La comunidad nativa titulada Catoteni en la provincia de Atalaya, en Ucayali, resiste las amenazas de las actividades ilegales. Foto: Christian Ugarte.
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Mongabay Latam investigó sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas en las regiones amazónicas peruanas. Además de la deforestación, la presencia del crimen organizado, la investigación arroja, además, que 647 comunidades nativas o autoidentificadas como indígenas en estas cinco regiones no cuentan con el reconocimiento de la autoridad regional que certifica su existencia.
Texto: Yvette Sierra Praeli/Mongabay Latam
30 de septiembre 2021.-Hay comunidades indígenas en Perú que no figuran en los mapas oficiales, cuya existencia descansa solo en sus nombres y en el conocimiento que tienen de ellas las federaciones que las representan, pero no en la legalidad que otorga el reconocimiento del Estado. Es el caso de comunidades como Manco Cápac, en la región Loreto, que con 70 años de historia no tiene un documento que pueda dar fe de su existencia, aunque sus pobladores conozcan de memoria dónde empiezan y terminan sus tierras.
Solo en la región Loreto, hay 417 comunidades nativas o autoidentificadas como indígenas que no cuentan con el reconocimiento de la autoridad regional que certifica su existencia. Y el problema no es solo de esta región de la Amazonía. En Ucayali la cifra llega a 122 y en Pasco suman 85. Huánuco alberga a 13 y Madre de Dios a 10 comunidades que aún no cuentan con una partida de nacimiento oficial. Es decir, 647 comunidades indígenas en cinco regiones de la Amazonía peruana.
Sin embargo, el principal problema de estas comunidades no es solo la falta de reconocimiento estatal. Cuando se ubica a las más de 2000 comunidades nativas en un mapa —tanto las reconocidas, las que están en proceso o las que permanecen en el limbo— y se superpone información de la deforestación de los últimos 10 años, de los puntos de minería ilegal identificados entre 2013 y 2020, y del último mapeo de cultivos ilegales de coca entre los años 2017 y 2019; el panorama se vuelve sombrío.
El análisis realizado por Mongabay Latam, en cinco regiones amazónicas, sobre el impacto de los delitos ambientales en territorios indígenas muestra que por lo menos 1247 comunidades están afectadas por la minería ilegal, los cultivos ilícitos de hoja de coca o la deforestación.
La fotografía muestra a las comunidades cercadas por la ilegalidad, por la minería que contamina sus ríos con mercurio, por las invasiones que buscan la madera de sus bosques y por el narcotráfico que avanza violentamente. De las 54 pistas de aterrizaje clandestinas detectadas por la Gerencia Regional Forestal del Gobierno Regional de Ucayali, 15 están dentro de territorios indígenas. De los 10 defensores ambientales asesinados en el último año y medio, siete son líderes indígenas amazónicos. Los siete fueron asesinados con armas de fuego en incidentes que sus comunidades vinculan a invasores y a narcotraficantes.
¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas en estas cinco regiones de la Amazonía? Un equipo periodístico de Mongabay Latam inició hace seis meses la tarea de recopilar información del Estado y de organizaciones civiles para analizar la incidencia de los delitos ambientales en las comunidades indígenas. Analizamos cientos de datos sobre la propiedad legal de las tierras indígenas, el avance de deforestación, el incremento y ubicación de los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal en las regiones de Huánuco, Ucayali, Loreto, Pasco y Madre de Dios. Con esa información, visitamos las comunidades que registraban las situaciones más preocupantes.
Comunidades “fantasma”
El primer desafío que enfrentan las comunidades indígenas en el Perú es tener que “certificar” su propia existencia. Su vulnerabilidad radica en la dificultad que tienen para que el Estado las reconozca, las titule y las inscriba en registros oficiales. Los organismos públicos muestran cifras diferentes. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura indica que, en las cinco regiones amazónicas que hemos investigado, existen 1101 comunidades tituladas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contabiliza 1166. De hecho los números podrían variar si se consulta bases de datos de gobiernos regionales, organizaciones civiles o federaciones indígenas.
