Desde que el programa Quédate en México fue puesto en marcha en enero del 2019, las mujeres solicitantes de asilo han sido un sector extremadamente vulnerado por esta política de contención a la migración y violatoria de derechos humanos.
Si bien, los gobiernos de Estados Unidos y México, a cargo de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se han comprometido a implementar un marco de protección internacional en la implementación de este programa, las mujeres solicitantes de asilo han sido expuestas a violencia de género, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, entre otros escenarios.
Frente a ello, la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) publicaron el reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021”.
Por Keren Santillán/@the.only.kxrxn
“El gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador deben revertir el rumbo de sus políticas y adoptar medidas que restablezcan y fortalezcan sus sistemas de asilo, ampliando las vías complementarias para la protección” aseguró el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) ante los peligros que enfrentan las mujeres solicitantes de protección internacional en territorio mexicano.
A través del reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021.
El documento, advierte que este sector de la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional, enfrenta más barreras para denunciar, acceder a la justicia y recibir apoyo ante actos de violencia y violaciones a derechos humanos.
Casos como el de Jessica y su amiga son documentados en este reporte. Ambas fueron abusadas sexualmente por agentes de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua tras ser expulsadas de Estados Unidos. Las mujeres de origen hondureño después fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia.
IMUMI publicó el año pasado el Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México, el cual señala que el 72.5% de las mujeres reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de miembros de pandillas y delincuencia organizada, compañeros de trabajo y autoridades —policías, militares o agentes de migración—, todos estos han representado para ellas una constante amenaza durante su proceso migratorio.
Lamentablemente, no son los únicos, ya que, en su mayoría, las mujeres temen que sus agresores en sus comunidades de origen les sigan durante su recorrido. Tal es el caso de Sara, mujer hondureña que junto con su familia fueron secuestrados por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, razón que les llevó a huir de su país. Posteriormente, en Tapachula, Chiapas, encontró a uno de sus atacantes, quien la obligó, junto con su familia, a huir a otra ciudad y desistir de su solicitud de asilo.
Por otro lado, las mujeres y migrantes de la comunidad LBGTTIQ+, afrodescendientes, indígenas y que no hablan español, afrontan otros peligros en México, en particular, la discriminación y el racismo.
Las mujeres afrodescendientes mencionaron a la WRC que ni si quiera habían tratado de buscar oportunidades de empleo por la discriminación que estaban seguras de enfrentar con los empleadores.
Sobrevivir sin acceso a la vivienda, salud, educación y empleo en la frontera norte de México
Como resultado del programa Quédate en México, los derechos a una vivienda digna, a la salud, la educación y el empleo se han visto vulnerados, especialmente, para las mujeres solicitantes de protección internacional.
De acuerdo con el Directorio de Casas y Albergues para Personas Migrantes, hasta 2018 en México había 113 albergues para la atención de la población en movilidad. No obstante, ante el aumento de los flujos migratorios contenidos en la frontera, estos espacios se han visto rebasados y, con ello, las mujeres han tenido que abandonarlos y ocupar las calles de las ciudades fronterizas del país.
El personal de WRC habló en Tijuana con Elena, una mujer que tras ser rechazada por falta de capacidad en un albergue, se vio obligada a quedarse en condiciones precarias en una casa lejos del centro de la ciudad. 15 días después ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsados por la Patrulla Fronteriza a las calles de Tijuana. Terriblemente, luego de esto, un perro rabioso atacó y mató a su hijo de 20 meses de edad.
Acceso a la salud
Si bien, la Ley de Migración establece el derecho al acceso a servicios de la salud independientemente del estatus migratorio, las mujeres embarazadas expulsadas a México desde Estados Unidos bajo el Título 42 son rechazadas en los hospitales locales y les niegan la atención médica
Con respecto a este derecho, el informe Sin Salida la Crisis Humanitaria de la Población Migrante y Solicitante de Asilo Atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), publicado en febrero de 2020, advierte que más del 40% de las personas encuestadas no pudieron acceder a los servicios de salud en México.
Educación
A pesar de que la Ley General de Educación menciona que todas las niñas y los niños, independientemente de su estatus migratorio, pueden acceder a la educación en cualquier centro escolar público sin condiciones, las mujeres luchan por encontrar espacios de cuidados infantiles e inscribir a sus hijas en alguna escuela de México, enfrentándose a discriminación y desinformación por parte de las autoridades locales.
Karen, por ejemplo, describió al IMUMI que un profesor discriminó a su hija por tener piel “más oscura” y por usar ropa indígena.
Las barreras y dificultades que viven las mujeres al querer inscribir a sus hijas e hijos en las escuelas mexicanas, son un obstáculo que les impide encontrar un empleo de medio tiempo o tiempo completo durante el periodo de espera en sus procesos de asilo.
En el reporte, las mujeres expresaron a WRC el temor que les genera dejar a sus hijas e hijos solos, por los peligros que existen en las ciudades fronterizas, escenario que contrasta con las dificultades económicas a las que se enfrentan para solventar las necesidades de sus familias y la imposibilidad de emplearse.
Para concluir, las organizaciones emitieron una serie de recomendaciones para el gobierno estadounidense y el mexicano. En éstas llaman a México a que destine presupuesto suficiente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para que se reduzcan los tiempos de espera de las y los solicitantes de asilo en este territorio, también, para abrir más oficinas y contratar más personal que atienda las demandas de esta población.
Por otro lado, urgen que se reforme la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para que las personas sigan su proceso de asilo desde distintas partes del país. Esto les permitirá tener redes comunitarias de apoyo y familia, así como condiciones más seguras de estancia.
Respecto a las mujeres que hayan sufrido o que estén en peligro de violencia, demandan que México establezca programas de reubicación y servicios donde puedan esperar con seguridad sus procesos de asilo.
Finalmente, para garantizar que ya no se violen los derechos humanos de las solicitantes de asilo, exigen al gobierno mexicano que deje de colaborar con la implementación de políticas como Título 42 y Quédate en México.
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Notas de seguimiento sobre el panorama migrante:
