#HastaEncontrarles
Luego de que Enrique Alfaro, durante su Tercer Informe sobre Seguridad, minimizara la crisis de seguridad que padece Jalisco, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones civiles le reclamaron que no hablase con la verdad y que usara la criminalización de las víctimas como una forma de evadir la responsabilidad que tiene su gobierno.
Por ello, presentaron un contra informe donde de manera contundente le señalaron que: 1) las desapariciones no van a la baja, 2) la crisis forense se ha agravado durante su administración, y 3) la localización de fosas no es suficiente mientras persista la impunidad y la no procuración de justicia.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“Las familias de personas desaparecidas afirmamos que la información presentada por el Gobernador no representa la realidad que vivimos cuando nos enfrentamos a las y los servidores públicos de su gobierno”, con estas palabras y con la experiencia que les da el haber padecido maltratos, criminalización de sus seres queridos y nulos avances en sus investigaciones, las y los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco presentaron un contra informe donde cuestionaron la información que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó durante su Tercer Informe de Seguridad.
Sustentado en datos otorgados, vía transparencia, tanto por la Fiscalía del Estado de Jalisco como por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los colectivos Por Amor a Ellxs, Guerreras San Miguel El Alto, Guerreras Unidas de Chapala, Colectivo + 1 = Todos Tlajomulco, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:3, Altos Sur Jalisco En Busca de Ti y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), exigieron al mandatario estatal que los datos presentados por el gobernador sean contrastados con los que su propio gobierno les ha otorgado y por los que ellas mismas han recabado durante sus años de búsqueda.
Uno de las cuestiones más molestó a quienes buscan a las más de 14 mil 519 personas reportadas como desaparecidas en el estado (hasta el 26 de octubre de 2021), es la manera en que el gobernador usó la criminalización de sus seres queridos como una forma de excusarse de los pocos resultados que su gobierno ha tenido en materia de seguridad pública.
Para las familias buscadoras, es alarmante sin dar prueba alguna el gobernador Alfaro declare que: “el 80% de los homicidios dolosos están ligados a las actividades delictivas del crimen organizado”, o que se atreva a decir que “no se pueden recibir heridas de bala o aparecer embolsados, encobijados o descuartizados sin que exista alguna vinculación con la delincuencia”, pues eso sólo busca criminalizar a las víctimas de delitos que su administración debería haber evitado.
“Frente a la ausencia de investigaciones exhaustivas, la omisión de las autoridades al garantizar la seguridad y la vida de las y los jaliscienses, y la falta de medidas de prevención, este tipo de expresiones parecen alarmantes y revictimizantes. Además, no existe información precisa que dé cuenta de la veracidad de dichas expresiones, por lo cual este discurso sin evidencias tiende a deslindar al Ejecutivo Estatal de su responsabilidad frente a la actual situación de violencia, y nuevamente criminaliza a las víctimas”, señalaron los colectivos de búsqueda.
¿Desapariciones a la baja: de qué estado habla el gobernador?
En el mismo Tercer Informe sobre Seguridad, Alfaro Ramírez aseguró que las desapariciones en el estado van a la baja y que, en consecuencia, es falso que Jalisco esté en el primer lugar de personas desaparecidas en el país.
Ante ello, las familias evidenciaron que el mandatario alteró las estadísticas durante su informe, pues en éste sólo reconoció la desaparición de 10 mil 777 personas, siendo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado aparece en primer lugar con 14 mil 519 desapariciones. Incluso, le hicieron que sus familiares no son “personas pendientes de localizar”, sino víctimas de un delito llamado: desaparición.
“Utilizar expresiones como “persona pendiente de localizar” resulta poco sensible ante contexto que vivimos y remarca cómo desde el discurso público se pretende desaparecer a las personas ya desaparecidas y minimizar el impacto de una desaparición, asumiendo que se trata únicamente de personas que no han sido localizadas por la autoridad, lo que no solo viola los estándares internacionales sino también la reciente Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, a la vez que no respeta la larga lucha que hemos emprendido las familias para que todas las personas que nos faltan, sean reconocidas como desaparecidas”.
En cuanto a los datos presentados por el gobernador, le señalaron que están errados porque ahí sólo se contempla las denuncias por la desaparición de personas realizadas ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), y no aquellas recabadas por otras instancias de la Fiscalía del Estado de Jalisco (Fiscalías Regionales) o, incluso, las que aparecen en los registros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
“Las 10 mil 777 personas que señala Enrique Alfaro en el informe difieren de las más de 14 mil 500 personas desaparecidas, que indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que reúne información proporcionada por las autoridades locales de las fiscalías y comisiones locales, así como personas en lo individual, por lo que la información sistematizada a nivel nacional y estatal no debería presentar las discrepancias, y menos ser ignorada por el Gobierno de Jalisco en tanto que se trata de sus propios datos proporcionados a la federación”.
