La tarde del jueves 3 de febrero la abogada Verónica Guerrero fue asesinada cuando se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Mirador del municipio de Tonalá, Jalisco.
Guerrero había trabajado activamente en el colectivo vecinal de la colonia Urbi Quinta para denunciar que la empresa Caabsa Eagle había utilizado algunos terrenos de manera irregular en la localidad de Matatlán en Tonalá, para deshacerse de la basura que ya no podía llevar al relleno sanitario Los Laureles tras su cierre a finales de 2021.
A principios de enero el colectivo denunció agresiones, intimidaciones y amenazas, sin embargo, ninguna autoridad estatal y municipal actuó para atender la problemática y detener estos ataques antes del asesinato de la defensora.
Al respecto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) manifestaron en entrevista con ZonaDocs que el feminicidio de Verónica Guerrero demuestra los hechos de extrema violencia que enfrentan las mujeres defensoras en Jalisco y la grave situación de desprotección y el clima de hostilidad que obstaculizan la libre defensa de los derechos humanos en la entidad.
A la fecha, en Jalisco se contabilizan tres ataques extremos que terminaron en asesinatos de personas defensoras y líderes comunitarios sólo en el primer mes del 2022.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada José Carlos Toral, Líder Informativo.
Verónica Guerrero de 51 años, había sido una de las lideresas más visibles del colectivo de vecinos de la colonia Urbi Quinta en Tonalá, Jalisco, según informó el periodista José Carlos Toral en sus redes sociales el pasado viernes 3 de febrero. Guerrero, había centrado su activismo para denunciar que, CaabsEagle, empresa contratada por el estado para gestionar el manejo de los residuos sólidos urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, estaba usando de forma irregular terrenos cercanos a esta colonia para llevar la basura que ya no podía desechar en el vertedero Los Laureles.
Ayer fue asesinada en Tonalá la abogada Verónica Guerrero, una de las lideresas más visibles del colectivo de vecinos de Urbi Quinta que desde diciembre han luchado contra la operación irregular del basurero de Matatlán por parte de @CaabsaEagle. pic.twitter.com/yzqgpIMNnk
— Toral (@jcrtoral) February 4, 2022
Y es que, el relleno sanitario metropolitano Los Laureles, ubicado en Tonalá y dirigido por la misma empresa, había “tenido una gestión irregular y criminal” que, bajo la complicidad de las autoridades estatales y nacionales había generado “un daño irreparable para el medio ambiente y para las personas que habitan alrededor del vertedero, en todos los ámbitos de su vida”, denunciaron los y las integrantes de la organización civil Un Salto de Vida en 2021.
La lucha de las y los activistas y pobladores de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tonalá para que se pusiera fin a la vida útil del relleno demoró al menos dos años, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunciara su cierre progresivo en 2019. Finalmente, y con algunos meses de retraso, el vertedero cerró sus puertas a finales de 2021 por la serie de irregularidades e incumplimientos a las normas ambientales, que fueron documentadas por distintas organizaciones y especialistas.
Sin embargo, como habrían evidenciado las y los defensores en distintas ocasiones, Caabsa Eagle sólo ha demostrado ser una “empresa de muerte” que, en contubernio con las autoridades, arrastra y agrava las problemáticas medioambientales hacia otros territorios y comunidades.
Eso era lo que buscaba evidenciar y denunciar Verónica Guerrero junto a sus compañeros y compañeras vecinas de la colonia Urbi Quinta. Con manifestaciones pacíficas y cierres de avenidas intentaban llamar la atención del gobernador del estado, Enrique Alfaro y el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, para que tomaran acciones sobre el proceder de la empresa y la basura que estaba depositando en algunos terrenos -de su propiedad- en Matatlán, pues, además de colindar con la zona habitacional, señalaron que, se estaba operando de manera irregular.
Antes de que Verónica Guerrero fuera asesinada el pasado jueves 3 de febrero, informó el periodista José Carlos Toral, el colectivo vecinal había recibido “amenazas, intimidaciones y agresiones” durante y después de sus manifestaciones pacíficas; si bien, todas estas fueron denunciadas públicamente a principios de enero, no hubo actuación por parte de las autoridades.
