Esta investigación fue publicada originalmente por Cimacnoticias en https://cimacnoticias.com.mx/historias-de-vida-de-periodistas-y-defensoras
Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México. “Aliada de las y los guardianes de los bosques, quienes preservan su cultura ancestral frente a la violencia y la explotación del medio ambiente”, así define la directora de la organización “Alianza Sierra Madre”, Isela González Díaz, el acompañamiento que ha dado desde hace casi dos décadas a las comunidades indígenas odamí y rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Antropóloga social y enfermera quirúrgica, Isela ha sorteado desde 2007 amenazas contra su vida, difamación, violencia institucional y la pérdida de compañeros de lucha que fueron asesinados por defender, como ella, el derecho de las comunidades indígenas a la tierra, al territorio, a la cultura, a los bienes naturales y a la vida en dignidad.
La Sierra Tarahumara es una zona montañosa y de mayor cobertura forestal al norte de México. Es hogar de 120 mil personas indígenas quienes, aunque han habitado ahí por siglos, son despojadas de sus tierras ancestrales y se han visto amenazadas por la llegada de infraestructura, proyectos extractivos, concesiones madereras, mineras y un aumento del crimen organizado.
Pero las comunidades indígenas, en compañía de “Alianza Sierra Madre”, han resistido y conseguido que el Poder Judicial reconozca con sentencias emblemáticas su derecho ancestral al territorio e impida la explotación forestal en éste.
La niña serrana
Sentada en sus oficinas en la capital de Chihuahua, Isela viaja varias décadas atrás y evoca el aroma de la lluvia de su infancia en Bocoyna, en la Sierra Tarahumara. Ahí se jugaba con los animales y los árboles, la nieve de los montes, se comía con un poco de azúcar y de vez en cuando llegaba un tren con periódicos y revistas que su mamá y papá, campesinos, les daban a leer.
Era la década de los 60. La guerrilla en Chihuahua, una de las entidades donde más ancló el movimiento armado, marcó en Isela desde su infancia, y para toda la vida, un interés particular por la actividad política y el activismo. Sus maestros de primaria, involucrados en la guerrilla, explicaban a las y los niños las razones de la militarización de sus comunidades y el vínculo del magisterio con las familias campesinas. Isela llegó a la secundaria con el eco del movimiento estudiantil del 68 y con maestros militantes del Partido Comunista, lo que afianzó su conciencia social. Desde la secundaria estudiaba marxismo, repartía volantes, boteaba y participaba en movilizaciones estudiantiles.
Dejó la Sierra para estudiar enfermería química en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aunque enfocada en las ciencias de la salud, no abandonó su “semilla política” y se involucró en la agrupación “Juventud Comunista de México”, del Partido Comunista.
Ya casada, con una hija, y embarazada de su hijo menor, Isela viajó en 1976 con toda su familia a la Ciudad de México. Tan pronto su familia se acomodó en la casa de una pareja exguerrillera y consiguió trabajo como enfermera en el hospital de Petróleos Mexicanos, buscó a otras y otros comunistas con quienes se movilizó clandestinamente por concientizar a obreros de la paraestatal sobre la democracia sindical.
Como enfermera, despertó en ella el interés de profundizar sobre la causa de las enfermedades. “Siempre pensaba que el proceso de salud, de enfermedad, no solamente tenía una explicación biológica. La gente no se enfermaba nada más porque hubiese virus o bacterias, enfermedades crónico-degenerativas, sino que había factores sociales que condicionaban la manera de enfermarse y de morir de la gente”.
González Díaz encontró esas explicaciones en la carrera de antropología, que estudió al regresar a Chihuahua, en 1994, a sus 30 años de edad. La antropología le dio aquello que creía que le hacía falta y fue el medio que la regresó a sus raíces en la Sierra a conocer a las y los guardianes del bosque de la Tarahumara.
El regreso a la Sierra
Isela concluyó sus estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de Chihuahua, pero su acercamiento a la Sierra Tarahumara fue por una invitación a trabajar en el municipio de Guadalupe y Calvo, específicamente en la comunidad de Baborigame.
“Ahí fue donde creo que la antropología me perdió, hablando en el buen sentido de la palabra, porque a mí me gustó mucho, me dio por conocer, por creer”, recordó.
La invitaron a una reunión para hablar de medicina tradicional, pero Isela se encontró con un grupo de mujeres que tenían dudas de métodos anticonceptivos que les fueron impuestos sin informarlas ni consultarlas.
Ese fue el primer vínculo de confianza que la acercó con las mujeres indígenas. Más tarde, con su amiga abogada, la también defensora de los derechos de las mujeres, Rosy Sáenz Herrera, acompañaron a estas mujeres a crear la cooperativa “Mujeres Indígenas de Tepehuanas y Tarahumaras” (Mititac).
