El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica publicaron un comunicado relacionado a la Masacre de Camargo que cumple un año sin respuestas, ni justicia.
Este hecho, ocurrido en Tamaulipas, generó el asesinato de 19 personas, 16 de ellas personas migrantes provenientes de Guatemala.
Por Josué Ibarra/ @josueibarrasala
Foto: Ministerio del Exterior de Guatemala.
“Adán, Marvin, Iván, Osmar, Ribaldo, Anderson, Dora, Paola, Elfego, Edgar, Madelyn, Rubelsy, Bramdon, Santa Cristina, Leyda y Feliciano salieron de Guatemala días antes de la Masacre de Camargo, el 22 de enero de 2021. Su objetivo era llegar a Estados Unidos, para buscar transformar la realidad de sus hijas, hijos, madres y padres en una zona en la que 9 de cada 10 personas viven en pobreza (…). Arriesgaron todo para cambiar el futuro de sus seres queridos y en el intento fueron perseguidos y asesinados”.
De esta manera diversas organizaciones en pro de los derechos humanos le recordaron al Estado Mexicano que han pasado ya más de 365 sin que la justicia llegue para cara una de las víctimas de la Masacre de Camargo; mediante un comunicado de prensa exigieron “justicia y claridad en los hechos”.
Las 19 víctimas de lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero de 2021, fueron localizadas calcinadas, pese a las denuncias nacionales e internacionales tras este terrible hecho la Fiscalía del Estado de Tamaulipas no ha esclarecido estos crímenes, esto pese a la detención e imputación de varios policías municipales involucrados; así mismo, la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha actuado para desarticular las redes criminales detrás de estos hechos.
”365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño. 365 días sin saber si esos 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre”, se cuestionan las organizaciones en su comunicado.
Territorio de masacres
El estado de Tamaulipas se ha hecho presente en cinco de las más terribles masacres ocurridas en México en los últimos años en contra de personas migrantes, Una de las masacres más recordadas ha sido el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, ocurrido en 2010.
“Esto ha pasado sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy”, precisa el comunicado.
En últimos años, los homicidios en Tamaulipas se sextuplicaron al pasar de 193, en 2007, a mil 145 entre enero y noviembre de 2021, esto de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
En el caso de la Masacre de Camargo, precisan las organizaciones civiles, “el hallazgo de los cuerpos fue hecho por policías estatales el 23 de enero de 2021 (los hechos habrían ocurrido un día antes), con base en un reporte ciudadano, según lo manifestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas”.
Días después, el 2 de febrero, Irving Barrios Mojica, informó que se había detenido a 12 policías estatales; 10 de ellos ex integrantes del grupo especial denominado GOPES (Grupo de Operaciones Especiales), un grupo vinculado a asesinatos de personas civiles en el 2019 y 2020, de acuerdo a investigaciones periodísticas.
Pese a este contexto no fue hasta la lucha jurídica que emprendió la Fundación para la Justicia y otras organizaciones es que se logró que “la Unidad de Migrantes de la FGR abriera investigación sobre hechos de su competencia en marzo de ese año”.
Sin embargo, se aclara en el comunicado, vemos que:
“Algunas de las violaciones e irregularidades cometidas en masacres anteriores, se repiten en el caso de la masacre de Camargo, entre las que se destacan: investigaciones fraccionadas entre el fuero local y federal, lo que abona a la impunidad y a no mirar el caso en su integralidad; sin lógica de macrocriminalidad transnacional, que lleve a la articulación entre las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos; no considerar el contexto en el que se han dado las otras masacres; no integrar a las víctimas al proceso, esto a pesar de que se cuenta con un mecanismo especializado para ello (el Mecanismo de Apoyo Exterior liderado por FGR); no investigar de manera efectiva a los agentes del estado involucrados, incluyendo a integrantes del Instituto Nacional de Migración; las víctimas no han recibido un apoyo integral por parte, ni de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) ni de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas”.
En ese sentido y recordando que en México, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, las organizaciones y las familias de las víctimas urgieron a las autoridades mexicanas a dar los estos pasos:
- A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Fiscalía General de la República: que se investigue la masacre bajo un enfoque de macrocriminalidad, es decir, que no se fraccione la investigación y para ello deberán de acumularse las investigaciones del caso (local y federal), cuyo objetivo sea esclarecer los hechos, la responsabilidad de todos los actores estatales o no y a todos los niveles, así como la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración.
- A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas: integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances.
- A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas: que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de cada uno de los familiares de las víctimas.
- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): emitir una Recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/Q3, a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron, así como que apremie a la CEAV de Tamaulipas, que de forma imperiosa lleve a cabo la reparación del daño integral en favor de las familias.
- A la República de Guatemala, país de origen de las víctimas: mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados.
“Además, como una garantía de no repetición, es urgente que el Gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos; que fomenta que el crimen organizado y autoridades coludidas realicen actividades ilegales, aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de las personas migrantes, y que no protege ni respeta los derechos humanos.”
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Para leer el comunicado completo ingresa al siguiente link: Comunicado Camargo 2022 (mcusercontent.com)
