El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó su informe “El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes”. El documento muestra una revisión sistemática de los últimos 10 años en materia de derechos reproductivos en México, a través de la revisión de cinco temas prioritarios: aborto, violencia obstétrica, muerte materna, conciliación de la vida laboral y reproductiva y reproducción asistida.
Además, realiza un análisis de los estándares de protección de derechos humanos nacionales e internacionales, marcos normativos, datos estadísticos e información pública obtenida mediante solicitudes de acceso a la información durante el periodo de 2010 a 2020.
Entre otros elementos importantes el informe contiene los casos de personas y familias que GIRE ha acompañado en la búsqueda de justicia y una reparación integral por violaciones a sus derechos humanos.
Por Karen Villalobos
El informe “El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documenta los sucesos que han marcado el camino de la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en México. Entre ellos se destaca la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, las reformas a la NOM 046 y la adición en 2014 de los artículos 215 Bis 1 y 215 Bis 6 al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Estos eventos significaron importantes avances para garantizar los derechos de las víctimas de violación sexual. Aunado a estos, están las sentencias de Marimar, Fernanda y Marisa, que representaron logros fundamentales en el acceso a la autonomía reproductiva.
Luego, en 2019, vino la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Oaxaca y dos años después se sumaron Hidalgo y Veracruz. De forma más reciente el informe celebra los fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta; la reiteración de que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y que la protección a la vida prenatal no puede representar un obstáculo para el acceso a servicios de aborto; así como, la determinación de que la objeción de conciencia no es absoluta y que su ejercicio debe respetar los derechos humanos de las personas, en particular, la garantía de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto.
Aún con ello, GIRE enmarcó en su informe la necesidad de seguir sumando esfuerzos para que el acceso al aborto legal seguro y gratuito sea una realidad para todos los rincones del país.
Durante la presentación del informe el pasado 9 de noviembre a través de la modalidad virtual, Rebeca Ramos, Directora ejecutiva de GIRE; Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación Contra las Mujeres y Niñas; Margarita Ríos Farjat, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Gabriela Warkentin, periodista e investigadora, hablaron también sobre violencia obstétrica en México.
Advirtieron que, si bien, la problemática ha sido reconocida en las leyes locales de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la Ley del Seguro Social y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el concepto plasmado en la legislación no ha sido suficiente. Por ello, consideraron fundamental no perder de vista que la violencia obstétrica tiene su origen en fallas estructurales, como: la insuficiencia de infraestructura, personal de salud, instrumental y de equipamiento dentro de los servicios de salud.
Por otro lado, el informe destaca que debido a la crisis sanitaria que detonó la pandemia por COVID-19, se disminuyeron las opciones que las mujeres tenían para recibir atención médica prenatal y durante el parto, lo cual derivó en un aumento significativo de los casos de muerte materna en el país. Explicaron que la problemática se acentuó en mujeres de zonas rurales y comunidades indígenas debido a que la concentración de servicios de salud ha permanecido en mayor medida dentro de las capitales y zonas urbanas.
Frente a esta realidad, GIRE insiste en que exista una “constante y suficiente previsión presupuestal para el rubro de salud materna, sexual y reproductiva”, ya que, señalan que México sí cuenta con un marco normativo de política pública que, si fuera debidamente implementado, permitiría avanzar en la disminución de muertes prevenibles durante el embarazo, parto y puerperio.
Para finalizar, en materia del acceso y práctica de la reproducción asistida, GIRE consideró fundamental que la normativa que se adopte en torno a ésta debe integrar una perspectiva de género, respetuosa de los derechos humanos y del progreso científico, de conformidad con los estándares más altos de protección reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México.
El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes concluye señalando que, si bien han existido grandes avances en materia de justicia reproductiva, aún quedan muchas barreras que subsisten y que deben ser atendidas por el Estado mexicano. Los logros y retos reflejados en este documento son una clara muestra de que la justicia reproductiva es un objetivo posible por el que vale la pena seguir luchando.
Te invitamos a consultar el informe: https://unadecadajusticiareproductiva.gire.org.mx/?fbclid=IwAR1-9GdkDb5BZHINpLTOyy2FUR3QnhWKmN8o7Y61yWve_CHmuYLqRziJqbY