Además criticaron el tono triunfalista del gobernador cuando señaló que “hay menos personas desaparecidas cada año”, lo cual es engañoso porque tan sólo en su administración (Del 6 de diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2021) han sido desaparecidas 3 mil 950 personas; es decir, una cuarta parte de todas las personas reportadas como desaparecidas en la historia del estado.
Con datos otorgados por el propio poder ejecutivo, las familias buscadoras indicaron que no es posible hablar de baja en desapariciones cuando se tiene tal inconsistencia en cuanto a las cifras de personas desaparecidas que aparentemente ya fueron localizadas.
“El gobernador presentó que entre diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021 han sido localizadas 10 mil 73 personas que fueron denunciadas como desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el SISOVID solo da cuenta de 7 mil 904 personas localizadas durante el mismo periodo, a pesar de que se alimenta de la misma fuente de información.
En contraste con la información estatal, el RNPDNO da cuenta de un registro histórico mucho menor al de las autoridades locales. Incluso, por los datos proporcionados por las autoridades estatales ante dicho registro nacional, durante la administración de Enrique Alfaro solo se ha encontrado a la mitad de las personas de las que dio cuenta el gobernador en su informe”.
Además le señalaron que en esos “casos exitosos”
“No destacan entre las personas localizadas los casos que son de larga data, como hemos nombrado desde las familias a nuestros seres queridos que tienen muchos años desaparecidos. Tampoco se tiene certeza de si las personas que fueron localizadas lo fueron por acciones de las autoridades, acciones de las propias familias o si fueron las mismas personas las que regresaron a sus hogares o se pusieron en comunicación con quienes les buscaban”
Por ello, fueron firmes al señalarle que: “Contrario al discurso que pretende destacar esta cifra como positiva, lo que nos arrojan datos del RNPDNO es que solo 3 de cada 10 personas desaparecidas son posteriormente localizadas o vuelven con sus familias“.
Localizar fosas no es suficiente sino hay identificación
Otro de los logros que presumió Enrique Alfaro fue el de localización de fosas clandestinas, donde Jalisco encabeza también las estadísticas tanto en hallazgo como en exhumación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas.
Lo que no dijo el gobernador, expresaron las familias, es que ese hallazgo de fosas durante los tres años que lleva su administración, en términos porcentuales, fue del 628.13%.
“Lo que en su discurso el gobernador pasa por alto es que la localización en fosas clandestinas no sólo resulta de la búsqueda de personas, sino también de un crecimiento en el uso de fosas clandestinas por parte del crimen organizado, al emplear la desaparición de personas como técnica para la generación de otros dispositivos de violencia que se ejerce no sólo a las personas que se desaparecen, sino también a toda su familia y a la sociedad en general, generando una situación de miedo y terror. A lo anterior se suman los esfuerzos que hacemos las y los familiares de personas desaparecidas al hacer la búsqueda en campo y recopilar información que nos da indicios de lugares donde pudiera existir una fosa clandestina”.
Lo que también omitió el gobernador es la forma en la que se dan esas localizaciones ni las condiciones en las que los cuerpos son encontrados:
“la reducción significativa de localización de cuerpos enteros y el aumento en el hallazgo de restos o segmentos humanos, encontrados en bolsas de plástico, cuya condición dificulta enormemente la identificación de las personas fallecidas, siendo para nosotras y nosotros sus familiares, un gran reto recuperar el cuerpo completo de nuestros seres queridos en caso de haber logrado identificarlos a partir de un resto, aumentando nuestro sufrimiento y dolor”.
Por ello, fueron contundentes en señalarle que:
“los procesos de localización de fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. Esto debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información, ni de los diligentes procesos de identificación forense. Esta situación ocasiona una segunda desaparición de nuestros familiares, y nos revictimiza”
Situación que se ocasiona por la falta de coordinación entre la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, misma que genera que hoy en día, la identificación de las personas localizadas en una fosa clandestina estén tardando entre 12 y 18 meses, lo que se traduce en una saturación de los espacios forenses que hace aún persistente la crisis forense que ha negado en repetidas ocasiones Enrique Alfaro.
“Cabe resaltar que la localización de fosas clandestinas tampoco es acompañada por la debida procuración de justicia, ya que ante el enorme panorama de fosas clandestinas localizadas en la entidad, solo se tienen hasta ahora cuatro personas vinculadas a proceso por delitos relacionados con las mismas”.
Impunidad que también prevalece en cuanto a los responsables de la desaparición de sus familiares, pues en este rubro en el Tercer Informe de Seguridad se destacó la detención de 59 personas servidoras públicas involucradas en la desaparición forzada de personas, 572 personas judicializadas y 281 vinculadas a proceso.