“Es imposible llegar a una cifra exacta”, sostiene Katherine Sánchez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene un sistema catastral que no considera aquellas comunidades tituladas que no cuentan con georreferenciación ”, explica Sánchez. Asimismo, explica que la actualización de la base de datos del Midagri “depende de los gobiernos regionales que, muchas veces, no cuentan con un sistema similar al de este ministerio, por lo que manejan sus cifras en una plataforma distinta, es decir, si recurriéramos a los gobiernos regionales podríamos encontrarnos también con inexactitudes”. A este panorama se suma, como señala la experta de la SPDA, que existen “comunidades duplicadas en sus registros”.
Pero, además, están las comunidades no reconocidas, las que no cuentan con ninguna seguridad jurídica. Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explica que “la propiedad comunal cuando no está reconocida, tiene limitaciones para gestionar proyectos, programas sociales, incluso temas de servicios públicos como, digamos, un establecimiento de salud”, dice Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
La comunidad nativa de Manco Cápac se formó hace 70 años por la llegada de un grupo de 12 familias de la etnia yagua. Foto: Roberto Wong.
Esta desprotección se refleja en la denominación que reciben en la base de datos del Ministerio de Cultura: “Localidad sin tipo identificado por la DRA (Dirección Regional de Agricultura)”, como si se tratasen de pueblos fantasma. El reconocimiento de una comunidad nativa es el primer paso en su camino a obtener seguridad jurídica, es decir, a conseguir que el territorio comunal sea titulado.
“Si naces indígena, automáticamente tienes derecho al territorio colectivo y al reconocimiento como pueblo indígena. En consecuencia, lo que le corresponde al Estado es reconocer ese derecho”, dice Ernesto Ráez, director del Instituto del Bien Común (IBC), organización que desde hace más de 20 años trabaja con comunidades indígenas en el ordenamiento territorial y la conservación del medio ambiente.
Manco Cápac es una de las más de 647 comunidades de las regiones de Ucayali, Loreto, Huánuco, Pasco y Madre de Dios que aguardan ser reconocidas y tener derecho a un territorio titulado.
“Hay bastantes comunidades por reconocer. Hace 5 o 10 años atrás las comunidades que estaban a orillas del río Amazonas decían ser comunidades campesinas y recién con el transcurrir el tiempo han ido autoidentificándose como comunidades nativas”, dice Manuel Ramírez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).
Se trataba de un problema de discriminación —agrega Ramírez— pues como comunidad campesina se sentían bien, que podían tener más derechos, pero luego se dieron cuenta que no era así. “Ahora ya se reconocen pero no todas son parte de una federación y si no estás en una federación, no tienes los beneficios del proyecto de programa de titulación”, explica Ramírez.
Para Arturo Chistama Díaz, uno de los comuneros más antiguos de Manco Cápac, la falta de reconocimiento de su comunidad les impide proteger de manera eficiente sus bosques. “Constantemente sufrimos tala ilegal. No podemos preservar y cuidar nuestros bosques porque no tenemos ninguna documentación”, asegura.
En la base de datos de la investigación de Mongabay Latam —elaborada con información de instituciones oficiales y de organizaciones civiles— 1140 comunidades figuran como tituladas; la mayoría, 742, están en Loreto, que es la región con más comunidades nativas en Perú. Le siguen en la lista Ucayali con 255, Pasco con 105, Madre de Dios con 27 y Huánuco con 11.
Deforestación, narcotráfico y violencia
En abril de 2020, apenas iniciada la crisis por la pandemia del COVID-19, el asesinato de Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, de la etnia kakataibo en Huánuco, marcó el punto de partida de la violencia que se desataría en los meses siguientes.
Los comuneros sospechaban de la presencia de una pista de aterrizaje cerca de su comunidad, debido al sobrevuelo constante de avionetas. Un equipo de Mongabay Latam registró con un drone esta pista clandestina, que estaría en proceso de construcción. Foto: Christian Ugarte.
Hasta el momento son cuatro los líderes indígenas kakataibo asesinados y tres los asháninkas. El territorio kakataibo, que se extiende entre las regiones de Ucayali y Huánuco, se ha convertido en la zona más crítica con relación a la presencia de actividades ilegales, principalmente, el narcotráfico.
