#NoSonTresSomosTodxs: A cuatro años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón

Cuatro años de búsqueda e impunidad

Javier Salomón Aceves Gastélum (27 años), Marco Francisco García Ávalos (20 años) y Jesús Daniel Díaz García (20 años), todos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (caav) fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Su desaparición generó una serie de inéditas manifestaciones en Jalisco (12 marchas en un lapso de 27 días), lo cual propició que la sociedad civil se apropiara y rebautizara la Glorieta de los Niños Héroes como la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco.

Su desaparición colocó, nuevamente en la escena mediática y periodística nacional, a los jóvenes como la principal víctima de este delito, lo cual no se había manifestado con tanta fuerza desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

Las manifestaciones generadas tras la desaparición de los tres estudiantes del CAAV generaron una consigna específica #NoSonTresSomosTodos, frase icónica con la que miles de jóvenes se reconocieron quizá por vez primera como posibles víctimas de una desaparición, y mediante la cual expresaron que los tres jóvenes cineastas representaban apenas una parte de los miles de jóvenes que, como ellos, no han logrado regresar a casa con sus seres queridos.

Cuando los ánimos de exigencia de justicia y aparición con vida se encontraban en su punto más álgido, la Fiscalía General de Jalisco, el 23 de abril de 2018, ofreció una rueda de prensa que resultó ser lapidaria para las esperanzas de todos aquellos que salieron a las calles a exigir la localización de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel, ya que en esa primer comunicación oficial tras la desaparición de los estudiantes, se aseguró, sin pruebas científicas concluyentes, que estos habían sido asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (cjng) y que sus cuerpos habían sido disueltos en ácido para borrar la evidencia del crimen.

La autoridad aseguró que había llegado a tales inferencias a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos; la Fiscalía General de Jalisco aseguró que la desaparición de los jóvenes sucedió debido a una confusión, pues el lugar en donde estos realizaban una filmación escolar, el día de su desaparición, había fungido como casa de seguridad del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona), específicamente de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese domicilio, armas y droga.

A pesar de este hecho, el domicilio no fue incautado o asegurado por la autoridad, pues en 2016 fungió como domicilio del Centro Especializado en Conductas y Adicciones para Jóvenes y Adolescentes (CECAAJ), tal y como puede apreciarse en su página de Facebook, en la cual aparece poca información sobre este centro; sin embargo, su dirección y las fotografías colocadas ahí coinciden con lo presentado en las indagatorias de la Fiscalía General de Jalisco.

Este domicilio, a decir de la autoridad, era propiedad de Mejía Oliden, sin embargo, este utilizaba prestanombres para acreditar la propiedad; uno de ellos era Edna, tía de Javier Salomón Aceves Gastélum, hoy detenida y consignada por lenocinio tras haberse comprobado la existencia de este delito en las estéticas masculinas de las que esta era dueña o administradora. La Fiscalía aseguró que algunas de estas estéticas eran propiedad de la pareja sentimental de Mejía Oliden.

Edna fue quien había facilitado a los estudiantes del CAAV el domicilio para grabar su tarea escolar; sin embargo, los estudiantes des- conocían que este estaba siendo vigilado por integrantes del CJNG, quienes pensaban que Mejía Oliden podría regresar ahí; no obstante, la Fiscalía, específicamente, señaló que era un domicilio vigilado y que los estudiantes tuvieron la mala fortuna de encontrarse en un lugar de “alto riesgo”.

Cuando los estudiantes salieron de este sitio, se trasladaron por el nuevo Periférico Oriente, entre el kilómetro 19 y 20, uno de los vehículos en los que viajaban tuvo una avería, lo que provocó que los estudiantes se detuvieran a un costado del camino; ahí fueron interceptados por sus captores, quienes luego se someterlos a todos, solo se llevaron a Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel.

Los tres jóvenes, según confesaron los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Le- chuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el primer domicilio y qué información tenían de sus rivales. Ninguno de los jóvenes tenía vinculación con la delincuencia.

En esa casa de seguridad, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron allí rastros hemáticos que resultaron po- sitivos con la información genética de Marco Francisco, Jesús Daniel y Javier Salomón. Los hoy procesados por el delito de privación de la libertad (no por el de desaparición) también confesaron que de ese lugar los estudiantes fueron trasladados a una segunda casa de seguridad ubicada en Amapola, colonia Rancho de la Cruz, también en Tonalá, donde, aparentemente, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus “in-ferencias lógicas”, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes pudieron tener este triste final, así lo precisó Elizabeth Torres, encargada de la investigación.

Lo cierto es que, hasta la redacción de este texto,5 no se han presenta- do los resultados de las confrontas entre el material genético localizado en los tinacos donde aseguraron existían restos humanos en estado gra- so y las muestras de adn otorgadas por las familias de los estudiantes. La aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido sigue siendo algo que la Fiscalía General de Jalisco no ha logrado sostener científicamente, aunque sí logró, de manera efectiva, colocar en el espacio público–mediático una narrativa en donde“los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de quitarles la vida para posteriormente disolver sus cuerpos en ácido”.

Ramón García, padre de Jesús Daniel, señaló la falsedad de dicha versión, ya que éste por experiencia laboral sabe cómo funcionan los materiales químicos. Por ello, insistió con la Fiscalía y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que le dijeran qué tipo de químicos se utilizaron para supuestamente disolver el cuerpo de los jóvenes; ahí se enteró que fue ácido sulfúrico, el cual no se puede comprar en cualquier lado ni se puede utilizar en cualquier recipiente sólo en aquellos de alta resistencia al calor: “los tambos que mostraron en las fotografías no hubieran aguantado el ácido, se hubieran roto”.

