Asociaciones de familiares de personas privadas de la libertad en México, Argentina y España dialogaron sobre los efectos del encierro punitivo en sus vidas y en las de sus seres queridos, así como, sobre la urgencia de transformar las políticas de reintegración y reinserción social.
Estas reflexiones se desarrollaron durante el primer Encuentro Internacional sobre Familias y Cárcel, del impacto al afrontamiento: formas de resistencia ante el poder punitivo organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) los días 4, 6 y 7 de octubre.
En estas conversaciones se abordaron temas relacionados con la revictimización que viven las personas privadas de la libertad y sus familias; la necesidad de contar con otras familias que acompañen este difícil proceso; las violaciones a sus derechos humanos frente a un Estado indiferente y ausente; y las negligencias cometidas en las prisiones al no contar con los servicios necesarios para salvaguardar la vida y dignidad de las personas privadas de la libertad.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Ilustración de portada Oficina del Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre la Violencia contra los Niños
¿Para quién está pensada realmente la seguridad? cuestionó Andrea Casamento, coordinadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD) en Argentina, durante la mesa “Diálogos sobre familia y cárcel desde las familias. Acompañar y resistir: modelos y experiencias de colectivos de familiares” en el 1er Encuentro Internacional sobre Familias y Cárcel.
En su opinión y desde su experiencia, el derecho a tener una vida segura y libre de violencia “es un privilegio reservado para las clases media alta y alta”. Además, compartió que en su país una persona puede pasar detenida en una comisaría hasta un año, esto pese a que legalmente no debe rebasar las 72 horas en los separos, la razón, dijo, es porque las cárceles están sobrepobladas.
Por su parte, Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) expuso que, en el caso de México -y a diferencia de Argentina-, cuando una persona es detenida pueden pasar horas antes de saber en dónde está, “no hay información en ninguna Fiscalía y es un desgaste terrible”, sentenció.
Por otro lado, señaló que, si bien, en México se han implementados patrullajes en colonias identificadas con mayores índices de pobreza, estas medidas, en su opinión, no son para dar seguridad a las personas que viven en los alrededores; por el contrario, parten de una lógica que criminaliza y estigmatiza.
En sus palabras, “el poder punitivo crea a los ‘delincuentes’ en su imaginario clasista”.
“Las compañeras son las que hacen el camino menos doloroso”
Andrea Casamento agregó que, así como se criminaliza y se señala de criminales a las personas que son privadas de la libertad, sus familias también son estigmatizadas, ya que, son vistas como sospechosas y cómplices de los delitos que se les imputan a sus seres queridos.
La coordinadora de ACIFAD recordó que cuando su hijo fue procesado tenía mucho miedo e incertidumbre sobre lo que sucedería. Su familia, dice, le recomendó no confiar en nadie, “sólo en los custodios”, sin embargo, con el paso del tiempo, pudo reconocer que son precisamente estos quienes más la han violentado y que su único refugio son otras familiares como ella:
“El poder penitenciario es el que te maltrata; las otras familias, las otras madres son quienes en verdad te acompañan y hacen el camino menos doloroso”, expresó.
Agregó que la violencia institucional y las omisiones de las autoridades penitenciarias son la muestra más clara de la indiferencia que mantiene el sistema punitivo hacia las y los familiares. En su caso, ninguna dependencia le proporcionó información completa sobre los pasos a seguir tras la privación de la libertad de su hijo, por lo que, decidió accionar por cuenta propia y unirse con otras familias que compartían su situación. Ahora, junto con sus compañeras y otras personas aliadas brindan asesoría a toda familia que lo requiera:
“El Estado no nos iba a dar la información que queríamos, así que nos dijeron que acudiremos a una ONG, siendo su responsabilidad. En ese momento yo no sabía lo que era una ONG, pero entonces nos comenzamos a reunir diferentes mujeres con un ser querido privado de la libertad, y luego llegaron otros voluntarios, abogadas y abogados. Ahora ellas saben que hay un lugar donde las asesoran de manera puntual”.
La llegada de la pandemia de la COVID-19 acrecentó la necesidad de seguir comunicadas como familiares más que nunca, señaló Andrea, por lo que, comenzaron a reunirse de manera remota. Esto les permitió, además, conocer a otras mujeres de España y México que compartían sus vivencias:
“El acompañamiento ha sido extraordinario, y te das cuenta de que sus experiencias son iguales a las de nosotras acá en Argentina”.