Entre 2017 y 2019, cinco comunidades nativas en Huánuco, Santa Martha, Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Unipacuyacu, Tsirotzire y Santa Teresa incluida la ampliación, perdieron alrededor de 16 052 hectáreas debido al avance de la deforestación.
Un equipo de periodistas viajó a Unipacuyacu, una de las comunidades nativas más golpeadas de la región Huánuco, en cuyo territorio confluyen cinco graves problemas: la falta de titulación, la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos de coca y la presencia de tres pistas aéreas clandestinas. Los datos muestran con claridad lo que está sucediendo en esta comunidad donde la deforestación ha arrasado con la mitad de su territorio. Según el análisis de Mongabay Latam, entre los años 2010 y 2020, Unipacuyacu perdió 11 356 hectáreas de bosques. Esta comunidad lleva casi treinta años tratando de conseguir que el Estado le otorgue el título de sus territorios. Arbildo Meléndez, uno de sus líderes, fue asesinado sin haber logrado este reconocimiento.
Los periodistas de Mongabay Latam pudieron ingresar por un tiempo muy corto a la comunidad. Lo suficiente como para observar la devastación en el territorio y para detectar, incluso, lo que se sospecha es una pista de aterrizaje clandestina, según las imágenes obtenidas. En la zona, el miedo se ha apoderado de sus habitantes.
El testimonio más desgarrador es el de Zulema Guevara, la viuda de Meléndez, quien huyó de Unipacuyacu con sus hijos para no convertirse en una víctima más. Desde un lugar seguro que se ha convertido a la fuerza en su nuevo hogar, resumió en una frase lo que pasa en la comunidad: “tuve que dejar mi casa y mi chacra en Unipacuyacu. Ahora vivimos escondiéndonos para proteger a mis hijos. Sé que las personas que ordenaron la muerte de mi esposo siguen operando”.
Toda la región de Ucayali enfrenta un escenario igual de crítico. De acuerdo con la información analizada, son por lo menos 16 las comunidades indígenas que están bajo la amenaza de la deforestación impulsada por el narcotráfico. Se trata de 35 525 hectáreas afectadas entre el 2017 y 2019.
Las cifras del 2020 en la zona podrían presentar un panorama aún más crítico, considerando que a nivel nacional se registró la mayor cantidad de hectáreas de bosques perdidos en el Perú en los últimos 20 años. “Es escandaloso”, dice Ernesto Ráez, del IBC, sobre los niveles de deforestación alcanzados por Perú que registró 50 mil hectáreas más que en 2019. “Si se abandona la vigilancia del bioma amazónico se desprotege a los defensores de esos bosques que son los pueblos indígenas”.
Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, que estuvo en el cargo hasta julio de 2021, señala que el avance de la deforestación y las actividades ilegales han tenido que ver con el efecto de retraimiento de la presencia del Estado en estos lugares. “El efecto de la pandemia hizo que una parte de la capacidad de respuesta del Ministerio de Interior y de la autoridad forestal, así como de los diferentes actores que están en el bosque se haya visto limitada. No ayudó tampoco que el Serfor estuviese descabezado más de un año”.
“Durante la pandemia ha aumentado muchísimo la ilegalidad, porque mientras nosotros éramos obedientes y no nos desplazamos a ningún lugar, los ilegales seguían avanzando”, recuerda Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, que reúne a las comunidades nativas de esta región e incluye a las kakataibo de Huánuco.
Las comunidades que resisten
El análisis de la deforestación de los últimos diez años para las cinco regiones que forman parte de esta investigación muestra que se perdieron alrededor de 276 mil hectáreas de bosque dentro de los territorios indígenas. Las comunidades más afectadas en cada una de estas regiones son: Santa Martha, de la etnia kakataibo, en Huánuco; Kotsimba, de la etnia Harakbut, en Madre de Dios; Cahuapanas, asháninka, en Pasco; Puerto Nuevo, kakataibo, en Ucayali; y Matsés en Loreto.
