Las políticas migratorias de contención en México funcionan bajo esquemas de “rechazo sistemático” que vulneran el acceso a derechos humanos básicos de la población solicitante de asilo y refugio en el país, afirmaron Luis Enrique González de la organización Dignidad y Justicia en el Camino A.C. y Alberto Xicoténcatl de la Casa del Migrante de Saltillo durante el conversatorio “Refugio en México: retos y realidades”, organizado por el Programa de Asuntos Migratorios Ibero Torreón.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
En 2021 se registraron 131 mil 448 solicitudes de refugio en México, el doble de las recibidas durante 2019. Sin embargo, no todas las solicitudes son atendidas. Frente a la vulneración del derecho a la protección internacional, el pasado 17 de febrero, un grupo de personas migrantes se cosieron los labios con aguja e hilo como señal de protesta en las puertas de la Subdirección de Regulación Migratoria Zona Sur en Tapachula, Chiapas.
Y es que, la población migrante ha declarado que han tenido que esperar meses y hasta años para tener una respuesta de las autoridades mexicanas. Esta situación no es aislada, así lo precisó Luis Enrique Gonzáles, Director de la organización Dignidad y Justicia en el camino “FM4 Paso Libre” en Jalisco, quien atribuyó estos obstáculos a la “propia política de contención migratoria” que ha implementado el Gobierno de México en conjunto con el estadounidense para impedir a las personas acceder a su derecho a la protección internacional, a través de la condición de refugiado.
Estas reflexiones tuvieron lugar en el conversatorio: “Refugio en México: retos y realidades”, organizado por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Torreón.
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Al respecto, González, advirtió que se trata de un “rechazo sistemático” que favorece que las personas permanezcan indefinidamente bajo una condición migratoria irregular y, con ello, que se vean limitados en sus derechos. De tal forma que, sin este estatus migratorio regular no pueden estudiar, trabajar, tener acceso a la salud, así como a otros derechos básicos. No es sólo otro “trámite”, se trata del acceso a condiciones dignas de vida, aseguró.
Aunado a estas prácticas sistemáticas y sistémicas, González señaló que este contexto se recrudeció tras la suspensión de las actividades administrativas de las instituciones migratorias tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Hecho que ocasionó el retraso en los procedimientos de las y los solicitantes, dejándolos varados por meses sin una respuesta.
Alberto Xicoténcatl, Director de la Casa del Migrante de Saltillo en Coahuila agregó que estas instituciones, además, se encuentran rebasadas en su capacidad de acción y procesamiento de solicitudes debido a su debilitada estructura y composición, tal es el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a la cual describió como una “dependencia pequeña, carente de personal y con escasez de recursos”.
Y, si bien, no dudó en reconocer que no se trata de “falta de iniciativa o interés por quienes están detrás de las ventanillas”, advirtió que en la mayoría de los casos, las y los servidores públicos se ven rebasados por el trabajo, al tiempo que no cuentan con el respaldo de las autoridades federales para incrementar las sedes de atención y su presupuesto.
Xicoténcatl, expresó que estas políticas de contención migratoria -violatorias a derechos humanos- también atraviesan y vulneran a los diversos grupos que componen esta población itinerante. Por un lado, las y los haitianos sufren de la retención de sus documentos y son obligados a permanecer indefinidamente en la frontera sur y, por el otro, las y los venezolanos se les ha impedido acceder a territorio mexicano sin una visa expedida por su país de origen.
Todo esto termina “cansando” a las personas migrantes, quienes optan por vías irregulares en sus caminos e incrementan la vulnerabilidad de sus derechos humanos.
Ambos ponentes coincidieron en que los albergues y organizaciones que acompañan a la población en movilidad humana dentro del país, han buscado subsanar sus necesidades humanitarias, no obstante, señalaron que lo ideal sería que quienes migran obtengan la atención máxima del Estado y condiciones dignas de vida.
“Nuestro objetivo es trabajar para ya no existir” sentenció el director de FM4 Paso Libre.
