La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Hace unos días se dio a conocer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo integrado en 2015 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y, en la medida de lo posible, esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, hechos a estas alturas de sobra conocidos: el ataque, detención y posterior desaparición de 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, de los cuales sólo tres han sido identificados. Casi ocho años después, de los otros 40 muchachos aún se desconoce su paradero.
Desde su llegada a México el GIEI se colocó como un contrapeso incómodo para el Estado mexicano. En su primer informe se encargaron de desmontar lo que hasta ese momento había sido decretado como “verdad histórica” por parte de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, a saber: que los normalistas habían sido capturados por el grupo criminal Guerreros Unidos y que, dijo el entonces procurador, “fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”. La versión oficial, además, eximía de cualquier responsabilidad al Ejército y tenía como piedra angular la versión de que los normalistas habían sido confundidos con miembros de una banda rival de Guerreros Unidos.
Como anotaba arriba, el informe del GIEI desmontó buena parte de la llamada “verdad histórica” —convertida con el paso del tiempo en una verdad histérica— al comprobar la participación e involucramiento de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y dando a conocer la existencia de un quinto camión, cuya retención habría sido el origen del problema pues presuntamente transportaba droga, algo que los normalistas desconocían. Y muy importante: demostraron, con la misma ciencia que pretendía presumir la PGR, que el escenario de la incineración masiva en el basurero de Cocula “no tenía sustento en pruebas y era imposible científicamente”.
Para abril de 2016 el GIEI preparó un segundo informe. A lo largo de ese año, en el que continuaron las investigaciones, enfrentaron la renuencia de las autoridades mexicanas para otorgar información o cumplir diligencias. Aun así, en ese segundo informe el grupo internacional dio a conocer que el escenario del río San Juan, donde presuntamente habían sido encontrados restos de los normalistas, había sido manipulado por la PGR. Dicho de otro modo, que la procuraduría sembró evidencia. Luego de este informe el grupo tuvo que salir del país por petición del gobierno mexicano.
Conforme ha pasado el tiempo han ido apareciendo nuevas revelaciones del caso Ayotzinapa. Apenas el año pasado se confirmó la identificación de Jhosivani Guerrero. Digo que se confirmó porque Jhosivani había sido identificado en 2015 a partir de los restos manipulados y puestos en el río San Juan. En 2021 se informó que la segunda identificación se dio a partir de unos restos encontrados en la barranca de La Carnicería, lugar que ni siquiera formaba parte del relato original. Esto, más la confirmación de que las confesiones de 2014-2015 habían sido obtenidas con tortura, más el religioso celo con el que se protegía a las fuerzas armadas, fueron elementos que minaron, o derribaron trozos completos, de lo que había sido calificada incluso por cierto grupo de periodistas —encabezado por personajes como Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva— como una investigación exhaustiva y ejemplar. Nunca hubo tal: todo fue un montaje que se ha ido desmontando.
Si ya habían sido relevantes los dos primeros informes del GIEI, el documento dado a conocer hace unos días ha sido motivo de un escándalo que no ha alcanzado, y todo parece indicar que no lo hará, las dimensiones que debería. Y es que por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas —específicamente el ejército y la marina— entregaron documentación que había sido celosamente reservada. Aunque algunas cosas se suponían o era posible deducirlas, ha quedado confirmado que:
- El ejército dio seguimiento puntual al movimiento de los normalistas desde días antes a la llamada Noche de Iguala, y no sólo eso, sino que tenía a al menos tres elementos castrenses activos infiltrados en la normal Isidro Burgos que rendían informes a la Secretaría de la Defensa Nacional. El informe del GIEI apunta que “ninguno de dichos reportes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”. Esto es relevante porque en algún momento también se barajó la teoría de que había bandas criminales dentro de la normal.
- El GIEI también da a conocer que “se contaba con dos operaciones de inteligencia en marcha, una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado y otra las actividades de los estudiantes (…) resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición. Esto a pesar de que se contaba con interceptación de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”. Habría decirle a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y que huyó del país para refugiarse en Israel, que también se actúa por omisión.
- Hay una importante cantidad de material recabada por el ejército porque, contrario a lo que se informó y se reiteró hasta el cansancio, la corporación sí realizó una investigación por su cuenta. Aunque pudieron conocer buena parte de dicho material, el GIEI subraya que no ha podido tener acceso total a dicha información.
- Uno de los puntos más relevantes del tercer informe tiene que ver con la participación, hasta ahora negada, de la marina. El GIEI ha dado a conocer un video en el que personal de dicha corporación realizó tareas en el basurero de Cocula el día 27 de octubre de 2014, esto es, un día antes de la diligencia de la PGR en el lugar. Apunta el documento: “Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula”.
- Otro dato que debería ser motivo de escándalo es que el acta del Ministerio Público realizada luego de la diligencia de tres días en el río San Juan es falsa, toda vez que el agente del MP que presuntamente la presidió ni siquiera estuvo en el lugar.
Ahora bien, el GIEI es claro al señalar que mucha de la nueva información dada a conocer en este tercer informe fue posible gracias a que el presidente de México permitió que el grupo tuviera acceso a ella. Aunque esto puede ser visto como una señal positiva de la disposición del Estado por esclarecer los hechos, me parece que en la práctica dista mucho de ser así.
¿Por qué lo pienso? Un día después de que se diera a conocer la presencia de la marina en el basurero de Cocula previo a la diligencia de la PGR, Andrés Manuel deslindó de toda responsabilidad al almirante Rafael Ojeda, entonces comandante a cargo de la VIII Región Naval en Acapulco, Guerrero, y hoy titular de la Secretaría de la Marina. “Los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros”, dijo el presidente y luego concedió la inocencia por decreto al almirante. Si de verdad hubiera un interés franco por esclarecer los hechos, quizá el presidente podría ordenar al almirante que diga lo que sabe. A lo mejor resulta que sabe más de lo que López Obrador cree.
Además de ofrecer información muy relevante sobre lo ocurrido antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el tercer informe del GIEI debería de servirnos para darnos luces sobre el papel que juegan las fuerzas armadas en el país, sobre todo en un momento en el que la fe ciega del presidente en el llamado “pueblo uniformado” ha venido otorgándole más facultades, incluso fuera de sus tareas primordiales. La información reservada y premeditadamente oculta durante más de siete años debería de servir para articular una exigencia de mayor transparencia en las labores de las fuerzas armadas, cuyo actuar en el caso Ayotzinapa va en tres direcciones: por acción, al espiar a los normalistas; por omisión, al limitarse a ser meros espectadores de los hechos; y por obstrucción de las investigaciones, al ocultar alevosamente información.
Finalmente, porque hoy me he extendido demasiado, habría que preguntarle al presidente si no va siendo hora de llamar a rendir cuentas por lo menos a Jesús Murillo Karam por su corrompido actuar durante la investigación de uno de los capítulos más vergonzosos y trágicos de la historia reciente del país. Ya no digamos al expresidente Enrique Peña Nieto y a los entonces titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
SPOILER: sabemos que no va a pasar.
Si alguien quiere consultar el resumen del tercer informe del GIEI y echarle un ojo a sus casi 40 páginas, en las que también se mencionan las falsedades, las ilegalidades y el uso de la tortura en la investigación oficial, puede hacerlo en este enlace.
