#MujeresQueResisten
Las personas trans han sido de las poblaciones más violentadas en el México, el 76.3% de las mujeres trans viven altos niveles de violencia y discriminación debido a su identidad sexo-genérica, la cual se construye en relación con su ellxs mismxs. Esto tiene consecuencias como: sufrimiento emocional o psicológico, salida de la casa familiar, poco desarrollo económico, rompimiento o deterioro de las relaciones familiares, invisibilidad u ocultamiento.
Sckarleth, Dayanna, Ivanna y Lía nos cuentan cómo la transfobia institucional y estructural ha atravesado sus vidas, violando varios de sus derechos humanos y empujándoles a construir sus propias estrategias para garantizarse una vida digna y plena.
Conoce sus historias en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.
Por Aletse Torres Flores e Isabella Jiménez Robles / ZonaDocs
Ilustraciones: Ivanna Orozco
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Sckarleth, Dayanna, Ivanna y Lía son cuatro mujeres trans que han sobrevivido a la violencia y la discriminación institucional de los servicios públicos de salud en el estado de Jalisco. Con sus historias de vida reconocen que resistir es existir, pero sobre todo que frente a la transfobia del Estado, ellas no se cansarán de exigir condiciones de vida digna y de respeto a sus derechos humanos.
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“Me estás dejando desprotegida”: por el derecho a la salud y la identidad
Dayanna ingresó de emergencia al Hospital Civil por neumonía en febrero de 2022. Cuando fue dada de alta, le expidieron dos cuentas: una a nombre de Dayanna de la O Rivadeneira y la otra bajo su nombre anterior -con el cual ya no se identifica-. Decidió pagar la de menor monto y retirarse; a fin de cuentas, ese tipo de “fallas” en la atención también la habían perjudicado durante su hospitalización.
Este no fue el único atentado contra su identidad en el hospital: el personal médico se dirigió a ella con pronombres masculinos y utilizando el nombre de su anterior registro mientras permaneció hospitalizada. Continuaron, incluso, después de que ella les corrigió en varias ocasiones. Al recordarlo, se siente frustrada porque, aún con toda su trayectoria y su gran capacidad para hacer oír su voz, vuelve a enfrentarse a este tipo de situaciones de discriminación al acceder a su derecho a la salud.
Dayanna es una activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+. Dirige el colectivo Diversidad Tlajomulco, a través del cual provee acompañamiento para personas de la comunidad y trabajadoras sexuales. Tiene experiencia apoyando casos de discriminación y diagnósticos de VIH, entre otras situaciones que las poblaciones de la diversidad sexual viven de manera agudizada y con poca o nula atención significativa de las instancias públicas.
Entonces, ella vivió de primera mano cómo la pandemia de COVID-19 empeoró el panorama ya de por sí precarizado.
Denuncia que, entre febrero y octubre de 2021, dejó de llegar el suministro de condones y lubricantes para trabajadoras sexuales, los cuales provee la Secretaría de Salud y son administrados por el Consejo Estatal para la Prevención del VIH – Sida (COESIDA). Lo que normalmente era una entrega de 300 condones mensuales para cada trabajadora, mes tras mes se fue reduciendo hasta llegar a 24: “estamos en pandemia, hay un alto índice de desempleo, aparte de la multiplicación de contagios de vih y, házle como quieras, chíngate con menos condones al mes”, reclama la activista.
Dayanna comenzó a llamar a la encargada de insumos de COESIDA, hasta que ésta le respondió: “¿Sabes qué, Dayanna? Es que no hay, no va a haber y no me preguntes cuándo”. La funcionaria ofreció compensar con provisiones de condones internos de vagina que, por supuesto, no les eran útiles a Dayanna y sus compañeras trans. “Me estás dejando desprotegida”, reclamó la activista.
“Me pregunto si COESIDA está consciente de lo que va a pasar, si se ha cuestionado qué va a hacer cuando entre las trabajadoras sexuales se multipliquen los casos de VIH. Si no tienen ahorita para darnos una caja de condones, no creo que tengan para medicamentos después”.
En entrevista telefónica, personal de COESIDA declaró que no hubo desabasto de insumos durante la pandemia.
Por su parte, durante esos meses, Dayanna tuvo que gestionar donativos de organizaciones de otros estados, como Clínica Condesa y centros de salud en La Paz, Colima y Puerto Vallarta, para que al menos sus compañeras contarán con preservativos.
