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Un estudio publicado por la organización Cladem muestra el horror: en nuestros países las niñas y adolescentes viven un asedio constante que daña sus vidas y acaba con ellas. La violencia sexual se ha consolidado como un crimen que detona otras violencias feminicidas: desaparición, feminicidio, suicidio feminicida, embarazo adolescente, muerte por aborto clandestino. Para ellas no hay un lugar seguro donde refugiarse, nos dicen las autoras
Texto: Daniela Rea / Pie de Página
Foto: Archivo PdP/ María Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO.- En América Latina, durante la década que recién terminó, la violencia sexual contra niñas y adolescentes se consolidó como una violencia estructural, concluye una investigación realizada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
La “Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe”, entre los años 2010 y 2019, coordinada por las académicas Julia Escalante De Haro y Emanuela Borzacchiello, dice que la violencia sexual enmarca a las otras violencias como el femicidio, desaparición, suicidio, falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y muerte materna.
“La violencia sexual, no puede considerarse como la antesala de las demás violencias, sino como un fenómeno cuya reproducción constante detona violencias feminicidas que ponen en riesgo de muerte a las mujeres y, especialmente, a las niñas y adolescentes”, dice el informe.
“Las prácticas culturales nocivas y los silencios cómplices en los diferentes ámbitos reproducen la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Para ellas no hay un lugar seguro donde refugiarse, sobre todo cuando sufren violencia sexual en el ámbito privado, por la impotencia y sometimiento que sienten frente al agresor en la vida cotidiana”.
El informe pone el acento en cómo la sociedad ha construido, creído y sostenido que las niñas y adolescentes y sus cuerpos son “para otros”, por lo tanto “se pueden violar o vender, y cuando sufren un embarazo infantil forzado producto de una violación, suelen ser culpadas, ocultadas y en algunos casos expulsadas”.
En el informe se encontró que en América Latina es común que exista saña contra las niñas y adolescentes cuando son víctimas de violencia sexual y que la violencia sexual previa al asesinato se replica con frecuencia.
Violencia sexual, control y extracción
En el informe se plantea que la violencia sexual, en muchos casos, se impone como forma de control, castigo y represión, en particular contra las adolescentes lesbianas. “A estas violencias en muchos casos se les define como violaciones selectivas o correctivas”, dice el informe.
Paralelamente, explican las autoras, la violencia responde o existe en el contexto de una reorganización regional en América Latina de las violencias, asentadas en la extracción y despojo de territorios, saberes y cuerpos. “Estas realidades traen consigo fenómenos como la desaparición intermitente de niñas y adolescentes, el recrudecimiento de otros, como el feminicidio sexual sistémico, o la mayor incidencia de suicidios en las niñas y adolescentes”.
En contextos de conflicto armado y de predominancia de criminalidad social organizada -como los que viven distintos países de América Latina, México entre ellos- las mujeres, y en especial las niñas y adolescentes, enfrentan más riesgos: suelen ser objeto y objetivo de guerra y están más expuestas a violencias como la explotación sexual, inducción forzada al tráfico y al consumo de sustancias como el alcohol y las drogas.
El estudio examinó los vínculos e interrelaciones entre la violencia sexual y la muerte de las niñas y adolescentes en el periodo 2010-2019, en doce países de América Latina: Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y México.
Las académicas autoras del informe recolectaron casos emblemáticos de distintas regiones para mostrar cómo opera esa violencia sobre las niñas y adolescentes.
Sandra, suicidio feminicida
Sandra tenía 13 años y vivía en El Salvador cuando, en el año 2012, unos pandilleros tocaron a la puerta de su casa y preguntaron por ella. Según el estuddio, “los pandilleros de la zona acosan sexualmente y reclaman a las niñas en el inicio de su edad reproductiva. Lo que hacen es reproducir un antiguo ritual violento llamado ‘derecho de pernada’, en el que el señor o amo tiene derecho sobre la virginidad de las mujeres, niñas o adolescentes que están suscritas a sus territorios”. Las niñas son secuestradas y violadas primero por los líderes de la pandilla y progresivamente suman a otros más novatos a la violación.
