Las acompañantes, defensoras e investigadoras del tema de las desapariciones coinciden que lo que falta para enfrentar esta crisis en Jalisco es que las autoridades reconozcan su existencia, magnitud y atrocidad. Sin ello, seguirán destinando presupuestos insuficientes para su atención, permitirán tratos degradantes a las familias que buscan y los servicios médicos forenses continuarán saturados de cuerpos de personas sin identificar, tal como inicia el 2022.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Jalisco inicia el 2022 con más de 15 mil personas desaparecidas. Este año es el tercero consecutivo en el que la entidad tiene el primer lugar nacional con más ausencias, y a pesar de eso, las autoridades siguen sin reconocer la magnitud del problema para atenderlo como un tema prioritario en su agenda y de manera integral.
Dolores del Carmen Chinas, socióloga académica e integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, dice que el no reconocimiento se muestra en los informes sesgados que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presenta sobre seguridad.
El pasado 11 de enero el representante del estado publicó información sobre un “corte de 2021 en materia de seguridad”. Así mostró que la incidencia de algunos delitos disminuyó en el año anterior, pero no hizo ni una mención de las desapariciones. El Comité también denunció que, en su Tercer Informe de Gobierno, Alfaro Ramírez “uso datos conveniencia, guardó silencio sobre hechos graves y ofendió la memoria de las víctimas”.
“Parte de la solución de un problema es reconocer que existe y señalar que hay una voluntad política para atenderlo y solucionarlo. Lamentablemente no la vemos de parte del gobernador” agrega Dolores del Carmen.
En el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) coinciden y agregan que la narrativa que sí presentan las autoridades sobre las desapariciones criminaliza a las víctimas, insinúa que su ausencia es voluntaria y manipula las nomenclaturas para desconocer el problema.
El discurso estigmatizante y lo inaudito de la crisis –tanto por las cifras como por las experiencias particulares– también han vuelto indiferente a la sociedad, opina Mayra Hernández coordinadora de la organización Back Home e integrante del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. “Si el discurso oficial dice que 80% de las desapariciones están relacionadas al crimen organizado la sociedad piensa que solo le pasa a quienes están metidos en algo”, dice ella.
En esta forma de presentar la crisis hay un interés político que se sobrepone a los derechos humanos y a la legislación del estado, declara Dolores del Carmen Chinas. Desde su análisis, las pretensiones políticas del gobernador Enrique Alfaro provocan que “cualquier situación que evidencie un fracaso en su administración no sea reconocida”.
Sin importar el motivo del no reconocimiento, las expertas consultadas mencionan que esto provoca que la experiencia de las familias que buscan a sus desaparecidos sea más dolorosa, más alejada de la verdad y de la justicia.
En CEPAD, su trabajo de investigación y acompañamiento a las víctimas les permite señalar todo lo pendiente de cara a 2022: el número de personas desaparecidas sigue en aumento constante. Las familias buscadoras se enfrentan a cada vez más riesgos, intimidaciones y represión. Ellas hacen el trabajo del Estado sin un mecanismo de protección que las respalde. La coordinación entre instituciones es uno de los mayores obstáculos para la investigación e identificación de cuerpos hallados en fosas. Los casos más antiguos están olvidados, sin protocolos adecuados de investigación. La impunidad es casi total. Y todo es igual de urgente.
Los resultados del no reconocimiento
Entre los llamados de atención que las organizaciones han hecho recientemente está el de la reducción e insuficiencia de los recursos económicos dedicados a atender las desapariciones.
El reclamo se generó en noviembre pasado, cuando se dio a conocer que el Presupuesto de Egresos 2022 de Jalisco proyectaba menos dinero para la Comisión de Búsqueda de Personas del estado y para otros mecanismos importantes para la prevención y erradicación de la crisis con respecto al año anterior.
Dichas decisiones transgredían el principio de progresividad de los derechos humanos, que prohíbe el retroceso en cuestiones económicas, políticas y sociales en la materia, denunció el Consejo Ciudadano de Búsqueda.
También causó preocupación que el aumento de recursos para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ), la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), era mínimo, insuficiente para implementar la recién aprobada Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley Para La Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas. Las mismas que costaron años de lucha a las familias.
“Se busca operar una ley de alto alcance con un presupuesto limitado, que más parece una simulación por parte del aparato del Estado. Podemos tener las mejores leyes, pero sin presupuesto para implementarlas, son leyes de papel” se pronunció el Consejo Ciudadano, con la insignia #SinPresupuestoNoHayLey.
Un presupuesto adecuado es importante incluso para el tema de capacitación, comenta Mayra Hernández, para que las personas en las instituciones públicas tengan los perfiles adecuados y traten con dignidad a quienes atraviesan un momento de tanto dolor como lo es buscar a un ser querido que fue desaparecido.
Que los y las funcionarias no trabajan con sensibilidad provoca situaciones inadmisibles como la del 4 de enero pasado en el IJCF. Allí, elementos policiales amedrentaron e intentaron reprimir a un grupo de madres integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) cuando ellas exigían que les entregaran los cuerpos de sus hijos, tal como la Institución había prometido hacerlo desde horas antes.
Anna Chimiak, codirectora de CEPAD explica que la crisis forense, inseparable de las desapariciones, también se debe a la falta de voluntad para resolver el problema de fondo y no solo en forma. Mientras las autoridades se enfoquen en aumentar los espacios de inhumación o conservación de cuerpos, en lugar de privilegiar los procesos de identificación, la morgue seguirá saturada.
Y el trabajo debe ser más eficiente desde momentos anteriores, desde la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, dice Dolores del Carmen Chinas.
“Esta administración considera un logro la localización de fosas y la recuperación de restos humanos. Hay que ser muy claros en esto: el hallazgo masivo de cuerpos muestra el fracaso de la estrategia para frenar la desaparición de personas, al no prevenir que ocurra, y cuando sucede, al no localizarlas con vida de forma inmediata” aseguran desde el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas.
¿Qué luchas vienen para este año?
Este 2022 las organizaciones señalan acciones urgentes además de la exigencia continua del regreso con vida de todas las personas que faltan. El Comité Universitario de Análisis comienza por pedir que se declare un estado de emergencia en el estado, con el fin de que todos los niveles y poderes del gobierno, con todos sus recursos, enfrenten los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Jalisco.
“¿Por qué no hay una mesa de situación sobre el tema de desapariciones, así como la hay sobre la pandemia? Que ahí se convoque a universidades, a la sociedad civil, a colectivos y grupos defensores de derechos humanos para trazar una ruta de acción, para tener otra perspectiva más allá de la mirada triunfalista del gobernador”, propone Dolores del Carmen.
CEPAD agrega que también es momento de presionar para que se apliquen los artículos transitorios de las leyes estatales de personas desaparecidas y de declaración de ausencia, con el propósito de que ambas herramientas empiecen a funcionar.
Además, recuerda que es necesario reactivar la discusión de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y que, con ello, la CEEAVJ tenga la capacidad para atender las necesidades de quienes experimentan la desaparición de un ser querido.
Desde el punto de vista de las organizaciones, este 2022 queda mucho por exigir.
Que plan de Acción debe ejecutar el Gobierno ?
Y como sociedad como podemos ayudar o aportar algo con todos los casos que se han sucitado en el estado o que bajen y desaparezcan estos Delitos tan dolorosos y Lamentables