Ahí comenzó a pasar largos periodos entre las comunidades indígenas y los bosques de la Tarahumara. Sin el respaldo de alguna organización, acompañó procesos jurídicos de las comunidades serranas por la defensa de la tierra, acudía a las protestas ante instancias gubernamentales e intercambió conocimientos sobre medicina.
“Me convierto en una aliada que tenía otras herramientas que ellos no tenían, como vincularme con otras organizaciones, como conseguir recursos para la lucha”.
El reconocimiento que tenía entre las y los indígenas, sumado a sus conocimientos de enfermería y antropología, atrajo a las organizaciones civiles para invitarla a colaborar en diversos proyectos a favor de la población rarámuri. Isela ha realizado diagnósticos socioeconómicos y culturales, también sobre condiciones de violencia y salud reproductiva de las mujeres indígenas, mortalidad y mortandad materna en la Sierra, así como desnutrición en niñas y niños rarámuri.
De esa manera llegó la invitación a ser directora de la organización “Alianza Sierra Madre” (ASMAC) en 2008. Para entonces ASMAC ya incomodaba por su labor de defensa en la Sierra Tarahumara y trabajaba en las comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo: Choreáchi y Coloradas de la Virgen. Estas son sólo dos de las varias comunidades de la Sierra Tarahumara que defienden sus recursos naturales y su territorio de caciques, el narcotráfico, las concesiones mineras, proyectos turísticos, tala ilegal y siembra de amapola.
En este contexto es que Isela le dio un giro a la principal estrategia de la organización que era la biodiversidad. Decidieron centrarse en la defensa de ambos territorios.
La aliada
Coloradas de la Virgen es una extensión de más de 49 mil 500 hectáreas compartidas por indígenas rarámuri y ódami. Por lo menos desde 1934 han reclamado ante diversas autoridades su propiedad sobre el territorio que habitan sus ancestros.
Sin éxito, vieron cómo personas no indígenas se apropiaron de sus terrenos, en particular una familia apellidada Fontes Lugo, quienes obtuvieron el aval del gobierno para talar el bosque, explotar minas, y han sido acusados por las personas rarámuri de ser autores intelectuales en los asesinatos de sus autoridades tradicionales, además de vínculos con el narcotráfico.
En Choreáchi, -un terreno de 32 mil hectáreas- la problemática es similar. En 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, otorgó a la comunidad vecina, Coloradas de los Chávez, permisos de aprovechamiento forestal en los bosques de Choreáchi, hechos por los que han sido amenazados y orillados a desplazarse de sus terrenos.
Según datos de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), entre 2011 y 2016, en los 23 municipios ubicados en la Sierra Tarahumara, con los permisos de aprovechamiento forestal que autorizó la Semarnat, la deforestación alcanzó 31 mil hectáreas por año. En 2016, la mayor producción forestal maderable de la zona se dio en Guadalupe y Calvo (representó un 25 por ciento).
Vista de la Sierra Tarahumara desde la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique
“Ellos dicen que el bosque no está desligado del ser humano, es como otro ser humano, que tiene alma, que sufre y además genera muchos bienes como la lluvia”, explicó Isela.
En ambas comunidades, la “Alianza Sierra Madre”, bajo la dirección de Isela González, peleó ante tribunales porque se cancelaran los permisos de aprovechamiento forestal, y lo lograron.
Sin embargo, tocar los bolsillos de quienes se benefician de la explotación de los territorios indígenas, trajo para el equipo de ASMAC y las comunidades indígenas, persecuciones, amenazas de muerte y el asesinato de varios líderes rarámuri.
El riesgo se intensificó con la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. La disputa de los terrenos en la región serrana para la siembra de amapola creció, así como el despojo de terrenos y recursos naturales.
“Las y los defensores del bosque que estaban luchando por su derecho se vieron amenazados porque sus contrapartes en el juicio agrario empiezan a ejercer mucha violencia ya con sicarios”.
En las audiencias, la propia Isela fue amenazada con ser entregada a los sicarios, tuvo llamadas telefónicas en las que le advirtieron no poner un pie en la Tarahumara, y la difamaron en medios de comunicación de crear conflicto entre las comunidades y “llevar al Ejército a la Sierra”, colocándola como objeto de ataques por cualquiera que considerara que esto afectaba sus intereses.
“Yo me empiezo a asumir como defensora de Derechos Humanos ya en esta época de la tragedia -se refiere a la declaratoria de guerra contra el narcotráfico-, donde las y los integrantes de las comunidades estaban luchando por defender su voz, por defender su forma de vida, por querer la defensa de la identidad cultural (…) ya era la defensa por la vida”, declaró la defensora.
