La asociación civil considera preocupante la disminución de recursos para algunos organismos que deben atender la crisis de derechos humanos, e incluso, el aumento presupuestal para otras instituciones, pues les parece insuficiente ante la magnitud de los problemas en Jalisco. Por eso hacen un llamado al Congreso del Estado para que asignen el dinero necesario para la implementación efectiva de las leyes en torno a la tortura y desaparición.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
El pasado 1 de noviembre el Poder Ejecutivo de Jalisco presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2022 ante el Congreso del Estado. Sin embargo, según los cálculos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) los recursos económicos planteados aun serán insuficientes para atender las crisis de desapariciones y tortura en Jalisco.
Con ello, nuevamente se demuestra que no existe voluntad suficiente por parte de las autoridades para garantizar la justicia, el cumplimiento de las leyes locales y la reparación integral del daño a las miles de víctimas que la crisis de derechos humanos ha dejado en la entidad.
La reacción de CEPAD se manifestó en una carta entregada a los y las legisladoras del estado en la que la asociación subrayan la magnitud de los problemas en Jalisco, para luego mostrar su preocupación por las partidas reducidas.
Finalmente, conscientes de que es fundamental que las instituciones cuenten recursos económicos, humanos y materiales para cumplir con su trabajo, exigen que se reajuste el Presupuesto de Egresos para el próximo año antes de aprobarse.
“Que se prioricen las necesidades operativas y mejoras en la capacitación y ampliación del personal e instalaciones para todas las instancias encargadas de atender estas graves violaciones a los derechos humanos”, dice la organización en el documento que entregó el 12 de noviembre.
Con respecto a la situación de tortura, CEPAD explica que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 es el primero que asigna recursos para la investigación de este delito. No obstante, los más de 2 millones 689 mil pesos propuestos resultan insuficientes para hacer frente a la impunidad y garantizar la atención a víctimas.
Y es que las deudas sobre el tema son considerables. La primera es la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de la Tortura, una obligación para todos los estados del país señalada en la Ley General en la materia desde 2017. Si bien en 2018 se creó una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de Jalisco, esta no cumple con las características señaladas en la legislación: no tiene autonomía técnica, operativa, ni presupuestal.
En segundo lugar, aunque el presupuesto para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aumentó, se debe traducir en el incremento de dinero para la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura. En la actualidad dicha unidad está sobresaturada y no tiene los recursos para responder a la demanda de exámenes periciales.
Los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) muestran que se han presentaron mil 604 quejas por tortura desde el año 2000 hasta septiembre de 2021. Eso sin contar los casos no denunciados por temor de las víctimas a sufrir represalias, por desconfianza en las instituciones y por la impunidad total respecto al tema.
Lo anterior deja a Jalisco como el primer estado de México en cuando a comisión de tortura según organizaciones de la sociedad civil como World Justice Project y Causa Común.
Desde el CEPAD exigimos presupuesto suficiente para que sean atendidas las víctimas de tortura y desaparición
Hoy entregamos una carta al @LegislativoJal solicitando que reasignen el presupuesto para el año 2022 a fin de garantizar sus derechos
Carta📄 https://t.co/XPpdBl1kgN pic.twitter.com/97ytLLcmEA
— CEPAD (@CEPAD_AC) November 12, 2021
En cuanto a la crisis de personas desaparecidas, CEPAD explica que la ausencia de políticas de prevención del delito y las deficiencias en el sistema de procuración de justicia han llevado a la entidad a acumular más de 14 mil 700 casos, en los que no solo las personas ausentes son víctimas, sino también sus familias.
Sin embargo, la aprobación reciente de leyes estatales en materia de desaparición, y su consecuente correcta aplicación, deberían ser otro incentivo para priorizar el presupuesto suficiente para la búsqueda, investigación, identificación forense, prevención, atención a víctimas y creación de mecanismos de participación conjunta.
En el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se dicen consternados por la disminución de medio millón de pesos al presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) en el rubro de servicios generales. Aseguran que la reducción de recursos en esta área podría tener “un impacto importante para las acciones de búsqueda operativa”.
Al contrario de lo que se proyecta, se deben reforzar las capacidades técnicas, humanas, operativas y financieras para generar mejores acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
En la actualidad la COBUPEJ solo tiene a 11 técnicos especializados, todos en la sede central de la Comisión, ninguno en las oficinas regionales. Eso significa que cada uno debe atender mil 332 casos de personas desaparecidas en todo Jalisco.
CEPAD también se mostró en desacuerdo con la reducción del 7.73% del presupuesto para el programa operativo “Acompañar la ausencia” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Mediante él, las familias de víctimas de desaparición reciben atención psicológica, legal y económica que no debe faltar.
Para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) se contempla un incremento de 3 millones de pesos para el pago de la nómina en 2022. Eso se ha calificado como positivo porque podría reflejarse en el aumento de los asesores jurídicos que atienden solicitudes de declaraciones especiales de ausencia por desaparición.
Aun así, esa proyección de presupuesto es insuficiente para dar respuesta a las miles de víctimas en el estado y para que la Comisión mejore sus instalaciones con el fin de que sean más incluyentes, accesibles y dignas para todas las personas.
Lo mismo sucede con los aumentos presupuestales para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Las y los especialistas de CEPAD se muestra preocupados porque no sean suficientes.
Por todo lo anterior la organización hace un llamado a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco para que asigne partidas presupuestales suficientes para la efectiva implementación de la Ley General en Materia de Tortura, la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.
Además, se considere el presupuesto necesario para garantizar la participación conjunta de familiares de personas desaparecidas.
