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Miles de migrantes que llegan a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las pandillas y tomaron el control de “La Bestia”. En municipios del Estado de México, las personas migrantes son reclutadas como «soldados» para la venta y distribución de droga
Texto: Alejandro Mendoza Benítez
Fotos: Alejandro Mendoza Benítez y Jessica Lizbeth Mendoza Benítez
ESTADO DE MÉXICO.- En el calor de las vías del tren, entre los arbustos y las rocas que se desprenden de la barranca en una localidad del norte del Estado de México, se encuentran hombres, mujeres y niños con la postura de fatiga y una mirada derrotada. Aquí, los migrantes centroamericanos interrumpen su viaje hacia la frontera con Estados Unidos tras ser empleados de manera forzada en la primera fila del crimen organizado y las pandillas.
“Nosotros lo tenemos que hacer por la familia, si no nos ponen y terminamos allá en el altar”, explicó Marvin Josué, un migrante centroamericano que fue reclutado y actualmente trabaja para una facción de la Mara Salvatrucha (MS-13), adjunta al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aseguró que de no haber aceptado trabajar para la pandilla, habría sido asesinado y sus restos óseos colocados en un altar a la Santa Muerte.
El 12 de mayo del 2021 a las 11:17 de la mañana, en la entidad mexiquense, el joven Marvin Josué, a quien se le cambió el nombre tras aceptar conversar sin ser grabado, estaba sentado a la orilla de las vías del tren con un cigarro en la mano izquierda, la capucha de la sudadera puesta y los tenis amarrados a sus sueños desde que salió de su lugar de origen. Junto a él, dos hombres más, de rostros delgados y labios entrecortados. El primer contacto fue directo pero precavido:
—Buenos días— dijo; extendió la mano y saludó. —¿Qué necesita? —preguntó con firmeza después—. Junto a ellos había una mochila que alejaron levemente al iniciar la conversación y, luego de soltar una breve risa al escuchar el motivo del acercamiento, agregó: —No puedo responder tus preguntas, si yo hablo, en lo que tú vas y las llevas hasta donde escribes, a mí ya me mataron. Pero, te voy a decir lo que sí puedo.
Luego de alrededor de 20 minutos de conversación, en los que dijo asegurarse de que no se trataba de “un cuatro”, Marvin Josué reveló que, tras su llegada al Estado de México, algunos meses atrás, en el municipio de Tultitlán fue abordado por una persona que “se encargaba de reclutar”. Junto a otros hombres, Marvin fue trasladado a una localidad aledaña en donde fueron destinados a realizar distintas actividades por miembros de la MS.
Sin precisar la fecha, relató que después de salir de lo que él llamó “un país de abajo” (para referirse a Centroamérica) y debido a los pocos recursos con los que contaba en ese momento, se vio obligado a recorrer el territorio mexicano por una de las tres rutas principales de traslado hacia Estados Unidos, una de las cuales implica un menor costo: se trata de la ruta del centro que conecta el camino que recorre de Tenosique, Tabasco, o de Tapachula, Chiapas, hasta el Estado de México; son poco más de 1000 kilómetros para llegar al municipio de Tultitlán en donde, de manera irregular, los migrantes suben al tren carguero, conocido como “La Bestia”.
Anteriormente los migrantes solían desplazarse en dirección a Reynosa, en la frontera con Tamaulipas y Texas; sin embargo, debido al amplio control que tomó en su momento el cartel de los Zetas en esta ruta, optaron por desplazarse al noroeste, en la zona limítrofe de Sonora y Baja California con Arizona y California, la denominada ruta del “infierno”, el camino largo hacia el “sueño americano”.
En la actualidad, Marvin es una más de las 177 personas extranjeras en condición migratoria irregular que ha sido víctima de algún delito en territorio mexicano durante 2020 y de los 3 mil 732 casos registrados desde 2016, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En México, hasta el 25 de abril de 2021, datos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indican que se registraron al menos 2 mil desapariciones de personas migrantes en el país, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Algunas de ellas interceptadas por el crimen organizado y las pandillas, las personas indocumentadas sufren delitos como tortura, secuestro, extorsión o robo antes de ser asesinados y ofrendados, como dicen ellos, a la “niña blanca”.
