En América Latina y El Caribe hay alrededor de 70 millones de personas con alguna discapacidad, sin embargo, este sector de la población es uno de los más excluidos en la región, así lo informó Dorian Rommens, titular de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas en la Oficina de la UNESCO en México.
En el marco del Tercer Encuentro Internacional de Cultura Auditiva, organizado por PAP Escucha México y Cultura auditiva del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el coordinador expuso que frente a esta realidad uno de los mayores desafíos que enfrenta Latinoamérica es garantizar ciudades incluyentes y accesibles para todas las personas que viven con discapacidades.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ilustración de portada: ICCAR/UNESCO / Coalición LAC
En el mundo hay más de mil millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS); por ello, las ciudades requieren de una planificación urbana accesible e inclusiva, afirmó Dorian Rommens titular de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) en México.
Rommens, fue invitado al Tercer Encuentro Internacional de Cultura Auditiva para hablar sobre la importancia de promover la inclusión social en las ciudades, específicamente, para las personas con discapacidad, desde un enfoque de igualdad de género, los derechos humanos, la lucha contra el racismo y la discriminación
En su intervención expuso que, de estos mil millones de personas con alguna discapacidad en el mundo -y que representan el 15% de la humanidad-, al menos 70 millones se encuentran en América Latina y el Caribe; mientras que, en México, existen 6 millones 179 mil 800 personas con estas condiciones, lo que representa el 4.9% de la población total del país, de acuerdo con el último CENSO 2020.
“Una persona sobre 20 y sobre todo en las ciudades, vemos muchas personas que padecen algún tipo de discapacidad y por eso es importante que podamos crear esos ciudades accesibles e inclusivas” manifestó.
En el caso puntual de quienes viven con algunos grados de pérdida auditiva, la OMS calcula que hay cerca de mil 500 millones de personas con esta condición y alrededor de 430 millones requieren servicios de rehabilitación. Además, se estima que una de cada cuatro personas en el mundo, casi 2 mil 500 millones, vivirá con algún nivel de pérdida auditiva en 2050.
Son “más de mil millones de adultos jóvenes los que corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable debido a prácticas auditivas poco seguras” expresó Rommens.
De manera contrastante expuso que, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, “es una realidad que en muchos países existen pocos servicios adecuados y de calidad para las personas con discapacidad”, situación que se recrudeció con el inicio de la pandemia por COVID-19 y que generó a su vez una “crisis multidimensional” que afectó especialmente a este grupo de la población.
Al respecto, Dorian recordó la declaración de Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien reconoció que “las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en términos de víctimas mortales”. Guterres instó también a los gobiernos a incluir a las personas con discapacidad en sus actividades de respuesta a la COVID-19 y de recuperación posterior, así como a que fueran consultadas e invitadas a colaborar en estas medidas.
“Cuando garantizamos los derechos de las personas con discapacidad estamos invirtiendo en nuestro futuro común” dijo Guterres.
En ese sentido, Dorian expuso que la pandemia ha afectado a más de 1000 millones de personas con discapacidad.
Reconociendo que México es uno de los casi 150 países que han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, advirtió que está comprometido a garantizar que las personas con alguna discapacidad tengan derecho a “gozar del más alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación” como lo determina el artículo 25 de dicho documento. Además, está comprometido a presentar informes periódicos al comité para rendir cuentas sobre los avances al cumplimiento de esta convención.
De cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, ambas presentadas en 2016, Dorian Rommens manifestó que uno de los desafíos más grandes que mantienen América Latina y México son las desigualdades existentes entre los distintos grupos de la población. A ello, se suma que ésta es la región más urbanizada en el mundo “casi el 80% de la población vive en ciudades” precisó, lo que se vuelve en un nuevo desafío y pone sobre la mesa uno de los cuestionamientos más importantes “¿cómo podemos desde la ciudad trabajar el tema de accesibilidad e igualdad para las personas con discapacidad? ” señaló.
Si bien, la Nueva Agenda Urbana construida por ONU Hábitat, busca definir “los principios de planeación urbana con cero discriminación e incluyendo las ventajas para personas con discapacidades que permitan que todos y todas puedan gozar de los beneficios que tienen las urbes”, resulta vital que para su puesta en marcha 1) se incluyan todas las discapacidades en todos los contextos, sectores, legislaciones y estructuras regulatorias de los países y 2) se garantice la participación de las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.
“Estas dos agendas nos crean un marco a nivel internacional, sobre todo una óptica crítica para que los tomadores de decisión puedan formar este futuro urbano más accesible para todas y todos” advirtió.
Ciudades incluyentes
A través del trabajo que realiza la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina de la UNESCO en México, Dorian compartió que han creado una plataforma de “redes de ciudades”, también llamadas “ciudades creativas” y que ahora mismo hay nueve alrededor del país, cada una con diferentes objetivos; por ejemplo, en Guadalajara se encuentra la Ciudad Creativa Digital y en Mérida la Ciudad Creativa en materia de Gastronomía.
También existen las redes de ciudades de aprendiza con enfoque en educación, éstas tienen la característica de ser incluyentes y sostenibles y forman a su vez parte de una coalición internacional con capítulos regionales. En el caso de América Latina está la “Coalición de ciudades latinoamericanas y caribeñas contra la discriminación, la xenofobia y el racismo”. En México hay dos: Ciudad de México y León. Su fin es intercambiar buenas prácticas de las grandes urbes en materia de inclusión social y sostenibilidad.
“Es importante la creación de estas redes para que se compartan buenas prácticas, conocimientos y desafíos para fomentar la inclusión en sus propias ciudades” señaló.
