Familiares de personas desaparecidas en México, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas han demandado al Gobierno de México la asignación de recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para la operación de las funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada: Twitter Consejo Nacional Ciudadano
Reconociendo que el Consejo Nacional Ciudadano es un componente fundamental del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sus integrantes exigieron al Gobierno de México que cumpla con su obligación y asigne el presupuesto suficiente para que tanto las familias, como las organizaciones y personas expertas que lo conforman puedan llevar a cabo sus funciones como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Según advirtieron en un comunicado, desde la integración del Consejo Nacional Ciudadano en el año 2018, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación “ha incumplido deliberadamente” en asignar recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
Por lo tanto, denunciaron que frente a esta omisión, ni la primera generación del consejo (2018-2021), ni la segunda (2021-2024) han recibido hasta el día de hoy respuestas de la autoridad o voluntad política para que se haga cumplir este mandato de ley.
Expusieron que en múltiples ocasiones han intentado establecer comunicación con las autoridades encargadas, sin embargo, no ha existo una respuesta.
Una de estas solitudes fue enviada al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas el 21 de abril de 2021, a través del oficio 2104/06. De acuerdo con las y los integrantes del consejo, esta comunicación pretendía, además de solicitar estos recursos, gestionar una reunión con el funcionario para tratar temas relacionados con el funcionamiento del consejo.
A la par, intentaron llamar la atención del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aunque obtuvieron el mismo resultado: ninguna respuesta.
Por ello, hicieron un llamado respetuoso pero firme al Gobierno Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación se cumpla con lo establecido en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para que el Consejo cuente con los insumos suficientes para el optimo desempeño de sus funciones.
