Dos años y medio después de que se emitió la orden presidencial para elaborar un diagnóstico de las capacidades forenses en el país —que permita marcar una ruta para devolver el nombre a miles de cuerpos sin identificar—, los resultados siguen sin ser públicos. A dónde van los desaparecidos tuvo acceso a una versión del diagnóstico que incluye información imprecisa, incompleta y con errores.
Por: Mónica Cerbón y Efraín Tzuc para el Proyecto A dónde van los desaparecidos*
El primer diagnóstico gubernamental de los servicios forenses del país —realizado en 2019— que debería servir como base para elaborar un plan que permita devolver la identidad a miles de cuerpos enterrados en fosas comunes, está incompleto y tiene datos imprecisos.
Con todo y ello, el “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país” —documento del cual A dónde van los desaparecidos obtuvo una versión— presenta un panorama avasallador de la crisis forense que atraviesa el país: en 25 de las 32 entidades sólo se identificó a menos del 30% de los cuerpos que, hasta febrero de 2019, se encontraban en los Servicios Médicos Forenses (Semefos).
Atendiendo a una indicación del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) elaboraron el documento a través de entrevistas y cuestionarios aplicados, entre el 1 y 5 de abril del 2019, a titulares de los Semefos y servicios periciales de las 32 entidades.
Uno de los hallazgos más preocupantes que arroja este informe es que, hasta febrero de 2019, a nivel nacional, las instituciones forenses sólo lograron restituir el nombre a 17 de cada 100 cuerpos.
Sin embargo, el documento no contiene un dato clave para dimensionar en toda su magnitud la crisis forense: el número total de cuerpos que permanecen sin identidad resguardados en instituciones forenses del país. El diagnóstico sólo contabiliza aquellos que se encontraban al interior de los Semefos durante el levantamiento de los datos y no a los que han sido enterrados en fosas comunes —donde se encuentra la mayoría de los cadáveres desconocidos— o que fueron enviados a universidades o incinerados o resguardados en otros sitios sin haber sido identificados.
A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006, el número de cuerpos sin identificar creció alarmantemente: una investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos encontró que, al cierre de 2019, la cifra ascendía a 38 mil 891 cuerpos sin nombre. En un informe reciente, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México determinó que, hasta agosto de 2020 el número alcanzaba los 52 mil. A la par, en el país se contabilizan más de 93 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Lo que el documento de 77 páginas sí incluye es información —desagregada por entidad federativa— sobre necropsias realizadas, número de especialistas para la identificación de cuerpos, hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas y la normativa para el procesamiento y disposición final de los cuerpos.
“El fortalecimiento de los servicios forenses y periciales del país es un elemento fundamental en la definición de un Programa Nacional de Exhumaciones que establezca una política nacional para asegurar el trato digno de los cadáveres, así como establecer su identidad y su regreso con sus deudos, esto como un elemento fundamental para asegurar el acceso al derecho a la verdad de las víctimas de delitos que implican violaciones graves a los derechos humanos”, dice el documento titulado “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país”.
En junio de 2019, algunos de los resultados del diagnóstico fueron presentados por el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana. En esa ocasión el subsecretario dijo que:
“Junto con el incremento del número de homicidios y personas desaparecidas, también se alentó una práctica deleznable en nuestro país: a un gran número de cuerpos no se les practicó la necropsia y fueron inhumados indebidamente en distintas fosas comunes, bajo el argumento de que existía una sobrecarga de los servicios forenses a nivel nacional”.
Sin embargo, a las reiteradas peticiones de información realizadas desde entonces a ambas dependencias, y donde se les ha solicitado la versión pública del documento, responden que sólo la FGR tiene este diagnóstico.
Por su parte, la Fiscalía General responde que el documento, que sería el primer paso para elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, continúa en elaboración a pesar de que algunos resultados se presentaron hace más de dos años.
A pesar de la negativa de su existencia y que nunca dejó de ser una versión preliminar, la Fiscalía General sí entregó este documento a las personas expertas que forman el Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario e independiente que se echó andar en agosto de este año para atender la crisis forense. Esto lo aseguró uno de los integrantes en un evento público.