Danna González, socióloga y activista, explica que falta capacitación y sensibilización dentro de las instancias públicas. Esto es contraproducente al atender a poblaciones atravesadas por múltiples condiciones vulnerantes, como es el caso de las mujeres trans que realizan trabajo sexual: “Te das cuenta de que a veces quienes brindan esas brigadas de apoyo también ejercen actos discriminatorios de no respeto a su identidad. Y no se atienden todas las condiciones precarizantes que se viven ahí”, señala Danna.
“La burocracia de COESIDA es muy tajante” afirma Dayanna de la O, quien sostiene a la vez que esto es especialmente incongruente al momento de atender a poblaciones que tienen dificultades para acceder a documentos legales y se encuentran en situación de crisis. Los obstáculos para acceder a los servicios de esta dependencia han tenido gravísimas consecuencias: “tienes un paciente de diagnóstico reciente de VIH casi casi en etapa terminal, y le das una cita para ocho meses después, no te va a llegar” apunta de la O.
Dayanna indica que el año pasado murieron 18 compañeras y compañeros de diagnóstico reciente esperando una primera cita en hospitales civiles:
“Las citas estaban espaciadas a más de 6 meses, cuando se supone que por el protocolo y el sentido de urgencia por la pandemia de VIH, porque también es una pandemia. Con un diagnóstico reciente, no puedes estar más de 30 días sin tu tratamiento. Y a eso agrégale estar casi en etapa terminal, te mueres”.
Por estas experiencias que, también le han atravesado, Dayanna se pronuncia de manera contundente: “Siendo una mujer trans que acaba de salir hace cinco días del hospital después de seis días hospitalizada y 48 horas en protocolo COVID, sí les falta más sensibilización. Yo invitaría al sector salud a que reeduque a su personal: desde el paramédico y el camillero, hasta el director” finaliza.
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“Lucho por hacer espacios seguros aquellos que habito”: derecho a la educación
Ivanna es la primera mujer trans en estudiar enfermería en la Cruz Roja, dentro del estado de Jalisco. Después de analizar si la medicina era su vocación o solo estaba siguiendo los pasos de su familia, decidió comenzar su carrera en 2020 para ayudar a las personas que se enfermaban en la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, no todo ha sido fácil para la estudiante debido a que se ha enfrentado a una serie de comentarios y violencias transfóbicas en sus espacios educativos. Para empezar, el rechazo de sus compañeros hacia su identidad, haciéndole comentarios sobre su físico o cuestionado los pronombres con los cuales se identifica.
Asimismo, en una de sus clases, su maestra (quien es la coordinadora de la carrera), recuerda, hizo un comentario transfóbico cuando ella se ofreció para una práctica: “Ella pidió una voluntaria, entonces yo dije que yo quería hacerlo, a lo que la maestra contestó que preferiría que fuera una mujer. Yo me quedé en shock”.
La discriminación en el ambiente escolar, es común entre las mujeres trans, alredeor del 50% indicó que en este espacio de socialización no están exentos de burlas, gritos, humillaciones y agresiones, según el informe La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: problemáticas y propuestas, un proyecto de investigación impulsado por un grupo de líderes trans mexicanos y auspiciado por el programa Transgender International Visitor Leadership Program (IVLP).
Si bien, ella decidió no desertar de la carrera por la transfobia, una de sus compañeras trans del turno vespertino dejó de estudiar. Así fue como Ivanna no se quedó callada y denunció lo sucedido ante la institución educativa. Dice que no sólo lo hizo por ella sino por toda la comunidad escolar.
Y es que su decisión de estudiar enfermería también estuvo acompañada del deseo de impulsar la creación de espacios seguros en todos lados ya que, en su experiencia, no siempre se tiene esa garantía. Ella manifiesta que en la mayoría de los centros de salud a los que ha acudido ha recibido un trato digno y respetuoso por parte del personal médico, pero no se ha “salvado” de las violencias.
En 2021, la estudiante fue a realizarse unos estudios de sangre que le había solicitado su médica familiar, pero el personal que la atendió no quería hacerlo porque en sus papeles de registro decía otro nombre: “en el IMSS tuve un pequeño roce con una persona que no me quería sacar la sangre, me lastimó hasta el brazo”.
Si bien, interpuso una queja en la clínica, nunca supo si fue atendida o si la persona fue sancionada por haberla discriminado por ser una mujer trans.