Para 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo que incorporar en sus medidas de seguridad a cuatro personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen e integrantes de ASMAC, entre ellos a Isela.
En el caso de Choreáchi, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) quien ordenó en 2015 al Estado mexicano otorgar medidas de protección a toda la comunidad. Fue la primera vez que se dictaron medidas colectivas para una comunidad indígena de México.
Adicionalmente, en 2016, el gobierno Federal instauró un plan de prevención para Chihuahua conocido como “Alerta Temprana” para tomar medidas que respondieran a las causas estructurales de la violencia en la región; sin embargo, hasta ahora ningún tipo de protección ha sido suficiente para cesar la violencia y traer paz a las comunidades indígenas y las personas defensoras de Derechos Humanos en Chihuahua.
La esperanza de regresar
Quizá lo más difícil para Isela es saber que en este momento es imposible regresar a su hogar: la Sierra Tarahumara. Las amenazas de muerte que pesan sobre ella la obligaron a pausar su proyecto para atender la desnutrición en niñas y niños rarámuri. “Era la posibilidad de despedirme haciendo un trabajo, regresando a mis orígenes y aportando lo que sé como enfermera a las comunidades”, lamentó.
En esta defensa por la vida, Isela ha tenido que enfrentar el dolor de ver a sus compañeros de lucha ser asesinados. El 1 de febrero de 2017 mataron al defensor rarámuri de Choreáchi, Juan Ontiveros Ramos; en 2013 fueron asesinados Jaime Zubias Ceballos y Socorro Ayala Ramos, de la misma comunidad. En Coloradas de la Virgen, asesinaron a los líderes rarámuri, Isidro Baldenegro, el 15 de enero de 2017; y Julián Carrillo Martínez, el 24 de octubre de 2018. A otros cinco integrantes de la familia de Carrillo también los mataron; el resto, fueron obligados a desplazarse.
De acuerdo con el informe “Defendiendo el mañana” de Global Witness, en 2019 México ocupó el cuarto lugar mundial con más personas defensoras del medio ambiente asesinadas. Asimismo, los informes que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, indican que entre 2012 y 2019 hubo 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente. Sólo en 2019 se registraron 39 ataques, de los cuales casi un tercio fueron homicidios.
El Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm) es la organización que abrió camino para que Isela y quienes integran ASMAC puedan seguir de forma más segura en el acompañamiento de la defensa del territorio indígena. Su coordinadora, Ruth Fierro Pineda, explicó en entrevista que gestionaron las medidas de protección a su favor, pero la ineficacia del Estado por garantizarles su derecho a defender Derechos Humanos, ha tenido impactos en el proyecto de vida de Isela.
“Esta falta de protección adecuada del Estado termina impactando en el derecho a la integridad moral de Isela. Tiene que ver con decir, yo me he soñado, he decidido hacer esto con mi vida, este es mi proyecto de vida: ser defensora. Cuando una no puede hacerlo el impacto no sólo es psicológico, sino que hay algo que te menoscaba esa moral, lo que te provoca un daño moral, porque no tiene la libertad de ejercer libremente el derecho a defender Derechos Humanos”, destacó.
Fierro Pineda reconoce en Isela una mujer fuerte, tenaz, congruente y comprometida. Su trabajo ayudó a que en octubre de 2008 un Tribunal Agrario reconociera a la comunidad rarámuri de Choreáchi la posesión de su territorio y sus bienes naturales, por lo tanto, está impedida la explotación de su bosque. Actualmente la sentencia está en espera de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque los permisos de aprovechamiento forestal se suspendieron desde el año 2007 en Coloradas de la Virgen, se han documentado trabajos por personas armadas, ajenas a la comunidad.
En litigio conjuntamente con el Cedehm, la Alianza logró una sentencia condenatoria por el asesinato de Julián Carillo Martínez, en la que se reconoce que el Estado falló en garantizar la protección para Julián y su familia. Se indica que la situación de violencia que ha vivido la comunidad de Coloradas de la Virgen ha provocado el desplazamiento de varias familias y por eso en la sentencia se dictan medidas de restitución, de compensación, y de garantías de no repetición.
Isela todavía puede escuchar los ruidos del agua caer en la Sierra Tarahumara, puede ver y sentir los olores de cuando cae la lluvia y todo queda en paz, los olores de las hierbas que las personas indígenas toman. Se afianza en esos recuerdos, con la esperanza de poder regresar.
“A mí me mantiene fundamentalmente el deseo de no permitir, así sea con un granito de arena, no permitir que la injusticia prevalezca en esas comunidades”.
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