A dónde van los desaparecidos obtuvo la última versión del diagnóstico anterior a la conformación del Grupo Coordinador del MEIF.
Un país que no identifica a sus muertos
De acuerdo con la versión del diagnóstico, hasta el 28 de febrero del 2019, en México había 8 mil 196 cuerpos pendientes de identificación en todo el país.
Las razones para explicar la poca capacidad para identificar cuerpos sin nombre —según se señala en el diagnóstico— tienen que ver con la falta de equipo, personal especializado y las condiciones de los cuerpos no identificados, que muchas veces son incinerados, hallados bajo cuerpos de agua, en fosas clandestinas o desintegrados con soluciones químicas.
El documento también hace evidente la falta de capacidades para analizar y obtener perfiles genéticos: de las 39 mil 475 muestras que se tomaron hasta el 28 de febrero de 2019, sólo se había procesado el 79% y se había obtenido un perfil genético en el 68% de casos. Los estados que obtienen un porcentaje más bajo de perfiles, respecto a la cantidad de muestras, son Estado de México (45%), Guanajuato y Coahuila con 57%, y Nayarit con 27%. Tlaxcala y Yucatán no reportaron ninguna muestra genética por procesar.
De igual forma, el diagnóstico incluye una tabla con datos de cuerpos sin identidad rezagados —anteriores a 2019—, ingresados —hasta febrero de 2019—, identificados y pendientes de identificación. Además, presenta un porcentaje de “productividad” de cada institución forense, es decir, cuántos cuerpos de los rezagados e ingresados lograron identificar.
Según esta información, el mayor porcentaje de identificación lo tienen Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México. Trece estados no lograron regresar el nombre ni al 10% de los cuerpos que resguardaban en sus Semefos. Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas reportaron cero identificaciones.
Infogram
Sin embargo, estas cifras son incompletas: en el caso de Estado de México no se reportaron los cuerpos en rezago, los Semefos de Guerrero no registraron los cuerpos ingresados y en Campeche se identificaron más cuerpos de los que había en rezago e ingreso.
La suma total de cuerpos acumulados también es errónea: mientras en el diagnóstico se reportaron 8,196 pendientes de identificar, el cálculo de los datos presentados, omitiendo Campeche, da 835 menos.
Es importante recordar que en el diagnóstico no se determinó un dato clave para enfrentar la crisis forense: el número de cuerpos en total, tanto en instalaciones forenses como en otros sitios, sólo se documentó una fracción del problema al recabar información únicamente de los Semefos.
De acuerdo con la investigación Crisis Forense, realizada por el Proyecto A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, de 2006 al cierre de 2019, en el país habrían más de 38 mil 500 cuerpos sin identidad. Los cuerpos en Semefos (5 mil 446) representaron apenas el 14%.
Hace un par de meses, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dio a conocer que, hasta agosto de 2020, la cifra ascendió a 52 mil cuerpos anónimos; de estos, 3 mil 641 se encontraban dentro de las instalaciones de las instituciones forenses, lo que significa 7%.
En ese sentido, mientras Nuevo León y Michoacán, Ciudad de México fueron calificados con alto porcentaje de “productividad” para la identificación, lo cierto es que, de acuerdo con el informe del Movimiento, estos estados acumulan 2 mil 77, 765 y 6 mil 701, respectivamente, es decir, casi la quinta parte del total de cuerpos sin identidad.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante el 2020, de 9 mil 908 cuerpos ingresados a 26 instituciones forenses en calidad de no identificados al 22.7% no se les había devuelto la identidad al final del año. Del resto de Semefos ni siquiera se contó con datos.
Sin necropsias
En el documento se señala que la principal causa de que no se identifiquen los cuerpos es la falta de necropsias, es decir, el estudio que obligatoriamente se le debe practicar a cada cuerpo para identificar la causa de muerte y que es indispensable para la emisión del Acta de Defunción y requisito obligatorio para que pueda ser enterrado en fosas comunes.
“Es posible que los Semefos y Servicios Periciales, con autorización del Ministerio Público, hayan expedido certificados de defunción en los que no se les practicó necropsia”, se lee en el diagnóstico.
