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Por fin el Congreso de Yucatán aprobó las reformas al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio sin necesidad de presentar un amparo. Activistas locales, sin embargo, señalan que las autoridades estatales aún tienen una gran deuda con la población LGBT
Texto y fotos: Lilia Balam / Pie de Página
MÉRIDA, YUCATÁN.- Tras casi 13 años de lucha social, el matrimonio igualitario será una realidad en Yucatán: el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil para que personas del mismo sexo pueden casarse en la entidad sin necesidad de presentar un amparo.
El 25 de agosto del 2021, la LXII Legislatura quitó el “candado” constitucional que impedía el matrimonio igualitario: con 20 votos a favor y cinco en contra, modificó el Artículo 94 de la Constitución local para que el matrimonio y el concubinato se consideraran uniones entre dos personas y no exclusivamente entre un hombre y una mujer.
En ese momento, sin embargo, las y los entonces diputados no armonizaron las leyes secundarias, como el Código de Familia y la Ley del Registro Civil. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo todavía no podían casarse en el estado: tenían que ampararse para lograrlo.
De hecho, activistas por los derechos humanos y organizaciones locales manifestaron en varias ocasiones su preocupación ante el hecho de que el Congreso local no se promoviera las reformas correspondientes, pese a que existían dos iniciativas para modificar las leyes secundarias: una enviada desde el 2019 por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, y otra presentada el pasado 15 de diciembre, por la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera.
El Congreso tenía un plazo de 180 días para hacer los cambios y a unas semanas de que venciera, la Comisión de Seguridad y Justicia turnó al Pleno el dictamen de las iniciativas presentadas por Ávila Heredia y Gómez Herrera.
Finalmente, la mañana de este martes fueron aprobadas las reformas de manera unánime, a través de una votación nominal pública. Con esta acción, se eliminaron todas las barreras impuestas al matrimonio igualitario en las normas locales desde el 2009, cuando grupos conservadores y antiderechos promovieron una iniciativa ciudadana para prohibir las uniones entre personas del mismo sexo.
Durante la sesión ordinaria, la diputada priista Karla Franco Blanco reconoció que las modificaciones a las leyes secundarias fueron el fruto de “una lucha social intensa para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación de las personas”, así como de la evolución interpretativa de las leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recordó que las normas habían dejado “en una franca desprotección y situación de vulnerabilidad” a las familias homoparentales, las cuales deben ser reconocidas en la ley. En este punto, precisó que la institución familiar es una forma básica de organización social, pero su estructura no se basa en un modelo tradicional.
La legisladora de Morena Alejandra Novelo Segura coincidió en que la prohibición del matrimonio igualitario generaba discriminación institucional sobre las parejas del mismo sexo, por lo cual las reformas suponen un avance en el reconocimiento de los derechos de la población LGBT+.
“Esta modificación reconoce el derecho que tenemos todas las personas de amar a quien elijamos sin importar otra consideración que el reconocimiento y los sentimientos que la pareja genera, y si así ambas partes lo eligen, tengan el reconocimiento legal necesario para su protección”, puntualizó.
Gómez Herrera también tomó la palabra para mencionar que la modificación constitucional realizada por la legislatura anterior se realizó “por la presión social y judicial”, y al no incluir los cambios a las leyes secundarias, resultó insuficiente y confusa.
Incluso una diputada panista se pronunció a favor de la iniciativa. La legisladora Manuela Cocom Bolio habló en la Tribuna para explicar que la votación de la propuesta se realizaría de acuerdo con los estándares de la SCJN, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de otras recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Aprovechó para lanzar una indirecta a las y los diputados anteriores. “En esta ocasión el Congreso del Estado no realizará votaciones secretas ni métodos antidemocráticos. Por el contrario, se hará valer lo previsto dentro de la ley. Podemos tener nuestras diferencias y opinar de manera diversa, pero acatar o no la ley no puede ser opcional . La legislatura pondrá fin a un largo proceso de impugnaciones, litigios y controversias heredadas por la legislatura pasada. Los derechos humanos deben incorporarse de lleno, pues éstos no se consultan”, señaló.
A diferencia de la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional de matrimonio igualitario, en esta ocasión no se realizaron grandes manifestaciones por parte de asociaciones a favor de los derechos de la población LGBT+, ni acudieron al recinto del Congreso grupos antiderechos. Eso sí, se presentaron algunos activistas locales, quienes celebraron la decisión del Pleno ondeando las icónicas banderas del arcoíris.
¿Cuáles fueron las reformas?
La propuesta aprobada hoy contempla modificar los artículos 22, 26 y 64 de la Ley del Registro Civil. También incluye cambios en los artículos 10, 49 y 201 del Código de Familia, los cuales quedarán de la siguiente manera:
- Artículo 10: «Las personas son iguales ante la ley, por lo que de común acuerdo decidirán todo lo relativo a la integración de una familia y a la administración de sus bienes”.
- Artículo 49: «El matrimonio es una institución jurídica por medio de la cual se establece la unión libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua»
- Artículo 201: «El concubinato es la unión de dos personas quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, haya o no procreado hijos o hijas o han vivido públicamente como cónyuges durante dos años continuos o más».
Las reformas entrarán en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
¿Qué sigue en materia de derechos de la población LGBT+?
Aunque celebraron la decisión del Pleno del Congreso, activistas locales recalcaron que las autoridades estatales todavía tienen una gran deuda con la población LGBT+ en Yucatán.
Para Amelia Ojeda Sosa, de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), la iniciativa aprobada “se quedó muy corta” para proteger por completo los derechos de las familias homoparentales.
“Solo cambiaron tres artículos del Código de Familia, no se tocaron las situaciones derivadas del matrimonio o concubinato como la filiación, divorcio, patrimonio o herencia. Ahora faltará esperar para ver cómo interactúan las modificaciones con esas situaciones”, puntualizó.
Alex Orué y César Briceño Castro, integrantes del Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTF Yucatán), coincidieron que las y los diputados deben aprobar a la brevedad una propuesta de identidad de género, y tipificar los crímenes de odio contra la población LGBT+ en el Código Penal.
