Nueva ola, nuevos riesgos para los derechos humanos

Manos Libres

Por Francisco Macías Medina / @pacommedina

Hay muchas formas de medir el impacto que genera la pandemia en las personas, podemos leer notas de prensa con estadística detallada, atender la dinámica de las distintas redes sociales o en su caso escuchar aquellas historias que se desarrollan en donde regularmente convivimos.

Hay que añadirle a este “combo”, los actores que impulsan la comunicación. Sin duda, las autoridades buscan construir discursos y énfasis en los mismos para ciertos fines. 

Cada uno de estos escenarios se entrecruza como un tejido complejo para el cual tenemos que estar preparados para reflexionar y tomar nuestras propias decisiones.

El inicio del año llegó acompañado de una nueva variante del virus y con ello también cambios en las formas en como se intenta controlarla, donde se incluye por supuesto el discurso desde los tomadores de decisiones, los cuales no siempre se acompañan de acciones precisas o con información que posibilite su evaluación.

Tal parece que la pandemia profundizó más la acelerada reproducción de ideas, muchas de las ocasiones no tan acompañadas de debates y realidades complejas.

Hace apenas unos días, el Gobierno de Jalisco anunció nuevas medidas cuyo objetivo es “aplicar una estrategia con visión de largo plazo, que le dé certezas a la gente, pero que al mismo tiempo siga priorizando la salud y la vida de las personas”, para enseguida anunciar medidas para “mantener la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad”.

Al ver la rueda de prensa de Enrique Alfaro,  el pasado 10 de enero, en la que se anunciaron las nuevas medidas, se aprecia que aún a pesar de contar con una “mesa de situación” con perfiles universitarios y por tanto apegados a la ciencia, las decisiones se decantan incompletas de razón objetiva, sin ponderar los distintos derechos humanos que entran en conflicto y con intereses decantados hacia la dinámica económica.

Es importante reconocer lo complejo de la información y las decisiones, pero es notorio que lo que se busca ahora es privilegiar ahora un lenguaje de control de una pandemia que todavía carece de esos componentes, con el consecuente riesgo a la salud y vida de personas concretas.

Algunos ejemplos de ello, es la poca anticipación con la que se tomaron las medidas, aún a pesar de que se contaba con información técnica global. La pérdida de tiempo impacta en las acciones de prevención a la salud. No olvidar que se interrumpió la vacunación por el periodo vacacional, no obstante que se trata de una de las mejores estrategias.

Un segundo aspecto importante es el regreso a clases, aunque escalonado, valida un sistema poco auténtico de protección a la salud en los entornos escolares. La existencia de termómetros y gel, túneles y litros de sanitizante sin ir acompañados de mediciones exactas de concentración de cargas respiratorias en salones de clase y espacios, son simplemente simplificaciones.

Decir que los espacios escolares son seguros, sin pruebas aleatorias del virus, sin conocer las condiciones familiares y otros mecanismos de riesgo de transmisión como por ejemplo los traslados en transporte público, hacen que el discurso de control dado por el Gobierno de Jalisco y el de la República se vuelva en uno que luces como imprudente.

Una prueba más de las decisiones reactivas es la organización de la apresurada jornada de vacunación para las y los docentes, así como a personal de salud, quienes acuden en masa a las mismas como única medida de autoprotección y en búsqueda de una inmunización.

Sin duda en las decisiones hace falta la cautela y la prudencia, ante los múltiples riesgos y la precarización de los sistemas públicos de salud y educativos. 

Por último, debe de ser motivo de preocupación la decisión aparentemente justificada de exigir el certificado de vacunación para ciertas actividades recreativas, primero porque no se trata de algo básico y debieron de ser motivo de mayores restricciones, en una escala en donde se supondría que lo más importante son las dinámicas esenciales y de desarrollo.

En segundo, porque presupone que las campañas de vacunación han sido eficientes solo por la estadística que nos ofrecen, pero que nada nos indica sobre las personas faltantes y sus contextos, sobre todo de las razones del porqué no han acudido a vacunarse.

Se difunde con mucho énfasis en los medios de comunicación a las personas de los movimientos anti vacunas, como una forma de que se señale y estigmatice a aquellos que toman esa decisión, incluso hasta se viralizan posturas energúmenas de comunicadores erigidos como nuevos jueces sociales autodesignados, pero se evita tener un debate profundo sobre las ponderaciones de los razonamientos o en su caso, las acciones para que verdaderamente se tome una decisión de salud lo suficientemente informada y promovida desde los derechos humanos.

En mucho de los casos, se permite que sea la desinformación en las redes las que hagan su parte, en vez de activar una pedagogía adecuada de acuerdo con las edades y contextos, así como con los recursos adecuados, al mismo nivel de las tan mentadas consultas.

Algunos países han optado por hacer sondeos de opinión para conocer y entender las razones de no vacunarse para de esa manera tomar las mejores decisiones en las políticas públicas.

Pareciera que de nuevo la salida es optar por criminalizar para ocultar la falta de acciones de difusión y prevención. Pareciera que se trate de hacer la vida difícil ahora a través de aplicaciones informáticas en vez de generar acciones que vayan incluso a las motivaciones de las personas: ¿qué pasaría si en vez de pedir las pruebas de detección por carecer del certificado, mejor se aplicara la vacuna como forma de facilitar?, ¿qué pasaría si informamos del ahorro al bolsillo de una vacuna contra una prueba? Es momento de pensar fuera de la caja.

No olvidemos que nuestro país es uno donde existe una grave desigualdad, la cual no solo es económica, sino de contextos sociales e incluso situacionales. Las consecuencias de obstaculizar el derecho a la salud es un paso que nos puede llevar a un ambiente de una seguritización de la salud, en donde en vez de médicos el control sea de la policía, militares y tribunales los que supervisen nuestra condición, de los que solo pueden esperarse graves riesgos a las libertades. 

Como sociedades debemos apostar por dialogar las razones y tomar las mejores decisiones en donde se entienda que el bien personal es posible por la parte que nos garantiza lo común, si lo hacemos de forma comprensiva y pedagógica, lograremos que incluso en decisiones en las que tiene que haber restricciones se asuman con responsabilidad colectiva.