Los migrantes son reemplazados de la primera fila de la pandilla cuando cometen un error o se resisten a colaborar con las organizaciones, según el testimonio de una fuente cercana a la pandilla, a quien se geolocalizará, por seguridad, en el municipio de Cuautitlán y se nombrará como Alberto para los efectos de esta historia. Las personas migrantes reclutadas en la entidad llevan a cabo actividades de venta y distribución de droga, así como de sicariato, y se les denomina “soldados”. Los centroamericanos —la mayoría— se rigen bajo las órdenes de un “cabecilla” de la MS que opera en el Estado de México, lugar con 125 municipios y 163 mil 244 habitantes que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha convertido en una “zona roja” para la comunidad migrante.
Con miembros de la pandilla a bordo de los trenes de carga, a las personas indocumentadas se les obligada a pagar una cuota para que no las arrojen al convoy en movimiento o se les detenga, hasta pagar una extorsión, en “casas de seguridad” ubicadas estratégicamente en territorios aledaños a las vías del ferrocarril: así es la vida del migrante.
Migrantes durante la pandemia por covid-19
Durante el último año, la pandemia por SARS CoV-2 originó cambios en la movilidad de los migrantes, las rutas de tránsito ordinario se vieron afectadas y los carteles del país se desplazaron a nuevos territorios. Los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad iniciales, al descontento y la xenofobia generadas a partir de la organización de las caravanas. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018, y que desde entonces van en aumento, dieron lugar, en conjunto con las contradicciones del gobierno federal y las políticas internacionales, al colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión.
Incluso en el periodo correspondiente a 2021, el crimen organizado se había apoderado de zonas estratégicas; incrementó las operaciones focalizadas, el afianzamiento social y la diversificación económica. Se desplazó al conocido “nicho de valor” que proporciona la población migrante en el país y que representa un potencial ingreso económico de hasta 134 millones de dólares anuales por actividades como secuestro, robo, cobro de cuotas de piso y robo de tarifas de contrabando (sin incluir las tarifas de tráfico ilícito).
Según el informe del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de junio de 2018, en algunas entidades en México las víctimas de delitos por cada 300 personas migrantes han llegado a las 101 personas; tal es el caso de los jóvenes centroamericanos Marlon José, Julio César y Jairo Enrique, quienes tras ser cuestionados el pasado 30 de agosto de 2020 sobre la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19, respondieron: “Nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el 26 de junio de 2020, en San Luis Potosí, un mes antes de la entrevista; luego de algunas llamadas telefónicas, el 8 de agosto del mismo año se perdió contacto con Marlon. Julio César y Jairo Enrique se separaron en Guadalajara tras sufrir un atentado.
MS-13 pacta con carteles mexicanos
Paradójicamente, cientos de migrantes salen de sus países de origen debido a la expansión de las pandillas y al cobro de piso; sin embargo, al llegar a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las clicas y tomaron el control de “La Bestia”, el tren que transporta combustibles, materiales e insumos a lo largo de más de 5 mil kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte. Debido a las prácticas de intimidación, la pandilla es notoriamente ineludible.
En 2012, el diario Infobae publicó que las prácticas como desmembramientos y decapitaciones realizadas por los carteles mexicanos eran técnicas de intimidación aprendidas de las pandillas salvadoreñas, según la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Posteriormente, el 14 de febrero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó su relación, ya que en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación en contra de 14 líderes de mayor rango de la MS- 13 que integraban la Junta Directiva de la organización conocida como la Ranfla Nacional y quienes fueron señalados como responsables de negocios ilegales en distintas partes del mundo, principalmente en México. Los Zeta, el Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son señaladas como las principales organizaciones con quienes la pandilla se dedica a la trata y el contrabando de personas, es decir, quienes convierten a México, en palabras de José Carlos Aguiar, en un “jardín de huesos”.
De igual forma, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de junio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó un mapa del Estado de México con las zonas de principal operación y disputa de cuatro organizaciones criminales; sin embargo, el CJNG es el que mantiene el control en el corredor ferroviario Tultitlán- Huehuetoca, encabezado en la entidad y en la Ciudad de México por Omar Ramsés “el Calaca”. Datos de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indican que la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cuenta con presencia en al menos 23 estados de la República mexicana entre los que se incluyen Guadalajara, Guanajuato y el Estado de México.
