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El 11 de enero se cumplieron seis años de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca y nueve años de la privación de la libertad de siete policías municipales de Úrsulo Galván. En los dos casos de desaparición forzada vinculados a la policía estatal de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte sigue pendiente la justicia
Por Miguel Ángel León Carmona / eConsulta-Veracruz
Foto: Miguel Ángel León Carmona /Archivo
XAALPA, VERACRUZ.- «Yo prefiero pelear con las autoridades que hincarme a una virgen y ponerme a llorar”, dice José Benítez, un hombre de voz ronca y ojeras pronunciadas que no para de fumar desde el 11 de enero de 2016, cuando su hijo José y otros cuatro jóvenes desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca.
“No se perdió un perro, se perdió la mitad de mi vida y el tutor de mis hijos”, replica Marisela Sánchez, una mujer de cabello entrecano y manos temblorosas, que no ha dejado de tomar antidepresivos desde el 11 de enero de 2013, cuando su esposo, Aureliano Sánchez, y otros siete policías municipales fueron plagiados en el municipio de Úrsulo Galván.
José Benítez enfrenta su duelo en un rancho de la ciudad de Playa Vicente donde ha adquirido una vida ermitaña; Marisela lo hace en su casa, a 250 kilómetros de distancia, en La Antigua, acompañada de siete amigas que la consuelan y le dan fuerzas para pedir seguir pidiendo justicia.
José y Marisela no se conocen en persona, pero tienen en común muchas cosas, entre ellas, la fecha del 11 de enero y la imagen de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como responsables de haber desaparecido a sus 13 familiares.
Por el caso conocido como Tierra Blanca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 5VG/2017, donde acreditó la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O. La menor de ellos era Susana, tenía 16 años; el mayor era Mario, con 27.
Por las desapariciones en Úrsulo Galván de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también emitió la recomendación 03/2017.
Ambos organismos coincidieron en la existencia de un contubernio entre cuerpos policiales de Veracruz y presuntos integrantes de la delincuencia organizada para desaparecer a personas durante el gobierno del priista, Javier Duarte, quien permanece aislado en una celda del Reclusorio Norte, por delitos de corrupción. A la fecha, aisladas también son las posibilidades de que el exgobernador sea juzgado por el delito de desaparición forzada.
Aunque en ambos casos la justicia es vista de manera lejana por los familiares de las víctimas, los síntomas varían en este cáncer, como ellos definen a la impunidad. Por lo ocurrido en Tierra Blanca hay 19 personas detenidas, ocho expolicías y 11 civiles, que cumplen seis años sin recibir una sentencia. Por los ocho policías de Úrsulo Galván no hay detenidos, solo promesas que ya cumplen nueve años.
Tras el pasar de los años, a José y Marisela se les cuestiona si su caso ha sido olvidado. Ellos enseguida reviran. “Se les olvidó a las autoridades, a mí nunca”, dice el padre de José. “Mientras me quede un rayito de luz, voy a seguir buscándolo”, contesta la esposa de Aureliano.
Tierra Blanca: «Queremos una sentencia ejemplar, no chingaderas»
El 11 enero de 2016, los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz, donde festejaron el cumpleaños número 27 de Mario Arturo Orozco. A su paso por Tierra Blanca, ubicado en la Cuenca del Papaloapan, fueron detenidos por policías estatales después de desayunar en un puesto de tacos.
De acuerdo con investigaciones judiciales, ocho policías al mando del entonces subdelegado de la SSP, Marcos Conde Hernández, los privaron de la libertad y posteriormente entregaron con presuntos integrantes de la delincuencia organizada quienes asesinaron en un rancho llamado “El Limón”, en el municipio de Tlalixcoyan, de la misma región.
En El Limón, elementos de la Gendarmería Nacional encontraron un pedazo de tibia de Bernardo Benítez y manchas de sangre de Luis Alfredo González impregnadas sobre un tronco; pero también unos 8 mil restos humanos, entre ellos los de seis personas que habían desaparecido en fechas anteriores.
Los demás restos, pertenecientes al menos a 300 personas, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que presentaban. El exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho fue sistemática durante varios años.
Por los crímenes de los cinco jóvenes de Playa Vicente permanecen 19 personas detenidas, sin embargo, ninguna ha sido sentenciada, pese a promesas de tres administraciones estatales y dos federales, incluyendo la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es parte de la preocupación que tenemos como víctimas, de que los delincuentes salgan en libertad, después de 6 años moviendo cielo, mar, tierra. Nuestro tema debería de ser ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir; castigando de punta a cola a los servidores públicos que estén involucrados”, asegura José Benítez.
El padre recuerda que el cuatro de marzo de 2019, durante una disculpa pública que hizo el gobierno de Veracruz, autoridades estatales y federales se comprometieron a conseguir una sentencia condenatoria por el crimen cometido en Tierra Blanca.
José dice con franqueza:
“A estas alturas no es tanto que se apuren, me preocupa una sentencia ejemplar y no chingaderas; que los jueces tengan la sensibilidad de analizar y ver la inmensidad del problema nuestro, para de ahí tomar la ley y dar lo más que se pueda de años a esos cabrones”.
Úrsulo Galván: Fiscalía dice que si sigue buscando va a encontrar cosas malas
El 11 de enero de 2013, alrededor de las seis de la tarde, media planilla de la policía Úrsulo Galván salió a dar un rondín a bordo de una patrulla. Como era habitual, ellos se reportaron con sus esposas y su madre. Prometieron regresar a sus hogares al terminar su turno, pero ese momento no llegó.
De acuerdo con investigaciones ministeriales, el comandante, el segundo comandante y seis policías cuartos de Galván fueron detenidos y desarmados en la comunidad de El Arenal por policías estatales adheridos al grupo Tajín. Testigos de los hechos, un vendedor e cervezas y un despachador de gasolina, declararon que todos fueron repartidos en patrullas de la SSP. Ese fue el último indicio de ellos con vida.
El caso de Galván fue arropado por la administración de Cuitláhuac García Jiménez, cuyos colaboradores han propuesto una disculpa pública para aceptar la responsabilidad del Estado. Ese episodio no ha llegado. ¿La razón? “Ellos no nos han devuelto a nuestros familiares”, dice Marisela Sánchez.
La mujer de 67 años, agrega que hubo un episodio que terminó por arruinar la buena relación con el gobierno actual.
“En una reunión con la fiscalía pedimos avances para encontrarlos. Una fiscal nos dijo que ellos podían seguir investigando, pero que tal vez encontrarían cosas malas”.
Marisela no pierde las esperanzas de encontrar con vida a su esposo y a los demás y lanza un ultimátum a las autoridades.
“Las nuevas autoridades son jóvenes que están recién egresando, sangre fresca que no está maleada, si no los revuelven con los tiburones que están a un lado, puede que saquen algo bueno, pero sino, simplemente les van a afilar los colmillos».
