Por Cecilia Guillén, Experta en Derechos Humanos y fundadora de En Primera Persona, A.C. / @En1ra_persona
La votación y aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySM) fue pospuesta para este martes 29 de marzo, según lo dicho por la Mesa Directiva presidida por la vicecoordinadora Karla Yuritzi Almazán.
Si esto es así, la bancada de MORENA encara la responsabilidad o el costo político de ceder ante el intenso cabildeo con el que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. se ha opuesto, pues esta ley implica terminar con la “doble moral” que han impuesto en nuestro país: se fabrican automóviles y otros automotores que cumplen con los estándares de seguridad internacional, pero son destinados exclusivamente para exportación; mientras que, en México, venden flota inútil para garantizar la vida y la integridad de familias enteras.
Que la industria y su vocera aseveren que, para cumplir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están dispuestos a sacrificar vidas ya es preocupante, pero además una falsa premisa. Y es que, tal como indica el dictamen que fue presentado para votación, la LGMySM no fija regulaciones técnicas justo porque para eso están las Normas Oficiales Mexicanas.
Sobre la suspensión de la sesión, el presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, Salomón Chertorivski, informó que a petición del Gobierno Federal, se aplazó la votación con el propósito de alcanzar “el mayor consenso”. Si consideramos que la Secretaría de Economía ya reconoció públicamente que está ley es necesaria, entonces las restantes dependencias del Ejecutivo Federal tendrían que pronunciarse sobre tal petición, sobre todo aquellas como la Secretaría de Gobernación que tiene obligaciones que atender en materia de derechos humanos.
La seguridad en los vehículos, la calidad y diseño universal para infraestructura destinada o asociada a movilidad, así como el sistema de participación, se introducen con esta ley en el orden jurídico de todo el país; esto, además de prevenir muertes, también es de relevancia para la política pública destinada a personas con discapacidad, pues no olvidemos que desde 2008 el Estado mexicano ha postergado y dosificado la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es por eso que el derecho a la accesibilidad y seguridad en la movilidad de las personas con discapacidad ni siquiera se discutió con seriedad por las administraciones del casi extinto Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Fue gracias a la Coalición de Movilidad Segura que se logra en 2020 la reforma al artículo 4° de la Constitución Federal, lo que ya significaba un avance.
Hay que decirlo claro: esta ley tiene potencial para reanudar la inacabada implementación del modelo social de la discapacidad. Por ejemplo, que tratándose de programas y campañas públicas, exista en el gobierno y en la sociedad la toma de consciencia para que, al referirse a los riesgos o consecuencias de adquirir discapacidad en hechos viales, siempre se respete la dignidad humana y no se reproduzcan aspiraciones de eugenesia.
Esta ley además es indispensable para que se garantice y financien las características que “el entorno” debe poseer tanto si se trata de movilidad o de espacio público. Esto importa, pues, a diferencia de la muy limitada Ley General de Inclusión en materia de Discapacidad, cuando esta ley habla de accesibilidad y diseño, lo hace con vocación de garantizar tal criterio de calidad en beneficio de todas las personas independientemente de su condición de vida, edad y ocupaciones.
Cabe recordar que las muertes viales son un problema de salud pública en México, según lo ha dicho la representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los múltiples foros e interacciones que se han sostenido con la industria, gobierno y sociedad civil. Pero, si la persona sobrevive y adquiere alguna discapacidad, entonces hay que tener presente que el programa de “apoyo económico” que ofrece el Gobierno Federal carece de toda consistencia y evaluación. Tengamos ambos escenarios presentes: en nuestro país cada día mueren al menos 44 personas en hechos viales y otras tantas, enfrentan la realidad de adquirir discapacidad en las mismas circunstancias y de ver modificado su proyecto de vida.
El impacto económico y social de los hechos viales es abordado en el mismo dictamen de la LGMySM, pero no olvidemos que las llamadas “becas” de bienestar nunca serán una oferta suficiente para garantizar autonomía a las personas con discapacidad, no importa cuánto se haya insistido en la comparecencia del 18 de marzo de 2022 ante el comité de Naciones Unidas durante la supervisión y evaluación del (in)cumpimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.
Durante esas sesiones de revisión de México ante la ONU, se cuestionó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la “participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones”. Pero si esta dependencia tuviera pluralidad y apertura en su relación con la sociedad civil, estaría informada de que con la LGMySM se realizó la primera consulta abierta a personas con discapacidad, en cumplimiento al instrumento de derechos humanos sujeto a revisión. De hecho, si la SRE tuviera real compromiso con el tema, sabría que, a diferencia del parlamento abierto, la consulta busca garantizar el derecho a la no discriminación y erradicar el control de la narrativa sobre las personas con discapacidad.
Los resultados de ese ejercicio de participación quedaron en la minuta que se votó en el Senado en diciembre de 2021. Aquí conviene hacer constar que el derecho a la participación en cuanto derecho político de las mujeres con discapacidad, no se garantizado en México -en la Comisión de Género del Senado se recibió en marzo de 2021 la propuesta respaldada por cuatro organizaciones dirigidas por mujeres con discapacidad-; de hecho, proteger el derecho a la participación es indispensable para garantizar la diversidad y la pluralidad efectiva en las instancias de interlocución con sociedad civil que se crean con esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En todo nuestro país la vivienda, el trabajo, la salud y la educación son derechos que no pueden garantizarse en su acceso a personas con discapacidad y sus familias sin una ley de movilidad con el contenido íntegra y sin reservas de esta ley.
Así pues, cuando la bancada de MORENA en San Lázaro suspendió la votación de esta ley en apoyo a la industria, decidió olvidar las lamentables pérdidas humanas y los proyectos de vida comprometidos por discapacidad adquirida. Con ello, nos dejó claro a la sociedad civil y a las víctimas de hechos viales presentes en el recinto que, en efecto, para que se vote esta ley necesitamos a la bancada de MORENA; pero, ahora, también es claro que MORENA es quien necesita aprobar esta ley si quiere decir que le importa el pueblo, la vida del pueblo.