Andrea expresó que la idea principal (además de acompañar y exigir sus derechos) es amplificar su voz, “para ayudarnos y ver cómo hacemos un poco más sencilla la vida”. Además, agregó que en ACIFAD tienen la tarea de ayudar a otras compañeras para que no pasen por lo que ellas han tenido que afrontar.
Violencia carcelaria hacia las personas privadas de la libertad y sus familias
Lucía narró que su hermano fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, por lo que, ella, su cuñada y su sobrina de 3 meses de edad debían trasladarse desde la Ciudad de México hasta este lugar si querían visitarlo.
Junto al desgaste emocional y la inversión de recursos económicos para poder viajar de un estado a otro, expresó Lucía, al llegar a la prisión “nos revisaban de pies a cabeza, nos hacían que nos quitáramos la ropa, no sólo nosotras, sino también a la bebé de 3 meses. Esto lo tuvimos que hacer por 7 años”, recordó.
En ese sentido, la coordinadora de CAIFAM advirtió que la falta de información accesible y clara sobre los procesos para poder visitar a alguien en prisión genera incertidumbre y miedo. En su caso, cuando comenzaron a visitar a su hermano les solicitaron exámenes médicos “que rayaban en lo ridículo, además de ser cansados y caros”.
Una vez dentro del centro penitenciario, durante las visitas a su hermano, relató, “los custodios nos trataban horrible, ni podíamos levantar la cara, no podíamos tocar las paredes, no podíamos hablar entre nosotras, mucho menos con las otras familias”.
Al igual que Andrea, Lucía aseguró que el miedo que sentía desde el momento en que su hermano fue detenido le impedía hablar con otras familias, porque “creía que estaban emparentadas con personas que cometieron delitos terribles”.
Negligencias y omisiones que terminan con la vida de las personas privadas de la libertad
En contraste, Gracia Amo Agusti, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos en Cataluña, en España, relató que su hijo era adicto a diferentes sustancias que son consideradas ilegales dentro del Código Penal de Cataluña; pese a esto, cuando fue detenido, un psiquiatra le realizó una evaluación médica y determinó que era perjudicial que fuera sentenciado a cumplir una condena en prisión.
Sin embargo, eso fue lo que sucedió.
“Fue sentenciado a 12 años, aun cuando la condena para alguien que cometió un homicidio es de 15 años”, precisó.
Lamentablemente, mientras su hijo estaba dentro de prisión, falleció.
“Esa cárcel, en la que mi hijo fue sentenciado, tiene la fama de dejar morir a las personas que están cumpliendo su sentencia. La primera forma de violencia pues fue que dejaron morir a mi hijo, y la segunda es la frialdad con la que te lo comunican”.
La coordinadora de la asociación denunció que su hijo falleció por falta de atención médica.
En España, aunque en todas las celdas debe haber un timbre en caso de que alguna persona privada de la libertad tenga una emergencia, el que se encontraba en donde estaba su hijo no funcionaba y, por lo tanto, nadie pudo ayudarlo.
De la misma manera, Gracia expuso que uno de los peores momentos de su vida fue cuando tuvo que decirle a su nieta de 12 años que su papá había fallecido estando en prisión.
“Lo primero que me preguntó la niña fue si su papá era malo, porque socialmente es lo que se nos enseña, que una persona en la cárcel es de lo peor, un criminal”.
Al igual que su hijo, en España hay un amplio porcentaje de personas privadas de la libertad que sufren de enfermedades consideradas mentales. Para 2007, España era el país europeo con mayor número de personas privadas de la libertad (65 mil 66), y el 25% de ellas (es decir, más de 16 mil 266 personas) padecía o padece depresiones y problemas mentales, esto de acuerdo con el informe Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de las sociedad del bienestar, de la Asociación pro derechos humanos de Andalucía.
Gracia afirmó que donde más personas mueren son las secciones de aislamiento “ya sea por suicidio, muerte natural, o por muertes que nadie puede explicar”, sentenció.
Desde la Asociación de Familiares de Presos en Cataluña, su coordinadora manifestó que buscan visibilizar lo que las personas privadas de la libertad viven, al igual que sus familias.
“Lo que no pude hacer por mi hijo, lo estoy haciendo por otras personas, y eso me hace sentir muy feliz, empoderada, sin miedo a nada ni a nadie. La prisión está llena de personas dignas y buenas, y eso es lo que vale para mí. Que nunca nos olvidemos de todas esas personas” finalizó.
