#Anuario2021
Por Darwin Franco Migues / ZonaDocs
A un año de la represión policíaca que derivó en la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de más de 85 jóvenes que acudían a protestar por la liberación de 28 manifestantes y por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, las y los sobrevivientes de este estos delitos de lesa humanidad -cometidos a las afueras de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el 5 de junio de 2020- hablaron con franqueza de todo lo que el Estado les quedó a deber, de sus errores y aciertos en su lucha por la justicia, de las secuelas y traumas que les dejó la violencia y de la impunidad rampante que hay en el caso, esto a pesar de las declaraciones victoriosas del gobernador, Enrique Alfaro, para quien todo ya ha quedado en el pasado.
En sus palabras hay aprendizajes, pero también secuelas. La violencia cometida en su contra no fue algo que se pueda olvidar con algún perdón o con la promesa de que, ahora sí, la policía no violentará ningún derecho humano.
El 5 de junio de 2020 quedó marcado en ellas y ellos, y así lo sienten en su interior cuando ven alguna camioneta como aquellas de donde bajaron policías encapuchados para detenerlos y desaparecerlos de manera forzada; lo saben cuando ven a sus victimarios por las calles portando aún el uniforme de alguna corporación policíaca, y lo perciben con coraje e indignación cuando escuchan al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, o al Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, señalar que ya no hay impunidad y que todo fue producto de “acciones inexplicables” cometidas sólo por algunos policías y no por todo el aparato del Estado que -durante los días 4, 5 y 6 de junio- se empleó para ejercer toda la fuerza policial contra decenas de jóvenes manifestantes.
A un año de los hechos, cuatro jóvenes víctimas de la desaparición forzada y los actos de tortura cometidos por elementos del Estado, ofrececieron su testimonio.
El diálogo que ofrecieron fue honesto, pues muchos son los aprendizajes que han tenido desde que decidieron no claudicar en su exigencia de justicia, aún y cuando el Estado les ha incumplido sistemáticamente todo lo que les prometió desde que grabaron un polémico video en el Palacio de Gobierno -espacio que fue usado como centro detención arbitraria y tortura- o como cuando, a través de los Foros de Diálogo para la Construcción de la Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, se les indicó que ese sería el camino a la justicia.
Sin embargo, ahora saben que todo resultó un acto de simulación que permitió “cumplir” con la recomendación que las Naciones Unidas hicieran por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas el 4, 5 y 6 de junio de 2020.
“Yo pensé que ya lo había superado, pero me he encontrado con varias situaciones. La primera cuando nos mandaron a evaluar con los psicólogos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Yo fui sola, iba tranquila y en el momento en el que entré a la institución comencé a temblar, a llorar, me estaban entrevistando, haciéndome todas las preguntas, y yo en mi mente estaba pensando `ya me quiero ir´, sentía que me tenían nuevamente detenida. Ahí entendí que no lo había superado”, narró una de las sobrevivientes.
“La segunda vez que sentí ese temor fue en la manifestación que hubo por los hermanos González Moreno, quienes fueron desaparecidos y después asesinados. Fui a manifestarme y en la marcha sentía que todo el mundo me veía y ¡no es cierto! Era paranoia mía. Pasé por el Parque Revolución y estaban los policías, eran como 50, los tenían esperando y yo empecé a sentir que me estaban atacando, sentía sus miradas. Cuando llegué a la Glorieta de las y los desaparecidos observé que no hubiera personal de Fiscalía, que no hubieran camionetas”.
El miedo que viven estas víctimas es persistente, pues las medidas de repetición que establece la Ley General de Víctimas están muy lejos de ser una realidad, pues tan sólo en 2021, 54 policías municipales de Jalisco han sido detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de personas.
“Yo he soñado a Alfaro persiguiéndome en una camioneta. De hecho tengo miedo a las camionetas. Y el miedo vuelve con cada caso de desaparición como con lo que le pasó a los hermanos González Moreno, con la ola de violencia e inseguridad que es obvia, a pesar de que se niegue”.
Pese al nivel de violencia que se vivió aquel 5 de junio, por los hechos, solo 10 personas fueron investigadas: dos mandos y ocho policías. De éstos, solo uno prevalece en prisión; el resto, incluso, ya lleva su proceso en libertad porque un juez aprobó una suspensión condicional del proceso, esto tras llegar a un acuerdo con 16 víctimas, el cual incluyó unas disculpas públicas y el pago de 293 mil pesos por reparación del daño.
