Mujeres indígenas purépechas integrantes de los colectivos Nosotras no olvidamos nuestras tradiciones y Red Promotora de los Derechos Humanos de la Mujer Indígena en Jalisco se manifestaron pacíficamente a las afueras de la Casa Hogar Cabañas para hacer público el caso de Alondra, niña indígena purépecha sustraída por la familia de su padre y enviada a este albergue.
De acuerdo con Gabriela Juárez, investigadora e integrante de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), han sido múltiples las violaciones a derechos humanos que ha vivido la madre y abuela de Alondra, entre ellas: discriminación, falta de acceso a la información e intérpretes que les permitan llevar el proceso en igualdad de condiciones. También, consideran, que han sido violentados los derechos de la menor de edad y no se ha garantizado el interés superior de la niñez al alejarla de su núcleo familiar más cercano.
La abuela de Alondra, María del Socorro Lucio, refiere que le preocupan las condiciones en las que pueda encontrarse su nieta, ya que para ellas es vital el vínculo con su comunidad y su familia; además, con impotencia señaló que recientemente, tras haber hecho visible el caso, personal de la Casa Hogar les informó que podrían ver por fin a la niña, aunque sólo se les permitirá hacerlo a través de un vidrio, situación que considera profundamente dolorosa e injusta, pues ellas siempre han estado a cargo de su cuidado.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Alondra de 4 años, niña indígena purépecha, fue sustraída por su familia paterna de los brazos de su madre y abuela materna, también mujeres indígenas migrantes purépechas. Luego de este evento, pasó por lo menos una semana para que las autoridades les informaran que la menor de edad se encontraba en la Casa Hogar Cabañas, lugar que atiende a menores de edad que “carecen de una familia o un entorno familiar adecuado para su sano desarrollo”.
Antes de eso, la creían desaparecida.
“A la familia de Alondra, a su abuela, solo le dieron un papel, ellas no sabían cómo hacerle, sólo lloraban. Lo único que le dijeron es que tenía que ir a Ciudad Niñez “si era de su interés”, pero nadie le informó en dónde era y para qué”, explicó Gabriela Juárez, investigadora integrante del Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Juárez junto a los colectivos Nosotras no olvidamos nuestras tradiciones y Red Promotora de los Derechos Humanos de la Mujer Indígena en Jalisco (PRODEMI), se han unido para acompañar a la madre y a la abuela de Alondra, pues reconocen que durante este proceso han sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos como mujeres indígenas, entre las que se encuentran: discriminación, falta de acceso a la información e intérpretes.
Reunidas todas frente a la Casa Hogar Cabañas, este lunes 7 de marzo protestaron pacíficamente para exigir que la niña regrese con quienes le han cuidado durante toda su vida “venimos por el caso de Alondra porque injustamente se la trajeron al instituto Cabañas, ella necesita regresar a su casa. La abuela y la mama aquí están porque necesitan que se las regresen, ellas la extrañan mucho” dijo Martha Iris González Hernández, mujer indígena purépecha, integrante de Nosotras no olvidamos nuestras tradiciones.
Al respecto, Cristina Apolonia Martínez, líder de la PRODEMI y también mujer indígena purépecha denunció que durante este tiempo han tenido que acompañar a ambas mujeres porque dentro de las oficinas de gobierno a las que han acudido no cuentan con interpretes que hablen su lengua materna, el purépecha. Esta situación, además de reconocerla como un acto de discriminación, señaló, entorpece su derecho a llevar un proceso en igualdad de condiciones, puesto que, a diferencia de ellas, la abuela paterna de la niña habla español y ha recibido un trato privilegiado.
A la par, la lideresa indígena informó que el DIF Zapopan tiene conocimiento de esta situación y aprovechó para hacer un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para que intervenga en el caso y les acompañe legalmente para “rescatar a la niña”.
Con preocupación, Cristina Apolonia expuso que para su comunidad no hay dolor más grande que este: no saber en dónde y en qué condiciones se encuentra un hijo o hija “porque nosotros, aunque sea comiendo tortilla con sal, tortilla con salsa, pero nuestros hijos están bien en nuestras casas, no en un orfanatorio” expuso. Más aún, porque durante todo este tiempo ha sido su madre y su abuela materna, quienes se han hecho cargo de los cuidados, la educación y la salud de la niña:
“La abuela le compraba los pañales, la leche, junto con la mamá batallando, bordando blusa, poder alimentar a la niña, no le faltaba nada”.
