Medio Ambiente
¿Cuáles han sido los avances jurídicos y legales que se han tenido del Parque Resistencia Huentitán desde aquella acción violenta cometida por la Fiscalía del Estado de Jalisco? ¿Qué sigue para quienes se oponen a lo que denominan la mafia inmobiliaria?
Por Josué Ibarra/ @josueibarrasala
“A raíz del desalojo que nos hicieron el 19 de agosto, hemos interpuesto varias denuncias porque esa acción violenta estuvo plagada de irregularidades e ilegalidades”, así lo afirma y sostiene Arturo Mendoza, miembro del colectivo Huentitanes y vecino de las colonias aledañas a la barranca de Huentitán en Guadalajara, Jalisco.
A cuatro meses de este desalojo cometido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la organización vecinal no ha bajado la guardia, pues mantiene una serie de procesos legales para demostrar cómo la autoridad operó de manera “mañosa” para entregar ese bien público a intereses inmobiliarios particulares.
“No nos mostraron la orden de desalojo emitida por el juez, y la orden del desalojo que mostraron tiene una serie de irregularidades; por ejemplo, la fecha era un error importante, pues tenía fecha del año pasado y eso no es un simple error. Además hay otra serie de irregularidades para justificar un desalojo irregular, pues el domicilio que marcaba esa orden marcaba otra calle”, remarca Arturo.
Además señala que la actuación judicial también ha sido deficiente, pues en sus múltiples proceso se les ha solicitado a varios jueces, mediante un amparo, que se reconozca la ilegalidad de la acción cometida; sin embargo, lo que les han dicho a los colectivos y vecinos es que ellos no tienen la capacidad jurídica para reclamar eso porque no son dueños del predio, lo cual para los vecinos es absurdo porque esos “terrenos pertenecen al pueblo, ya que fueron pagados con dinero público”.
“Nosotros lo hemos señalado, el interés jurídico que nos compete a nosotros, no sólo por ser vecinos de Huentitán, sino porque somos ciudadanos de la ciudad y pagamos nuestros impuestos… esos terrenos son propiedad del pueblo, así que sí tenemos la facultad jurídica y el derecho a reclamarlos”.
Por ello, es que han acudido a otras instancias como la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR), la cual debería -así lo señala su Ley Orgánica- de que se respete en la construcción urbana los derechos de las y los ciudadanos.
“Sin embargo, nosotros hemos señalado a la PRODEUR toda la serie de ineficiencias que tiene esos terrenos y la PRODEUR se lava las manos, no implementan ninguna acción; además señalan que todo está en regla, cuando nosotros le hemos demostrado con documentos e investigaciones y con documentos obtenidos, a través de la trasparencia de la función pública, que todo está irregular. Sin embargo la PRODEUR señala que todo está bien y, por otro lado, dice que no es de su competencia, siendo que como dependencia debería está supervisando y checando que se esté cumpliendo la ley y el procedimiento urbano en este tema de ICONIA”.
ICONIA es un desarrollo inmobiliario de la Operadora Hotelera Salamanca, empresa que compró 13.6 hectáreas a la inmobiliaria española Mecano América, la cual -a su vez- había obtenido esos terrenos a cambio de la realización de obras públicas con un valor de más de 65 millones de dólares a favor del Ayuntamiento de Guadalajara.
Transacción que quedó avalada, el 19 de junio de 2008, mediante la aprobación del Decreto D54/17/08 donde se cedieron estos terrenos al grupo español MecanoAmérica; sin embargo, esta empresa no sólo incumplió parcialmente las obras prometidas sino que, además vendió estos terrenos a un tercero.
El reclamo de los vecinos es que la autoridad no hizo más que ceder estos terrenos públicos a empresas privadas, siendo que el Decreto 10421 -emitido por el Congreso de Jalisco en 1980- señalaba que en esas hectáreas debían destinarse ala creación de un Parque Municipal y del “Parque Natural Huentitán”; sin embargo, ahora así se construye el desarrollo Puerta Guadalajara (Iconia).
“Los desarrollos de ICONIA presentaron un estudio de impacto ambiental, hecho por dos técnicos españoles, con el cual justifican que no hay problema de impacto ambiental en el desarrollo de la obra; sin embargo, y se lo hemos señalado al juez, esos dos investigadores españoles no tienen acreditada su calidad técnica en nuestro país, por ende, ese estudio de impacto ambiental debería ser nulo, pero lo están haciendo valedero, las licencias y los permiso también están hechos de manera ilegal. Toda esa serie de puntos los hemos señalado ante el juez”.
Al respecto, Arturo Mendoza indica que harán otro amparo más señalando toda la serie de irregularidades realizadas por lo que él denomina una mafia donde están coludidos los jueces, los magistrados y los funcionarios que son encargados de aplicar la ley y no lo hacen.
“Como es el caso del Secretario de Medio Ambiente, Sergio Humberto Graf Montero, quien tampoco checa como se está llevando a cabo las afectaciones en el medio ambiente en la zona, y se hace de la vista gorda. Tenemos todos los documentos, tenemos todos y cada uno de los trámites que hemos a todas y cada una de las dependencias, esto no es nuevo, ya que tenemos ocho años luchando por esto. Teníamos ya cinco amparos, pero nos han botado tres, todavía están vigentes dos aunque están colgados de las uñas, pero seguiremos con todo este trámite jurídico para demostrar que hay una mafia que esta de lado de las mobiliarias”, menciona el miembro del colectivo Huentitanes.
Así mismo agrega que también han apostado por tramitar un juicio político para todas y todos los funcionarios públicos resposables.
“Esto para evidenciar y dejar bien claro que tipo de autoridades tenemos en Jalisco, así que vamos a acudir nuevamente con el gobierno federal para que sepan que el gobierno estatal no está a disposición de aplicar la ley como debe ser, pues se están saltando los amparos y están criminalizando a los compañeros como pasa con Javier Armenta, a quien se le está señalando de que ocupó el predio para fines personales, de ese tamaño son ruines y mezquinas nuestras autoridades, lo queremos dejar muy claro, nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad, nosotros estamos defendiendo lo que es del pueblo”.
Para Arturo Mendoza y sus compañeros la lucha seguirá y no descansarán hasta buscar una resolución positiva para que el ahora “Parque Resistencia Huentitán” se respete y se saque de éste a todo interés inmobiliario.
Apoyo incondicional a quien echa a sus espaldas una lucha por los espacios públicos.