Asimismo, solo en Ucayali, 344 comunidades nativas —incluidos los territorios que se suman como ampliaciones y las reservas indígenas—, han perdido 104 mil hectáreas de bosque en los últimos diez años. Las provincias de Padre Abad y Atalaya concentran la mayor parte de las zonas afectadas por la deforestación en esa región. A ellas se suma un sector de Coronel Portillo, principalmente en la zona que rodea a la Reserva Comunal El Sira. En estas provincias también se encuentra la mayor cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas dedicadas al narcotráfico. En el 2020, el gobierno regional identificó 45 de estas pistas y en lo que va del 2021 se han sumado otras nueve. Actualmente son 54 pistas clandestinas: trece de ellas ubicadas en comunidades nativas y dos en reservas indígenas, según el Gobierno Regional de Ucayali. La mayoría están situadas en la provincia de Atalaya.
Atalaya alberga la mayor cantidad de comunidades indígenas de Ucayali —alrededor de 300— y es la más afectada por la pérdida de bosque en la región. Pero también alberga a algunas comunidades que funcionan como escudos para conservar áreas protegidas como la Reserva Comunal El Sira.
El cruce de la información de las bases de datos nos condujo también a Catoteni, una comunidad ashéninka titulada que figura con menos grado de deforestación: 400 hectáreas de bosque perdidas entre 2010 y 2020. Su resistencia a ser arrasada se debe principalmente a la determinación de las cerca de cien familias que viven allí, quienes han decidido resguardar de la tala ilegal a sus shihuahuaco, una de las especies de árboles más fuertes, antiguas y cotizadas de la Amazonía peruana. “Durante la pandemia llegaron hasta el ingreso de nuestra comunidad para intentar convencernos de sembrar coca, ya que nos habíamos quedado sin mercados para nuestro principal sustento, el café”, cuenta un poblador de Catoteni, cuyo nombre mantenemos en reserva por seguridad. “Les pedimos que se retiren”, agrega.
Estas historias de resistencia también se observan en el mapa de la visualización. Aparecen territorios indígenas rodeados de deforestación que, a pesar de todo, se han organizado para defender su territorio. Lamentablemente, esas acciones se vuelven cada vez más peligrosas para ellos mismos.
La amenaza de la minería ilegal
Si saltamos a otra región como Madre de Dios, es posible ver el efecto de otro delito ambiental gravísimo: la minería ilegal. Es el caso de la comunidad nativa San José de Karene, que sí está titulada. En el recorrido que hizo Mongabay Latam por esta comunidad nativa pudo confirmar el impacto de esta actividad devastadora que afecta a toda la región. De acuerdo con el análisis realizado, la minería ilegal se ha llevado 6282 hectáreas de bosque en la comunidad.
“Hoy ya no se practican las costumbres. Inclusive los mismos padres no manejan los conocimientos y esto se fue perdiendo por la minería. (…) Si perdemos nuestras costumbres, luego no tendría sentido llamarnos comunidad nativa”, dice Francis Quique, fiscal de la junta directiva de San José de Karene.
Según las cifras del análisis de Mongabay Latam, a pesar de todo el esfuerzo de las comunidades por contener la ilegalidad, la minería ilegal ha impactado a 129 comunidades en las cinco regiones que forman parte de esta investigación.
Madre de Dios es una de las regiones que, en porcentaje, tiene mayor cantidad de territorio afectado. En total 17 comunidades tituladas en Madre de Dios han perdido 47 095 hectáreas de bosque por esta actividad ilegal entre el 2013 y el 2020. La comunidad Tres Islas, de la etnia Ese’Eja, lidera el ranking de los territorios indígenas más golpeados por esta actividad ilegal en la región. En el segundo lugar aparece San José de Karene, del pueblo harakbut; le siguen Kotsimba, de la misma etnia; Shiringayoc, de la etnia Ese’Eja; y Puerto Arturo del pueblo Kichwa.
Loreto, por otro lado, es la región con la mayor cantidad de comunidades afectadas por la minería ilegal: 84 en total. La extensión de territorio indígena afectado asciende a 278 958 hectáreas. Las cinco comunidades más impactadas, en orden de afectación, son: Huapapa, de la etnia kichwa; Puerto Franco, del pueblo yagua; San Martín del grupo kichwa; Puerto Nuevo kichwa también, y Tres Esquinas del pueblo huitoto.
Pero hay otro problema con el que tienen que lidiar también las comunidades: la falta de georreferenciación o delimitación de sus territorios, lo que permite que personas ajenas pueden invadir y luego legalizar el territorio ocupado. Es el caso de Catoteni y San José de Karene.