Durante el periodo de 2006 a 2016, autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1978 fosas clandestinas y la PGR, 132. Según el mapeo realizado por el sitio de periodistas de investigación “A dónde van los desaparecidos” y Quinto Elemento Lab, fueron 24 las fiscalías que encontraron fosas en su territorio, con al menos 2284 cuerpos; sin embargo, en el Estado de México solo se reportó la ubicación de cuatro sitios con siete fosas y 10 cuerpos; ningún dato indicó la localización de la fosa en el municipio de Huehuetoca.
El 17 de agosto de 2016, mientras personal de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento municipal de Huehuetoca realizaba labores de limpieza en el pozo de agua “Planta Noria”, lugar donde actualmente se localiza el Museo del Ferrocarril, se encontraron 900 restos óseos, de los cuales 792 correspondían a restos humanos y 72 a animales, según informó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía del Estado. Se logró constatar que uno de los perfiles genéticos de las víctimas correspondía a una mujer, sin embargo, MVS reportó que no se divulgó más información sobre los mismos debido a su avanzado estado de descomposición. Un habitante de la zona, entrevistado el pasado 2 de mayo del 2021 y que no aceptó ser grabado, aseguró que sí había un conocimiento previo de las víctimas en el lugar, pues era como “un secreto a voces que esperas no sea verdad”.
“Un residente de allá me contó que una vez que iba pasando por el lugar escuchó que gritaban y enseguida dos disparos. Mejor subió el puente y rodeó el lugar”, refirió el hombre de la tercera edad. Dos personas más cercanas al caso fueron contactadas, pero señalaron que no se les tiene permitido hablar sobre el tema.
El actual fiscal del Estado señaló que no se descartó ninguna línea de investigación, ya que una de las hipótesis apuntaba a que, debido a la localización de la fosa dentro del municipio, podría constatarse que las víctimas eran migrantes centroamericanos; sin embargo, ésta tampoco fue comprobada y los perfiles genéticos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM). Recientemente el joven Alberto, argumentó que “cada cierto tiempo” se ven “soldados” migrantes nuevos, soldados a los que “se suele cambiar de territorio”. Señaló que, tras ser descubiertos los restos de las 12 personas en inmediaciones de la cabecera municipal de Huehuetoca, los “soldados” fueron trasladados de lugar a otras regiones operadas por la pandilla y el CJNG.
Los santitos
“A nosotros nos dicen santitos, ¿sabes por qué nos dicen santitos? Porque si no lo haces (distribución y venta de narcóticos) te ofrendan a la Santa, pero se tiene que hacer. No importa dónde estés, si no lo haces, te matan a ti y a tu familia”, aseguró Marvin Josué en otro momento de la entrevista. El joven declaró que tiempo después de haber sido reclutado fue “puesto” por alguien de la MS-13 para ser asesinado, pero la persona encargada de trasladarlo a una ubicación inexacta dentro de la entidad lo confundió con alguien más, a quien ultimaron y colocaron en un altar como parte de un culto a la Santa Muerte.
Desde entonces, Marvin se identifica con la pandilla con un nombre que no le pertenece, pues tuvo que adoptar la identidad del sujeto a quien se llevaron “en su lugar”. De forma ilegítima, Marvin desapareció…Y luego de ponerse de pie frente a las vías del tren, preguntó:
Yo vengo de allá. Yo me salvé, mírame. A mí me llevaron a matarme. Me enseñaron las fotos de cómo los ponen y cómo los dejan. A mí me dijeron mira, así vas a quedar. Pero mira, aquí estoy, si no me hubieran llevado allá a sus altares. Ellos allá llevan los huesos de los santitos, por eso es que nos dicen santitos, porque nos convierten en santos. ¿Tú sabías que ellos tienen altares?
En ese sentido, el investigador de organizaciones religiosas emergentes en México Arturo Fabián Jiménez, considera que la Santa Muerte está vinculada de manera directa a lo que él denominó “cinco categorías”: la religión católica, la santería, los ángeles y las creencias prehispánicas; sin embargo, es en su asociación con el satanismo o la magia negra en donde se hace uso de restos humanos para “cuestiones de brujería”, ya que, hasta el momento, no hay conocimiento de su relación con las creencias denominadas prehispánicas; sería “un hallazgo el que encuentres tú restos humanos en un altar a la Santa Muerte pero dentro de un culto prehispánico, y precisamente asociado al crimen organizado”.
