La madre de C., la menor de edad que fue víctima de diversas formas de violencia por parte de sus compañeros en la escuela “Marco Antonio Montes de Oca” en Zapopan, denunció que la Secretaría de Educación Jalisco ha entregado parcialmente las copias del expediente interno de investigación sobre el caso. Los documentos son requeridos para continuar con el proceso que llevan Jorge Abraham “N” y María del Carmen “N”, profesor y directora respectivamente de este plantel por el delito de Responsabilidad Profesional y Técnica, al haber sido omisos ante los llamados de ayuda de la víctima.
Ambos han sido vinculados a proceso, sin embargo, la madre de esta niña reclama que por el actuar de la autoridad educativa en el estado, es la tercera ocasión que se posterga la audiencia de presentación de pruebas; además, advierte que, si bien, a ella le fueron entregadas las copias de este expediente, están testadas y no ha sido incluida la ampliación de las declaraciones que tomaron a su hija.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
C. tenía 7 años cuando fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y sexuales que ejercieron en su contra tres de sus compañeras de tercer grado en la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca en la colonia Mirador del Bosque en Zapopan, Jalisco.
Estos eventos sucedieron en noviembre de 2019 y aunque las agresiones fueron reportadas a las autoridades de la escuela, éstas permanecieron omisas. Como presuntos responsables se han identificado a la directora del plantel, al profesor del aula de C. y otros cinco profesores más.
María del Carmen “N”, directora de la escuela fue vinculada a proceso el 21 de octubre y Jorge Abraham “N”, el profesor de aula de C. el 4 de noviembre de 2021, ambos por el delito de Responsabilidad Profesional y Técnica.
Hasta el momento, han trascurrido dos audiencias ante el juez; sin embargo, la tercera ha sido postergada en al menos tres ocasiones debido a que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no ha hecho llegar al Ministerio Público las copias del expediente interno que la dependencia presuntamente lleva sobre el caso, así lo denunció Alejandra, la madre de C.
En entrevista informó que personal del Órgano de Control Interno de la SEJ ha argumentado que no ha hecho entrega de los documentos porque “no se los han requerido”, aun cuando el Ministerio Público los ha solicitado en dos ocasiones.
Frente a la urgencia de tener este expediente y dar continuidad al proceso de justicia de su hija, Alejandra refirió que tuvo que esperar 7 horas en las instalaciones de esta institución para tener acceso al expediente. Sin embargo, esto no fue todo, pues durante esta espera recibió un mal trato de los servidores públicos a cargo, lo que la llevó a presentar una queja:
“Ese día, que fue el 4 de noviembre, tuve que levantar una queja ante el director de investigación de control interno y ante nuestra abogada ahí en la SEJ, porque se burlaron de mí y de mi asesora jurídica. Ella les exigía que nos las entregaran y el director del área de investigación se reía” explicó.
Estos documentos resultan sumamente importantes para la madre de C. porque con ellos se dará seguimiento al proceso judicial que llevan el profesor y la directora por su responsabilidad profesional y técnica en este caso.
“Para que quede constancia de la omisión de la que fueron parte y que recae en el delito de Responsabilidad profesional y técnica. Ellos siempre supieron e hicieron caso omiso. Mi hija siempre se lo hizo saber, le pidió ayuda y no hizo nada por ella” manifestó.
Respecto a las copias del expediente que fueron entregadas a la madre de C., ella denuncia que son 900 hojas testadas y que en lo que es legible no se observan avances en el caso; por ejemplo, no está la ampliación de la declaración que C. dio a las autoridades luego de que su madre interpusiera la denuncia.
Es importante señalar que ya existe la Recomendación 183/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco, la cual reconoce una “serie de omisiones cometidas por personas servidoras públicas pertenecientes a la escuela primaria” previamente señalada.
Además, se le recomienda que “gire instrucciones al personal administrativo a su cargo para que se realicen las gestiones pertinentes a efecto de colaborar ampliamente en la investigación, sustanciación y conclusión del expediente 019/INV/2020 que actualmente tramita el Órgano Interno de Control de esa Secretaría”.
No obstante, señaló Alejandra, “no están haciendo nada y la verdad están haciendo que esto sea más tardado”.
Además de dar celeridad a la entrega de estos documentos para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente, la madre de C. ha demandado que se le brinde la atención necesaria a su hija, quien ha sido diagnosticada con estrés postraumático. De acuerdo con ella, pese a que fue canalizada al Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) no hay personal especializado en el área de Paidopsiquiatria, rama de la psiquiatría específica para atender a la infancia y adolescencia.
Lo que le ha quedado es llevar a C. a terapias psicológicas al Centro Médico de Occidente, donde por ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recibido también los medicamentos de los que depende.
La afectación para toda la familia de C. es “irreparable” dice Alejandra e insiste en su llamado:
“Yo quiero que me la ayuden, que nos ayuden, que no nos la dejen. Que la manden a un lugar donde la puedan atender. No es justo, que yo tenga que seguir sacando dinero y tener que pagar todo. ¡Qué pasaría si yo no fuera derechohabiente! A mi niña me la marcaron de por vida” finalizó.
