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En un informe entregado a la ONU, buscadores acusan caos en materia de identificación forense e investigación. Recordaron que en México sólo hay 35 sentencias por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, a pesar de que la Fiscalía General de la República tiene mil 650 averiguaciones previas por estos delitos
Texto: Redacción
Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores
Este sábado 13 de noviembre, llegó el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas a nuestro país. Es la primera vez que el CED realiza una visita oficial a México.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó del hecho; destacó que estarán en territorio mexicano, del 15 al 27 de noviembre: la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, los expertos, Juan Pablo Albán Alencastro, Sergio Giulian, Juan José López Ortega, Horacio Ravenna; y la secretaria del Comité, Albane Prophette Pallasco.
“México ha reconocido que prevalecen desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y que es fundamental reforzar las políticas y estrategias para abordarlos de manera integral y con la cooperación internacional del sistema multilateral”, afirmó la cancillería en un comunicado.
Frente a esta visita, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que aglutina a 35 colectivos de familiares de desaparecidas y desaparecidos a lo largo del país, hizo públicos los informes entregados al CED e instó al gobierno mexicano a que empiece a funcionar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
El MEIF es un mecanismo multidisciplinario, creado a partir del diálogo entre el gobierno y las familias, con el acompañamiento de organismos internacionales. Fue presentado en agosto pasado coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
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Actualmente existen por lo menos 52 mil 004 personas fallecidas sin identificar; la gran mayoría en fosas comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías. Asimismo, hay más de 94 mil 362 personas desaparecidas o no localizadas, la mayoría de éstas (99 % de los registros) son después de 2006.
“En particular, existen 84,724 personas desaparecidas y 9,362 personas no localizadas”. Además las entidades federativas con mayor índice de registros son Jalisco (con 14,574), Tamaulipas (con 11,722) y Estado de México (con 10,105). En cuanto a la distribución por género se trata de 70 mil 195 hombres y 23 mil 146 mujeres”. Así lo especifica el informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
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Crisis forense
El informe presentado señala un claro “caos” en materia forense; esto se atribuye directamente a la falta de personal capacitado, falta de insumos y de estandarización. Esto ocasiona que aún a pesar de contar con pruebas genéticas, no se pueda realizar una identificación en muchas ocasiones.
“A manera de ejemplo del caos forense que existe en México, en la mayoría de nuestros casos, las y los familiares hemos contribuido a través de la entrega de material genético para la identificación. Estas muestras se han otorgado a diversas instituciones, entre ellas, agentes del Ministerio Público, Servicio Médico Forense, Comisiones de Búsqueda, Fiscalía General de la República (incluso dos fiscalías especializadas sin que estas se compartan el perfil genético) e Institutos de Ciencia Forense. Estas muestras, además, se han brindado -en por lo menos la mitad de los casos- en más de una ocasión, siendo preocupante que en al menos cinco casos se han entregado muestras cinco veces”.
Por estas y otras cosas, el gobierno accedió a crear un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para atender la acumulación de personas fallecidas sin identificar en todo el país.
En el papel, el Mecanismo es una institución multidisciplinaria con autonomía técnica y de gestión; esto con el fin de que su trabajo sea autónomo del Estado; se impulsó que la contratación de su directorio fuera a través de agencias de Naciones Unidas.
En México sólo existen unas 35 sentencias por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Si la Fiscalía General de la República cuenta con 1650 averiguaciones previas por estos delitos, esto implica una impunidad en más del 98% de los casos.
Algunas de las recomendaciones para este Mecanismo extraordinario son:
- Asignar una partida presupuestaria dirigida de manera directa y específica al MEIF, a fin de asegurar su operación.
- Garantizar la participación efectiva de familiares de personas desaparecidas en la construcción de los planes de trabajo.
- Respetar la autonomía técnica y de gestión del MEIF.
- Expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios. En particular, ampliar la plantilla de peritos en especialidades relativas a identificación humana (especialmente profesionales forenses en antropología, odontología, dactiloscopía, genética, radiología y arqueología) de manera proporcional a la crisis forense que enfrenta el país.
La burocracia del mp
El informe señala, entre otros, un asunto que detiene mucho las investigaciones: la gran rotación del personal ministerial. En la encuesta realizada al interior de los colectivos del MNDM, de las 131 personas que respondieron esta pregunta, 58 (es decir, el 44%) señalaron que han cambiado de ministerio público tres veces o más.
Además, al inicio de la desaparición, incluso cuando las familias tienen información sobre el
posible paradero, los agentes del ministerio público no actúan inmediatamente, “tanto por falta de voluntad como por una burocratización desmedida”.
Nadie sabe realmente de qué tamaño es el problema de los desaparecidos en México
El informe prosigue: en México, la mayoría de los delitos no se denuncian. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo se denuncia el 10.1% de los delitos que se cometen en el país.
Se inician carpetas de investigación en el 66.9% de los casos denunciados. Es decir, de acuerdo con datos de INEGI, se inicia una carpeta de investigación en el 6.7% del total de los delitos que se estima se comenten en el país. No se cuentan con datos certeros sobre la “cifra negra” de personas desaparecidas; sin embargo, en materia de secuestro, el mismo estudio del INEGI, arroja una “cifra negra” de 98.6%.
«Es necesario enfatizar que muchas personas no denuncian la desaparición de alguna persona por miedo a represalias, así como por falta de confianza en las instituciones investigadoras», advierte el informe.
Esta desconfianza es fundada. El informe advierte: en general, no se investigan de forma efectiva las omisiones o dilaciones durante el proceso de la investigación, «lo que imposibilita aplicar sanciones o incluso iniciar procesos penales contra funcionarios que pudieran estar coludidos con los grupos criminales».
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El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/11/INFORME-MNDM-CED.pdf