Durante el periodo 2006-2017, de acuerdo con los datos de Estadísticas Vitales del INEGI, retomadas en el diagnóstico, no se especificó si se le practicó la necropsia a 37 mil 443 cuerpos. Es decir, este dato podría incluir personas fallecidas plenamente identificadas a quienes no se les realizó la necropsia junto con cadáveres que no han sido reconocidos.
En el diagnóstico se atribuye la falta de necropsias al incremento de asesinatos registrados en ese periodo: “que ocasionó la acumulación de cuerpos, y la descomposición de los cuerpos que no alcanzaron a ser procesados a tiempo”.
Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Chiapas fueron las entidades con menor capacidad para practicar necropsias, indica el documento.
Las entidades con mayor capacidad fueron: Ciudad de México —que alcanzó el 98% de cuerpos con necropsias practicadas—, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Colima.
Sin embargo, como se mencionó antes, el diagnóstico no cuenta con datos sobre cuerpos no identificados con los cuales comparar la aplicación de las necropsias. Equiparar ambos procedimientos sería un error, puesto que hay cuerpos sin identidad a los que sí se les practica la necropsia.
De hecho, datos obtenidos en la investigación “Crisis Forense” en la que se consultó a todas las fiscalías estatales muestran que las autoridades que sí entregaron información sobre necropsias practicadas entre 2006 y 2019, reportaron haberla realizado en el 99% de los cuerpos, es decir, en 32 mil 985. Solo en 193 casos reconocieron que no se llevó a cabo el procedimiento.
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, además de la FGR, no especificaron si se realizó o no la necropsia a un total de 5 mil 298 de los cuerpos que ingresaron a los Semefos, según esta misma investigación.
Saturación de Semefos
Hasta 2019, según el diagnóstico realizado entre el 1 y 5 de abril de ese año, en México había capacidad para almacenar 5 mil 190 cuerpos, por lo que había un sobrecupo de 3 mil 6 cuerpos registrados hasta el corte del informe.
Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Morelos y Durango fueron las entidades con mayor nivel de sobreocupación en sus Semefos. Otras entidades que también registraban saturación, aunque en menor medida, eran Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Colima y Baja California. El resto de las entidades se ubicaron por debajo del 100% de saturación de cuerpos en los Semefos.
Sin embargo, en el documento se advierte que no se contabilizaron otros cuerpos desconocidos que también estaban en los Semefos, pero que el Ministerio Público no había ordenado su disposición final, es decir, si se serían donados a una universidad, enterrados en fosa común o resguardados en las cámaras frías de las instalaciones forenses. Esto implica que la cifra en el diagnóstico no es precisa y el sobrecupo sería mayor.
Respecto a la identificación de cuerpos o restos humanos localizados en fosas clandestinas, el diagnóstico indica que Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y Nuevo León fueron las siete entidades que identificaron un número mayor de personas. Pero en el caso de Guerrero no hubo respuesta siquiera sobre cuántos cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas y Nuevo León tenía pendiente de identificar a casi un millón de fragmentos humanos.
Además, los datos de fosas clandestinas, cuerpos y fragmentos recuperados en ellas no son exactos.
“En el periodo referido (2006-2018) se reportó un total de 2 mil 187 fosas clandestinas que fueron intervenidas por los Servicios Periciales de las entidades federativas. Sin embargo, dentro de la información referida, mucha de esta no corresponde con el periodo de tiempo solicitado, sino a un corte distinto (…). De los audios de las entrevistas realizadas se advierte que algunos de los informantes no proporcionaron la información con base en un registro administrativo sino estableciendo un número aproximado al momento de la entrevista”, señala el diagnóstico.
Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Michoacán no reportaron hallazgos durante el periodo referido. El Estado de México y Guanajuato no respondieron a la pregunta.
El caso de Guanajuato es paradigmático puesto que investigaciones académicas y periodísticas revelaron que en ese estado se han localizado —al menos— 235 fosas clandestinas durante el periodo 2009-2020.