El problema radica en que, en general, no se ha terminado con el proceso de georreferenciación de las comunidades nativas, es decir, la etapa en que se confirma en campo las dimensiones y los límites que figuran en los documentos que dan cuenta del título de propiedad comunal.
Aunque en teoría todas las comunidades tituladas aparecen como georreferenciadas, en la práctica el proceso de marcar sus límites espaciales no se ha completado, por lo tanto, un gran número de comunidades nativas permanecen expuestas a los problemas de invasión y de superposición de otras actividades como la entrega de concesiones forestales y concesiones mineras.
La especialista legal de la SPDA explica que “la georreferenciación determina fehacientemente cuáles son los límites de una comunidad” y que contar con esta información requiere de “un procedimiento específico tan demandante como el de la titulación. Sin embargo, es necesario ejecutarlo para evitar superposiciones y conflictos limítrofes que, en el mejor de los casos, pueden ser entre comunidades”.
Vista panorámica del impacto de la extracción de oro en la comunidad nativa San José de Karene. Foto: Christian Ugarte.
“Lo que correspondería sería otorgar amplios territorios a las comunidades. Pero tenemos comunidades que son absurdamente pequeñas, que no se pueden sostener económicamente y que han sido condenadas en esa medida a la pobreza, a la miseria humana, a la degradación ambiental”, sostiene Ernesto Ráez.
Solicitamos al Ministerio de Cultura una entrevista para indagar sobre la situación del proceso de titulación de las comunidades nativas y su situación de vulnerabilidad ante la presencia de actividades ilegales por tratarse del ente rector de los pueblos originarios, pero desde el ministerio nos indicaron que preferían no responder porque estos temas no eran de su competencia. Acudimos entonces al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) organismo responsable de la titulación de tierras rurales que incluye a las comunidades nativas, pero aunque ofreció atender la entrevista, hasta el cierre de esta edición no ofrecieron respuesta.
Trabas y oportunidades
Desde el 2013 —según un informe de la Defensoría del Pueblo— el Ministerio de Agricultura y Riego ejerce la rectoría sobre el saneamiento físico legal comunal que comprende a las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, siguiendo el proceso de descentralización, los procedimientos administrativos corresponden a los gobiernos regionales.
“Se ha recomendado realizar un mejor diseño normativo, mucho más acorde a la realidad y que pueda simplificar el círculo de la burocracia que existe ahora para tramitar un reconocimiento y titulación de las comunidades”, señala Nelly Aedo, de la Defensoría del Pueblo. Agrega que el informe elaborado por esta institución permitió entender que “los gobiernos regionales no tienen como prioridad institucional la titulación de los predios de las comunidades”.
En junio de este año se firmó una adenda a la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo entre Perú, Noruega y Alemania que busca reducir los gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos. El acuerdo del DCI pone como meta la regularización de por lo menos 5 millones de hectáreas de tierras indígenas, específicamente comunidades nativas, proceso que incluye la demarcación de los territorios y el otorgamiento del título de propiedad. La titulación es un paso previo para que las comunidades puedan acceder al mecanismo REDD+, que permitiría que los pueblos indígenas accedan a fondos por mantener sus bosques en pie, a través de la emisión de bonos de carbono.
Sin embargo, lo que muestran las cifras de esta investigación es preocupante. El panorama de las comunidades indígenas en la Amazonía se complica cada vez más sin que existan políticas claras desde el Estado para protegerlos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en MongabayLatam. Aquí puedes ver la publicación original.
Edición general: Alexa Vélez, Thelma Gómez y María Isabel Torres. Investigación: Yvette Sierra. Coordinación del proyecto: Vanessa Romo. Reporteros: Cristina Fernández, Daniel Carbajal, Fiorella Fiestas, Vanessa Romo y Douglas Tangoa. Visualización de datos: Diego Arce, Rigoberto Carvajal, Sairo Alemán y Jairo Peña de Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Análisis espacial: Juan Julca. Video y fotografías: Christian Ugarte, Vico Méndez y Roberto Wong. Audiencias y redes: Dalia Medina y Alejandra Olguín.
