AMEDI Jalisco
Por Bernardo Masini Aguilera / @BernardoMasini
Director de Investigación y Posgrado del ITESO e integrante de AMEDI Jalisco
La organización México Evalúa es un equipo de activistas cuyas investigaciones permiten medir la funcionalidad de los entes públicos en todo el país. Sus diagnósticos pueden dar pie al mejoramiento de prácticas y políticas públicas cuando son recogidos con sentido autocrítico por parte de las autoridades, tanto en el plano federal como en los locales.
Pues bien, en días pasados esta organización compartió los resultados de su investigación titulada “Información desde y para los Poderes Judiciales”. En ella presentó un estudio comparativo entre los entes que constituyen al Poder Judicial en los 32 estados de la República. La noticia triste y desafortunada fue que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue el organismo peor evaluado en el ejercicio. De hecho obtuvo una calificación de apenas 0.14 de los tres puntos posibles. Si esto se tradujera a una calificación sobre cien, nuestro Consejo de la Judicatura habría obtenido la vergonzosa nota de 4.7. Repito: no sería 4.7 sobre diez, pues eso habría sido obtener algo cercano a la mitad de los puntos posibles. Sería 4.7 sobre cien, o sea que el Consejo no ofrece ni siquiera 5% de la información que debería proporcionarnos.
Datos como este obligan a cuestionar el triunfalismo con el que los jaliscienses nos hemos jactado de estar a la vanguardia nacional en materia de transparencia. Antes bien, parece que hemos sido más buenos para simular que transparentamos; y no tanto para ofrecerle a la ciudadanía la información que garantice uno de los derechos humanos más elementales. Hemos sido muy buenos para llenarnos la boca en discursos sobre la importancia del derecho de acceso a la información; promulgamos leyes; fundamos institutos; hacemos consultas; llevamos el tema de la transparencia a las universidades; escuchamos a los especialistas… y todo para hacer como en la famosa novela del Gatopardo: cambiamos todo para asegurarnos de que siga siendo igual. En Jalisco la transparencia ha dado más material para las medallas políticas que para combatir la corrupción. Ha servido más como un pretexto para colocar amigos en el Itei o en las unidades de transparencia de los sujetos obligados, que para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
El problema no se limita a los tiempos actuales ni al gobierno en turno. Desde que la transparencia se volvió un ingrediente ineludible de la vida democrática en México, Jalisco intentó vender espejitos como si fueran oro. Cuando Ramírez Acuña era gobernador, y Fernando Guzmán Pérez Peláez coordinaba a la bancada panista local, se ufanaron juntos de haber aprobado la primera ley que hubo en México en esta materia. Ellos no suelen reconocer que se trató de un documento inaplicable, pues no había sido hecho por jaliscienses ni para atender la realidad de Jalisco. Era un machote que los panistas presentaron en los congresos de diversos estados del país, y dio la casualidad de que aquí se votó antes que en otras entidades. Tenemos ley estatal de transparencia desde mayo de 2002, antes incluso de que se aprobara la primera ley federal, pero esa ley era tan inútil que ni siquiera creó un instituto que se encargara de vigilar y fomentar la cultura de la transparencia. El Itei tardaría tres años más en nacer, cuando fue necesario promulgar una nueva ley, esa sí elaborada por jaliscienses.
Con la llegada del Itei la agenda de la transparencia en Jalisco adquirió tal empuje que pronto se buscaron –y se encontraron– los mecanismos para amortiguarlo. Augusto Valencia fue su primer presidente. Hoy se ven lejanos esos días en los que se empeñó en que los sujetos obligados asumieran las responsabilidades que les confieren las leyes. Fue proactivo y exigió proactividad a todas las instancias públicas. El predecible resultado fue que, en cuanto hubo oportunidad, se le sustituyó por un presidente a modo. Muchos de nosotros tuvimos que lidiar con la tibieza programática de Jorge Gutiérrez Reynaga, cuya mayor habilidad fue la de evadir tanto a sus interlocutores como a las responsabilidades que le confería su cargo. Era el sexenio de Emilio González Márquez y echaba raíces la costumbre de presumir transparencia en los dichos; pero fomentar opacidad en los hechos.
La ley estatal en la materia ha sufrido varias reformas y una de ellas dio lugar al consejo consultivo ciudadano del Itei. Ha sido un importante espacio de reflexión, donde especialistas de las universidades y las organizaciones de la sociedad civil han dirimido los retos que enfrenta la transparencia en Jalisco. Pero el titular del Ejecutivo, el congreso local e incluso los propios comisionados del instituto se han vuelto peritos en desoír sus recomendaciones. De nuevo presumimos al mundo que tenemos este organismo de consulta, lo cual es cierto. También es cierto que está conformado por especialistas muy comprometidos. Pero lo tenemos para aparentar colegialidad y gobernanza en asuntos que se resuelven en concertaciones entre las altas esferas del poder.
Durante años exigimos que cargos tan importantes como los de los comisionados del Itei fueran ocupados por personas capaces y comprometidas con la ciudadanía. Por ello en su momento celebramos la composición actual del pleno. Luego de los aciagos años de Gutiérrez Reynaga fue un gusto ver llegar a los tres comisionados que hoy encabezan el instituto. Pero si bien sus capacidades técnicas daban buena espina, esta se diluyó cuando notamos que cada uno fue parte de un intercambio de cartitas entre tres partidos políticos que, dicho sea de paso, han ratificado esa “pax opaca” en tres procesos de relevo de sendos comisionados.
Vuelvo entonces a los resultados de la investigación de México Evalúa. La supina opacidad de nuestro Consejo de la Judicatura puede ser la punta de un iceberg. Un iceberg que podría chocar con el Titanic de la confianza que los gobernantes tenemos en nuestros gobernados. En ese sentido la simulación de transparencia es peor que la opacidad, pues la mentira daña más que el secreto en cualquier tipo de relación entre personas.