Durante dos años los pandilleros fueron a tocar a la casa de Sandra para llevársela por algunas horas, y si su mamá oponía resistencia, ellos comenzaban a disparar. Sandra perdió su vida normal, dejó de salir e ir a la escuela. Se hizo introvertida, inestable y hasta conflictiva, contó su mamá en el informe del UNFPA. Cuando cumplió 15 años, el líder se la llevó a vivir con él. Sandrá quedó embarazada, un día, cuando tenía 9 semanas, compró insecticida y se lo tomó. Murió horas después.
En ese país, en el año 2017, se registraron alrededor de 50 suicidios de mujeres entre 11 y 19 años de edad.
En El Salvador el aborto está prohibido, lo cual agrava la situación para las niñas y adolescentes secuestradas y violadas.
“El poder de las pandillas ejerce control social mediante la violación sexual, una práctica habitual y sistemática. Todo en su conjunto presenta un terreno que propicia el suicidio de niñas y adolescentes, como si esta fuese la única salida posible en un contexto de violencia extrema. Quitarse la vida pareciera ser un modo de adelantar un destino inevitable”, dice el informe. Ese destino inevitable es que las niñas y adolescentes quedan atrapadas en la pandilla, se convierten en “novias” de pandilleros y son asesinadas por ellos tarde o temprano para no dejar testigos de sus actividades.
Carla, niña madre
Carla tenía 12 años cuando conoció a un señor, en el occidente de Nicaragua, donde vive, que comenzó a visitarla, regalarle ropa, comida y regalos inalcanzables para una niña que vivía en pobreza extrema. Cuando ganó su confianza, comenzó a abusar sexualmente de ella, a golpearla y a amenazarla con no decir nada.
“Me pegaba cuando abusaba de mí. A trompones, me amarraba las manos y los pies a la cama. Me decía que me iba a matar si yo hablaba. Que me iba a matar a mí y a mi mamá si yo hablaba”, relató Carla a un periodista (Salinas, 2017). Abusó de ella durante casi un año y la golpeó cada vez. Manipuló la situación con amenazas y dinero.
Carla vivió este infierno en silencio durante un año, hasta que quedó embarazada y fue la oportuniddad para decirle a su mamá, quien la acompañó a denunciar penalmente al hombre, llamado Máximo Rayo. pero la revictimizaron al tratar de acusar a su mamá.
Ademas de que no pudo interrumpir el embarazo porque en Nicaragua el aborto está prohibido en todos los casos, incluido violaciíon, incesto, malformación grave del feto o riesgo para la vidad o salud de la madre.
“Hay muchas Carlas: en una década suman cerca de 16.400 niñas-madres (Instituto de Medicina Legal, 2017). La Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011/12 afirma que a nivel nacional, el 10% de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de su vida había experimentado alguna forma de violencia sexual y un 8 por ciento que fue forzada sexualmente, el 5% tuvo alguna situación de abuso sexual (sin penetración) y un 3% de las mujeres afirmó que había sido víctima de ambos tipos de violencia sexual”, dice el informe.
Carla parió a una niña que crece entre piso de tierra, pobreza y olvido.
Kelly, desaparición y feminicidio
Kelly tenía 10 años cuando fue secuestrada, violada y asesinada en Perú en 2018.
Venía de una familia pobre, donde sus dos padres trabajaban y Kelly intentaba ayudar con los ingresos del hogar: en sus ratos libres preparaba gelatinas y salía a venderlas en su barrio. Un sábado de noviembre del 2018 salió a vender cuando un hombre le prometió comprarle todas las gelatinas, pero en lugar de eso la secuestró y la llevó a una casa abandonada.
Su familia y vecinos salieron a buscarla, sin que la policía hiciera su trabajo; días después un vecino, agricultor halló el cadáver de la niña y dio parte a la policía.
