Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Se trataba de una oficina del Ayuntamiento en las que van y vienen éxodos de documentos, antes en pilar de papel, hoy en múltiples archivos de “PDF” desorganizados y digitalizados. Contienen lo que llaman dictámenes, el nombre es lo de menos, contienen el análisis técnico del presente y futuro del desarrollo de la ciudad.
Para llegar a lo anterior, se realizan ejercicios de lo que ellos llaman consulta, aunque en realidad se trate de espacios muy reducidos de convocatoria y asistencia, en donde solo unos cuantos entienden las claves, los cambios y el lenguaje técnico. Un ejercicio simbólicamente participativo, pero que en realidad no lo es.
Antes de que sean aprobados por parte del Pleno del Ayuntamiento, hay reuniones informativas, poco oxígeno para preguntas y observaciones, pero muchas explicaciones y advertencias de los constructores de los documentos, de los que sorprende su longevidad en esos menesteres, como una especie de servicio civil de carrera hecho por el andar de la carreta. Finalmente se votan por mayorías casi absolutas con la esperanza de que lo hecho tenga repercusiones favorables, así es como se construyen los Planes Parciales de Desarrollo.
La segunda parte tiene relación con su vigencia y aplicación, las cuales propiciarán inconformidades de vecinos y acciones jurídicas por parte de esas aves raras que viven siempre de lo prospectivo, casi como adivinadoras que atinan el destino que viene.
En el caso de los primeros, las respuestas hacia ellos buscan en la mayoría de los casos etiquetarlos como opositores del desarrollo o desdibujarlos por sus preferencias partidistas, como una forma de evitar que entendamos lo que significa una persona defensora de los derechos humanos. Los que logran organizar acciones no violentas, son restringidos por aparatos gruesos de integrantes de áreas de participación ciudadana que operan como neo áreas de inteligencia o en su caso se les presenta el rostro más desdibujado de la administración pública municipal que son las corporaciones policiales.
Lo anterior puedo o no ser parte del proceso del desarrollo de la ciudad, pero expresa mucho la forma en cómo se construyen los diagnósticos, discusiones, dictámenes y planes del tema.
La investigación especial de ZonaDocs La Ciudad Inhabitable: ¿Redensificación o Destrucción de la Vivienda?, nos ofrece un claro panorama de una dinámica que impacta a la dignidad de personas que habitan la ciudad.
Más de 400 edificios que fueron vendidos como productos de vivienda, pero que son insostenibles como tales y generan impactos en su entorno donde son colocados. Por otro lado, son instrumentos financieros especulativos que colocan como fin secundario para lo que fueron creados, simplemente son instrumentos de acumulación sin importar un compromiso con el entorno o con el supuesto desarrollo de una ciudad.
Es una oportunidad para recordar que
“la vivienda es esencial para una vida normal saludable. Satisface profundas necesidades psicológicas de vida privada y espacio personal; necesidades físicas de seguridad y protección de las inclemencias del tiempo y necesidades sociales de puntos básicos de reunión donde forjar y alimentar relaciones importantes” Círculo de Derechos. International Human Rights Internship Programs.
El derecho a la vivienda forma parte de un nivel de vida adecuada, lo cual implica un acceso no solo de manera individual sino para las familias. Parte de su composición es el de la mejora de las condiciones de existencia, de acuerdo con los artículos 25(1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11(1) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Encontrar que 56 de esos desarrollos son espacios no habitados y que impulsan condiciones de oferta y demanda que hacen inaccesible la disposición de vivienda, incumple la obligación sobre la aceptabilidad y accesibilidad, aspecto que es una violación a los derechos humanos.
Priorizar desde los Planes Parciales de Desarrollo y sus excepciones por los diversos litigios, un solo tipo de vivienda, es transformar una herramienta que pudiera ser garantista de derechos y promotora de la dignidad de las personas, en una planificación de una economía sin poner al centro a las personas, ni el compromiso con el entorno.
Al Estado lo convierte simplemente en una sucursal de las iniciativas inmobiliarias, promotor de intereses y de acumulación de riqueza personal en abandono de sus funciones de generar de acciones progresivas para los derechos humanos.
Lo expuesto en la investigación, confirma la existencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara de un nuevo tipo de desarrollo cuyo resultado es la discriminación institucional y jurídica de grandes grupos de personas.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su Observación General 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada, advirtió que: “las políticas y la legislación no deben de ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás” (par.11), sino que debe de evaluar la falta de hogares y la vivienda inadecuada dentro de su jurisdicción.
Otro tema pendiente, es la carencia de mecanismos de garantía para que puedan repararse dichas violaciones. Los costos para acceder a los tribunales hacen inviable un acceso a La justicia. La inexistencia de un papel proactivo de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, la cual en teoría debería de constituir la instancia que sostenga un desarrollo incluyente, nos confirma una vez más que estamos ante un estado regresivo en los derechos sociales.
Con la llegada de gobiernos municipales cuyos perfiles personales provienen de ámbitos empresariales, será indispensable el monitoreo de los conflictos relacionados con el desarrollo urbano y las personas que los defienden, así como el desvió en la construcción y aplicación de los instrumentos de planeación.
Un gran pendiente es construir claves de protección en los planes de desarrollo urbano que respondan a los indicadores de vida del entorno, instituciones y legislación cuyas garantías, en realidad respondan a la dignidad humana.