El experto aseguró que, no obstante, lo que “está en juego” en este tipo de culto asociado a la brujería no es la “capacidad que tiene la Santa Muerte”, sino creer en la persona que te hará el trabajo, pensar que realmente será efectivo. Aseveró que no todos los tipos de culto a la Santa Muerte están relacionados con lo negativo, pues hay “asociación a cuestiones positivas”; incluso dentro del crimen organizado, pueden rendirle culto a la Santa Muerte para protección de sus hijos o en un embarazo en riesgo ofrecer al bebé, “eso hacen las familias”.
“Entre los devotos a la Santa Muerte se encuentran policías y criminales por igual, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan los levantones”, escribió el antropólogo José Carlos G. Aguiar en una publicación para Aristegui Noticias. Paradójicamente, aunque la niña blanca “no hace milagros, tira paros”, y pareciera no hacerlos por igual. Sin respaldo, los migrantes se ven obligados a formar redes de relación con las pandillas, aquellas por las que, en muchos de los casos, abandonaron su país de origen.
“El migrante es visto como un signo de pesos, alguien a quien se puede explotar laboralmente, sexualmente y económicamente”, dice el encargado diocesano de Movilidad Humana de la Diócesis de Cuautitlán, el padre Horacio Robles Cedillo. Bandas que buscan ganar territorio presionan al migrante con el pago de derecho de piso, “acostumbrado mucho en países centroamericanos”, o al menos eso es lo que le platicaban los migrantes en su estancia como director de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de 2015 a 2017. El padre Horacio Robles recuerda que la zona en Tultitlán donde se ubicaban las instalaciones era peligrosa, “había autos raros”.
No obstante, al realizar su traslado al municipio de Huehuetoca, “se continuó escuchando de los polleros y aledaño al lugar de casas de seguridad”; este cambio de ubicación geográfica no determinó el cese de las agresiones contra migrantes, por el contrario, éstas se expandieron y potenciaron. Según su testimonio, consideró que para los vecinos resultó difícil “que llegaba el pollero o el que quería secuestrar o extorsionar al migrante en esa zona, por lo que la presión de la comunidad se debió más que a las personas migrantes”, a los “actores negativos” que provocaron ese conflicto.
La casa a cargo de la Diócesis de Cuautitlán se encontraba ubicada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, pero tiempo más tarde, y debido a los conflictos con la población de la zona, tuvo que cerrarse el 10 de julio de 2012. Posteriormente se le trasladó al municipio de Huehuetoca, a kilómetro y medio de la Presidencia municipal, en una región poco poblada, frente a las vías del tren, donde actualmente opera bajo las estrictas medidas de salud que exige la pandemia por covid-19.
Sin embargo, luego de que entre 2008, 2009 y 2010 el flujo era de hasta 300 migrantes por día, hoy la cantidad oscila de entre 10 a 30 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su reporte 2020, como resultado de las actuales medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, los migrantes se encuentran en una serie de situaciones precarias, restricciones a la movilidad relacionadas con las medidas de seguridad sanitaria, el desalojo de los refugios seguros, personas varadas en centros de detención y, finalmente, la exposición de las personas migrantes a contraer covid-19.
Finalmente, sobre las vías de “la Bestia” y esta vez con la cabeza descubierta, Marlon Josué se despidió de la entrevista con un choque de puños y asentando con la cabeza; en sus ojos se reflejaba todo, menos tranquilidad.
Al ingresar al territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a situaciones como las que los hicieron huir de su país, pero con la diferencia de que en México se ven obligados a integrarse a las filas de las pandillas para sobrevivir. Se convierten en sicarios y burreros; soldados al servicio de los cabecillas de la MS que han logrado pactar con las organizaciones criminales más grandes de México, aquellas que se extienden en la búsqueda de nuevas plazas, que los posicionan como nuevos “sectores económicos”. Al igual que una gran empresa , los carteles de la droga diversifican sus actividades y se incluyen cada vez más a fondo en la “cotidianeidad” del México actual.
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Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
