En Jalisco, por cada Ministerio Público existen 221 investigaciones en curso, y cada defensora pública o defensor público representa, al mismo tiempo, a 67 personas.
Este dato y otros concernientes a la justicia penal en Jalisco se documentan en la investigación Hallazgos desde lo local, realizada por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y la organización México Evalúa.
Para las organizaciones, es urgente que la Fiscalía del Estado de Jalisco sea un organismo autónomo, que permita consolidar investigaciones objetivas e imparciales, sentenció Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Desde hace 9 años, México Evalúa (en conjunto con diversas organizaciones civiles e instituciones gubernamentales), realiza evaluaciones sobre el estado de la justicia penal en todo el país. En 2020, se evalúo por primera vez la justicia penal en Jalisco y los hallazgos fueron presentados públicamente:
“Mejorar la calidad de la justicia penal es una de las apuestas más grandes al momento de hablar del acceso a la justicia”, señaló Siegfried Herzog, director regional de Friendrich Nauman Foundation para América Latina.
Panorama local de la justicia penal
Enrique Bouchot, investigador e integrante de México Evalúa, presentó los hallazgos en Jalisco, en donde sólo se denuncian 9 de cada 100 delitos, y en donde, para 2019, los delitos no denunciados ascendieron a 91.2%.
De acuerdo con Bouchot, entre 2017 a 2020, había 24 mil 764 víctimas por cada 100 mil habitantes, y 31.6% de los hogares en Jalisco fueron víctimas de algún delito. Sobre este último punto, se encontró que la violencia familiar incrementó en un 7.6% en este periodo de tiempo.
Por otra lado, destaca que los casos de homicidio disminuyeron en un 4.6%; al igual que el delito de robo, el cual mostró una reducción de 29.9%, pero se mantuvo como el delito de mayor frecuencia. En el caso del narcomenudeo, éste mostró una reducción del 38.5% en 2020, respecto a 2019.
En cuanto al presupuesto asignado a este sector, en 2020 incrementó en un 2.7%. Sin embargo, advirtieron que existen importantes variaciones entre cada institución. Bouchot agregó que no existe información ni datos sobre cómo se asignan los presupuestos para cada institución pública involucrada.
Sobre las denuncias y quejas realizadas ante la Fiscalía del Estado, el número asciende a 156 mil 223, de las cuales, en sólo 132 mil 123 se iniciaron carpetas de investigación (85%), y en 124 mil 861 -de este último total- no fue detenida ninguna persona.
A su vez, se destacó que el índice de impunidad en Jalisco pasó de 96.1% (2019) a 94.5% (2020). No obstante, el número de casos que no tuvieron una resolución definitiva aún es enorme.
Por otro lado, el Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, destacó que, en 2021 (momento en que tomó su cargó), notó la falta de salas para realizar juicios orales en el Penal de Puente Grande: “no había suficientes salas; cuando llegaba el momento de realizar algún juicio, las 14 salas estaban ocupadas, así que pasaban hasta 3 horas para que alguna se desocupara, y ya para este momento el abogado o los testigos se habían ido”.
Espinosa señaló que, ante esta situación, fueron construidas 10 salas más. Ahora, si bien, cada juez cuenta con una sala personal, no hay suficientes asesoras y asesores jurídicos que puedan darse abasto con los procesos judiciales: “este es un problema adicional, porque también está el hecho de que ellas y ellos están sobrecargados de trabajo, y cuentan con un sueldo mensual de apenas 10 mil pesos. No se les da el peso ni la importancia que merecen”.
¿Cuáles son algunas de las acciones necesarias para mejorar el sistema de justicia de Jalisco?
Al respecto, Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencia de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), aseguró que una de las principales discordancias (que termina por afectar el acceso a la justicia para las víctimas de algún delito) es que no hay una correcta relación entre el presupuesto asignado y la carga de trabajo. Por esta razón, explicó, es necesario que la Fiscalía del Estado cuente con autonomía en la ejecución de sus acciones y en la asignación presupuestaria, con el fin de que “se realice un mejor trabajo en conjunto con otras instituciones involucradas en el tema, realizando investigaciones objetivas e imparciales, así como un trabajo que involucre a los poderes ejecutivo y legislativo, para procurar que la justicia sea la prioridad, y el proceso no esté influido por interés ajenos”.
A la par, añadió, se debe priorizar la transparencia en la información y la rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, así como de cada una de las Fiscalías Especiales.
“La rendición de cuentas es sumamente importante, y más porque últimamente se ha detectado que la Fiscalía se niega a entregar información argumentando que está fuera de sus facultades. Asimismo, hemos notado una discordancia en los datos al momento de pedirla por transparencia a través de diferentes solicitudes”.
En esta tesitura, la abogada expuso que es fundamental la ejecución y gestión de campañas de comunicación que informen a la ciudadanía sobre la forma de acceder a las bases de datos de la Fiscalía, para así promover la participación ciudadana y su involucramiento en el sistema de justicia penal del estado: “si bien algunas instituciones públicas cuentan con una página actualizada, no hay esfuerzos para su difusión, lo que genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones”.
De esta manera, Chimiak aseguró que “la confianza se construye a través de los resultados”, por lo que se debe priorizar la autonomía de la Fiscalía y, posteriormente, una correcta rendición de cuentas.
En contraste, la investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alejandra Nuño, expresó que una de las principales áreas de atención para mejorar el Sistema de Justicia Penal es terminar de resolver la reforma de la ley en la materia, desde los principios de derechos humanos, para evaluar “el rol de las víctimas durante todo el proceso acusatorio”.
Sobre la desconfianza generalizada en las instituciones públicas, la investigadora agregó que, para avanzar en este ámbito, se debe dejar de lado la creencia de que el dictar sentencias es el camino final del sistema acusatorio y, en su lugar, “ir más allá”, es decir, priorizar la reparación de la justicia para las víctimas.
Por último, Nuño detalló que una de las acciones que se deben realizar para mejorar el sistema acusatorio en Jalisco, y la cual no es tomada en cuenta, es la concerniente al trabajo que realiza el Congreso del Estado, el cual debe favorecer la rendición de cuentas y, con ello, la participación de la ciudadanía.
