La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
El 28 de mayo de 2004, el centro de Guadalajara fue escenario de una de las refriegas más acaloradas entre manifestantes y policías de que se tenga memoria. En la esquina de Juárez y 16 de Septiembre se enfrentaron los que en aquel entonces fueron identificados como grupos altermundistas y la policía del estado. Después de la refriega, se realizaron detenciones arbitrarias en todo el primer cuadro de la ciudad: los uniformados detuvieron prácticamente a todo aquel que fuera vestido de negro, tuviera el pelo largo y caminara por el centro. En los separos hubo maltratos, abuso de autoridad y tortura. Obvia decir que no hubo castigo para los torturadores.
Dos años antes, el 4 de mayo de 2002, la policía estatal había irrumpido en Tlajomulco para reventar con lujo de violencia una fiesta rave. Más de mil jóvenes padecieron el abuso de autoridad del gobierno encabezado por Francisco Ramírez Acuña, que no tuvo empacho en salir a pavonearse de los hechos alegando que en Jalisco no se iban a permitir “francachelas” y “orgías” —ya desde entonces se defendía a Jalisco, no se crean que Enrique Alfaro es tan original—. Unos días después los ciudadanos salieron a protestar por el abuso de autoridad que incluyó manoseos a las chicas presentes en la fiesta de parte de la policía. Tampoco hubo sanciones.
En mayo de 2020, en Ixtlahuacán de los Membrillos unos policías detuvieron a Giovanni López por presuntamente no traer puesto un cubrebocas. El joven fue entregado muerto a sus familiares un día después. El caso permaneció oculto casi un mes, hasta que a principios de junio comenzó a hacerse viral y el día 4 se realizó una protesta en el centro de la ciudad, que incluyó una patrulla quemada, daños en Palacio de Gobierno y muchos detenidos, la mayoría de los cuales fueron pescados al azar y con lujo de violencia por parte de la policía estatal.
Al día siguiente se organizó otra protesta para ir a la Fiscalía a exigir la liberación de los detenidos. Agentes ministeriales montaron un perímetro alrededor de la calle 14 y comenzaron a detener sin razón a cualquier persona que tuviera aspecto de ir a protestar. Los llevaron a diferentes lugares, les robaron sus celulares y sustrajeron información, para luego trasladarlos en camionetas con rótulos falsos —por ejemplo, de una panadería— y abandonarlos en las periferias. Durante el día siguiente las autoridades presumieron, además, que estaban visitando a las y los jóvenes en sus casas. El 6 de junio hubo otra protesta, menos concurrida pero igualmente reprimida con lujo de violencia.
Enrique Alfaro informó, de manera negligente, que existía la posibilidad de que la Fiscalía estuviera infiltrada por el crimen organizado y que por eso las cosas se habían salido de control, además del ya ¿celebre? señalamiento a los sótanos del poder de Ciudad de México. Se investigó la presunta infiltración.
Aunque con casi 20 años de diferencia, detrás de estos tres episodios se encuentra el mismo hombre: Gerardo Octavio Solís, que hasta hace unos días se desempañaba como fiscal estatal, cargo que ya había ocupado en los inicios de los años dos mil, cuando era procurador de justicia. Bajo su mando tuvieron lugar las represiones de 2002, de 2004 y de 2020, y bajo su vigilancia también se logró que dichos abusos de parte de la policía estatal quedaran impunes.
Pero no son los únicos ¿logros? del exfiscal. A finales de 2020 fue asesinado en Puerto Vallarta el exgobernador Aristóteles Sandoval. En una de las ruedas de prensa más vergonzosas de las que yo tenga memoria, Gerardo Octavio Solís salió a pedir a la ciudadanía que se mochara con indicios para poder hacer la investigación, porque no tenían idea de por dónde empezar. Durante su gestión la crisis de personas desaparecidas en el estado no he hecho otra cosa que empeorar y se agudizó todavía más, como si fuera posible, la crisis forense, traducida en la aparición de fosas clandestinas y saturación del Semefo.
Aunque Enrique Alfaro se empeñe en maquillar las cifras en materia de seguridad, el hecho es que Jalisco está sumido en una espiral de crímenes e impunidad en la que el ahora exfiscal jugó un papel bastante lastimoso.
Pero no ha sido el único con un paso cuestionable por la Fiscalía/Procuraduría: su predecesor, Luis Carlos Nájera —quien también había sido su sucesor en 2007— se hizo de la vista gorda y durante su gestión nació y se fortaleció el Cártel Jalisco Nueva Generación. No son pocos los señalamientos sobre presuntos vínculos entre el exfiscal y el cártel —mismos que, obviamente, han sido desmentidos por él— y que derivaron, se presume, en el atentado que sufrió en mayo de 2018 —¿por qué siempre todo pasa en mayo?—, luego de que volviera a la función pública en forma de secretario del Trabajo y tras los cuales perdió la vida Tadeo, de quien escribí la semana pasada.
Ayer, Enrique Alfaro dio a conocer en sus cuentas de redes sociales su beneplácito con la ratificación de Luis Joaquín Méndez Ruiz como nuevo fiscal. Pudiendo hacer una cosa diferente, el Congreso de Jalisco se fue por la fácil y le cumplió el deseo al gobernador: el nombramiento de un fiscal que garantizara la continuidad en el trabajo de la Fiscalía. Como si eso, la continuidad, fuera bueno para la justicia en el estado. Como si no existiera una crisis de desaparecidos cuya ¿atención? no ha dado resultados; como si no existiera una crisis de inseguridad en las calles; como si no hubieran reiteradas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la continuidad que celebran: la de la represión, la de las violaciones de los derechos humanos, la de la impunidad?
Desde hace muchos años se insiste en la necesidad de una Fiscalía autónoma en los órdenes estatal y federal. Una Fiscalía que no responda a los intereses del Ejecutivo en turno. Y es que, ¿quién va a morder la mano del que les puso en el cargo? Obviamente nadie. Así fue con Gerardo Octavio Solís, con Luis Carlos Nájera y así será con Luis Joaquín Méndez, fiscales a modo para los gobernadores en turno.
Mientras instancias como el Congreso de Jalisco se sigan prestando a los caprichos del Ejecutivo estatal, los ciudadanos seguiremos padeciendo la impunidad, la corrupción y la falta de acceso a procesos que garanticen verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Mientras no exista una Fiscalía realmente autónoma, no nos quedará más que seguir haciendo estos ejercicios de memoria, estos recuentos que sirven para recordarnos que no importan todos los discursos que digan en campaña: todos, en el Ejecutivo y en el Legislativo, son iguales.
