En agosto del 2021, un fallo de una corte en Texas obligó al gobierno estadounidense a reactivar el protocolo “Quédate en México”, el cual deja en espera a miles de solicitantes de asilo en la frontera sur de México.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos han llamado al gobierno mexicano a que no participe en su reanudación, ya que sin la participación del Estado mexicano el Protocolo no podrá restaurarse.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
Fotografía de portada Mario Marlo / @MarioMarlo
El pasado 24 de agosto el Tribunal Constitucional de Texas ordenó a la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos (EU), reactivar el protocolo “Quédate en México”, también conocido como “Migrant Protection Protocols” (MPP), el cual consiste en que las personas que solicitan asilo en este país deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. El proceso de asilo puede tardar varios meses, ya que las personas deben presentarse a múltiples audiencias.
De enero de 2019 a enero de 2021 fueron regresadas a México más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, la mayoría de ellas, han denunciado organizaciones de derechos humanos, quedando frente a escenarios devastadores para sus vidas, seguridad, dignidad y acceso efectivo a la protección internacional.
Durante este periodo, además, la población migrante se enfrentó a condiciones precarias de estancia, como: falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. Sin obviar tampoco que estuvieron expuestos a contextos violentos, tal es el caso de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos cometidos por el crimen organizado y diversas autoridades.
Ante esta posible reactivación, doce organizaciones de la sociedad civil, Oxfam México y Oxfam Américas presentaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae (un escrito realizado por terceros sobre un caso), con el propósito de fortalecer el amparo 302/2020 que se encuentra en revisión desde el 2020.
Las organizaciones firmantes del amicus curiae son: Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Human Rights Initiative of North Texas (HRI), International Refugee Assistance Project (IRAP), Latin America Working Group (LAWG), Mississippi Center for Justice, Oasis Legal Services, Oxfam America, Oxfam México, Professor Denise Gilman – University of Texas Immigration Law Clinic, Professor Sarah Paoletti – University of Pennsylvania Transnational Legal Clinic, RefugePoint, el Tahirih Justice Center, y Witness at the Border.
De esta manera, le solicitan al Estado mexicano frenar su participación en el Protocolo “Quédate en México”, reconociendo que su reactivación sería contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que viola el debido proceso, el derecho al asilo y los compromisos internacionales que ha pactado el gobierno de México.
Para las organizaciones, es primordial que el Estado mexicano atienda la solicitud de no participar en su restauración, debido a que una de las condiciones que se señala en la resolución de la Corte de Texas es que sin la participación del Gobierno de México el Protocolo no podrá ejecutarse.
Alexandra Haas, directora de Oxfam México, puntualiza que si se acepta la reactivación del MPP se estarían violando, nuevamente, los estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional del país.
Anudado a ello, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) señalan que es esencial “desentramar” los efectos que tuvo el mecsnismo sobre las personas, en particular en las mujeres y la niñez y adolescencia, quienes representan más del 60% de la población afectada.
Desde febrero de 2020, la SCJN tiene en sus manos la revisión de la participación del gobierno mexicano en este Protocolo. No obstante, han pasado 9 meses y hasta la fecha las y los ministros siguen sin pronunciarse, por ende, no existe una fecha exacta de cuándo podría ponerse en marcha o no la reactivación del protocolo.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de poner fin a esta situación, por lo que llamamos a las y los ministros a terminar con esta política inhumana” sentenció Alexandra Hass.