Laura Celina Sojo González, encargada de la Dirección del Preescolar “Luis Farah Mata” en la Colonia La Floresta Del Colli en Zapopan, jardín de infantes al que acudía Alondra, asistió a la concentración para sumarse a la exigencia, pues reconoció que en medio de esta situación la más afectada es la niña “sí se nos hace injusto que no regrese con su familia, a esa edad, a los cuatro años, el mundo de un niño es su familia, al quitarle su familia le quitan su mundo” señaló.
De acuerdo con la educadora fue la abuela materna de la niña quien le contó que, debido a un conflicto entre familias, la menor de edad fue llevada a este albergue. Si bien, advirtió que esto ha resultado muy difícil para su madre y su abuela, son los derechos de Alondra los que no se han respetado.
La describió como una niña “muy alegre, muy participativa” con “muchas habilidades en la vida práctica”, “muy acomedida” y “solidaria con sus compañeros”. Narró, además, que antes de la sustracción, la abuela y madre Alondra siempre fueron las encargadas de velar por su bienestar: “son quienes la llevan y la recogen, la llevan diario bañadita, a su hora, con su cubrebocas, con su refrigerio” dijo.
Incluso, explicó que durante el contexto de pandemia y pese a las condiciones económicas que enfrentaban, su madre y su abuela fueron las encargadas de contratar a una persona que les ayudó a que la niña continuara con sus clases y tareas vía remota.
Por su parte, la abuela de Alondra, María del Socorro Lucio, denunció que durante este tiempo no ha conseguido ver a su nieta, pues la única opción que le han dado es a través de un vidrio donde la niña no pueda verla y sin tener contacto alguno: “yo quiero que me la regresen porque ya no como, puro llorando, buscándola. A mí sí me preocupa. Yo la llevaba al Kínder, yo estoy acostumbrada a la niña, a mí sí me duele” dijo la señora María del Socorro.
Por lo tanto, se manifestó preocupada por las condiciones en las que pueda encontrarse su nieta, ya que para ellas es vital el vínculo con su comunidad y su familia.
Gabriela Juárez, investigadora integrante de la UACI, quienes brindan acompañamiento al caso, explicó que las violaciones a derechos humanos que se han cometido en contra de estas dos mujeres y niña indígenas se deben a la violencia y a la discriminación estructural que atraviesan los sistemas de gobierno, especialmente de protección a las y los menores de edad, así como de procuración de justicia.
Y es que, advirtió que durante el proceso ninguna autoridad ha investigado la real situación en la que se encontraba Alondra bajo la protección y el cuidado de su madre y abuela, incluso, han privilegiado al padre concediéndole la posibilidad de registrar a la niña bajo sus apellidos, aunque éste nunca ha estado presente en la crianza y el sustento de la menor de edad. A ello, se suma las múltiples formas en las que dentro de estas dependencias han sido vulnerados sus derechos como mujeres indígenas migrantes.
La investigadora recordó que de acuerdo con el último CENSO del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en Jalisco habitan más de 66 mil 963 personas mayores de 3 años que hablan lenguas indígenas; de las cuales 32 mil 234 son mujeres.
Unidas en una sola voz, concluyeron la concentración pacífica entonando la pieza “Canción sin miedo” de la artista Vivir Quintana, para recordar, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que la violencia contra las niñas y mujeres indígenas sigue siendo un problema latente y un tema pendiente, del que el Estado ha sido cómplice por su inacción y omisión.
En ese sentido, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2016, el 59.5% de las mujeres indígenas en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, La violencia emocional afectó al 45.5% de las mujeres indígenas; la violencia física al 32.6%; la violencia sexual al 29.6% y la violencia económica o patrimonial al 25.8%.
En tanto, el 43.9% de las mujeres indígenas que tienen o han tenido por lo menos una relación de pareja, han sufrido alguna forma de violencia. La más frecuente es la emocional con el 38.9%; le sigue la violencia económica o patrimonial con el 21.5%; la física con el 20.8% de los casos y finalmente la sexual con el 7.7%.
