Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
El pasado 11 de febrero, Enrique Alfaro junto con presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara, anunció la realización de un operativo conjunto entre las policías estatal y municipal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Le denominaron #Modulo Seguro por una Ciudad Tranquila, para inhibir la circulación de personas con armas de fuego y droga en las colonias a través de dicha acción con pleno respeto a los derechos humanos.
Afirmó que “se tiene que hacer algo distinto De inicio ya hubo 7 detenciones y ya se imaginarán quienes y para qué circulan con armas ilegales y droga”.
En el anuncio hubo una novedad: la cita de una tesis de la Suprema Corte de Justicia del año 2018 que según su criterio facilitaría la intervención, además de incorporar a la supervisión a la invisible Subsecretaría de Derechos humanos del Gobierno de Jalisco.
La acción pudiera parecer oportuna e incluso lógica en la costumbre reactiva de los tres niveles de gobierno. En Jalisco se cumple con una tradición sexenal independientemente del partido político que se encuentre en el ejercicio de gobierno para relanzar dichos operativos.
Pareciera que hay una especie de genética gubernamental por la añoranza de sexenios pasados como el del exgobernador Flavio Romero de Velasco, cuyos operativos policiales encubiertos para detener arbitrariamente a personas, obtener información ilegal en muchas de las ocasiones bajo tortura y generar miedo, fueron conocidos y avalados por una sociedad ávida de respuestas “firmes”. Nótese que en ese entonces había una clara restricción a la libertad de prensa, a la libertad de manifestación, a la organización de la sociedad civil y la nula vigencia de los derechos humanos, además de la utilización del ejército, signos y síntomas de dictadura.
Regularmente las volantas, ahora llamadas eufemísticamente módulos —como si fuesen espacios de atención—, se colocan en un contexto en el que aún a pesar de la alianza en seguridad entre los municipios de Guadalajara y Zapopan, la reducción delictiva es ínfima y la percepción de inseguridad se mantiene al alza.
Por otra parte, desde los municipios con dinámicas de macro criminalidad, de las que no se encuentran excluidos los municipios antes mencionados, se actualizan contextos de horror como la existencia de fosas clandestinas, viviendas cercanas a núcleos barriales y de instituciones utilizadas como centros de exterminio o casos de desapariciones y asesinatos como el del joven Eduardo Salomón, los cuales reflejan que las estrategias y acciones tienen un efecto muy reducido.
El reciente cambio del Fiscal estatal provoca la necesidad de reconocimiento de nuevos y antiguos funcionarios colocados en puestos clave. Las volantas se construyen como un medio para reproducir la formación y práctica desde las violaciones a los derechos humanos, como un espacio de práctica de perfiles duros que por lo menos refleje un resultado ínfimo en donde se privilegie la presencia.
Otro elemento es la constante dependencia del señalamiento discriminatorio sobre la criminalización de las personas en claro aprovechamiento de la amplia indignación de la sociedad por la comisión de crímenes atroces. La lógica primaria de buenos y malos y no la atención de las causas que generan la delincuencia, como si los que delinquen no provinieran de las comunidades o de los estímulos provocados por la falta de justicia e impunidad, reafirman aún más este argumento en la toma de decisiones.
Un rasgo desafortunado que no puede omitirse es la gran necesidad de los actores políticos de continuar con sus intereses pre electorales para ser reconocidos a través de la adopción de un populismo retributivo. No olvidemos la situación de la zona de Pueblo Quieto en la que se colocaron discursos y muchas cámaras televisivas pero nula rendición de cuentas, ni atención a las necesidades de las personas del lugar.
Lo más preocupante es la elección de una acción reactiva, mediática y con claros riesgos a la población en general, porque con excepción del ejército mexicano, la mayoría de las corporaciones estatales o municipales participantes en los “módulos” acumulan la gran parte de señalamientos de falta de confianza y corrupción. En este aspecto cabe preguntarnos ¿de qué sirvieron los foros realizados con expertos nacionales e internacionales desde la Secretaría de Planeación y Participación para la reforma en seguridad si se opta por la misma ruta sin evidencia?
Se ha discutido en el foro jurídico sobre la aplicación o no sobre el precedente del 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción anunciada, aunque queda claro que el mismo se refiere a las dinámicas previstas dentro de un proceso penal democrático y no a una relación directa con la instalación de las volantas, su cita de forma errónea e incompleta para fundamentar la acción nos dice mucho de la gran necesidad de encontrar ante lo injustificado argumentos que por lo menos en el discurso suenen coherentes aunque no sean verdaderos.
Por otra parte, se desvela la verdadera intención de utilizar los derechos humanos en el ejercicio de gobierno: simplemente asumirlos como un apéndice administrativo más, que no genere contrapesos, estándares o consecuencias. Que solo sean instancias útiles para justificar e impulsar una política pública de renuncia de los derechos humanos bajo la lógica del “es por su bien”, declarada por la propia subsecretaria del ramo Fabiola Loya.
En síntesis, la realización de las volantas busca generar dividendos políticos en un ambiente de graves omisiones en materia de seguridad, propician miedo e impulsan la reafirmación del discurso de criminalización de grandes sectores de la población, generan riesgos a los derechos más básicos y busca reinstalar la vieja conocida política de mano dura.
Hay que reafirmar una vez más que los derechos son irrenunciables y son indisponibles al poder. El camino para mejorar la seguridad parte de un doble camino: de exigirle a las autoridades que cumplan con su papel de prevenir los delitos, perseguirlos y realizar labores de inteligencia y de reconstrucción de las instituciones ante la vinculación con la macro criminalidad.
Para nosotros como sociedad, es importante renunciar a la adopción de un discurso de división y criminalizante que solo divide y justifica la arbitrariedad lisa y llana, que nos impide preguntarnos el por qué nos encontramos en esta situación y asumir nuestra propia responsabilidad ante ello. Es prioritario exigir la rendición de cuentas de las autoridades con base en la evidencia, denunciar y documentar las violaciones a los derechos humanos, así como organizarnos.
Las volantas es sólo el inicio.