“No obstante en lo referente a la judicialización de los casos, llama la atención que ante un panorama de más de 14 mil 500 personas desaparecidas, solo se haya judicializado a 572 personas, lo que representa una proporción minúscula con respecto al tamaño del problema. Además, de esas 572 personas que ya fueron llevadas ante un juez solo se ha logrado vincular a proceso a cerca de la mitad (281 personas) lo que evidencia la falta de elementos proporcionados por los Ministerios Públicos para demostrar la participación de esas personas en los casos de desaparición. Se requiere mayor capacitación y preparación de estos servidores públicos para que se logre un mayor avance en los procesos ante la justicia local”.
Una crisis forense innegable
Sobre el dicho de gobernador Alfaro Ramírez en el que sostiene que:
“no hay crisis forense, pues se tiene una “institución que ha aumentado sus capacidades y que trabaja a tope. Cuando alguien habla de crisis forense lo que yo les digo es no. Crisis forense la que había hace tres años. Hoy lo que tenemos es un instituto en proceso de renovación, en proceso de fortalecimiento y con una estrategia y una ruta de trabajo para los próximos años, pero con logros y avances muy significativos”.
Las familias le respondieron que: “Antes de la situación de los tráileres se tenía un promedio diario de entre 7 y 8 personas fallecidas que ingresaban a los servicios forenses de Tlaquepaque. Entre 2019 y 2020 ese promedio diario incrementó a 12 y 13, respectivamente”.
Incluso fueron más allá al señalar que:
“Los registros de PFSI que ingresaron en el SEMEFO, antes de 2018, son entre el 8% y 9%. Mientras que las personas que ingresaron entre 2020 y 2021, que no fueron identificadas, son superiores al 20%. Con esto se demuestra que actualmente 2 de cada 10 personas que ingresan al SEMEFO no logran ser identificadas”.
Esto contrasta ampliamente con lo que se informó en el Tercer Informe sobre Seguridad donde se indicó que bajo resguardo sólo están 494 PFSI y 3,012 segmentos anatómicos en las instalaciones, lo que refiere a una ocupación de 97.82%; sin embargo, indican las familias buscadoras que “hasta agosto de 2021, había más de 1,735 registros de PFSI bajo resguardo en SEMEFO. De esas más de mil 700 personas, 598 se encontraban como cadáveres, 142 como restos óseos u osamentas y 1,055 eran restos humanos”.
Por estas inconsistencias, resulta totalmente falso para las familias que no haya crisis forense como la de hace tres años cuando se localizaron dos contenedores frigoríficos donde se tenían hacinadas a, por lo menos, 322 personas fallecidas sin identificar, pues pese a que ya no sucede esto, los colectivos de búsqueda señalan que “la crisis ha persistido”.
“Esto lo hemos corroborado en la búsqueda de nuestros seres queridos. Después de ir meses al SEMEFO para ver si ahí se encuentran, se nos dice que no están ahí y luego nos enteramos que sí se encuentran ahí. Esta situación alarga la ausencia y el dolor. Como nosotras, a diario escuchamos historias de otras familias que buscan por meses y descubren que su familiar estuvo en las instalaciones forenses desde tiempo atrás y cuya posibilidad de entrega se alargaba por ausencia de pruebas que coincidieran con sus familiares o los errores o la negativa del personal para reconocer que sí estaba una persona con las características de la persona desaparecida”.
Además le recordaron a Enrique Alfaro que aún sigue “sin resolverse la situación de los tráileres”, pues la gran mayoría de las personas fallecidas que se encontraban en esas cámaras frigoríficas: “no han sido entregadas a sus familiares”.
“La crisis forense va más allá del “deshacerse de los cuerpos” al depositarlos en cámaras refrigerantes o inhumarlos. Se requiere ya de un enfoque en la identificación masiva y la entrega digna de los cuerpos y restos humanos a sus familiares sin que esto signifique un largo proceso de revictimización y dolor al que ya se suma la noticia e impacto psicosocial frente a la localización sin vida de un ser querido”, concluyeron las familias.
Finalmente, quienes integran esos colectivos de búsqueda señalaron que si para el gobernador las personas desaparecidas son “un número más en la estadística de Pendientes de Localizar”, para quienes les buscan “son un ser querido desaparecido, son personas que tienen nombres, historias de vida y sus familias que les aman”.
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Lee aquí de manera íntegra el contra informe elaborado por las familias de Por Amor a Ellxs, Guerreras San Miguel El Alto, Guerreras Unidas de Chapala, Colectivo + 1 = Todos Tlajomulco, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:3, Altos Sur Jalisco En Busca de Ti y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
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