Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Una mañana en la ciudad se informa de la detención de dos personas que días antes habían prendido fuego a una persona en situación de calle en venganza porque este les había llamado la atención por alterar la calma en la calle.
Un sacerdote utiliza el púlpito como espacio de poder y no como sitio de misericordia y amor, para proferir un discurso de eliminación en contra de aquellas mujeres que toman la decisión de abortar. Se transforma en un patíbulo y en un vehículo de un mensaje unilateral.
Por último, nos encontramos con el caso de Zoé, una joven trans que decidió ejercer su libertad de paseo y ocio con sus amigas al caminar por una zona céntrica de Guadalajara. Se les acercó un sujeto en una motocicleta y luego de conversas con ellas, le arrojó a la primera un líquido que le ocasionó quemaduras y lesiones en su rostro. Como un símbolo de un poder retrógrada que condiciones el tipo de personas que pueden transitar y las que no. (Nota de Zona Docs)
En los tres casos observamos en común la ubicación de personas a los cuales interpela la situación de las otras personas y en vez de realizarse preguntas profundas, deciden tomar partido y actuar mediante la violencia. También es coincidente la inexistencia de límites que evitaran la consumación de los hechos, por ejemplo, por parte de su misma comunidad, amigos o familia u otro sistema de reglas de convivencia, ¿tolerancia o desdén?
En el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2019), se afirma que dicha comunidad sobrevive a situaciones de exclusión, segregación y persecución.
El origen se enmarca en la discriminación, definida como un fenómeno social que se reproduce en distintos espacios, con distintas prácticas cuyo origen es “distinguir y diferenciar, estableciendo interacciones de exclusión y desigualdad en los espacios público privado” (número 260).
En el informe se indica que las personas trans es el cuarto grupo poblacional más rechazado, seguido de las personas gays y lesbianas, por parte mayoritariamente de los hombres con un 41% de rechazo, según la Encuesta Nacional de Discriminación 2017.
En el mismo estudio, se indicó que el 40% de la población no heterosexual consideró que se le han negado sus derechos, en comparación con el 28.8% de la población heterosexual. Mayoritariamente las personas trans tienen esta misma percepción negativa en el 72% de los casos y las personas gays o lesbianas en un 66 % (número 271)
Es decir, estamos frente un grupo social que sobrevive a condiciones diarias en las que no les reconocemos como personas con dignidad y con el derecho a contar con condiciones para su desarrollo.
Ante esta urgencia y al echar una mirada a la situación de Jalisco, encontramos que no existe un mecanismo accesible, con perspectiva de derechos humanos y que proporcione una garantía para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Si bien es cierto, se estableció una Dirección de Diversidad Sexual desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, esta carece de los recursos y capacidades jurídicas suficientes para impulsar la prevención, así como eliminar las barreras que propician la discriminación.
Respecto a los efectos de los crímenes de odio respecto a los derechos humanos, en el Informe Sobre Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México 2020, elaborado por la Fundación Arcoiris y el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, se señalan las afectaciones:
Afectan el libre desarrollo de la personalidad y la protección de los derechos a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, al matrimonio igualitario, a la seguridad social, al reconocimiento de la identidad, a la protección de la salud y a la vida, pero no sólo de quienes la padecen, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Es decir, el reconocimiento y protección de los derechos de las poblaciones LGBTI son indispensables para la consolidación de una verdadera sociedad democrática y plural, en la que prevalezca el respeto por la diferencia como valor para el pleno desarrollo de sus integrantes.
Hay que decir que en reiteradas ocasiones se le ha exigido al Estado Mexicano que adopte medidas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y la discriminación basada en la orientación sexual, pero sobre todo el reforzamiento en el conocimiento y garantía de sus derechos. Basta ver las Recomendaciones – por ejemplo, la 132.37- del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en ese sentido, en las que se refuerza la importancia de la prevención y la sanción, las cuales todavía se encuentran pendientes.
El crimen perpetrado en contra de Zoé, revela dolorosamente el rostro de personas que encuentra en sus decisiones y acciones espacios propicios para restringir o eliminar a las otras personas, ante una sociedad que no las mira en un plano de igualdad y que es permisiva ante dichas conductas.
Sin duda hemos dejado de dialogar, discutir y colocar otro tipo de experiencias en las familias, las aulas, en las iglesias y en las calles que sirvan de nuevos referentes.
Lo ocurrido nos llama primeramente a condenarlo y a solidarizarnos con la Comunidad LGBTI+, a desaprender la discriminación de nuestra vida cotidiana y aprender de la diversidad para evitar que nos convirtamos en una ciudad de odio.
Quedará pendiente por parte de la autoridad estatal y municipal, no solo reprobar el hecho sino en realmente otorgar condiciones de seguridad y de reconocimiento a dicha comunidad, además de realizar acciones concretas de justicia, verdad y reparación en este y otros casos.
Es momento de dar ejemplo de que no estamos del lado de las violencias.
