La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Foto portada: Fabricio Atilano / @fatilanoo
En 1979, durante una rueda de prensa, el periodista argentino José Ignacio López cuestiona a Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos. La dictadura va por su tercer año y las desapariciones se suceden sin tregua. Tras dar varios rodeos y ante la insistencia del periodista, el dictador responde: “Frente al desaparecido… en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendría un tratamiento X; y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendrá un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Ni vivo ni muerto.
A finales de noviembre del año pasado, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada visitó México por primera vez. Al concluir su visita, el grupo no pudo sino externar su preocupación por la gravedad de lo que ocurre en el país, donde “las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta”.
Al 26 de noviembre, último día de la visita, las cifras oficiales documentaban 95,121 personas desaparecidas en México. Desde hace muchos años los colectivos de búsqueda de personas han señalado que la cifra está sesgada por el subregistro. El grupo estuvo de visita entre el 15 y el 26 de noviembre. En ese lapso se documentaron más de 100 nuevas desapariciones.
Según la Secretaría de Gobernación, entre 1964 y 2005 hubo 1,633 desapariciones. Este periodo incluye la llamada guerra sucia. Entre 2006 y junio de 2021 se documentaron 87,855. Más las que se han acumulado desde entonces.
En términos generales, hay dos tipos de desaparición: forzada y a manos de particulares. Grosso modo, la desaparición forzada ocurre cuando una autoridad del Estado —funcionarios, policías, fuerzas armadas— es responsable de la desaparición. Se considera desaparición a manos de particulares cuando un civil es responsable del delito, y en esta frase la palabra “civil” hace referencia al crimen organizado.
Durante la dictadura argentina encabezada por Videla el Estado fue el responsable de las desapariciones. En México, el escenario es mucho más complicado. En su informe, el Comité de la ONU le puso palabras a algo que todos sabemos:
“Recibimos información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado”.
Dicho de otro modo: resulta prácticamente imposible determinar quién está detrás de las desapariciones en México.
El comité internacional también dio a conocer que “la falta de coordinación entre autoridades y las limitadas atribuciones de las Comisiones de Búsqueda, nacional y estatales, dificultan la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgo, entre otras diligencias”.
Además de la incertidumbre de no saber quién está detrás de una desaparición y de la torpeza e insuficiencia institucional, las familias también deben enfrentar la indolencia. Un ejemplo vergonzoso: a media semana, ante la llegada de un grupo de personas buscadoras provenientes de Sonora y otros estados del país, el gobernador Enrique Alfaro salió a decir: “Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones, que tienen la buena fe de las familias, pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”. Dicen que el león cree que todos son de su condición.
Por si no fuera suficiente con las y los desaparecidos, hay que sumar a la ecuación la grave crisis forense que vive el país. La proliferación de fosas clandestinas, la saturación de las morgues y la lentitud institucional para procesar el horror han ocasionado que en muchos casos los restos estén resguardados—amontonados, abandonados—, con identificación o sin ella, en el Servicio Médico Forense sin que se pueda agilizar su entrega, llegado el caso, a sus familiares. Al respecto, el Comité de la ONU asentó que “los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis, cuya más cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega, solo agravan esta situación”.
La impunidad, la dificultad para un registro adecuado, la connivencia entre el Estado y el crimen organizado, la ineficiencia burocrática y la falta de coordinación entre las instancias de búsqueda fueron resumidas de manera contundente por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada: en México la desaparición es el paradigma del crimen perfecto.
El documento que elaboró el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada al finalizar su visita a México puede consultarse completo en este enlace. Entre marzo y abril presentarán su informe final, que sin duda nos arrojará una postal todavía más desoladora de lo que ya hemos visto.
Y, sin embargo, contra las autoridades, contra el crimen organizado, contra la burocracia, contra los elementos naturales, contra todo obstáculo, las familias siguen buscando a sus tesoros. Y siguen clamando memoria, verdad, justicia y no repetición.