Por ello, Ivanna, tiene una clara misión dentro de su escuela y como futura enfermera: crear espacios seguros. En su agenda personal y profesional, comparte, tiene planes de crear un taller en el que se trabaje la empatía hacia las personas trans, en especial por los docentes. También considera que, su escuela y otros espacios educativos deben ser incluyentes, empezando, incluso, por los sanitarios. En general, asegura que para ella y sus compañeres lo más apremiante son “espacios libres de transfobia y violencia”.
“Creo que todas las personas debemos empatizar, sin la necesidad de remarcar nuestras diferencias”, dice Ivanna.
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Posponer necesidades por no encontrar espacios seguros dónde atenderlas: derecho a la salud
Sckarleth tiene 18 años y vive en Atotonilco, Jalisco. Cuando decidió comenzar con su proceso de transición, sus amigas le contaron de las montañas de papeleo, de las “largas” para recibir los servicios de salud públicos y de cómo fueron discriminadas cuando acudieron al centro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentra en su ciudad.
Ahí “les invalidan su identidad como mujeres y nunca les dan el tratamiento” afirma Sckarleth.
Con las advertencias de sus amigas en la mente y a sabiendas de la reputación de su clínica local, Sckarleth decidió en diciembre de 2021 comenzar con una terapia hormonal; es decir, con el procedimiento médico que le permitirá reafirmar su género a través del desarrollo de características físicas que la hagan sentir mucho más plena con su identidad.
Sin embargo, aunque optó por hacerlo acompañada de una asociación civil en Guadalajara, nunca logró concretar la cita para comenzar el proceso. Desanimada, ahora ha decidido posponer su tratamiento.
Las principales razones que llevan a mujeres trans a no acudir a servicios de salud públicos son: porque no los consideran necesarios, porque opinan que el servicio es malo y por haber sido antes rechazadas por el personal de salud, así lo documentó el informe La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: problemáticas y propuestas.
Sckarleth sabe por experiencia propia que en Atotonilco no hay muchas opciones para ella como mujer trans. La figura aún inaccesible, imponente y discriminatoria de las instituciones de salud públicas ha obligado a Sckarleth a permanecer al margen de su derecho a la salud. Esto le implica no sólo gastos adicionales en su economía o posponer sus necesidades, sino también, enfrentarse a la vulneración de su derecho a una vida plena y digna.
Así como prefirió acudir a una asociación civil antes que a un hospital público para evitar ser rechazada y discriminada, no ha tenido otra opción que pagar por servicios privados y foráneos de atención psicológica, pues en su ciudad la mayoría tiene un enfoque conservador y religioso. Esto la lleva a desplazarse a Arandas, municipio a 40 minutos de distancia de Atotonilco, para atenderse con una psicoterapeuta. Cada sesión supone para ella un gasto de 500 pesos, sin contar el costo de los traslados.
Izack Zacarías, vocero de Impulso Trans A. C., organización que defiende y brinda acompañamiento a personas trans en Jalisco, explica que el personal del área de Medicina Familiar del Seguro Social tiene la obligación de canalizar a toda persona que solicite tratamientos hormonales para reafirmación de género. En caso contrario, advierte, las personas derechohabientes pueden presentar el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las personas LGBTTTI, el cual establece que el IMSS tiene que “garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios de salud de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual así como a las demás que se integran a la diversidad de expresiones sexuales no normativas”
El documento que, sugiere, debe llevarse impreso, tiene que ser presentado ante el personal médico responsable y demás personas supervisoras en la clínica. Sin embargo, de no recibir una respuesta favorable, pueden acudir a recibir acompañamiento de la organización para después interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las instancias que correspondan.
“No se hagan tontos con lo de las hormonas, no hacerle largas, no ser un obstáculo más en el sistema”, dice Sckarleth a las instituciones de salud pública en el estado y en su ciudad, y no se olvida de pedir también al personal médico, de enfermería y administrativo de estos hospitales, centros de salud y clínicas “empatía”, porque en su experiencia “hace falta muchísima”.
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“Sin mis papeles para ellos es como si no existiera”: el derecho a la identidad de género
Cada día, las personas trans luchan por ser reconocidas por quienes son, por ser llamadas con su nombre elegido, por el uso correcto de sus pronombres y por el respeto a sus otros derechos que terminan violando cuando no les reconocen.
Este es el caso de Lía, quien reside en el municipio de La Barca, Jalisco. Para ella, su transición no ha sido fácil. En su comunidad, dice, la ven como un “extraterrestre” y narra cómo le lanzan “miradas” y hablan de ella en los lugares que visita.
