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La interrupción del embarazo en las instituciones públicas del sector salud de Sinaloa será un servicio gratuito, permitido hasta la semana 13 de gestación.
Sin embargo, la iniciativa tiene tres imprecisiones que, legalmente, posibilitan la criminalización y dificulta el acceso a los derechos reproductivos, reclama la asociación civil IPAS México.
Texto: Josué David Piña / Revista Espejo
Foto: María Ruiz / Pie de Página
CULIACÁN, SINALOA.- El Congreso de Sinaloa aprobó la interrupción legal del embarazo en la entidad hasta la semana 13; con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la despenalización del aborto en la entidad es una realidad.
Lo anterior luego que un día antes las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Familia, de Salud y Asistencia Social, y de Derechos Humanos, aprobaron el dictamen con propuestas de reformas y adiciones en materia de interrupción legal del embarazo.
En esa reunión, dichas comisiones unidas sometieron a votación el documento que contiene las iniciativas de modificaciones al Código Penal, la Ley de Salud, Código Familiar, Código Civil y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de Sinaloa.
En concreto, la reforma de ley aprobada indica los servicios para la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad y salubridad en Sinaloa, cumpliendo así con los estándares internacionales; y que la interrupción en las instituciones públicas del sector salud será un servicio gratuito, permitido hasta la semana 13 de gestación.
Del mismo modo, la ley advierte que al responsable del delito de interrupción forzada del embarazo se le impondrán de dos a ocho años de prisión, y si además se produce la pérdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima, o bien se empleare engaño, violencia física o moral, se impondrán de tres a nueve años de prisión.
Si el delito de interrupción forzada del embarazo fuese causado por profesionales de la medicina o la enfermería, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Cabe destacar también que los médicos tendrán derecho a objeción de conciencia, es decir, quienes por cuestiones morales o personales decidan no practicar la interrupción, podrán hacerlo.
Previo a la votación de este martes, los legisladores se enfrascaron en un debate para definir hasta qué semana de gestación la interrupción podría ser interrumpida, algunos diputados proponían hasta la semana 8, mientras que otros hasta la 14; el consenso finalmente se logró hasta la semana 13 del embarazo.
“Creemos que el humanismo es lo principal que mueve a la política, los invito a reflexionar, tenemos que seguir viendo este tema con mayor detenimiento, pero sé que se tiene ya un dictamen y los invito a que ustedes decidan, la historia nos va juzgar. Acción Nacional no tiene para dónde hacerse: el humanismo desde la concepción hasta la muerte para el PAN es primordial, es la vida”, expresó en tribuna la diputada del PAN, Giovanna Morachis Paperini.
La legisladora reprochó que dentro del Congreso del Estado se defienda los derechos de los animales, pero no la vida humana; dijo que la defensa de un menor, de un embrión, de un adulto mayor, es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, por lo que se debe defender la vida desde cualquier posición.
“No decidamos por personas que aún no pueden hablar”, manifestó.
Por su parte, el diputado Adolfo Beltrán expresó que se queda con muchos temas sueltos porque no se está dimensionando el costo que va representar el tema del “turismo abortivo”, ya que esta legislación generaría un turismo de otros estados vecinos para practicarse un aborto, como muchas lo hacían hacia la ciudad de México.
Expuso que también queda pendiente el tema de la capacidad hospitalaria, dijo que este punto los legisladores no lo están considerando, por lo que podría repercutir y convertirse en un problema mayor.
“Al final entiendo que es algo complicado. Yo he escuchado comentarios de algunos diputados que quisieran votar en un sentido y en otro, sin embargo, yo les quiero pedir que voten en conciencia”, comentó.
Señalan 3 errores en despenalización del aborto en Sinaloa; ‘Rocha puede corregir’, invitan.
La despenalización del aborto, como fue aprobada por el Congreso de Sinaloa, tiene tres imprecisiones que, legalmente, posibilitan la criminalización y dificulta el acceso a los derechos reproductivos, reclama la asociación civil IPAS México.
Sin embargo, añaden, el gobernador Rubén Rocha Moya aún puede corregir el error regresando lo aprobado a los diputados con las observaciones pertinentes.
“Sinaloa aún se encuentra a tiempo para revisar, modificar y mejorar el decreto, una vez sea enviado al Poder Ejecutivo Local”, indicó la A.C. a través de un comunicado.
PRIMER ERROR
Para la A.C., el primer error radica en que, en lugar de definir lo que deberá entenderse por “aborto”, utiliza el término “interrupción del embarazo”.
“Esto resulta problemático y contrario al marco jurídico nacional por todos los efectos que pueda generar en su implementación. ‘Interrupción del embarazo’ es un concepto médico que se utiliza en el marco normativo y regulador de la provisión de servicios de salud, para guiar la atención a las mujeres en las diferentes etapas de la gestación acorde con disposiciones oficiales como la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), mientras que ‘aborto’ es la denominación del delito contenido en la normativa nacional y las locales”, explica Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de incidencia de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM).
“Invertir los términos como se hizo en este dictamen generará confusión entre la población, prestadoras y prestadores de los servicios de salud sobre el alcance y legalidad de sus actuaciones en un amplio margen de servicios obstétricos, así como en los sistemas de procuración de justicia, con lo que se abre la posibilidad de criminalización a usuarias y proveedores de los servicios de salud, así como la violación de derechos ”, destacó.
SEGUNDO ERROR
El dictamen recién aprobado también habilita la criminalización de eventos reproductivos, incluida la atención de emergencias obstétricas, que tengan por consecuencia la finalización anticipada del proceso de gestación después de las 13 semanas, sin tener por objeto la interrupción del embarazo.
Esto incluye, por citar algunos ejemplos: cesáreas que se realicen por razones de salud de la persona embarazada y partos anticipados.
TERCER ERROR
Otro aspecto preocupante de lo aprobado este 8 de marzo por congresistas locales, apunta la asociación civil, es que la redacción propuesta excluye de sanción penal a los abortos forzados en ciertas circunstancias, lo que deja en estado de vulnerabilidad a mujeres que sean forzadas a interrumpir el embarazo o que sufrieron un aborto como consecuencia de violencia física o sexual.
“Esto, por supuesto, genera muchísima incertidumbre, inseguridad jurídica y desprotección a las víctimas de los delitos, pero también a las mujeres en general por no reconocer su autonomía reproductiva”.
“Desde Ipas Centroamérica y México (CAM) lamentamos que, lo que pretendía ser una reforma progresista que garantizaría los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a decidir sobre su reproducción resulte en la posibilidad de violar sus derechos. Reconocemos la buena voluntad, el interés y compromiso por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo e instamos al Gobernador del estado a realizar las modificaciones pertinentes para alcanzar un marco normativo que merecen las personas en Sinaloa”, agregó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM.
Así, para las defensoras del derecho al aborto que representan al Ipas CAM, el gobernador Rubén Rocha Moya tendría que realizar las observaciones que subsanen las problemáticas señaladas, esto para: “Asegurar que la autodeterminación reproductiva, la libertad, la vida y la salud de las mujeres queden debidamente protegidas y garantizadas en la ley”.
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Esta nota fue realizada por REVISTA ESPEJO, medio aliado de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original:
