Aunque, desde 2019 diversas organizaciones de la sociedad civil han interpuesto al menos tres amparos para denunciar las políticas anti constitucionales y antimigrantes de las que el Gobierno de México ha sido parte junto al Gobierno de Estados Unidos, las personas con necesidades de protección internacional continúan siendo vulneradas en sus derechos humanos de manera sistemática y estructural, denunció Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres de la Migración (IMUMI).
Por: Keren Santillán/ @the.only.kxrxn
Fotografía de portada © ACNUR/Tim Gaynor
“Estados Unidos nos mandó a la boca del lobo” explicó una migrante hondureña sujeta al acuerdo migratorio Quédate en México para el informe En La Boca del Lobo. El documento elaborado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México y Advocacy for Human Rights in the Americas recopila más testimonios y narraciones que retratan la realidad de las personas con necesidades de protección internacional y que esperan la resolución de solicitudes de asilo en Estados Unidos bajo este protocolo.
Si bien, el Informe En La Boca del Lobo se publicó a finales del 2020, los retos y condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes en la región continúan producto de la reactivación del Protocolo Quédate en México, política de contención migratoria y violatoria de derechos humanos.
Hasta el cierre del informe, un total de 68 mil 430 personas sujetas al Programa Quédate en México habían sido devueltas desde Estados Unidos a ciudades de la frontera norte mexicana, donde enfrentaron situaciones de riesgo social asociadas a sus condiciones particulares: género, etnicidad y orientación sexual; además de otras formas de violencia como secuestros y extorsiones.
A esto se sumó como factor de riesgo la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, cuyos impactos se vieron reflejados en las condiciones de precariedad a las que estuvieron sujetas las personas, así como a violaciones a sus derechos humanos, como: limitaciones para el ejercicio de un trabajo digno, pobreza, discriminación, imposibilidad de acceder a servicios bancarios, dificultades para acceder al derecho a la educación, salud, vivienda, entre otros.
Lamentablemente, el panorama no ha mejorado a un año y tres meses de la publicación de este informe, aseguró Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Además, afirmó que, si bien, hay personas que no están siendo absorbidas por este programa, han sido víctimas de otras políticas de contención de la migración como el Título 42:
“Si en ese entonces ya habían dificultades en el programa, ahora todas las personas que son de nacionalidad hondureña, salvadoreña y guatemalteca los están expulsando a través del título 42. Entonces estas personas no están entrando al programa de Migration Protection Protocols (MPP) y las personas que han metido a este son hombres adultos la mayoría” comentó tras reflexionar que las políticas migratorias de Estados Unidos y México han estado afectando negativamente a infancias y mujeres que buscan protección.
Incluso, prevalece la violación de los compromisos asumidos por los gobiernos el pasado 21 de marzo de 2020, donde se buscaba proteger los derechos de las personas con necesidades de protección, específicamente a aquellas vulnerables al SARS COV-2 – como niñez y mujeres embarazadas- provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En su último informe Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 las organizaciones destacan que la violencia de género, los secuestros, extorsiones, agresiones sexuales, separación familiar, falta de acceso a la salud y justicia son algunos de los escenarios que enfrentan especialmente las mujeres solicitantes de protección internacional en México y Estados Unidos como resultado de las políticas migratorias implementadas por ambos gobiernos:
“Todos los problemas siguen, aquí hay accesibilidad mayormente para hombres, cuando todas las personas deberían de poder llegar al puerto de entrada, si son solicitantes de asilo deberían de poder tenerlo desde adentro de Estados Unidos.” afirmó Gretchen:
Desde 2019 hasta la fecha las organizaciones han promovido tres amparos para denunciar las políticas anti constitucionales y antimigrantes de las que el Gobierno de México ha sido parte, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado a deber una resolución acorde a los derechos humanos. Ministras y ministros, así como autoridades federales, tienen todavía en sus manos la oportunidad de ponerle fin a las políticas, prácticas y protocolos que atentan contra la vida y dignidad de las personas con necesidades de protección internacional:
“Tenemos tres amparos ¿qué podemos hacer? Lo más que podemos hacer es documentar y apoyar caso por caso, cuando tratas de hacer algo más sistémico a través de los amparos o hablando con el poder legislativo, no avanzamos. Tanto el congreso como el poder judicial no lo están tocando en la agenda”.
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Nota informativa respecto a la gestión migratoria en la frontera con Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542685/20200321_Nota_informativa_11.pdf
En La Boca Del Lobo Informe:
https://imumi.org/attachments/2020/Informe-En-la-boca-del-lobo-Protocolo-Quedate-en-Mexico.pdf
Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021:
