El pasado 28 de octubre se dictó la sentencia definitiva que restituye a los y las habitantes de Mezcala su territorio invadido desde hace décadas. Aunque contentos por el triunfo y seguros de que su apuesta de vida es comunitaria, en el pueblo coca están seguros de que no debieron pasar tantos años en defensa de algo que ya les pertenecía.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
El 28 de octubre de 2021 el pueblo coca de Mezcala obtuvo la sentencia definitiva sobre la invasión de su territorio. El empresario Guillermo Moreno Ibarra debe restituir las 10 hectáreas del predio conocido como “El Pandillo” que ocupa ilegalmente desde 1999.
Esta vez fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito quien desechó el amparo directo 121/2019 solicitado por Moreno Ibarra y, al contrario, ratificó la sentencia a favor de los y las comuneros de Mezcala, que habían emitido el Tribunal Único Agrario Distrito XV y el Tribunal Superior Agrario años atrás. Este era el último recurso legal para ambas partes del conflicto.
Entre las consideraciones de los Tribunales al tomar su decisión estuvo el decreto presidencial expedido en 1971, donde se declara que tres mil 600 hectáreas al borde del lago de Chapala en el municipio de Poncitlán, así como la isla de Mezcala, son propiedad de la comunidad indígena.
Después de 21 años de lucha, los y las habitantes de Mezcala consideran la sentencia como un gran triunfo, un mensaje claro de que su apuesta de vida y las tierras son comunitarias.
Rocío Moreno, una de las comuneras, explica que se sienten fortalecidos con la decisión y esperan que los aprendizajes conseguidos duren por generaciones. “La tierra no se vende, un pueblo organizado y mínimamente unido puede defenderse de los empresarios poderosos” y del Estado que los protege. Y es que en este caso “el invasor”, como llaman a Guillermo Moreno, no estaba solo, tenía a los gigantes inmobiliarios detrás, aseguran.
Sin embargo, Rocío también explica que hay un sabor amargo en la resolución. ¿Por qué la comunidad tuvo que luchar durante tantos años para hacer valer sus derechos?, se pregunta ella. El conflicto agrario en Mezcala y las consecuencias a las que se enfrentaron sus habitantes nunca debieron suceder.
“Para nosotros estos 21 años han sido de recibir y recibir golpes, y actuar frente a esos golpes”, dice Rocío.
En el proceso del conflicto, los comuneros identificaron los huecos y debilidades de la legislación mexicana que podrían permitir que los invasores de territorio se quedaran con las tierras de las comunidades. Uno de esos momentos fue cuando Guillermo Moreno obtuvo el título de comunero de Mezcala.
Eso fue posible debido a que “el invasor” logró que otro habitante del pueblo, Nicolas Indalesio, lo nombrara sucesor. Entonces Moreno Ibarra argumentó que “formaba parte de la misma comunidad que lo demandaba”. No obstante, los tribunales reafirmaron que el empresario debía ser juzgado como particular ajeno, tal como lo era en 2002, cuando inició el conflicto.
Además de esos intentos por burlar la ley, los y las habitantes de Mezcala se enfrentaron a dos procesos penales iniciados por Guillermo Moreno. El primero en 2002 incriminaba a cinco comuneros por un presunto secuestro, y en 2011 a 11 de ellos y ellas por “daño a las cosas”. Duraron tres y siete años respectivamente.
Rocío recuerda que durante los siete años, aún como dueños de las tierras, tuvieron que ir una vez por semana a Ocotlán para continuar con el proceso legal. Muchos perdieron sus trabajos y cuando buscar nuevos puestos no querían contratarles porque estaban tachados como delincuentes.
En el Ministerio Público de Poncitlán les fabricaron declaraciones falsas.
“Es algo que crees que no pasa hasta que te toca estar involucrado. Dices, a mí nunca me llamaron a declarar y ya de repente te ves con una orden de aprehensión y en la cárcel. Por eso (la ratificación de la sentencia) es un triunfo, pero el sabor es amargo”, cuenta Rocío.
Por lo vivido ella también asegura que los municipios y el Estado mexicano completo está diseñado para proteger a las personas como “el invasor”, para provocar procesos judiciales largos, cansados, repletos de represión y criminalización. En Mezcala conocen otros pueblos indígenas que han atravesado por lo mismo.
Las y los comuneros denuncian que, aunque Guillermo Moreno nunca les atacó directamente, a través de los años utilizó diferentes métodos de intimidación por los que todavía se sienten vulnerados. Por eso, prefieren ser precavidos y con la dignidad con la que siempre han luchado, dar el conflicto por terminado hasta que se ejecute la sentencia a su favor.
Rocío explica que eso podría tardar tres o más meses porque el periodo vacacional de fin de año en los tribunales está cerca. Hace falta que el Supremo Tribunal Agrario envíe la resolución al Tribunal Único Agrario Distrito XV con sede en Guadalajara y que este último dicte la fecha de la ejecución por escrito.
Lo que sí tienen claro en Mezcala es el plan a futuro para el predio “El Pandillo”. La idea en desarrollo es construir ahí una universidad comunitaria para los y las habitantes del pueblo coca, pero también para las comunidades alrededor como San Pedro Itzicán, Manantlán, El Salto y Juanacatlán.
Con el proyecto educativo comunitario podrían resignificar el territorio que por tantos años estuvo en disputa y les costó la tranquilidad.
Mientras tanto, el próximo 25 de noviembre, el festejo conmemorativo que tienen en Mezcala cada año por la defensa de su territorio durante la Independencia de México tendrá un sentido más profundo y un nuevo motivo de celebración.
