México se encuentra en la lista de países latinoamericanos más peligrosos para ser defensoras o defensores del medio ambiente con 83 asesinatos; los años con mayores crímenes fueron 2015 y 2016, esto debido a las consecuencias que generó la Reforma Energética, aprobada en 2013.
Quienes fueron víctimas de la violencia se oponían a la sobre explotación de los recursos naturales, el despojo del territorio de comunidades indígenas y la generación de conflictos socio-ambientales que eran ignoradas por el Estado.
Por Nataly Rodríguez Santiago / @yourgirlnatt
El activismo es la acción que se realiza con el fin de efectuar un cambio de índole social o político, la Real Academia de la Lengua Española, la define como: “la dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida pública”.
La politóloga, socióloga y comunicadora social, Paola Sotomayor, señala que:
“El activismo son todas las acciones que están siguiendo una serie de pasos sistemáticos para poder apoyar a un grupo vulnerado o un grupo marginalIZADO, generando estrategias para poder visibilizar la violencia o abolirla”.
Por lo tanto, un activista medioambiental es aquel que ve a la naturaleza como un ser vivo, razón por la busca implementar acciones para el cuidado y concientización con el fin de visibilizar el daño causado por los seres humanos; por tanto, busca proteger a la biodiversidad de los megaproyectos extractivistas que pretenden acabar con la misma.
Sin embargo, los activistas ambientales son los más perseguidos, amenazados y violentados, esto debido a intereses económicos y políticos que pretenden generar un avance o mejora a costa de la destrucción de áreas naturales que están, en su mayoría, en territorio de comunidades indígenas; en consecuencia, este grupo social ha sido despojado de sus tierras: “los indígenas son un grupo muy vulnerable y muy marginado por la sociedad mexicana y el gobierno, hay muy pocas organizaciones que los protegen y no tiene el mismo acceso a los derechos humanos como cualquier otra persona”, comenta la activista Arlene Bernardo Valle, coordinadora de Fridays For Future Guadalajara.
En 2018, se estima que 11 de los 14 asesinatos de defensores del medio ambiento en México eran activistas indígenas. En Oaxaca, Puebla y Michoacán, el 100% de los agredidos fueron personas de pueblos originarios.
Paola Sotomayor comenta que estas problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas tienen que ver con los privilegios con los que se nace, esto hace que los grupos que si nacen con estos privilegios violenten y vulneren a los que no:
“Los privilegios son adquiridos por algo que es circunstancial ningún privilegio es algo que te ganas, los privilegios existen por el entorno en el que naces y tu contexto, por el hecho de haber nacido en un lugar y pertenecer a una etnia ya estas vulnerado y vas a ser violentado de muchas maneras, no vas a tener la oportunidad de comunicarte adecuadamente con el resto del país, porque no vas a ser tomado en cuenta como una persona con la misma seriedad”.
Además, agregó:
“vivimos en un país altamente racista en donde se ejerce la violencia no solamente a las personas indígenas sino a cualquier persona que no sea considerada aria de acuerdo con los estándares que nos dice la publicidad”.
Todo lo anterior es un detonante y está ligado en cuanto a la violencia que se ejerce en contra de las comunidades indígenas que intentan proteger sus territorios.
Es alarmante que América Latina tenga el título de la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, pues los siete países más peligrosos para ser medioambientalista, seis se encuentran en Latinoamérica. Más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería, seguido por la actividad forestal (tala clandestina), los proyectos sobre agua y presas.
Estos asesinatos ocurren en países de hostilidad generalizada hacia el activismo; Colombia encabeza la lista negra, seguido por Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela. La falta de justicia, la corrupción y la debilidad estatal vulneran a los ambientalistas.
En 2018, México figuró como el sexto país donde más ambientalistas son asesinados, según Global Witness. Estos asesinatos estuvieron asociados con el crimen organizado y autoridades.
El narcotráfico juega un papel muy importante en la violencia ejercida contra los activistas, Alma Delia Méndez de Jesús, bióloga egresada de la UNAM menciona que:
“el narcotráfico no es solo una cuestión de drogas, también es una cuestión de recursos forestales, un ejemplo muy claro es Michoacán han muerto o han sido amedrentados varios activistas ambientales, porque ellos quieren resguardar sus tierras pero el narcotráfico ha desplazado a muchas comunidades de su territorio para hacer plantíos de aguacate”.
El gobierno mexicano se comprometió a proteger a los defensores ambientalistas mediante la firma del acuerdo Escazú, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se trata del “primer tratado internacional del mundo que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones especificas a los países firmantes para proteger a quienes enfrentan riesgos por luchar por la preservación del medio ambiente”.
La firma de este acuerdo fue un paso muy importante para la protección de los ambientalistas y defensores de los derechos humanos; sin embargo, falta más para poder garantizar protección:
“el acuerdo ya está ratificado en 11 países en América Latina, sirve para poder hablar de la problemática sirve para poder tejer redes entre activistas medioambientales, activistas por los derechos de los animales y derechos humanos, pero de cualquier manera es insuficiente, sirve para que pueda ser una herramienta para monitorear las operaciones que suceden en estos países y tratar de tener un apoyo internacional, pero se requieren muchas herramientas más”, comentó Paola Sotomayor.
A pesar de que el acuerdo ya está ratificado, los mecanismos de seguridad existentes son deficientes, así que las amenazas, secuestros y asesinatos ocurridos en México contra defensoras y defensores esta rebasado, por lo general, quedan impunes:
“las denuncias no son un método muy funcional de protección a las personas que son ambientalistas, no hay algún interés muy marcado por parte del gobierno de dar la protección, principalmente a las áreas naturales, en las zonas del sur, son zonas que siempre se han dedicado a defender la selva con estos proyectos que son invasores está claro que este gobierno no tiene ningún interés primero en proteger las áreas ni en las personas que están en la causa”, mencionó Arlene coordinadora de Fridays for future.
Entre las principales causas de contaminación ambiental y cambio climático se encuentra la industria ganadera, dentro de esta misma hay intereses muy marcados por parte del gobierno y empresas, es por eso que muchos ambientalistas se han dedicado a la protección de los animales y la promoción de la reducción del consumo de carne para lograr generar un impacto; sin embargo, estos activistas en pro de los derechos de los animales son fuertemente violentados.
Ana Carranza, activista miembro de la asociación “Animal Save Movement”, relata que el hecho de ser mujer y ser activista la ha hecho sentir más expuesta a sufrir violencia e incluso acosos, comenta que no se siente segura ejerciendo su activismo, es por ello que junto con compañeros activistas tratan de crear redes para protegerse.
Expresa que compañeros cercanos a ella han recibido amenazas graves que atentan en contra de su seguridad, incluso relata que: “al momento que tenemos protestas afuera de la plaza de toros, las personas que asisten son muy violentas, llegan a gritarte en cara, a amenazarte, me ha tocado ver muchas detenciones arbitrarias durante las protestas”.
En México te matan por ser activista, te matan por ser defensor de la tierra y la biodiversidad, como sociedad tenemos la responsabilidad de contribuir desde nuestra trinchera, no podemos ser indiferentes ante estos hechos o la muerte de todos aquellos defensores habrá sido en vano. Debemos exigir al gobierno que se garantice la seguridad y protección, la libertad de expresión no solo debe estar plasmada en nuestra constitución sino ser ejecutada y todo acto que atente contra ella ser castigado debidamente.
