Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Hace más de cinco años al terminar una charla sobre seguridad ciudadana a servidores públicos, en su mayoría de ellos policías. Se me acercó uno de ellos a charlar como es común en ese tipo de eventos, pero me sorprendió que se tratara de uno de los comandantes cuyo nombre era ampliamente conocido por cometer graves violaciones a los derechos humanos en el pasado y en hechos recientes.
De hecho, acababa de dejar su cargo de Comisario porque se había documentado más de una decena de denuncias en su contra por detención arbitraria, así como tratos crueles.
Con soltura me explicó que los jefes policiacos como él se encuentran continuamente sin apoyo en sus trabajos, sobre todo cuando existe presión por mejorar los “indicadores” de seguridad, muchas veces ordenados por los actores políticos distantes de la realidad de la seguridad. Al cuestionarle la serie de denuncias, las atribuyó a un conflicto creado por actores partidistas de la localidad donde trabajaba conformado por abogados, personas afectadas por su trabajo como comisario y políticos, los cuales buscaban afectarlo en su imagen.
Me llamó la atención que a pesar de que en ambos casos las denuncias eran claras y que su persona en la práctica representara un tipo de seguridad que en su operación ponía en riesgo derechos humanos básicos, siempre su postura era la de una supuesta víctima de un enredo desde el poder, siempre orquestado por actores específicos.
Pareciera que para servidores públicos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, el mayor incentivo es mantenerse en la línea de poder y confianza de quienes lo nombraron, no en rendir cuentas o reconocer los hechos graves motivos de las denuncias porque muy probablemente la ley no alcanza a impactarle.
Después de varios años, apareció como responsable del área de inteligencia de un gobierno municipal metropolitano, en donde al interior se le reconocía su gran capacidad para los análisis sobre la delincuencia, pero al mismo tiempo su tendencia a operar siempre fuera del marco operativo y de respeto a las libertades fundamentales; lo catalogaban como insustituible.
¿Cómo es que un perfil con tantos señalamientos graves comprobados puede continuar con una “carrera “policial”? seguramente porque aún a pesar de la existencia de organismos civiles, organismos públicos de derechos humanos y tribunales, no existen consecuencias jurídicas para estos actores que impulsen la necesidad de reconocer y de expresar las razones de lo que ha ocurrido.
Pareciera que en instituciones en Jalisco como las corporaciones de seguridad o de la Fiscalía del Estado, existiera un escalafón oculto con una hoja de vida de las mismas características, el cual genera un interés para el mantenimiento de otros fines que no se encuentran cercanos de la democracia o de una justicia dentro de ella.
Nadie dudaría que la selección de Gerardo Octavio Solís Gómez, como fiscal de Jalisco pasada por un procedimiento ante un Comité de Selección, en donde por cierto se incluía un Plan de Persecución Penal, pero no uno relacionado con la garantía y protección a los derechos humanos, confirmaba la regla de que no puede aparentarse reglas democráticas con actores cuya función ha sido generar abuso de poder.
Hoy puede afirmarse que su confirmación en el cargo fue para infundir temor como forma de comunicación, eclipsar la rendición de cuentas en la procuración de justicia y de nueva cuenta permitir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como fue en el caso de las protestas por la ejecución extrajudicial de Giovani López.
A propósito del 24 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, es importante promover la memoria de lo sucedido para acceder al derecho a la verdad, a las razones de lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir, esto incluye el resguardo de expedientes y documentos relacionado con lo sucedido, también la modificación de las normas internas de las corporaciones de seguridad que eviten la permanencia en el servicio de la seguridad ciudadana de este tipo de mandos.
Lo anterior es una urgente necesidad, ya que en la semana se anunció el nombramiento de Aldo Monjardín Díaz como encargado de la Policía Metropolitana, no obstante de que se le ha señalado por graves violaciones a los derechos humanos.
Su nombramiento, permanencia en el cargo y resultados del mismo, desde ahora les implica una responsabilidad directa a quienes lo designaron, además de demostrar que hoy por hoy la política de seguridad en Jalisco pasa por intereses autoritarios muy distantes de la democracia.
Para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, es un claro atentado a sus derechos, ya que envía el mensaje de que la impunidad es la principal política en que se gestiona la seguridad.
No lo permitamos.