Julio César Arquino Giraldo, de veintiún años, se confesó culpable y acusó a su cómplice, un menor de nombre Brayan. Giraldo ya tenía denuncias en contra por acoso sexual y extorsión a una niña de catorce años en 2017; otra por hurto agravado y tocamientos indebidos a una menor en 2018. Pero nunca fue detenido y estaba libre. “La impunidad había permitido nuevas violencias y había puesto en riesgo a muchas niñas de la zona”, dice el informe.
Giraldo fue condenado a cadena perpetua y el menor a 10 años de prisión, pero la sentencia no mencionó que la niña había sido víctima de feminicidio.
La desaparición de niñas y adolescentes es un problema grave en Perú. De enero a septiembre de 2020, al menos 4,052 mujeres desaparecieron en el país, entre las cuales 2.894 son niñas y adolescentes, según datos de la Defensoría del Pueblo. Las cifras muestran un incremento respecto de 2019, año en que desaparecieron 1.197 niñas y adolescentes; además, en el 26% de los casos de feminicidio hubo un antecedente de desaparición.
Dayelin y Rosaura, embarazo y muerte
Dayelin quedó embarazada a sus 12 años, producto de una violación. Decidida a no tenerlo, tomó una infusión que le provocó un aborto. no había manera de hacerlo legal, pues en República Dominicana está prohibido interrumpir el embarazo bajo cualquier circunstancia y se castiga con 20 años de cárcel, según el código penal que data de más de 200 años de antigüedad, del 1884.
Rosaura, también de República Dominicana, quedó embarazada a los 16 años. Acudió al hospital porque tenía fiebre y dolor de abdomen y los médicos descubrieron que tenía 7 meses de embarazo y una leucemia.
Los médicos le negaron el tratamiento contra la leucemia porque el medicamento afectaría al embrión. La madre de Rosaura comenzó una batalla legal entre un comité de Bioética del hospital, el estado y la iglesia que presionaba para que no le practicaran aborto ni le aplicaran el medicamento contra la leucemia.
“Rosaura sufrió un cáncer sin tratamiento por causa de una ley con doscientos años de antigüedad y la presión de una ideología religiosa conservadora. Con leucemia y sin cuidados adecuados, murió el 17 de agosto del 2012”, dice el informe. ““Mi hija sentía muchísimo dolor y se fue deteriorando. Pero los médicos no hicieron nada por ella, solo pensaban en el feto. Unos días antes de morir le dieron algo de quimioterapia”.
En ese país, una de cada cinco adolescentes de entre quince y diecinueve años ha estado embarazada. Muchas veces, como consecuencia de violación y abuso sexual. Entre el 2010 y 2019 se documentó al menos un caso por día.
Teresa, feminicidio sexual
“Teresa tenía miedo de dormir en su casa. Cuando su mamá no estaba, su padrastro abusaba de ella y de su hermana. Teresa también tenía miedo de salir a la calle. Honduras lleva años asolada por maras —pandillas— y un índice de homicidios dolosos que supera cuatro veces la media mundial, poniendo al país entre los más peligrosos del mundo. A sus doce años, Teresa no estaba segura ni adentro ni afuera”.
Un día que la madre de Teresa salió a trabajar y no volvía, ella fue a buscrla pues no quería dormir en su casa sola, expuesta al padrastro. Teresa fue desaparecida y dos días después encontraron su cuerpo con heridas de machete e indicios de violación.
“El feminicidio de Teresa no es una excepción, tampoco es extraño que una niña hondureña sufra violencia sexual, pues la mitad de las víctimas de delitos sexuales tienen menos de diecinueve años y en un 37.5% del total de casos registrados, las víctimas tienen entre diez y catorce años”, dice el informe.
El padrastro Luciano González fue acusado de lujuria agravada, en un juicio sin perspectiva de género y de edad. Además, la justicia le quitó la custodia de sus otros cuatro hijos y no le reparó del daño.
“En Honduras, la impunidad es ley: no existe justicia en un 90% de las 6.142 muertes violentas de mujeres documentadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) entre el 2002 y el 20163, dice el informe.
Aquí puedes leer y descargar el informe completo.
