera injusta.
Si deseas apoyar las acciones que continúan para que Juana Alonzo Santizo sea puesta en libertad, puedes acceder al siguiente enlace, donde están reuniendo cartas dirigidas al Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica; le meta son 6 mil 400:
https://actionnetwork.org/letters/libertad-para-juanita
Aquí puedes ingresar a la recopilación del caso que ha realizado la red de Promotores de la Liberación Migrante para mayor información: https://www.liberacionmigrante.org/es/2022/02/10/libertadparajuanita/