Esto, quizá, no hubiera sucedido si la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción hubiese trabajado para reclasificar los delitos por los que se investigaba a los policías, pues éstos fueron únicamente investigados y juzgados por “abuso de autoridad”, y no por los delitos que cometieron el 5 de junio de 2020: tortura, detenciones arbitrarias y desaparición forzada.
Actualmente, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las y los jóvenes manifestantes del 5 de junio están siendo aparentemente investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República.
En las dos primeras instancias, los delitos que se investigan son abuso policial y detención arbitraria, así como diversas faltas administrativas; mientras que en la instancia federal sí se indaga la probable comisión de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, violencia policial y tortura.
“En una ocasión que fui a desayunar y ahí me topé con uno de los policías que me agredió, y estaba ahí como si nada, yo sentí miedo y temor tan sólo de verlo”, explicó otro de los manifestantes.
Conforme a la solicitud de transparencia LTAIP/CGES/8169/2021, otorgada por la Coordinación de Seguridad del Estado, durante las tres manifestaciones sólo reconocen la participación oficial de 39 elementos de seguridad (21 participaron en las manifestaciones del 4 de junio; 11 en las del 5 de junio; y 7, en las protestas del 6 de junio); aunque aclararon que cuando la violencia escaló solicitaron todos los refuerzos posibles para salvaguardar la integridad de las instalaciones públicas y de los funcionarios públicos que dentro de ellas se encontraban.
Razón por la que resulta “imposible saber el número exacto de policías que participaron en los hechos, pues se solicitó ayuda a las Corporaciones Metropolitanas de Guadalajara, pero se desconoce el número exacto de policías que sirvieron de apoyo y contención”.
De acuerdo a los testimonios de las y los sobrevivientes cuando los desaparecieron, sus captores estaban conformados por un grupo de entre cuatro y cinco policías. Si las víctimas con las que compartieron varias horas de miedo e incertidumbre oscilaban entre cuatro a seis personas; significa que -por lo menos- aquel 5 de junio tuvieron que haber participado 70 policías, más todos aquellos que también les violentaron al interior de la Fiscalía.
“Nosotros nunca hemos hablado de meter a la cárcel a nadie, pero si lo pensamos, ocho detenidos es menos del 1% de todos los que participaron. No es que queramos ver a todas esas personas en la cárcel, pero que acepten que fueron responsables. A nosotros no solo nos preocupan quienes participaron, sino también quienes lo vieron y no hicieron nada. Dentro de la Fiscalía nos estaban observando y no hacían nada. Las personas que me hicieron firmar una declaración falsa traían camisa tipo polo con la insignia de la Fiscalía, había personal armado de la Fiscalía. Yo que estuve más horas ahí me vieron, al menos, 100 personas con traje, sin traje, con armas, sin armas, con capucha, sin capucha, con palos todavía. Esa declaración falsa decía que yo formaba parte del grupo: ‘Quemenlos a todos’”.
Esto en alusión a lo acontecido en las manifestaciones del 4 de junio cuando se prendió fuego a un integrante de la policía motorizada de Guadalajara. A la fecha, él ignora qué fue de esa declaración que firmó bajo amenazas.
Por estas ineficiencias en las autoridades locales, algunas de las víctimas están llevando dos procesos a nivel federal, uno con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro con la Fiscalía General de la República. Ahí tienen puestas sus esperanzas, pues esperan que ambas instancias contribuyan a señalar qué pasó y quiénes son todas las personas responsables.
Conforme a la Coordinación de Seguridad del Estado, mediante la solicitud LTAIP/CGES/8169/2021, para ellos sólo se detuvo a 41 hombres y cinco mujeres: 28 fueron detenidos, el 4 de junio; 11, el 5 de junio; y seis, el 6 de junio.
Sobre todas y todos aquellos que fueron detenidos arbitrariamente, el 5 de junio, la Fiscalía aseguró que no hay registro alguno de que dentro de sus instalaciones ni en ninguna otra instancia de seguridad hayan estado ninguno de los 85 jóvenes. Pareciera, entonces, que esto nunca pasó, pese a que todos los testimonios señalan que luego de desaparecerlos fueron trasladados a las instalaciones de la calle 14.
Finalmente, el 5 de junio de 2021, para reafirmar su lucha por la justicia, el Colectivo 5 de Junio Memoria instaló un Anti-Memorial en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco para que jamás se olvide el llamado “halconazo tapatío”.
“Seguimos aquí con dignidad, en resistencia, en lucha, aunque no ha sido un camino fácil. En lo que se refiere al 5 de junio, demandamos que se reconozcan los delitos a los que sobrevivimos: tortura y desaparición forzada, ambos imprescriptibles y de lesa humanidad…”.
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