Por otro lado, las entidades con mayor concentración de entierros ilegales, de acuerdo con el diagnóstico, fueron Tamaulipas con el 15% (338), Chihuahua 12% (268) y Zacatecas con el 10% (223). “Por su parte la FGR (antes PGR) intervino en el 13% de los casos (293), sin embargo, es posible que haya repetición como parte de la información reportada con las entidades debido a las intervenciones que se han realizado en colaboración”, se indica.
Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos obtuvieron, vía peticiones de información pública, los cuestionarios originales respondidos por Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas para el diagnóstico forense. En ellos se muestran variaciones en el número de fosas y cuerpos exhumados: en Tamaulipas, el cuestionario da cuenta de 311 fosas con 327 cuerpos y 711 restos óseos, mientras que en el diagnóstico el número de fosas ascendió a 338 y el de restos 775. Puebla, por su parte, reportó cuatro fosas con 32 cuerpos y cuatro restos óseos; en el documento que compiló la FGR —en cambio— se da cuenta de 23 fosas con 20 cuerpos y tres restos óseos.
En un reporte reciente, la CNBP contabilizó en total 4 mil 806 fosas clandestinas encontradas de 2006 hasta septiembre de este año en todo el país, un 120% más que en 2018.
Estos datos también presentan inconsistencias: en el diagnóstico Chiapas registra 12 fosas, mientras que el informe de la Comisión Nacional aparece sólo con dos. Por su parte, Nuevo León contabilizó 99 fosas hasta el último corte, pero en el diagnóstico de la Fiscalía General dio información de 119.
La deuda de la FGR
De acuerdo con los hallazgos del documento “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país”, hasta 2019 no existía en México claridad respecto al manejo y trazabilidad —el registro de los lugares donde ha sido resguardado cada cuerpo hasta su destino final de los cuerpos no identificados.
La Ley General de Salud y su reglamento “resulta insuficiente; ya que es poco específica respecto a los procedimientos a seguir en materia de disposición de cadáveres o restos humanos y no logra definir con precisión los tramos de competencia de las autoridades responsables, además de incluir artículos que no guardan relación con lo dispuesto en el resto de la normatividad”, señala el documento.
Mientras que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en materia de información en salud; “contemplan breves apartados” y son poco claras respecto al manejo de cuerpos.
La falta de normatividad y procesos claros también afecta a la puesta en marcha de cementerios forenses en México, de los cuales hay 15 proyectos en marcha: tres en Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero y uno en Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
La FGR tampoco ha puesto en marcha herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, del cual su único avance es el diagnóstico inconcluso, de acuerdo con respuesta de la propia Fiscalía a peticiones de información hechas por este medio.
Según este medio pudo saber, el diagnóstico se realizó a las prisas, se envió de Ciudad de México a gente inexperta que no siempre supo de qué le hablaban cuando llenaban la encuesta y fue difícil homologar los datos. Según Anselmo Apodaca, coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR hasta diciembre de 2019 dijo a Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos esto luego se subsanó en llamadas telefónicas a cada titular de servicios periciales.
Sin embargo mencionó que la negativa para publicar el diagnóstico fue un acuerdo político.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio”, afirmó el ahora consultor independiente en una entrevista publicada en septiembre de 2020.
Además, en los tres cuestionarios —de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas— obtenidos por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos, se incluyen apartados en los que se habría asentado información sobre el número de fosas comunes, su ubicación y en cuántas de ellas se habían enterrado cadáveres o restos óseos; sin embargo, estos datos no se reflejan en la versión del diagnóstico obtenida por este medio.
Tampoco se incluyen los datos recabados en los cuestionarios sobre el uso y la cantidad de huellas dactilares ingresadas al sistema Automated Fingerprint Identification System (AFIS), la existencia de registros digitalizados de tatuajes, señas particulares y características odontológicas, así como el número de casos dados de alta en el sistema Antemortem/postmortem, que agiliza el proceso de comparación entre la información de personas desaparecidas y cuerpos sin identidad.
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* Mónica Cerbón (Monica_Cerbon) es reportera independiente. Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab. Periodistas del proyecto A dónde van los desaparecidos.
Foto de portada: Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
* Texto de libre difusión. Proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, citando a la persona autora y al portal A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
