Cada año mueren más de mil 200 personas en Jalisco debido a siniestros viales. La organización VIVIAC asegura que muchos de los incidentes se deben a conductas irresponsables, pero prevenibles. Por eso llaman al Gobierno del Estado a prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este problema de salud pública.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
En Jalisco las autoridades no han atendido la epidemia de la inseguridad y violencia vial como un tema prioritario, denuncian desde la asociación civil Víctimas de Violencia Vial (VIVIAC). Ello a pesar de que en Jalisco cada año desde 2013 mueren casi 1 mil 200 personas en accidentes viales según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
Con las muertes de Estefanía, Brian y Edin el pasado domingo 17 de octubre en un siniestro vial, pero también por su trabajo desde 2010, Alma Chávez, en representación de VIVIAC, exige al Gobierno del Estado que se interese por las víctimas, incluyendo las de la violencia vial.
Aunque los términos como “epidemia” y “pandemia” se han popularizado en los últimos meses por la COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realmente considera que muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son un problema de salud pública en todo el mundo.
Las cifras que ofrece la ONU indican que más de 1.35 millones de personas mueren cada año debido a siniestros viales, aun cuando la mayoría de los fallecimientos son prevenibles. La magnitud del problema es tal, que los accidentes son la principal causa de muerte en todo el mundo entre las personas de 15 a 29 años.
“Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son también una cuestión de equidad social, ya que los pobres y los vulnerables son con mayor frecuencia los usuarios vulnerables de las vías de tránsito, a saber, peatones, ciclistas, usuarios de vehículos motorizados de dos y tres ruedas y pasajeros de medios de transporte público peligrosos” dice la resolución de la Asamblea General de la ONU con la que se declaró el periodo 2012-2030 como el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Además del sufrimiento humano, los accidentes viales cuestan hasta el 5% del producto interno bruto (PIB) anual de algunos países, por lo que, atender el problema también es una prioridad económica y social.
En el contexto jalisciense los y las integrantes de VIVIAC identifican que la inseguridad se debe principalmente a que muchas vialidades con “incompatibles con la vida”.
“El vehículo automotor está considerado como estatus, como el rey de todos los procesos de movilidad urbana, pero estamos mal, porque además de lo contaminante que es, nos hace individualistas. Anda una persona por cada vehículo para ir a tres cuadras de su casa”, dice Alma Chávez, integrante de la asociación civil.
Ella agrega que hay otras políticas públicas recientes que han empeorado el problema, por ejemplo, la integración de la Policía Vial de Jalisco a la Secretaría de Seguridad en 2019. Desde la reestructuración han disminuido los patrullajes de los agentes viales con el fin de evitar y sancionar prácticas de riesgo, como las carreras clandestinas.
Alma explica que a pesar de que la seguridad vial es una responsabilidad de todos y todas las ciudadanas, el órgano rector y de vigilancia son las autoridades. En la actualidad sí existen leyes que dictan prácticas y políticas públicas deseables, como la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, pero debido a la corrupción en su aplicación se ha perdido la credibilidad y legitimidad de la norma.
Por eso, los y las integrantes de VIVIAC consideran que “de parte de la actual administración, no hay una visión para frenar y disminuir conductas que ponen en riesgo la vida de los demás”.
Tal como el nombre de la organización, eligen llamar “violencia vial” a los siniestros, pues aseguran que en la mayoría de las ocasiones surgen de conductas irresponsables y hasta intencionales que podrían prevenirse.
“Nos estamos matando unos a otros y no estamos compartiendo la ciudad”, dice Alma Chávez.
A partir del nombramiento de la violencia también se hizo posible el reconocimiento de las víctimas. Así fue como surgió Víctimas de la Violencia Vial A.C. en 2010, como una red de personas y familias víctimas y sobrevivientes que sintieron la necesidad de acompañarse ante el dolor, la revictimización sistemática y las pocas resoluciones judiciales a su favor. De igual manera, exigir políticas públicas más eficientes.
En la asociación han identificado que lo que las zonas urbanas de Jalisco necesitan para reducir el número de muertes y lesiones por violencia vial es:
- Que se elimine la corrupción en la policía vial. Para ello, que exista un órgano de denuncia, observaciones ciudadanas y de otras instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Que se aplique la Ley de Movilidad y Transporte del Estado y otras legislaciones con respecto al tema de forma transparente.
- Que la policía vial vuelva a las calles de forma preventiva, no sancionadora. Ello implicaría atender lo más urgente en primer lugar.
- Que las cámaras de foto infracciones se ubiquen en lugares donde se haya comprobado que existe gran riesgo de siniestros viales, con ello cambiar la perspectiva de las infracciones son únicamente medidas para recaudar recursos.
- Que el dinero de las multas de tránsito se utilice para realizar medidas de seguridad vial preventivas y para atención a víctimas.
- Que se capacite al personal del sistema judicial para que deje de revictimizar a las personas afectadas por la violencia vial.
- Que la Fiscalía del Estado trabaje de manera eficaz.
En la declaración del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU se agrupan otras acciones que podrían ayudar a atender el contexto legal, pues su objetivo es reducir 50% de las muertes y lesiones por accidentes de tráfico para 2030.
Entre las medidas propuestas está aprobar legislaciones amplias, basadas en datos empíricos y científicos sobre factores de riesgo como la no utilización de cinturones de seguridad, sistemas de sujeción infantil y cascos, la conducción en estado de ebriedad, el exceso de velocidad y otras conductas relacionados a la disminución de facultades o distracciones al conducir. Pero, sobre todo, se invita a poner en práctica dichas normas.
Se alienta a los Estados a promover la conciencia de la seguridad vial mediante campañas de educación, capacitación y publicidad, especialmente entre jóvenes.
También, a fortalecer los servicios de salud de emergencia y la respuesta inmediata después de los accidentes viales, los protocolos hospitalarios y ambulatorios para el tratamiento de traumatismos y rehabilitación.
