Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
El 2 de octubre se conmemoraron los 54 años de la masacre de estudiantes ocurridas en contra de las y los estudiantes en Tlatelolco. Cada año, nos recuerda con insistencia que los hechos no han sido aclarados, que no todas las personas involucradas han hablado y que las víctimas directas y la sociedad continúan en la espera de que se abran ventanas de justicia y verdad.
¿Por qué es importante la verdad?, en la opinión pública hay un nada desdeñable grupo que invita a dar “vuelta a la página” a este tipo de sucesos. Los discursos políticos construyen una narrativa que busca colocar el futuro, ante la falta de resultados y acciones del presente.
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la incipiente investigación y su falta de localización con vida, destruyen esas inercias y, al contrario, motivan más la exigencia de justicia debido a la memoria de una parte de la sociedad.
Para los derechos humanos, el derecho a la verdad se encuentra relacionado con el deber de realizar la investigación (efectiva) y sanción de las violaciones, lo cual debe realizarse con celeridad e imparcialidad, incluso es una garantía para evitar que los actos sigan produciéndose y requisito de un recurso efectivo para las víctimas (Observación General No. 20, relativa a la integridad personal. Comité de Derechos Humanos de la ONU).
Como se observa con claridad, han existido algunos esfuerzos en la historia reciente del país para realizar investigaciones que no han concluido de forma afortunada y al contrario, han dejado un aprendizaje regresivo al sistema judicial.
El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad, reconocen el derecho a la verdad en los siguientes términos:
Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para para evitar que en el futuro se repitan tales actos.
Se trata de un derecho para las víctimas, sus familiares y la sociedad, al mismo tiempo que se encuentra vinculado a la información sobre las circunstancias de las violaciones de derechos humanos, así como a la misma reparación.
Hoy la incipiente transición a la democracia en nuestro país abre la posibilidad de que poco a poco podamos profundizar en mecanismos que cumplan este objetivo, tanto para los crímenes del pasado, como para los presentes que por su magnitud y gravedad deban de ser esclarecidos.
El 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990, el cual constituye un nuevo esfuerzo para acercarnos a la garantía de los derechos antes mencionados.
En el texto, se reconoce la existencia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado mexicano, derivadas de observaciones y recomendaciones de organismos Internacionales en materia de derechos humanos, aspecto que robustece la importancia de los mecanismos y de su necesaria presencia ante dinámicas internas que obstaculizan y dan preferencia a la impunidad.
Se cita con precisión, una de las instituciones precisamente creadas por las víctimas y para las y los sobrevivientes a través de la ley impulsada por ellas (la Ley General de Víctimas), que consiste en la creación de “mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente” que permita el esclarecimiento histórico, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica.
La nueva Comisión, más allá de su estructura e integrantes constituye una iniciativa que nos permitirá como sociedad mexicana, identificar las conductas y sistemas que constituyeron una dinámica autoritaria, así como nombres de quienes las toleraron e impulsaron, como una forma de recordarnos que eso puede volver a ocurrir.
Posibilitará ahora desde una institución de Estado, dignificar a aquellas mujeres y hombres que tomaron decisiones desde sus sueños y luchas en momentos difíciles, encontrándose con un muro que hasta el momento impide conocer su paradero. Esto implica también la descripción de geografías, sitios y espacios que deben de ser reconocidos para ser dignificados.
Para la sociedad, si se utiliza la pedagogía necesaria, nos invitará a reconocer los efectos funestos del discurso y la política del “enemigo”, así como nuestro papel en los silencios o la tolerancia ante ello.
Aunque su principal limitante es que impulsará solamente la justicia, en muchos de nosotros y nosotras se encuentra la posibilidad, para que en un futuro no muy lejano, impulsemos su modificación para establecer verdaderos tribunales en donde el enfoque no solo sea el esclarecimiento y la sanción, sino obtener información de los ofensores que nos lleven a la verdad y a la localización de todas las personas que se encuentran desaparecidas. Es necesario reconciliar nuestra historia reciente y hacernos cargo de lo ocurrido para que nunca vuelva a pasar.