“Los denunciaron desde diciembre y las autoridades no hicieron nada. Denunciaron de las amenazas y no actuaron” advirtió María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Para la también defensora, el asesinato de Verónica demuestra “las deficientes políticas en materia de residuos y la protección a las empresas que tienen el negocio de la basura”, además de las dinámicas de silenciamiento, coerción y muerte que ejercen estos actores en contra de las personas defensoras que han denunciado su actuar; sin olvidar la indefensión que genera la impunidad y la complicidad que existe entre estos.
“Es muy grave el asesinato de la abogada y defensora Verónica Guerrero en Jalisco. Demuestra los intereses de la empresa Caabsa y el negocio de la basura, coludido con las autoridades. Demuestra los riesgos de las defensoras ambientales al denunciar, exigir y oponerse a grandes negocios en detrimentos de la naturaleza y la sociedad”, expresó María González en entrevista.
Al respecto, Anna Karolina Chimiak codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), expresó que “sin duda alguna el asesinato de Verónica es un mensaje a las personas defensoras de derechos humanos quienes realizan la misma lucha, pero, a su vez, evidencia las condiciones de violencia, riesgo y fragilidad en el cual se encuentran las personas que realizan la defensa de los derechos humanos en Jalisco”.
Condiciones que “en lugar de garantizar el derecho a la libre defensa de los derechos humanos, reconocer su labor y proteger a las personas defensoras, se ha obstaculizado en muchas ocasiones y se han callado sus voces infundiendo el miedo” sentenció.
Aunado a ello, llamó a reconocer este ataque extremo como un feminicidio cometido en contra de una defensora de los derechos humanos, dada su situación de doble vulnerabilidad, al ser una mujer y realizar la labor de defensa.
De acuerdo con María González, el IMDEC contabiliza al menos tres asesinatos de personas defensoras y líderes comunitarios en Jalisco en lo que va del 2022. Junto con el feminicidio de la abogada y defensora se suman los asesinatos del Marakame Rosendo González Torres y su nieto de 17 años de edad en San Andrés Cohamiata, dentro de la Sierra Norte de Jalisco en enero. El líder comunitario había denunciado el ambiente de violencia que se vive en este territorio por las disputas de los grupos del crimen organizado.
González precisó que, al menos, en 2021 se perpetraron 28 asesinatos de personas defensoras ambientales en México, uno de estos fue en Jalisco, cometido en contra de José Santos Isaac Chávez, abogado y opositor de la mina Peña Colorada en Ayotitlán en la sierra de Manantlán.
Recordó con ello que, México es el segundo país más violento en América Latina para ejercer la libre defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, Anna Karolina Chimiak, expuso que, en Jalisco se ha identificado que la mayoría de las agresiones registradas en contra de personas defensoras de derechos humanos son cometidas hacia quienes trabajan en la defensa del medioambiente, la tierra y el territorio; le siguen los atentados a familiares de personas desaparecidas; a quienes conforman el movimiento feminista y, finalmente, a quienes defienden el acceso a la verdad y a la justicia ante la comisión de graves violaciones a derechos humanos.
A la par, señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en la entidad, 79 personas son beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas federal. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha en Jalisco no se haya armonizado la ley general en la materia:
“Una de las primeras cosas que es importante destacar es la falta de generar las condiciones seguras para ejercer la labor de la defensa de los derechos humanos. En Jalisco no se ha implementado de manera efectiva la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue aprobada y entró en vigor en el mes de diciembre del 2016; no se ha implementado el mecanismo y las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos en la entidad y no hubo efectividad en cuando a las acciones de la autoridad”.
Esto ha impedido, como sucedió en el caso de Verónica, que se “atiendan de manera oportuna los antecedentes y denuncias previas” de las y los activistas durante su trabajo de defensa: “se ignoran otros incidentes de seguridad que llevan a una situación aún más preocupante, y que si se les atendiera en su momento se podría evitar los hechos de tanta magnitud y de tanta tragedia”, expresó la codirectora del CEPAD.
En la experiencia de María González, el asesinato de una persona defensora “impacta a las comunidades en sus procesos de organización y defensa”, al tiempo que, busca “infundir el miedo y paralizar las denuncias”.