En su experiencia, “existen varias barreras para la inclusión efectiva de todas las poblaciones y personas con discapacidad”, tales como la falta de acceso a servicios como el transporte, los espacios públicos y el empleo, de aquí que se busque trabajar con los gobiernos locales para fomentar escenarios sociales inclusivos para todas las personas, particularmente para quienes viven con discapacidad.
Por ejemplo, en febrero de 2021 se llevaron a cabo los “Diálogos por la inclusión” en el municipio de León, Guanajuato, espacio donde se generaron a través de varias sesiones de trabajo, escucha y reflexión, recomendaciones de políticas públicas y principios claves para el desarrollo inclusivo de las ciudades, entre los cuales destacan:
- No discriminación,
Reconociendo el principio de “no dejar a nadie atrás”, establecido en Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, debe de privilegiarse la creación de políticas urbanas inclusivas, que incorporen el acceso equitativo y asequible y con la infraestructura física, social y digital en las ciudades para todos y todas.
- Participación
Este principio busca garantizar la creación de mecanismos de participación para la ciudadanía, que sean capaces de reducir las barreras de comunicación que existen entre sociedad y gobiernos. En estos, advirtió Dorian, “se debe incluir a las personas con discapacidad para que puedan compartir con las personas tomadoras de decisiones los desafíos, las realidades y los contextos que enfrentan dentro de las ciudades”.
- Accesibilidad
Debe ser una prioridad en las políticas urbanas y rurales como mecanismo para medir entornos no discriminatorios.
- Políticas y programas urbanos inclusivos.
Este principio llama a armonizar las legislaciones y reglamentaciones internacionales y locales existentes en materia de accesibilidad.
- Desarrollo de capacidades
- Datos para el desarrollo
Estos dos últimos principios consideran importante la creación de indicadores y registros, que permitan observar y cuantificar el avance de los Estados en las condiciones de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en las ciudades y el acceso a servicios.
Por otro lado, Dorian expuso que, como respuesta a la carencia de información actualizada y comparable que facilite hacer intervenciones en situaciones de crisis dentro de los Estados que conforman la región, se presentó en agosto de 2020 el informe Respuesta inclusiva al Covid-19 con perspectiva de discapacidad en Latinoamérica y el Caribe: Buenas prácticas y propuestas para la acción.
La investigación buscó mapear y conocer cómo los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil han logrado dar una respuesta inclusiva a las personas con discapacidad en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
“Se trata de un mapeo de mejores prácticas y programas identificados y sobre todo recomendaciones, un cierto plan de acción que pueda ayudar a nuestros países y ciudades a fomentar la inclusión social para las personas con discapacidad”.
Se identificaron 77 buenas prácticas en 12 países que se han agrupado en categorías claves para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, entre los desafíos se identificó “una predominancia del modelo asistencialista en la aplicación de iniciativas para las personas con discapacidad” sentenció Dorian, contrario al enfoque en derechos humanos y a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Cuáles son los elementos que se deben incluir todas aquellas iniciativas o acciones que pretender ser consideradas como prácticas realmente inclusivas?
En opinión de Dorian, “la respuesta a las diversas crisis como la pandemia, debe considerar la marginación, la discriminación, la exclusión y las desigualdades preexistentes de las personas con discapacidad para garantizar que no se queden atrás”.
También, deben contemplarse los principios de interseccionalidad y multidisciplinariedad para generar respuestas apropiadas y verdaderamente incluyentes.
Desde la UNESCO se ha establecido un listado de elementos con disposiciones específicas para hacer más sencilla la tarea a los Estados, estos son:
- Consulta y participación activa de las personas con discapacidad
*Las organizaciones de la sociedad civil y los Estados realizan acciones de manera articulada y coordinada.
*Existen espacios sostenidos y horizontales de diálogo con personas con discapacidad y sus organizaciones
*Se dispone de mecanismos de consulta accesibles
- Enfoque de Derechos Humanos
*Se realizan acciones basadas en al menos uno de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
*Las prácticas que se desarrollan promueven la difusión y el cumplimiento del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
*Se desarrollan prácticas que permiten la codificación, conocimiento y autodefensa de los derechos de las propias personas con discapacidad.
- Accesibilidad universal para su difusión e implementación
*La información es difundida en diferentes formatos y/o con accesibilidad universal: lengua de señas, subtítulos, voz en off y lectura fácil, y por canales más utilizados por las personas con discapacidad: WhatsApp red social más utilizada.
*Se implementan prácticas en entornos accesibles, tanto físicos como digitales.
- Descentralización
*Los gobiernos realizan acciones articuladas para garantizar el alcance de políticas públicas en todo el territorio.
*Los gobiernos locales de las ciudades desarrollan acciones articuladas para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de los programas sin necesidad de desplazarse a la capital del país.
- Desagregación de datos por discapacidad y género
*Todos los formularios de registro incorporan la dimensión de discapacidad para el levantamiento de data.
*Se dispone de un registro nacional de personas con discapacidad en el que se compila de forma unificada y sistematizada la información desagregada de esta población.
*Los instrumentos que se utilizan para la medición de la discapacidad incorporan los estándares internacionales recomendados para este fin.
De acuerdo con Dorian, los beneficios de implementarse estas consideraciones garantizaran: 1) el empoderamiento de las personas con discapacidad; 2) la equiparación de oportunidades y resultados; 3) respuestas al impacto interseccional; y 4) accesibilidad universal.
“Si tomamos en cuenta estas consideraciones, desde UNESCO creemos que se volverán más viables y operativos los derechos de las personas con discapacidad. Creo que los temas muy importantes que buscamos como sociedad es el empoderamiento de las personas con discapacidad, pero también, las respuestas inclusivas, interseccionales que podamos lograr esa inclusión social de las diferentes poblaciones más vulnerables y lograr la disminución de las desigualdades” finalizó.