La joven expresa que ha sufrido actos de discriminación y transfobia en su camino. Uno que “no puede olvidar”, es cuando en 2020 decidió comenzar su terapia de reemplazo hormonal y el especialista privado al que acudió no respetó sus pronombres ni su nombre elegido, haciéndola sentir incómoda e insegura.
“La primera vez que sufrí transfobia fue con mi endocrinólogo, él me trató muy mal” afirma.
Lía no pudo más, este acto la llevó a decidir cambiar sus papeles identitarios legalmente, para evitar este tipo de situaciones en el futuro. No obstante, han pasado más de seis meses desde que comenzó el trámite en la Presidencia Municipal y aún no tiene una respuesta de las autoridades: “siempre que voy me dicen que no está licenciado, que se fue a comer, que es por la pandemia y nomás no me dan mis papeles”.
Este actuar contradice lo mandatado por la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2020 en Jalisco, la cual incorpora cinco artículos (3, 7 párrafo 1, 11 párrafo 2, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad y a la seguridad personales, al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos y que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, obliga a las autoridades del estado a garantizar el derecho a la identidad de las personas trans en todas las oficialías del registro civil jalisciense.
La obstaculización de sus documentos ha impedido que Lía continúe con sus estudios, logre encontrar un trabajo e, incluso, se ha visto impedida para acudir a un centro de salud por el miedo que le ha ocasionado la transfobia que ha sufrido en la cotidianidad.
Así es como comenzó a automedicarse con hormonas en 2021, con la guía de sus amigas trans y un poco de búsqueda en Internet. Ella no lo recomienda, sabe que puede arriesgar su vida al no contar con el apoyo médico necesario, pero “no le han dejado de otra” por la falta de atención especializada en la institución de salud pública de su municipio.
Para las mujeres trans, la automedicación con altas dosis de anticonceptivos orales o inyectables conlleva un gran incremento de efectos adversos como trombosis venosa, aumento de la prolactina, alteraciones en el colesterol y cáncer de mama, afirma Izack Zacarías, vocero de Impulso Trans A.C. Sin embargo, Lía asegura que esta es la única opción que tiene, acudir por ejemplo, a otro municipio por atención médica, le resulta costoso: “es muy caro todo: los doctores, los estudios, moverse. Y es caro lo que está cerca y lo que no también y yo no tengo tanto dinero”.
El caso de Lía no es aislado, en México al 16.1% de las mujeres trans se les ha negado un servicio porque su identificación oficial no contenía el nombre de su elección y el género con el que se identifican, de acuerdo con el estudio La situación de acceso a derechos de las personas trans en México. Entre los tipos de servicios donde les fue negada la atención están los legales (49.4%) y médicos (40.5%).
En medio de toda la violencia transfobica, Lía ha encontrado el apoyo en su familia, especialmente su madre y sus amigas, quienes la acompañan en su lucha de la mano. Aún así, espera un día tener que vivir sin “peros” como todas las personas, puesto que es su derecho.
Lía quiere ver a sus hermanas trans “a gusto”, que puedan ir al doctor y recibir un trato digno y justo. “Que (el personal de salud y funcionarios públicos) respeten, que nos den nuestro papeleo, que estén abiertos a toda la diversidad”.
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Ellas exigen sus derechos
La mayoría de los casos de discriminación contra mujeres trans “no son visibles”, manifiesta la socióloga y activista Danna González, “por eso hoy en día estamos denunciando, tomando las calles y alzando la voz en muchos espacios, porque algo tan básico que se nos debería garantizar, no se nos está garantizando”.
Ellas están visibilizando un conjunto de violencias políticas y sistémicas que obstaculizan el acceso a sus derechos humanos a la salud, la identidad, la no discriminación y espacios seguros para vivir una vida libre de violencias.
Son demandas que parecerían incluso sencillas, parecen imposibles para las instituciones que bloquean su acceso a los servicios públicos más básicos con los que deberían contar por derecho, sin tener que pasar por la burocracia inaccesible, los tratos abusivos del personal médico y la indisponibilidad o falta de acceso a centros e insumos de salud en distintas áreas de Jalisco.
La lucha de las mujeres trans en el sistema de salud (y en la sociedad en general) busca arrancar, de raíz, esta patologización de su identidad: si su salud se encuentra en riesgo, no es por su identidad, sino por cómo las instituciones que deberían resguardarlas deciden cerrarles sus puertas.
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Esta historia fue realizada con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las organizaciones.