“Nos arrebatan a una compañera y debilitan los movimientos” sentencia.
Hasta ahora, la Fiscalía del Estado de Jalisco sólo ha emitido un boletín de prensa donde advierte que el asesinato de Verónica Guerrero será investigado bajo el Protocolo de Feminicidio, no obstante, no se ha reconocido su condición particular de defensora de derechos humanos. Los hechos de violencia sucedieron, según informó la dependencia, la tarde del jueves 3 de febrero sobre la calle Pedro Moreno y Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia el Mirador de Tonalá. La defensora fue localizada dentro de su vehículo sin vida con impactos de bala.
Tres días antes del asesinato de la defensora, el 31 de enero, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez difundió en sus redes sociales un video donde asegura que se ha comenzado con el retiro de la basura que la empresa Caabsa Eagle acumuló en los terrenos de Matatlán durante los últimos tres meses, tal y como lo habían denunciado Verónica Guerrero, en éste también señala que se multó a la empresa.
Después de señalar constantemente, apercibir, multar a @CaabsaEagle, logramos que la empresa comenzara a retirar toda la basura que se fue acumulando durante estos 3 meses.
Fui a Matatlán para conocer cómo lo estaban haciendo, la información se las comparto en el siguiente video: pic.twitter.com/Cta4FGol77— Sergio Chávez (@SergioChavez_D) January 31, 2022
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que inició el acta de investigación 50/2022/VDQ derivado “de las notas de medios de comunicación sobre el asesinato de una abogada en el municipio de Tonalá”. Con ello, emitió una serie de medidas cautelares el pasado sábado 5 de febrero.
Derivado de las notas en medios de comunicación sobre el asesinato de una abogada en el municipio de Tonalá, esta CEDHJ inició el acta de investigación 50/2022/VDQ y emitió medidas cautelares pic.twitter.com/CiTfVQQ6dO
— CEDH en Jalisco (@CEDHJ) February 5, 2022
Desde el CEPAD, Chimiak reconoce la urgencia de realizar una investigación efectiva, seria, independiente y con perspectiva de género ante el feminicidio de una mujer defensora de los derechos humanos, que considere su situación de especial vulnerabilidad. Al tiempo que, exista la debida diligencia y que se tenga como fin identificar los autores materiales de los hechos, así como a los autores intelectuales.
Asimismo, demandan garantizar la integridad física y emocional de todas las personas defensoras y activistas que forman la misma lucha en contra del basurero de Matatlán en Tonalá. En esto coincide María Gonzáles de IMDEC, quien advierte la necesidad de brindar protección a la familia de Guerrero, así como a quienes integran el colectivo vecinal.
Además, se pide que se garantice la reparación integral a las víctimas de esta situación. Y, sobre todo, “que se puedan generar las medidas de no repetición para evitar situaciones de extrema gravedad a futuro” apuntó Chimiack.
Finalmente, exigen que “se puedan generar las condiciones oportunas, seguras y adecuadas para realizar la defensa de los derechos humanos en el estado de Jalisco e identificar las causas estructurales que contribuyan que obstruyen el trabajo de la defensa que realizan las personas sobre los derechos humanos”. Sin olvidar “acabar con la impunidad en la cual se encuentra la mayoría de las agresiones que se cometen en contra de las personas defensoras”.
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El pasado 7 de julio el ayuntamiento de Tala, Jalisco, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), concedieron a la empresa privada Caabsa Eagle el permiso para ser la encargada de ejecutar el nuevo vertedero metropolitano anunciado por el gobierno estatal como una “respuesta” frente al cierre del relleno sanitario Los Laureles en Tonalá.
Además del largo historial de esta empresa sobre las múltiples violaciones e incumplimientos de las normas ambientales (documentadas por distintas organizaciones y especialistas), este nuevo proyecto que pretenden ejecutar en el municipio de Tala, tiene una serie de irregularidades que amenazan la salud y el bienestar de las y los habitantes de los fraccionamientos aledaños y de los ejidos.
Conoce más al respecto del caso en las siguientes notas:
Sin respuesta definitiva para la cancelación del nuevo vertedero metropolitano en Tala
