El 2 de diciembre el Gobierno de México anunció que reinstalaría el Protocolo “Quédate en México”, pese a las recomendaciones de las organizaciones civiles para no ser parte de esta reactivación, ya se han registrado los primeros casos de retorno.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
El pasado agosto, el Tribunal Constitucional de Texas ordenó a la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, reactivar el protocolo “Quédate en México”, también conocido como “Migrant Protection Protocols” (MPP), el cual obliga a las personas que solicitan asilo en este país, esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.
Ante esta posible reactivación, doce organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Oxfam México y Oxfam Américas presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae (un escrito realizado por terceros sobre un caso), con el propósito de solicitarle al Estado mexicano frenar su participación en el protocolo, reconociendo que su reactivación sería contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que viola el debido proceso, el derecho al asilo y los compromisos internacionales que ha pactado el gobierno de México.
Sin embargo, el 2 de diciembre, Andrés López Obrador, presidente de la República, anunció el restablecimiento del programa junto con el gobierno de Estados Unidos.
Así inició su reactivación el lunes 6 de diciembre en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Laredo y Brownsville.
De acuerdo con la organización, a una semana de su activación, ya se registraron las dos primeras devoluciones de personas migrantes centroamericanas.
Recordemos que mientras estuvo activo dicho protocolo (de enero 2019 a enero 2021) más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron regresadas a México. En su retorno, la población migrante se enfrentó a condiciones precarias de estancia, como: falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda.
De acuerdo con las organizaciones, los grupos más afectados fueron mujeres (40%) y niñez (33%), de la población retornada. La mayoría de las mujeres fueron víctimas de violaciones, secuestros y extorsiones sin una reparación al daño. Por su parte, la niñez estuvo expuesta a condiciones de estrés postraumático en su espera en el país.
En el caso de la población haitiana, especialmente las mujeres y niñas, su ingreso al programa incrementó sus condiciones de vulnerabilidad, no solo por el riesgo de volver a su país, sino por las barreras del idioma, discriminación en razón de género, racismo y xenofobia que sufren en México.
Contrario al programa implementado de enero 2019 a enero 2021, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta vez retornarán a personas de todo el continente, incluido Haití, pese a las dificultades que se han documentado para esta población.
Si bien, el nuevo programa establece medidas parecidas al programa anterior que nunca se cumplieron, como: protección a la unidad familiar, acceso a servicios legales, acceso a albergues, algunas exenciones para grupos vulnerables y acceso a la vacuna contra la COVID-19, “no hay forma que el MPP pueda volverse un programa” expresan el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
El MPP, sigue exponiendo a las personas migrantes a condiciones de violencia. Además, durante su espera -de al menos seis meses- para la resolución de sus procesos de asilo en el lado mexicano, no consiguen reunirse con abogados para desarrollar sus casos, dejándolos a la deriva y sin apoyo alguno.
Frente a este escenario, las organizaciones civiles como IMUMI, señalan que reinstalar el programa “nos hace cómplices” de que las mujeres, niñez, adolescentes y familias vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas, puesto que, como país “no nos negamos” a participar en una política que pone en riesgo la vida de la población y, a su vez, es contraria a su legislación.