Para él todo se trata de una falacia porque sabe que:

“el ácido transforma la materia, pero no la destruye. Si yo echo una botella, pierde la figura de botella, pero abajo queda residuo molecular…; así que no puedo creer eso de que ya no quedó nada para cotejar con nuestro ADN, esto para mí es una gran mentira, y por eso les pedimos pruebas científicas que, a la fecha, no han sido otorgadas”.

Esta versión del ácido también fue rechazada por el entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, quien señaló que no existían en el lugar -donde aparentemente se localizaron los restos de los estudiantes- ningún elemento biológico que permitiese hacer una identificación y confronta genética:

“en ese momento, en Fiscalía que quisieron librar de la presión y se fueron por la fácil, pero en lo que a mí responsabilidad concierne, yo nunca tuve evidencia científica para probar lo que ellos señalaron, yo no estuve jamás de acuerdo con que dieran esa versión, no hay dictámenes que sustenten eso, yo al menos nunca los tuve cuando fui director del instituto ni creo que exista”, señaló el exfuncionario en entrevista exclusiva con ZonaDocs.

Hasta el día de hoy, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha presentado información sobre las confrontas genéticas que se realizaron entre la materia orgánica que se localizó en el lugar donde se les privó de la vida a Marco, Daniel y Salomón y el ADN que se tomó a los familiares de los tres estudiantes. Información base de la “verdad histórica”.

La Fiscalía General de la República, instancia que ahora lleva la investigación, ha denunciado que la Fiscalía del Estado de Jalisco, no les ha otorgado de manera completa toda la información del expediente que se abrió en torno a la desaparición y homicidio de los jóvenes estudiantes, por lo cual no ha avanzado en sus pesquisas.

Lo último que se sabe del caso es sobre la detención de cinco de los siete presuntos responsables: Eduardo Giovanni “N”, alias “El Cochi”; Christian Omar “N”, alias “El Qba”; Jonathan Alejandro “N”, alias “El Kalimba”; así como Miguel Ángel “N”, alias “El Tun Tun”. Sobre los no detenidos; uno de ellos, “alías el Canzón”, falleció; mientras que sobre el último responsable, no se ha informado su nombre para no entorpecer las investigaciones.

En el caso de Christian Omar “N”, alias “El Qba”, a quien se le acusó directamente de haber disuelto el cuerpo de los estudiantes en ácido, sus familiares señalaron que su detención ocurrió varios días antes de lo dicho por la Fiscalía. Su detención inicial fue por fumar marihuana en vía pública; aunque después de lo ocurrido con los estudiantes a éste se terminó procesando por narcomenudeo y robo de autopartes.

A partir de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, se anunció que se analizarían las carpetas de investigación y las pruebas presentadas por el ministerio público para determinar la culpabilidad de los presuntos implicados, ya que se sospecha de “violaciones al debido proceso e, incluso, de la comisión de actos de tortura”.

Al respecto, el actual Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, precisó:

“La posibilidad de que obtengan la libertad es una de las circunstancias que se pueden dar, lo que nosotros hemos precisado es que hubo una falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias de las investigaciones que esperamos no trasciendan”;

Sin embargo, ninguno de los detenidos ha salido libre ni sus casos se han reabiertos. Incluso, a ninguno de ellos se les ha dictado sentencia.

Una de las últimas acciones sobre el caso ocurrió en diciembre de 2018 cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó al Estado Mexicano una serie de peticiones tras recibir un informe sobre las irregularidades del caso que fue elaborado por Sofía Ávalos Ornelas, Ramón García Jasso, Virgilia García García y Miguel Díaz Trinidad, padres de Marco Francisco y Jesús Daniel.

En este documento, dirigido a las autoridades de Jalisco y de la federación, se señaló que:

• Las pertenencias de los jóvenes no fueron resguardadas inmediatamente por la autoridad sino hasta días después de la desaparición.
• No se tomó en cuenta las pruebas que las mismas familias otorgaron; por ejemplo, una grabación en la que aseguran “existen elementos fundamentales” para saber qué pasó el día de la desaparición de sus hijos.
• La conferencia de prensa donde se anunció el supuesto asesinato de los muchachos se realizó sin el consentimiento de las familias.
• Las familias rechazaron la versión dada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, instancia que dejó de buscar a los tres estudiantes desde abril de 2018.

A partir de los señalamientos de esta instancia adscrita a la ONU, la investigación se turnó a la Fiscalía General de la República para “garantizar la plena imparcialidad e independencia de los procesos de búsqueda e investigación”; sin embargo, tampoco en esta instancia ha existido un avance que lleve a la localización de los estudiantes o a la verdad sobre los hechos.

La desaparición de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel es, lamentablemente, uno de los tantos casos de desaparición que ocurren en Jalisco. De hecho, durante el mes en que estos fueron desaparecidos, en la Fiscalía General de Jalisco se presentaron 383 denuncias por desaparición, las cuales no sólo siguen impunes sino que se ignora el paradero de los desaparecidos por las pocas o nulas acciones de búsqueda que la autoridad realiza para encontrarlos.

Por ello, es que las familias de Marco y Daniel, así como amigos y compañeros del CAAV han mantenido su exigencia de que se les considere aún como desaparecidos; así mismo han solicitado la reapertura del caso porque consideran que las autoridades de Jalisco realizaron un mal trabajo en la búsqueda y localización de los tres jóvenes cineastas, quienes en estos días debieron de haberse graduado junto a sus compañeros.